domingo, 1 de marzo de 2015

EL ACTA DE ARENAS QUE NADA APORTÓ


A-92, IDEAL de Almería,
1 de marzo de 2015


Arrancado el año 2007, el entonces líder regional del PP, Javier Arenas, me pidió opinión sobre su hipotético desembarco en Almería, encabezando la lista del PP en marzo de 2008.
-Me parece un golpe de efecto en toda regla - le contesté-, un gesto insólito que nadie se espera y que muchos almerienses te van a agradecer con su voto. Además, servirá para levantar el ánimo a la militancia del partido, tras el desgarro producido por la secesión de Enciso y los de El Ejido.
Aproveché para preguntarle si lo estaba estudiando en serio, a lo que me respondió que no, “es una propuesta que el otro día me hizo Gabriel (Amat); ya sabes como es el abuelo barriendo para casa, pero nada serio, de momento”. 
Al cabo de los meses, Javier Arenas , nacido en Olvera (Cádiz), formado y adoptado políticamente por Sevilla, se convertía en el primer ( y último) candidato a la presidencia de la Junta liderando la lista de su partido por Almería.
Y, en efecto, el electorado respondió masivamente en 2008 con un 72% de participación que benefició claramente al PP, frente a una abstención del 27%, una de las más bajas de la década. La lista de Arenas obtuvo 7 escaños frente a 5 del PSOE. Respecto a las anteriores elecciones de 2004, el PP había aumentado en 32.013 votos, mientras que el PSOE perdió 949 y Chaves premió a Martín Soler nombrándole consejero.
La siguiente consulta de 2012, con un pie en San Telmo según los más variados sondeos, el PP almeriense bajó en votos con un 51,23% frente al estrepitoso fracaso de los socialistas de Sanchez Teruel y Griñán que solo cosecharon el 35,37%. (Ahora Susana ha “premiado” a Teruel liderando otra vez la lista socialista). La brecha de diputados aumentó 7 a 4. IU se quedó con el nuevo escaño que le correspondía a Almería por el aumento del censo. No obstante, el 43% de los electores se quedó en casa y solo votó el 57%.
Pese al éxito global del PP en la última consulta autonómica de 2012, ganándole al PSOE las elecciones por vez primera, la amarga victoria que supuso para Arenas comprobar que no logró la mayoría absoluta que le vaticinaban las encuestas y ver como Pepe Griñán pactaba con Diego Valderas la formación del gobierno, provocó una gran depresión en las filas de la derecha andaluza. Arenas, por enésima vez, había perdido la oportunidad de cumplir su sueño de habitar San Telmo y, lo que es peor en clave interna, muchos guardaron en el armario el nuevo traje a estrenar como consejeros y altos cargos del primer gobierno que les había prometido en campaña un Javier Arenas, más que sobrado.

Vuelve a Madrid.

Al líder democristiano le costó digerir el “pacto de perdedores” que, consecuentemente, le jubiló temporalmente de la primera linea de la política andaluza. Dimitió y nombró a Juan Ignacio Zoido, creyendo que iba a ser su manijero en el cortijo andaluz, mientras volvía a donde prometió no volver: la política madrileña. Zoido, muy crecido por la mayoría absoluta lograda en Sevilla, feudo histórico del PSOE, se negó a aceptar mantener a Antonio Sanz en la Secretaría General como le pedía Arenas, rompiendo con los planes sucesorios que había pensado Arenas a la lampedusiana manera de que todo cambiara para que todo siguiera igual bajo su liderazgo de mando a distancia.
La segunda tocata y fuga de Arenas de la política andaluza, lógicamente, le apartó también de su feudo electoral almeriense. Se acabaron los constantes viajes y la presencia casi permanente de Arenas en Almería y, lo que es peor, difícilmente los cuadros almerienses del PP iban a poder sacar pecho por las aportaciones que su ilustre diputado había arrimado a los problema y la realidad de la provincia. La paralización de las obras del AVE, tapiados los túneles, ha sido la imagen dura y real de lo poco o nada que Arenas ha podido hacer por “su provincia”. Por no hablar de los perjuicios causados al sector hortofrutícola con el reparto de la PAC. Quitando la presencia protocolaria en actos públicos, la opinión pública almeriense dejó de sentir la cálida y simpática presencia política del encantador Arenas, muy alejada de lo sucedido en el periodo entre 2008 y 2012.

