AMAT RESISTE CONTRA LAS CUERDAS

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 26 de octubre de 2014

Veinticuatro horas antes de que Mariano Rajoy subiera al escenario del teatro Cervantes en Almería , la Jueza Mª del Mar Alejo Rico, titular del Juzgado Nº 1 de Roquetas, procedía a firmar una providencia que, pasada una semana, provocaría una sonora bronca política. Ordenaba la práctica de una serie de diligencias en el contexto de una pieza separada del denominado ´Caso La Fabriquilla´, mediante la cual se le daban instrucciones a la Guardia Civil de Roquetas para proceder a citar, "en calidad de imputado", a Gabriel Amat Ayllón, alcalde, Presidente de la Diputación y del PP en la provincia. Junto al edil roquetero también eran citados un total de  seis cargos políticos municipales de su absoluta confianza y dos cualificados técnicos de la corporación, el Jefe de la Sección de Infraestructuras urbanísticas y el también Jefe de la sección de Planeamiento.

A los políticos se les imputa por su participación el 14 de mayo de 2007 en la Junta de Gobierno, donde se aprobó la licencia para la construcción de diez chalés de lujo en el paraje denominado La Fabriquilla,  parcela 11 del sector UE-109 del P.G.O.U. de Roquetas, asignado a uso terciario.

El procedimiento se sigue desde hace años a instancias de la que fuera propietaria de la finca, Margarita Kaiser Terriza y la Asociación AMAyT como acusación popular.

Durante las dos jornadas que el presidente del Gobierno permaneció en Almería -primera salida preelectoral de Moncloa- al máximo líder del PP se le hizo saber, como rumor no confirmado oficialmente, noticia de la inminente imputación del veterano político alpujarreño. Un hombre, Amat, avalado por Javier Arenas desde hace años y al que su sustituto en la presidencia regional, Juanma Moreno, también ha adoptado como "hermano mayor" dadas sus reiteradas visitas a Almería desde que fue nominado por Rajoy para presidir el partido en la comunidad. Una de ellas con una polémica reunión con empresarios en el cortijo privado del presidente de la Diputación.

"Habladurías"

Aseguran fuentes del PP almeriense que Rajoy se mostró sorprendido por el rumor de la posible imputación de su hombre en Almería y que, incluso, llegó a creerse el tranquilizador soniquete de manual que desde hace tiempo sostienen los cuadros populares locales cuando se habla de la "amplia y extensa" investigación judicial a la que está sometido desde hace más de un año Gabriel Amat. "Habladurías. Gabriel es muy listo, ha hecho siempre las cosas bien, de todo ha salido indemne. Son las ganas que tienen algunos por cazarle porque es nuestro principal activo electoral".

Rajoy, por lo que pudiera pasar, ejerció de gallego y se limitó a piropear a Amat diciendo de él que "es un gran político y un tipo estupendo".  En nada se pareció esta mención a aquella otra elogiosa que lanzó hace años Javier Arenas a Juan Enciso, antes de la O. Poniente, proclamándole como "el mejor alcalde de España".

Pasarían solo siete días hasta que el jueves, día 23, la noticia de la imputación de Amat invadió a mediodía las redes sociales y algunas ediciones digitales de periódicos regionales y nacionales.

Y tuvo tanta repercusión la noticia porque, a estas alturas, casi nadie podía imaginar una posible foto de Amat entrando a declarar en un juzgado como imputado. Lo había hecho hacía pocas semanas, pero como querellante contra la asociación anticorrupción (Amayt), que ha logrado lo que sus adversarios políticos del PSOE no han querido o no han podido hacer en sus 18 años de mayorías absolutas: ponerle contra las cuerdas, aunque resistiendo.

Ola de imputaciones

enorme endo.o, Pablo Venzal, citbiente-dadnto que huele a gasolina y, como se sabe, liquido de lo m urbanismo, Pablo Venzal, cit

El enorme efecto político de esta imputación, coincidiendo prácticamente en el tiempo con la del ex Secretario General del PP, Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas o Rodrigo Rato por Bankia, es incuestionable. Para muchos observadores de la singular política almeriense suponía, ni más ni menos, el arranque formal de una espiral judicial anticorrupción que está por llegar en todo su esplendor en el seno de cierta casta política almeriense, dado que son muchos los procedimientos judiciales abiertos hace meses -años- que reflejan, miméticamente, lo que ha estado pasando en el gobierno de las cosas públicas de nuestro país en las ultimas décadas.