Desplazar a un almeriense

Ahora, tras el adelanto electoral de Susana Díaz, casi nadie en el PP de Almería contemplaba la posibilidad de que Javier Arenas volviese con su paracaídas a figurar en la lista por la provincia. Algunos ya ni se acordaban de él. Pero Gabriel Amat sí, por haber sido su gran apoyo político en estos años en el partido. Ido su gran amigo Alberto Ruiz Gallardón del Ministerio de Justicia, al presidente provincial del PP se le ponían las cosas cuesta arriba ante la posibilidad de no contar con su protector Arenas al lado. El acoso judicial que padece Amat, imputado ya en un sumario por presunta corrupción urbanística, amén de las investigaciones en marcha sobre sus negocios  y socios por parte de la Justicia, aterraban al alcalde roquetero por quedarse sin el tradicional apoyo en las alturas de su “hermano pequeño”. Fue cuando se juntó el hambre con las ganas de comer. Un gesto de Arenas, arqueando la ceja, bastó para que Amat le abriese hueco en un puesto de salida, como número cuatro, de tal forma que quedaba desplazado un o una almeriense con merecidas aspiraciones. Una decisión, de última hora, desconocida incluso por el líder Juanma Moreno Bonilla y que ha molestado enormemente a quienes dentro del PP almeriense aspiraban a un acta en el Parlamento de Andalucia. Así lo aseguran, al menos, fuentes del partido en la provincia que, en privado, manifiestan que “ya era hora de que Javier y quien le apoya aquí, se olvidaran de maniobrar en el partido y no quitarle un escaño a quienes sí han trabajado por esta provincia”. Arenas, conocedor de estas críticas internas, ha llegado a decir que su presencia suma y que gracias a su continuidad en la candidatura obtendrá el PP “un diputado más”. En realidad, asegura otra fuente, “Javier lo que pretende es obtener un acta para no desaparecer del protocolo”. ¿Solo eso? Veremos.



LA CUAJADERA



Extraña retirada.

Contra todo pronóstico, de forma sorpresiva y con el argumento oficial de “la excesiva lentitud de la Justicia”, los denunciantes de una de las piezas del Caso Gasolineras, han decidido apartarse de la querella ante el el Juzgado Nº 2 de Almería. Y no solo eso, piden además “el sobreseimiento y archivo de las actuaciones” que afectan al equipo de gobierno de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y, en especial, a su delegado de Urbanismo Pablo Venzal, candidato número dos a la lista del Parlamento por el PP. Ante tan extraña y sorprendente decisión de los supuestos perjudicados, la asociación anti corrupción AMAyT, ha anunciado la personación esta semana en la causa, con la intención de que no se cierre una investigación donde presumen “delitos perseguibles de oficio”. Anuncian también que pedirán la declaración, como testigos, de los denunciantes en retirada para que expliquen los motivos reales de su desistimiento.


Amenazas a un Guardia Civil.


“Tu y yo vamos a tener un problema. Tu reza para que mi hija no se muera, tu no tienes conciencia, voy a matarte, matarte. Yo te quito de en medio, si mi hija se muere, yo te juro que te mato, si a mi hija se muere por culpa tuya, yo te mato a ti, y tu desapareces de la vida, te vas de este mundo”. Con estas palabras, un conocido empresario almeriense, Estanislao B. G., amenazó a un agente de la Guardia Civil de uniforme, carnet profesional G-34913-B, que en compañía de otro intervinieron el 7 de julio de 2014, a requerimiento del alcalde, en una construcción en “El Pinar de Bayarque” en funciones de prevención y protección del medio ambiente. Las amenazas fueron grabadas y aportadas al juez por los agentes.
El asunto, que recaló en el juzgado de Purchena, se ha substanciado en un juicio de faltas por el que Estanislao B.G. ha sido condenado al pago de una multa de 60 euros por “una falta de desobediencia y falta de respeto y consideración debida a los Agentes de la Autoridad”.


domingo, 22 de febrero de 2015

HISTORIA DE UNA DENUNCIA IMPOSIBLE




“La denuncia del alcalde de Albox es un documento muy poco consistente y carente de los más elementales elementos de prueba”. Con estas palabras, una cualificada fuente de la Fiscalía de Almería, ha echado por tierra la supuesta denuncia que el alcalde de Albox, Rogelio Mena, dice que presentó a finales del pasado año - en pleno escándalo por la ocultación de expedientes sospechosos de corrupción, por los que está imputado y camino de la vista oral- ante Fiscal decano de Huércal-Overa Juan Sánchez. 
Como enseguida podrá comprobar el lector estamos ante una artimaña de Mena sin consistencia jurídica y, desde luego, muy alejada de la verdad política perseguida, seguramente con el ánimo de embarrar el escenario político y ocultar la verdad a los ciudadanos.
Esta semana, a raíz de las revelaciones publicadas aquí ( IDEAL, domingo 8 de febrero) y de la posterior denuncia, presentada el viernes 13 de febrero pasado, ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Almería por el portavoz de la oposición popular, Juan Pedro Pérez Quiles, Rogelio Mena hacía público un sorprendente comunicado bajo el título “La Fiscalía archiva la denuncia por las obras de caudalización de la Rambla de Albox” . La nota hacía referencia a un párrafo del decreto de archivo de la supuesta denuncia “al no revertir los hechos denunciados carácter de delito”. A renglón seguido Mena, que esta vez si presumió de “acatar” la decisión de Fiscalía, solicitaba al Partido Popular “que actúe de la misma forma y permita desarrollar al Ministerio Fiscal su trabajo, aceptando su decisión aunque no le guste”.