Saqueos, irregularidades, delitos urbanísticos, cohechos, prevaricaciones, tráfico de influencias, blanqueos e impunidad judicial de los poderosos son situaciones que a diario se están viendo en los titulares de la prensa de todo el país y Almería, castigada y condenada a la insularidad, no ha sido una excepción. Con la singularidad social que aporta ese indeseable aislamiento en comunicaciones, se ha generado un micro clima político en el que el caciquismo hace y deshace a su antojo y, en demasiadas ocasiones, al margen de las normas que rigen un Estado de Derecho. Las tramas de corrupción almeriense van camino de ser atajadas por la Justicia, a trompicones, muy lentamente, a veces con desgana, pero como se empieza a comprobar de forma inexorable y contundente.

El PP, una hora después de hacerse pública la noticia, sacó una nota de prensa de apoyo a su presidente provincial y a sus concejales roqueteros que tenía preparada. Y, poniendo el carro delante de los bueyes, aventuraron que Amat y su equipo habían hecho las cosas ajustadas a la Ley. Incluso usaron como argumento principal el aval del Colegio de Arquitectos de Almería a las decisiones urbanísticas en la Fabriquilla. Y es que por ahí irá la defensa jurídica de los imputados, echándoles la responsabilidad de todo a los funcionarios por sus correspondientes informes. Ahora habrá que ver si esos funcionarios están dispuestos a comerse solitos esos marrones delictivos. De hecho, en el escrito que presentó ante la Juez en junio la defensa de Amat, oponiéndose a las declaraciones ahora ordenadas, ya se apuntaba esa dirección, la de repartir responsabilidades entre varios funcionarios públicos y que alcanzan, incluso, al entonces delegado de Obras Públicas de la Junta, el socialista José Manuel Ortiz Bono - hoy en Agricultura y Medio Ambiente- que, sin tener en cuenta lo dictado por una sentencia del TSJA, dio su visto bueno firmando un informe favorable a la operación urbanística - fecha 10 de agosto de 2011- la misma operación que se investiga en esta pieza separada de la Fabriquilla. Por todo eso, quizás,  en el entorno de Amat, se confía que el día 17 "quedará desimputado".

LA CUAJADERA

1. PSOE de Adra

Las recientes primarias socialistas celebradas en la localidad de Adra van a traer cola. Diversas fuentes del PSOE local confirman que se han elevado denuncias concretas ante la ejecutiva provincial contra los irregulares manejos del censo por parte de la candidata vencedora, SG de la agrupación local, Teresa Piqueras. Una mujer apoyada directamente por José Luis Sánchez Teruel y al que, esas mismas fuentes, sitúan como conocedor de las supuestas manipulaciones censales que habrían  dado la victoria a Piqueras frente a Encarna Rodríguez. Más de un centenar de nuevas afiliaciones se habrían autorizado en los prolegómenos de las Primarias, fundamentalmente de personas del mundo marginal y de la inmigración de origen rumano. Los denunciantes esperan una respuesta oficial de la dirección provincial a sus denuncias que, en caso de no llegar, trasladarán a ámbitos superiores del partido y a la opinión pública.

2. ImPPutados

Menudo panorama se ha encontrado Rajoy en Almería en el que iba a ser su primer acto de apoyo al líder Bonilla, nominado por él mismo en febrero.

Los alcaldes de las dos poblaciones más importantes de la provincia, El Ejido y Roquetas, imputados. Y en la capital el hombre fuerte del urbanismo, Pablo Venzal, citado a declarar este día 4 en un sumario de calado. Un procedimiento que huele a gasolina que, como se sabe, es un liquido de lo más inflamable.

3. Silencioso Teruel.

Ha resultado muy llamativo el respetuoso silencio inicial que el líder de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, mantuvo tras la noticia de la imputación de Gabriel Amat. A lo máximo que ha llegado ha sido a pedir desde su muro de Facebook que se vaya porque "daña la imagen de Almería". Ni una expresa comparecencia, ni una nota de prensa del SG, ni una palabra, en definitiva, que pudiese molestar al imputado.  Otros cuadros socialistas sí que han hablado y pedido la dimisión de Amat.

4. Jorge Muñoz

Sorprendente el ex magistrado del TSJA, uno de los tres que legalizó El Algarrobico, hablando públicamente de un caso que está bajo secreto de sumario ante el Tribunal Supremo.

5. Curiosidad

Cinco años exactos han pasado desde el 20 de octubre de 2009 en el que la Justicia imputó (y encarceló) al ex alcalde de El Ejido Juan Enciso a cuenta de la Operación Poniente. Un lustro exacto después, su ex amigo (y actual enemigo) Gabriel Amat, recibía su correspondiente imputación. Su propia medicina.

LAS CAJAS ANDALUZAS MERECEN UNA INVESTIGACIÓN (Y II)

"A mayor gloria de ellos"

Dentro de las entidades financieras andaluzas, los representantes de los grandes sindicatos, han tenido voz, voto y gran influencia. En algunas de ellas, caso de El Monte, CCOO fue determinante para inclinar el voto del Consejo en la destitución de Beneroso, junto al PSOE, IU y el PA.

En el caso de la San Fernando, donde la UGT siempre gozó de gran peso e influencia, su sección sindical fue muy combativa en contra de la gestión de los responsables políticos. Aunque también es verdad que su política de denuncias siempre quedaron entre los muros de la vieja Audiencia de Sevilla en la Plaza San Francisco, hoy sede de la Fundación Cajasol. Unas denuncias y una presión que sirvió, la mayoría de las veces, para la obtención de mejoras laborales de los trabajadores en unos fantásticos convenios envidiados en todo el sector.

El 14 de noviembre de 2002, la sección Sindical Regional de la UGT en la Caja San Fernando, lanzó una circular interna bajo el titulo "A mayor gloria de ellos".

Comunicaba a sus afiliados que en el último Consejo de Administración, "UGT ha denunciando un nuevo episodio de las prácticas de la época anterior, por el que se benefician unos pocos, siempre los mismos".

Y a lo largo de ocho puntos puede leerse una detallada denuncia que revela, por vez primera, la existencia de tarjetas opacas al fisco en las cajas andaluzas:

1.- Se apertura  una cuenta a nombre de una Sociedad pendiente de constitución denominada AMGE, con el CIF de la Caja, con un ingreso de 8.500.000 ptas.

2.- Las firmas autorizadas en la cuenta eran las de Francisco Gallardo Fernández y José Manuel Amores Zurita.

3.- En una cuenta a nombre de una Sociedad en fase de constitución, solo se puede realizar el apunte de apertura, que debe corresponder con el desembolso del capital social, y mientras no se formalice la constitución, en la cuenta no se deben realizar movimientos y el saldo debe permanecer bloqueado. Pese a lo anterior y a que la Sociedad no ha llegado nunca a constituirse, la cuenta referida ha tenido cerca de 400 movimientos. En consecuencia se ha vulnerado de manera evidente la normativa de aplicación.

4.- Se han realizado diversos ingresos, desde el centro contable 2600 (Dirección de Área de Auditoria y Control de Gestión) por un importe de 45.000.000 de pesetas.

5.-Las disposiciones de la cuenta se realizaban a través de tarjetas American Express.

6.- Los beneficiarios que disponían de estas tarjetas eran: Juan Manuel López Benjumea, Enrique García Ledesma, José Manuel Amores Zurita, Francisco Gallardo Fernández, Santiago Romero Calero, Juan Salido Freyre, Luis Manuel Martín Elías, Manuel Piñar Parias y José Victoria Feu.

7.- Cada uno de ellos tenía asignada una cantidad, de la que disponían libremente, produciéndose incluso excesos en la disposición del saldo asignado. Diferencia ésta que reintegraban posteriormente, mediante un abono en la cuenta. Esta práctica podría suponer el disfrute de anticipos encubiertos.