“Mucha literatura”

Las fuentes de la Fiscalía almeriense consultadas por este cronista aseguran que el alcalde, Rogelio Mena, en efecto, presentó folio y medio, así como cuatro certificados de la Alcaldía, donde exponía una petición de investigación, sin consistencia, sin documentos ni datos que permitiesen ordenar ningún tipo de diligencia indagatoria. Puro trámite literario. “No parecía ni denuncia- asegura un fiscal conocedor del asunto- era algo así como poner en conocimiento unos hechos, pero sin aportar nada, ni datos ni nada, mucha literatura, destacando que lo hacía tras la celebración de un pleno donde se habían aprobado medidas de transparencia; hablaba de un contrato de 60.000 euros y de un expediente; adjuntaba unas fotocopias y pedía que se investigase a doña Esther Soto… en fin, como le digo literatura y nada concreto” asegura sorprendida la fuente consultada. En definitiva, que el escrito presentado, a juicio de la Fiscalía, “lo que invitaba en realidad era a realizar una prospección indagatoria, algo que es absolutamente ilegal porque estamos en un Estado de Derecho y, además, no estamos para perder el tiempo”. ¿Pero - pregunto- se habla en algún punto de la denuncia del concurso del proyecto de la Rambla valorado en 400.000 euros y adjudicado a la empresa Alcaína? -“Para nada se habla de eso en la denuncia presentada”.
Como bien habrá podido adivinar el lector a estas alturas de crónica, parece claro que hemos asistido a una clara instrumentalización política del Ministerio Público por parte de Rogelio Mena en un asunto muy grave, que ahora seguramente sí que será investigado en toda su dimensión por la Justicia. Sobre todo porque la documentación que se ha conocido sobre el concurso del proyecto de la Rambla de Albox, aportada ya a Fiscalía por el PP, pone sobre la mesa la posible comisión de irregularidades (o delitos) muy graves. Así lo recoge la denuncia presentada por Pérez Quiles en la que pueden comprobarse varias cuestiones susceptibles de ser investigadas como posibles delitos. 

¿Falsificación de documentos?

En primer lugar se adjudica un caro proyecto a la empresa  Alcaína tres meses antes de estar constituida legalmente. Se firma con quien no es ni su administrador, ni siquiera accionista y sin el objeto social apropiado. La segunda cuestión es que al concurso concurren, junto a la ganadora Alcaína- con un yerno del actual primer Teniente de Alcalde Pérez Conchillo como accionista- dos empresas sin sello de registro de entrada, sin publicidad previa y sin respetar las exigencias legales del pliego. Una del dueño de Alcaína y del alcalde de Arboleas, al 50%, de la que el edil arboleano, Cristóbal García Granados, dice no saber absolutamente nada por estar la mercantil en proceso de disolución desde 2007. Y la otra, perteneciente a la ex trabajadora de Alcaína, Mirella Granados, quien ha certificado que no existe ni nunca existió dicha sociedad, denunciando además que han falsificado su firma, sello y profesión. Además, el pliego podría resultar falsificado y nulo de pleno Derecho, ya que se hace referencia en su punto IX a una Ley que aún no había sido aprobada por el Congreso el día de la firma. Una chapuza. Y finalmente la rúbrica del contrato de adjudicación donde aparece, junto al alcalde, un innominado Secretario Municipal, mediante un garabato como firma y sin nombre, que podría ser el funcionario municipal Jorge Perán Mármol, cuya hija parece que trabaja en Alcaína.
A la vista de estos datos documentados puede entenderse mucho mejor la maniobra orquestada por Rogelio Mena instrumentalizando el decreto de Fiscalía por una denuncia imposible, de la que nunca dio noticia pública y que acaba de sacarse de la chistera con el ánimo evidente de confundir a la opinión pública y engañar a la Justicia. Es de esperar, por tanto, que el Sr Mena, llegado el caso, “acate” las decisiones que en breve pueda tomar el Fiscal Jefe de Almería, una vez examine la denuncia de Pérez Quiles. Porque, esta vez, parece que la denuncia si es consistente y sí está documentada. De paso, también se solicita la reapertura de las diligencias 37/2011, dimananantes del atestado policial 11/2011-UCO 005605-000000-11, de fecha 10 de febrero de 2011, por una supuesta trama de corrupción política y económica en Albox investigada por la UCO de Madrid y que, sorprendentemente, fue archivada provisionalmente en dos ocasiones por el fiscal Jesús Gázquez.