8.-Las disposiciones se realizaban para viajes privados de los beneficiarios. Por supuesto, sin que ello estuviera regulado, y en consecuencia sin tener repercusiones fiscales."

La nota de UGT, indica finalmente que una vez expuestos los hechos, "propusimos al Consejo" que se investigasen las tarjetas negras, actuar en consecuencia y "facilitar al Consejo información detallada de las medidas adoptadas, si es que las ha habido, y en su caso de las que vaya a adoptar". También pedían la inhabilitación del Sr Gallardo "como interlocutor en las inspecciones que se realizan en la Caja por el Banco de España o la Junta de Andalucía".

De esta historia nunca tuvo noticia la opinión pública y se desconoce si surtió algún efecto esta denuncia a corto, medio o largo plazo. Si es cierto que el sustituto de  López Benjumea en la presidencia de la San Fernando, Alfredo Pérez Cano, fallecido prematuramente, puso orden interno, cortocircuitó prácticas sospechosas e irregulares, nombrando a un equipo nuevo que puso cierto orden pero que, desde luego, no acudió a Fiscalía a denunciar lo que se encontró bajo las gruesas alfombras de la Real Fábrica de Tapices.

Presidentes políticos.

Un repaso a los nombres y apellidos que han presidido las cajas andaluzas durante la época que ahora urge revisar, resulta ilustrativo sobre cómo el poder político ha controlado el sistema. Nombres como Antonio Jara Andreu y Antonio María Claret García en la de Granada. También el de Isidoro Beneroso Dávila, Juan Manuel López Benjumea, José María Bueno Lidón, Alfredo Pérez Cano, Luis Navarrete y Antonio Pulido, la mayoría con carné del PSOE, fueron las figuras estelares del escenario cajero sevillano y onubense. Es más, tras  la destitución de Beneroso en El Monte, una bicefalia se institucionalizó en la entidad con el nombre de Mario Jiménez en calidad de vicepresidente ejecutivo. Con despacho en Huelva, chófer, tarjeta y secretaria, el actual Portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, látigo del PP, ocupó durante años un singular virreinato cajero en Huelva, permitido desde Sevilla por Bueno Lidón, el candidato de IU y CCOO que tuvo que "tragar" el PSOE para poder echar al "traidor  de Isidoro".  (Al final, Bueno Lidón, acabaría dimitiendo tras conocerse sus relaciones mercantiles con Metrovacesa y Luis Portillo, empresario aupado al estrellato del capital en los años del pelotazo desde El Monte en Sevilla)

Pero lo que inicialmente fue control absoluto del PSOE desde las presidencias, acabó estallando como efecto colateral de la polémica Ley de Cajas y la batalla cordobesa por Caja Sur. Los presidentes sevillanos, Beneroso y Benjumea, a los que años antes Pepe Rodríguez de la Borbolla fichó para las Juventudes Socialistas, optaron por la independencia y la autonomía de gestión. Y no solo eso, empezaron a mantener contactos discretos y sospechosos - ante un mosqueado PSOE- con Javier Arenas, especialmente Beneroso, que al cabo de los años y tras ser descabalgado de la presidencia de El Monte y expulsado del PSOE junto a Benjumea, se convirtió en uno de los más destacados asesores de Arenas y del PP en el área económica y financiera del partido. Beneroso llegó a estar en las quinielas, antes de las últimas autonómicas que ganó el PP-A, como posible miembro del gobierno que pensaba formar, si hubiese podido, el presidente Arenas Bocanegra.

No es exagerado, por tanto, decir que durante años, la imagen que proyectaron los gestores de las cajas sevillanas, se substanciaba en una especia de paraíso con calma chicha, donde las luchas del día a día entre partidos no recalaban ni se reproducían en sus órganos rectores. En los consejos de administración se sentaban variopintos personajes de la política del consenso; alguno como Ricardo Tarno, hombre de Arenas, ocupando la Secretaría del Consejo de El Monte, al que nunca se le oyó criticar las millonarias operaciones de la entidad con determinados empresarios de moda. Léase Luis Portillo- presentador en su día del candidato a la reelección Alfredo Sánchez Monteseirín- o Domingo Díaz Mera, el manchego recomendado por Pepe Bono para hacer grandes negocios en Huelva bajo el paraguas financiero de El Monte.

Una época en la que, unos y otros, cuidaban de forma muy especial a los medios de comunicación, su imagen y su buen nombre como grandes gestores del sistema financiero andaluz. De hecho, muchos millones de pesetas de estas entidades, fue destinado a operaciones mediáticas, financiando una televisión de Rojas Marcos en Sevilla o un conglomerado mediático de Díaz Mera en Huelva. Amén de importantes partidas presupuestarias para publicidad institucional en casi todos los medios influyentes de Andalucía. La millonaria inversión anual en medios de comunicación locales, regionales e incluso nacionales, incluyendo la contratación de un conocido asesor madrileño apodado por el fallecido Rafael Álvarez Colunga como "El gorrión" - "porque hay que darle alpiste, mucho alpiste"- les permitió cierta tranquilidad para hacer y deshacer al antojo de quienes mandaban sobre los consejos de administración de algunas cajas. Integrados, todo habrá que recordarlo, por corderos silenciosos, la mayoría de los cuales no tenían preparación suficiente como para atender sus responsabilidades al frente de una entidad financiera. Eso sí, la mayoría se conformaban con ejercer de pajes de la ilusión, resolviendo puntuales "problemas de tesorería" de sus respectivos ayuntamientos o de las entidades a las que pertenecían. Y, además, disfrutando de canonjías en forma de viajes por todo el mundo, caros regalos y suculentas dietas de asistencia a consejos de todo tipo. Y, en muchos casos, de tarjetas de crédito de las que en gran medida se desconoce, a día de hoy, el color.

Las participadas.

Pero el gran instrumento de gestión de estas entidades, sin duda, fue la creación del correspondiente departamento de "participadas". Palabra mágica donde las haya y que supuso la entrada de las cajas en sociedades mercantiles privadas, con el objetivo de crear riqueza, impulsar nuevos proyectos y, de paso, establecer una zona oscura de gestión que ha permitido, sobre todo, la puesta en marcha de una especie de "universidad de nuevos ricos" andaluces y foráneos. Los más importantes ejecutivos de estas entidades, se convirtieron en perejiles de todas las salsas sociales, acaparando protagonismo y portadas a go gó.

Salvo puntuales y honrosas excepciones, las participadas, han sido un agujero negro, negrísimo, por donde las cajas han perdido muchos millones de su patrimonio. La burbuja inmobiliaria, el pelotazo de la construcción, ha sido posiblemente el escenario donde más dinero se ha derrochado o perdido en estos años. Operaciones, muchas veces, que entraban en clara competencia con el sector privado no colaboracionista con el régimen financiero. El caso de los terrenos del antiguo aeródromo sevillano de Tablada, podría ser el ejemplo perfecto que demostrase esta forma de operar, con las dos cajas sevillanas compitiendo ante el Ministerio de Defensa en una subasta pública frente a los más importantes empresarios del sector inmobiliario andaluz. Una operación, por cierto, en la que acabaron todos en el mismo colchón financiero. A la fuerza ahorcan.

Una curiosa circunstancia no ha pasado desapercibida en pleno estallido de la crisis y cuando estas entidades huían de la burbuja inmobiliaria. Una caja concreta aprobó su entrada en una conocida empresa del sector. Tiempo después, se sabría que tras esta operación podrían ocultarse extraños intereses del principal gestor de la entidad que, previamente, habría vendido un piso de su propiedad al dueño del nuevo grupo inmobiliario aliado de la Caja. Este tema, del que al parecer ha tenido constancia documental el banco comprador de la caja en cuestión, sin que conste que haya hecho nada por aclararlo, es muy posible que salte muy pronto con todo lujo de detalles ante la opinión pública andaluza y española.