LA CUAJADERA




Montoya, absuelto.

“Las manifestaciones vertidas por el demandado (Luis Montoya) constituyen una valoración sobre la concreta actuación de la entidad actora (Cajamar) que no exceden de la libre evaluación y calificación de la labor profesional de esta, y, por ello no pueden reputarse constitutivas de una intromisión ilegitima en su honor, debiendo calificarse dentro de las críticas, que no rebasan los límites propios de la libertad de expresión”.  Así concluye la sentencia dictada esta semana por la Magistrada-Juez de Primera Instancia Nº 7 de Almería, en la que absuelve al colaborador de Amayt, Luis Montoya, de la demanda interpuesta por la entidad Cajamar que consideró un articulo de su blog atentatorio contra el honor de la caja. La Juez, además, condena a la entidad al pago de las costas.



Francisco Javier Torres Viedma

La Asociacion Amayt y los hermanos Manuel y Mª Lucía Rodríguez Romero de Roquetas, han presentado esta semana una documentada y extensa denuncia ante la Fiscalia de Almería contra la actuación del Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Roquetas. Según el escrito, el Sr Torres Viedma,  que disfruta del régimen de incompatibilidad, habría actuado como letrado particular de la mercantil Leza Constructora 2000, litigando contra de los intereses de dos vecinos de Roquetas en una cuestión urbanística perjudicados por el Ayuntamiento y supuestamente incumpliendo, entre otros muchos, los preceptos legales del Estatuto de la Abogacía.



Rodrigo Sánchez Simón


El alcalde popular de Fines, a través de una sociedad por él participada, vendió al ayuntamiento que preside una casa, sin que primara interés público ni ausentándose del pleno que aprobó la compra por 70.000 €, según denunció el PSOE en Fiscalía.  La casa le había costado 24.000 €. Y para dicha compra se usó una subvención oficial para “crear empleo”. El edil confesó desconocer que era socio de la mercantil. Judicializado el asunto, el pasado 10 de febrero, el instructor dictó sobreseimiento provisional siguiendo las indicaciones del informe del Fiscal, Juan Sánchez, de no más de veinte lineas de extensión. Tres días después, los denunciantes socialistas, elevaron recurso de reforma, y subsidiario de apelación ante la Audiencia, alegando que “la resolución carece de fundamentación ni motivación alguna, vulnerando el principio de la tutela judicial efectiva”. Especial atención se le presta a lo escrito por el Fiscal del caso que, en su breve informe, cuestiona a los denunciantes por haber tardado tanto en hacerlo y, sobre todo, por no haber impugnado la compra por la vía contencioso-administrativa, razón por la que pidió el sobreseimiento. Ahora el juez tiene nuevamente la palabra.

domingo, 15 de febrero de 2015

IMPUTADOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 15 de febrero de 2015