En resumen. Los andaluces tiene derecho a saber que ha sucedido en estos años con su dinero en el sistema financiero andaluz. Son demasiados los puntos oscuros que permanecen sin aclarar. Los responsables directos de la gestión, con sus luces y sus sombras, siguen ahí, alguno disfrutando de sus negocios entre Miami y Panamá. Otros gozando de un estatus de nuevo rico,  a la vista de todos, y pretendiendo seguir influyendo en la sociedad civil andaluza.

Los partidos del arco parlamentario andaluz, por activa y por pasiva, sostienen públicamente una clara vocación de transparencia en el manejo de los dineros públicos. Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta, ha convertido lo de "tolerancia cero contra la corrupción" en el gran estandarte político de la nueva era socialista. El PP, desde hace cuatro años, solo habla de la corrupción de los Eres y de la de los demás. IU también amaga, de vez en cuando, con un discurso contundente contra la corrupción. Dado que todos estos partidos, con mayor o menor intensidad, han sido partícipes  o cómplices de lo sucedido en las cajas andaluzas, estamos ante una oportunidad única para que actúen y denuncien ante la Justicia para que se investiguen haciendas y patrimonios. Y, como repite machaconamente la presidenta Díaz: "Caiga quien caiga".

LAS CAJAS ANDALUZAS MERECEN UNA INVESTIGACIÓN (I)

El tsunami político y social que está levantando lo que parece que se oculta detrás de las denominadas tarjetas opacas de Caja Madrid, empieza llegar a los mares del sur.

Conocedora la opinión pública andaluza, a nivel de rumores, de gran parte del teje y maneje que algunos rectores de las cajas andaluzas han mantenido durante años al frente de dichas entidades, el escándalo está provocando un gran interés informativo, y ya puestos, desde la ciudadanía se quiere conocer fehacientemente cómo y de qué manera se funcionó por estas latitudes dentro del sistema financiero andaluz.

Sin ánimo de levantar acusaciones concretas o sospechas infundadas sobre los principales actores en este teatro de operaciones, parece urgente y necesario que, más temprano que tarde, toda la clase política andaluza, sin excepción, se ponga de acuerdo para que la opinión pública -impositores y pagadores de impuestos- conozca al detalle cómo se han gestionado las cajas de nuestra comunidad. Y lo más importante: si en Andalucía, los ex responsables de estas entidades, han utilizado para su gobierno los mismos métodos opacos que usaron Miguel Blesa y su banda de "la casta" en Caja Madrid, hoy rebautizada como Bankia. Porque alguna evidencia ha dejado aquí la historia más reciente.

A priori parece que la obtención de información sobre este sector no parece tarea fácil, entre otras cosas porque difícilmente las entidades bancarias que han comprado, a muy buen precio, todo el negocio financiero andaluz no parecen muy dispuestas a abrir los baúles de Pandora y enseñar a los ciudadanos las auditorias del pasado inmediato. Es más, señala una fuente del sector, puestos a pensar mal "a esas entidades les puede resultar más rentable guardar esa documentación a buen recaudo por si, llegado el caso, tuviesen que utilizarla en propio beneficio para el funcionamiento de su negocio en Andalucía frente a políticos de uno u otro signo salpicados por una irregular gestión".

Recuérdese que, salvo la caja malagueña Unicaja - ahora también convertida en banco- todas las cajas andaluzas tienen hoy sus propietarios fuera de Andalucía. De ahí que, salvo que la autoridad judicial o la Fiscalía actuase mediante la interposición de denuncias concretas, parece muy difícil llegar a esclarecer qué ha pasado con la gestión de las cajas andaluzas. Una documentación, conviene apuntarlo, que también debe de estar guardada en los archivos correspondientes del Banco de España, cuyo labor policial parece que ha dejado mucho que desear en el último periodo.

Una gestión que, en algún caso concreto, se está prolongando hasta nuestros días, especialmente en el área de las Fundaciones heredadas y a las que la Junta de Andalucía corresponde fiscalizar y tutelar. De todas, la Fundación Cajasol, presidida por el último responsable ejecutivo de las fusionadas El Monte y San Fernando, Antonio Pulido Gutiérrez, es la primera que empieza a levantar serias sospechas respecto al modus operandi que éste economista cordobés está empleando en la administración de un puñado importante de millones anuales, así como el fruto de un  patrimonio inmovilizado también con gran rentabilidad económica para la entidad. Por no hablar de la de Unicaja, cuyo presidente de la Obra Social y responsable de la Comisión de Control de la entidad, Ramón Sedeño, se halla encartado penalmente en un sumario almeriense denominado ´Caso Facturas 1´. Imputación que, fuentes de la entidad, consideran insuficiente para tomar medidas y hacer dimitir a Sedeño.

Fundación Cajasol

Hace un año, en otoño de 2013, la Consejería de Hacienda de la Junta recibía a través de su página web la consulta de una inquieta ciudadana interesada en conocer el manejo económico de la Fundación Cajasol. Y en concreto solicitaba dónde podría encontrar las Memorias correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 "ya que en la web solo están hasta 2009". También preguntaba  " de qué forma o representación ejercen el control ( la Junta) de dicha Fundación".

Meses después, el 23 de enero pasado, a los cuatro meses, el denominado Centro de Información y Servicios de la Consejería de Hacienda, respondía mediante correo electrónico a la curiosa ciudadana.

"En primer lugar- decía la respuesta- le rogamos disculpe la demora en contestar a su consulta. Le indicamos que la misma fue remitida tras su recepción a la Dirección General de Política Financiera, Centro directivo competente de la información solicitada. Una vez recibida la respuesta de dicho Centro directivo, le informamos de lo siguiente:

A la citada Dirección General no le compete la remisión por parte de las fundaciones que gestionan o gestionaban la obra social de las Cajas de Ahorros, de las memorias de la obra social. Esta Memoria es el resultado de una síntesis de las distintas actividades incluidas en el Presupuesto de Obra Social de la Caja. Este presupuesto sí que es autorizado por esta Consejería, pero no es un expediente público a diferencia de las Memorias que sí que lo son. Es por ello, que no dispone de las Memorias de la Obra Social de la Fundación Cajasol para los años 2010,2011 y 2012. Tras consultar con dicha Fundación, se nos comunica que puede solicitarlas a la Fundación, dado que, efectivamente, no las ha publicado en su web. (...) En cuanto a de qué forma o representación se ejerce por dicha Dirección General el control de esta Fundación Cajasol, comentarle que tal como establece el artículo 90 bis de la Ley de Cajas de Andalucía, a esta Consejería le compete el protectorado de las fundaciones vinculadas a la obra social de las Cajas de Ahorro, como es el caso de la Fundación Cajasol. Es por ello, que desde este Centro directivo, se hace un informe de verificación formal de las Cuentas Anuales y del Plan de Actuación, que una vez emitido se deposita en el registro de Fundaciones de Andalucía de la Consejería de Justicia e Interior, por si en dicho Registro quiere consultar cualquier aspecto".

Como se puede observar tras la lectura la transcripción literal de la respuesta, la misma es un monumento a la claridad y la transparencia de la que tanto se presume  desde el actual ejecutivo de la presidenta Susana Díaz.

A día de hoy, las memorias de la Fundación Cajasol, están colgadas en su página web hasta 2013. Pero en ninguna de esas memorias se hallará información alguna sobre el destino concreto del dinero empleado en cada ejercicio.

Pero por lo que parece no solo a esa ciudadana que hace un año se interesó por las cuentas de la Fundación Cajasol le inquietaba lo que pudiese estar pasando con la gestión de Pulido Gutiérrez. Esta misma semana, el periodista Juan Luis Galiacho, a través del digital extraconfidencial.com, daba cuenta de lo siguiente:

-" Patronos de la Fundación Cajasol, en concreto por parte de trabajadores e impositores del grupo de CCOO-Candidatura Social, han remitido un escrito a la Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía instándoles para que “actúen dentro de sus facultades supervisoras ante la situación de posibles incumplimientos normativos que actualmente presenta la Fundación Cajasol”. Un escrito, que obra en poder de Extraconfidencial.com, y que en breve también se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue el presunto fraude de las tarjetas de crédito y las subvenciones concedidas desde la Fundación Cajasol".