Convendría recordar, una vez más, que estar imputado judicialmente no significa estar condenado ni ser autor material de un delito. No obstante, en el lenguaje político al uso, la palabra “imputación” - e incluso los neologismos ´preimputado´ o ´señalado´- se ha convertido en un estigma de primer orden, en una especie de pena de telediario o de banquillo mediático.
También es cierto que no es lo mismo una imputación policial que una imputación judicial. La primera, si es avalada por un Fiscal tiene muchas posibilidades de convertirse en la segunda, normalmente más consistente. Y ello se traduce en acudir ante el juez asistido por letrado y procurador, ósea con todas las garantías procesales y constitucionales. O lo que es lo mismo, estar sometido a una investigación penal a expensas de que un juez confirme, mediante diligencias practicadas, las acusaciones de haber cometido delito. Queda, entonces, un tercer y definitivo escalón procesal: elevar la instrucción, una vez concluida, para que un órgano jurisdiccional no contaminado por la investigación, celebre vista oral y proceda a dictar la correspondiente sentencia.
En Almería hemos tenido un ejemplo reciente que, afortunadamente para el afectado, ha terminado con su absolución. Me refiero al candidato de Ciudadanos, Miguel Cazorla, acusado de apropiación indebida, juzgado y  finalmente absuelto. Pero el desgaste político que ha sufrido Cazorla ya no se lo quita nadie y eso que se trataba de un asunto perteneciente al ámbito de un litigio entre particulares, donde nunca nadie pudo hablar de corrupción política.
El caso Cazorla, en el contexto político actual, es la excepción que confirma la regla sobre la figura de los imputados.
El panorama judicial almeriense de imputaciones, a las puertas de dos procesos electorales, se presenta complejo y demasiado prostituido por el debate político. El análisis de algunos casos nos conducirá, irremediablemente, a concluir que para ciertos partidos existen imputados de primera y de segunda clase.
Juan Fernando Ortega Paniagua, el veterano líder del socialismo roquetero, vinculado en sociedades mercantiles con el conocido como Clan Amat, se ha visto esta semana envuelto en la ´Operación Edu costa´, dentro del macroproceso seguido contra el fraude en los cursos de formación. No más de diez minutos duró su comparecencia ante la Policia que dirige la candidata  popular Carmen Crespo, en una de sus últimas actuaciones como Delegada del Gobierno de Rajoy en Andalucía. Ortega salió de comisaría no conociendo qué cargos se le imputan policialmente. Solo que estaba imputado a expensas de lo que diga el juez en su momento. De inmediato, el Secretario General de los socialistas, Sánchez Teruel, hizo valer un pacto roquetero con Paniagua hace meses, según el cual tan pronto hubiese ruido de lecheras o frú frú de togas, abandonaría el acta y la militancia en el PSOE. Y Ortega tardó minutos en cumplir su parte del trato, apresurándose Teruel a hacer pública la decisión, dando a entender el líder de Chirivel que sus formas de actuar están muy en línea con lo que proclama su idolatrada Susana Díaz.
Resulta paradójico, por no llamarle vergonzoso, comprobar como el Secretario del PSOE de Almería aplicaba un remedio político que, antes, debiera haberlo tomado él mismo. Porque, a día de hoy, el Sr Sanchez Teruel está exactamente igual, desde el punto de vista procesal, que Ortega Paniagua: imputado policialmente. Con una gran diferencia: él está “imputado” por la Guardia Civil desde el mes de mayo pasado en el ´Caso Marismas´ y, a día de hoy, no solo no ha dimitido ni se ha dado de baja del PSOE sino que lidera y ha confeccionado la lista del PSOE al Parlamento. Y en el caso de Teruel se conoce, negro sobre blanco, de qué se le acusa y quiénes le acusan. (Por cierto, en el informe elevado el pasado 20 de enero por la GC al Juez, su nombre vuelve a ser mencionado de forma reiterada y con graves acusaciones en declaraciones y diligencias).
Lo mismo que sucede con Rogelio Mena, alcalde de Albox, imputado y camino de la vista oral, protegido por Teruel, al que tampoco se le ha pedido que abandone para no perjudicar al partido y que será candidato a la alcaldía en mayo con el apoyo de la ejecutiva provincial.
Parece más que evidente que, para quienes hoy mandan en el PSOE de Almería, existen imputados de primera y de segunda categoría.

Y el PP, sin complejos.

Sucede lo mismo en el PP, donde consideran que  los imputados que deben dimitir o no ir en las listas, son los del PSOE. Sus imputados son de segunda categoría como Teruel y, a tenor de sus declaraciones, por minucias administrativas sin importancia.  Así, Gabriel Amat, investigado por delitos urbanísticos, volverá a ser candidato. Y no solo eso: Javier Arenas vuelva a estar en la lista de Almería, aunque como número cuatro, detrás de la jefa policial, Carmen Crespo, del imputado en el ´Caso Gasolineras´ Pablo Venzal y la ejidense Rosalía Espinosa- ex látigo de corruptos- a la que otro imputado por delitos contra la Hacienda Pública, Paco Góngora, ha querido jubilar sin lograrlo merced a los apoyos de Espinosa en Sevilla. Góngora también repetirá como candidato del PP en El Ejido. Todos sin complejos, sin avergonzarse de una doble moral política, pidiendo al adversario lo que ellos no hacen.
Así que, Almería, seguirá siendo una plaza políticamente singular, con políticos singulares que parecen habitar en otra galaxia. Pero no nos engañemos, la culpa de que este tipo de personajes de doble moral política sobrevivan en el escenario no la tienen solo ellos. 
La tendrán unos electores que, tapándose o no la nariz, volverán a las urnas en marzo o en mayo y les volverán a votar como siempre hicieron. Por el camino, disimulando, un montón de cómplices de la corrupción, verdaderos responsables morales del lodazal que nos rodea, incapaces de denunciar porque forman parte -previo pago/cobro- de la corrupción sistémica que envuelve a ciertos políticos en ciertos territorios.