Según relata Galiacho en esta primera entrega- anuncia que vienen más de camino- Antonio Pulido estaría aplicando la misma técnica de gestión al frente de la Fundación que, durante años, funcionó desde las cúpulas cajeras sevillana y andaluza. Un reparto de subvenciones, algunas como gran benefactor de sus paisanos, a personas y entidades variopintas, inexplicables estatutariamente, además del consiguiente riego de miles de euros a grupos mediáticos andaluces en publicidad, de tal forma que se garantizaría un silencio y una complicidad que redundaría en la ocultación de una gestión demasiado cortijera de la Fundación Cajasol.

La Ley de Cajas.

A lo largo de muchos años, años de gobierno de Manuel Chaves al frente de la Junta, la oposición política, tanto del PP como de IU, se han hartado de acusar al PSOE de Andalucía en sus grandes discursos de manejar las entidades de crédito como una extensión del aparato del partido de la calle San Vicente en Sevilla. Las acusaciones se tornaron especialmente virulentas coincidiendo con la tramitación de la denominada Ley de Cajas, responsabilidad que Chaves delegó en su consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. Como fondo, el intento de la Junta por someter a su jurisdicción la única caja que no controlaba, ya que era propiedad de la Iglesia católica. Caja Sur, presidida por un singular canónigo llamado Miguel Castillejo, plantó cara a Chaves y a su consejera  en una guerra abierta que duró meses. Hasta una gran manifestación de miles de personas tuvo lugar para defender el carácter cordobés y católico de la entidad, frente al proyecto chavista de la denominada "Caja única". El PP-A, con Javier Arenas al frente, defendió la independencia de Caja Sur por interés claramente partidista. En el fondo, Arenas, lo que quería era hacer exactamente lo mismo con Caja Sur que Chaves y el PSOE-A con El Monte de Sevilla y Huelva, la San Fernando, La General de Granada o Unicaja, todas con cuadros socialistas de confianza del partido en sus despachos presidenciales. El cura Castillejo, que sigue gozando a día de hoy de buena memoria, aún recuerda la cantidad de "favores de todo tipo" que tuvo que hacer para ganarse el apoyo aliado de Arenas y del PP andaluz, hasta el punto de tener que ceder una vicepresidencia ejecutiva de la entidad a un ex secretario general del partido en Andalucía, amén de otros cargos populares en puestos claves del staff.

Al final, Caja Sur, fue "salvada" de las garras de la Junta tan pronto José María Aznar llegó a la Moncloa, reordenando para ello las leyes del sistema financiero español.

El caso de Caja Sur puede servir muy bien de ejemplo para realizar, años después, la prueba del algodón sobre cómo se han manejado las cajas andaluzas en estos años. Una prueba que demostrará que tanto el PSOE como el PP han defendido el mismo modelo de gestión y, en algún caso concreto, como en Sevilla, con el concurso necesario de los comunistas, llámese PC, IU o CCOO. En Málaga, por ejemplo, ha sido muy llamativo en estos años la forma con la que el habilidoso Braulio Medel ha logrado un extraño consenso de todos los principales partidos, PSOE, PP, IU incluso el PA, para mantener alejada a Unicaja de la agria bronca política. Y todo ello sucedía mientras que en Sevilla y Córdoba la batalla era campal y cruenta por el control de El Monte, la San Fernando y Caja Sur.

Como se decía al principio, la opinión pública española y andaluza, puestas como se han puesto las cosas, quiere saber la verdad de lo que ha sucedido con su dinero entorno a las cajas. Sobre todo porque, está suficientemente documentado, que una parte importante del mil millonario rescate bancario que España ha tenido que afrontar en plena crisis, ha estado motivado por la crujía de estas entidades de ahorro. Todo ello en detrimento de servicios tan elementales como la sanidad, la educación  o la atención a las personas dependientes.

En la próxima entrega: breve lista de algunas de las primeras tarjetas negras con las que en Andalucía se pagaron gastos privados desde las Cajas.