LA CUAJADERA


El “concurso” amañado de Albox

El alcalde de Arboleas, Cristóbal García Granados y su prima, la concejal Herminia Mirella Granados, se enteraron por esta sección el pasado domingo de que habían concursado, a través de dos mercantiles, para lograr la redacción del proyecto de la Rambla de Albox por 400 mil euros. Así me lo han confirmado ambos. 
García reconoce ser socio al 50% en Cypesur de Francisco Sánchez, dueño de Alcaína, la empresa ganadora. Cypesur está “inactiva y en proceso de disolución desde 2007, que se no ha disuelto por estar aún pendiente de pago un crédito solicitado en su día”. Por su parte Herminia Mirella Granados manifiesta que “ ´H&M Ingeniería´ no existe. Ni esa ni ninguna otra mercantil de la que yo sea dueña. No he tenido nunca una sociedad, ni he pertenecido a ninguna.” La Sra Granados fue trabajadora autónoma hace años de Alcaína y manifiesta que en la propuesta presentada todos los datos son falsos, “ni soy ingeniero agrónomo, ni es mi firma, ni tengo empresa”. Ambos han solicitado certificación al Ayuntamiento de Albox para iniciar las correspondientes acciones judiciales en defensa de su honor y buen nombre.

José García Navarro

El ex alcalde socialista de Albox está citado para el próximo 4 de marzo en un juzgado de Almería para responder ante un extraño caso sobre una supuesta falsificación de documentos públicos, utilizados como aval para la concesión de un préstamo a un empresario local que finalmente no lo abonó al prestamista.

Jorge Perán Mármol

Es el funcionario mejor remunerado del ayuntamiento de Albox. Podría ser a quien se atribuye el haber firmado el contrato con Alcaína en funciones como “Secretario” municipal. El Sr Perán, que no ha atendido las reiteradas llamadas para confirmar este extremo, anda diciendo que él no firmó dicho documento y que le han falsificado su firma.


Fuensanta Coves Botella

Llegó a ser consejera de Medio Ambiente y, posteriormente, Presidenta del Parlamento de Andalucía. Fue madrina y protectora de Sánchez Teruel ante Griñán para que le apoyase en la Secretaría General del PSOE de Almería. Ha sido, por tanto, defensora a ultranza de Teruel, anteponiendo siempre su afecto y amistad personal a la racionalidad política. Pues Coves ha sido descabalgada de la lista al Parlamento. ¿Que ha pasado? Diversas fuentes socialistas aseguran que ha sido “vetada expresamente” por Susana Díaz, tras enterarse de que Fuensanta no se ha reprimido en círculos internos del partido a la hora de criticar actuaciones de la presidenta. Oficialmente han sido las JSA las que la han vetado para figurar en la lista, junto a Manuel Recio. Y lo hicieron por escrito. Una maniobra que muchos achacan al propio Teruel que, siguiendo órdenes, no ha querido aparecer como verdugo de alguien a quien tanto le debe en su carrera política. Además, no existe constancia de que Teruel haya movido un dedo para defender a su amiga Coves, muy afectada tras recibir públicamente el correspondiente agradecimiento por “los servicios prestados” por parte de Teruel.






domingo, 8 de febrero de 2015

ROGELIO MENA CONTRA EL JUEZ RUÍZ-RICO


A-92, IDEAL de Almería,
Domingo 8 de febrero de 2015


"No voy a insinuar nada, ni con respecto al juez, ni con respecto a que su hermana sea trabajadora del Ayuntamiento de Roquetas de Mar”. Con esta malévola insinuación, lanzada el pasado martes por el alcalde de Albox, diputado provincial y ex Secretario de Ideas y Programas de la ejecutiva regional de Susana Díaz, Rogelio Mena mostró su irritación contra el Juez Fernando Julio Ruiz-Rico Alcaide, titular del Juzgado Mixto Nº 3 de Huércal-Overa, por no admitir su petición de anulación del proceso por supuesto atentado contra los derechos constitucionales, por el que se le piden dos años y seis meses de inhabilitación. Como se recordará, su procesamiento con vista oral ya acordada, obedece a la negativa de Mena a entregar a la oposición una serie de expedientes sospechosos de ocultar una trama de corrupción económica y política en el Ayuntamiento de Albox. Un proceso judicial, según Mena, “plagado de irregularidades” ya que, como ha venido denunciando, se siente víctima de una oscura maquinación de acoso y derribo orquestada contra él (y contra Susana Díaz), operación a la que, según el edil, no serían ajenos el PP y funcionarios judiciales como el juez o la fiscal. Efectivamente, el juez instructor, tiene una hermana, Pilar, trabajando como   funcionaria en el Ayuntamiento que preside Gabriel Amat, en el puesto de Jefa del Área de Contratación y Patrimonio. 
El padre de ambos funcionarios públicos, el magistrado Juan Ruiz-Rico y Ruiz-Morón, es uno de los jueces más prestigiados en el panorama judicial español por su dilatada trayectoria profesional y el rigor jurídico sistemáticamente aplicado a sus resoluciones. De hecho, Ruiz-Rico, fue uno de los nombres barajados en su día como uno de los más firmes candidatos a presidir el TSJA en sustitución de Augusto Méndez. Precisamente, el próximo día 17, como Presidente de la Sala Segunda de la Audiencia, tendrá que resolver junto sus compañeros - con José María Contreras como Ponente- si se reabre el ´Caso Auditorio´ de Roquetas a instancias del PSOE. Un escándalo económico y político en el que el Ayuntamiento de Roquetas se gastó un 120% por encima de los siete millones inicialmente presupuestados, todo ello mediante un procedimiento ilegal según el TSJA, con sospechas documentadas de haberse detraído -supuestamente- comisiones para técnicos y políticos del PP, aspecto este que, en pieza aparte y a marcha muy lenta, se investiga en un juzgado almeriense como “Caso Halsa” por presunta financiación irregular del PP. 

La Rambla y Alcaína.

Rogelio Mena ha optado por presumir de transparencia hasta el punto de declarar que los expedientes sospechosos para la oposición están en manos de la Fiscalía y que allí los pueden consultar.
Fuentes socialistas, que desde hace tiempo vienen alertando internamente sobre los manejos  del dinero público en Albox, dudan de que Rogelio Mena haya aportado al Ministerio Público, por ejemplo, la documentación que existe en el ayuntamiento sobre el concurso para adjudicar el proyecto de la obra de reforzamiento de la Rambla de Albox, valorado entorno a los 400.000 euros. Uno de los expedientes sospechosos para la oposición relacionados con la empresa Alcaína.
Y dudan porque, a la vista de los papeles oficiales que se han conocido, aquel concurso podría estar plagado de graves irregularidades.
El 18 de octubre de 2007 el exalcalde socialista José García Navarro, al que el concejal Mena sustituyó en 2013, firmó un contrato con Francisco Sánchez García, representante de la empresa que había ganado el concurso - Alcaína Estudio de Arquitectura S.L.- frente a otras dos mercantiles. El montante del encargo ascendió a 387.231,20 Euros. 
Según puede contrastarse en la documentación facilitada y que será incorporada a una nueva denuncia ante Fiscalía solicitando que se reabran las diligencias 37/2011 de la UCO, en esta operación concurren una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos.
El primero que dos de las tres empresas que se presentaron al concurso tienen como denominador común al representante de Alcaína, Francisco Sánchez. En Cypesur Ingenieros, es uno de los administradores solidarios junto al alcalde de Arboleas Cristóbal Granados García, ahora independiente y durante años alcalde del PSOE.  La tercera empresa que concursó se denomina H&M Ingeniería, propiedad de H. Mirella Granados, prima hermana del edil de Arboleas y socio de Sánchez. Las dos empresas que acompañaron a Alcaína al concurso presentaron la oferta el mismo día. Dos días antes lo hizo Alcaína. Ninguna de las ofertas tiene sello de entrada en el Registro.
Más: la Providencia de la Alcaldía convocando el concurso, el pliego de  condiciones, así como el contrato final de adjudicación, tienen la firma del alcalde con su nombre, apellidos, sello y rúbrica. Sin embargo, en los tres documentos, bajo la antefirma “Ante mí El Secretario”, aparece un garabato, un sello de la Secretaría y junto al “Fdo.” ningún nombre.
Pero donde se producen las circunstancias administrativas más extrañas es en las escrituras de Alcaína, la empresa ganadora. El mismo día -11 de enero de 2008- y en la misma Notaría de Serón se redactan dos escrituras. En una primera se procede al cambio de nombre de la sociedad que, con el mismo CIF y denominada Dehesa Sur Gestiones SL- constituida dos días antes de convocarse el concurso- pasa a denominarse Alcaína. En esa fecha, cuando ya se ha adjudicado hace tiempo el encargo técnico, se amplía el objeto social para poder afrontar la redacción de proyectos. Y en la otra escritura se procede a la compraventa de participaciones a D. Torcuato Navarrete Diaz por parte de Francisco Sánchez García y por la “sociedad conyugal" de su hermano Juan José, yerno de Francisco Pérez Conchillo, mano derecha de Rogelio Mena y primer Teniente de alcalde de Albox.
Así pues, estos datos demostrarían que el 18 de octubre de 2007 el contrato se firmó con una empresa que legalmente  se llamaba Dehesa Sur Gestiones, cuyo  objeto social no era la redacción de proyectos y cuyo representante legal no era el Sr Sánchez García, sino Torcuato Navarrete. De momento cabe preguntarse ¿qué escrituras y qué poderes notariales revisó, antes de la firma del contrato oficial, el innominado Secretario Municipal de Albox? Pronto la Justicia nos lo aclarará.


LA CUAJADERA


Algarrobico

La Sala correspondiente de admisiones del Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación de la Junta y los ecologistas contra la sentencia de 21 de marzo de 2014 que permitía la urbanización en el polémico enclave y de la que fue ponente el magistrado del TSJA Jorge Muñoz Cortés. Esta importante decisión, según fuentes jurídicas, es clave para que la Sección 5ª de la Sala 3ª del  TS  se pronuncie, unificando doctrina y dejando las cosas en su sitio de forma irrevocable.


Dando ejemplo.

Se despejó la incógnita. Con el respaldo presencial de Javier Arenas, Gabriel Amat, imputado por presunto delito urbanístico, volverá a ser candidato a la alcaldía de Roquetas. Y como número dos de la lista al Parlamento, el concejal de Urbanismo de Almería Pablo Venzal, otro imputado como Paco Góngora en El Ejido que repetirá también. 
Mientras, Moreno Bonilla, se desgañita contra el PSOE y pregunta a Susana Díaz si incluirá a los ´ereados´ políticos por Alaya en las listas del partido, algo que parece que no sucederá, según fuentes del PSOE. Bonilla, por tanto, dando ejemplo desde Almería.


La lista del PSOE

Susana Diaz ha dejado las manos libres a José Luis Sánchez Teruel para que confeccione la lista almeriense del 22M. Por tanto, según todas las previsiones, Teruel la encabezará, rodeándose de sus más fieles y leales cuadros excepto Fuensanta Coves y Manuel Recio. Recuérdese que el SG del PSOE, está propuesto por la GC para ser imputado en el ´Caso Marismas´, hecho que podría producirse a corto plazo.




La lista de Adra.

Adra, con más de 630 militantes en el PSOE, solo 79 militantes (el 12,5%) acudieron a votar la lista que encabeza M. Teresa Piqueras, candidata oficialista. Dicen que muchos pasaron de llamadas y presiones para acudir. De los 21 nombres de la lista abderitana, más de la mitad no son militantes del partido. Y otro dato significativo: de los 32 miembros de la ejecutiva local, solo 5 van entre los 21. 

Caso Rifá

El escándalo destapado y judicializado por el Servicio de Vigilancia Aduanera en verano de 2012, comienza a moverse en el Juzgado Nº 3 de Almeria. El empresario -socio entre otros de la familia Amat- se negó a declarar esta semana, en base a dos recursos planteados que están dilatando enormemente el proceso. Ahora la Juez  Ana Belén Vico pide, mediante auto, 2,4 millones como fianza solidaria a Rifá y a su testaferro Israel Martín. Un cambio de criterio de la magistrada muy significativo. El SVA acusa a Rifá de haber defraudado a Hacienda más de 54 millones de euros y numerosos delitos economicos.

Periodistas.


La Diputacion de Almería ha organizado un curso gratis total para periodistas, “preferentemente desempleados”, sobre “Redes Sociales y Marca Personal para Periodistas”. La Asociación de Periodistas de Almería figura como “convocante” del mismo. 

domingo, 1 de febrero de 2015

“JE SUIS IDEAL”

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 1 de febrero de 2015



El 14 de enero era miércoles en el calendario. Convocados por la Asociación de Periodistas de Almería unas quinientas personas se congregaron junto a Los Lápices de La Rambla para mostrar su defensa en favor de la libertad de expresión y la repulsa al criminal atentado yihadista siete días antes contra la redacción de Charlie Hedbo en París.
Incomprensiblemente, contra todo pronóstico, la clase política almeriense se adueñó del escenario y, con descaro, se colocaron de tal forma que la foto del día fue una de las imágenes más vergonzosas - desde el punto de vista profesional- que hayamos visto los periodistas en muchos años en Andalucía. Un puñado de dirigentes del PP, con el diputado cunero Javier Arenas al frente, se situaron en primera fila portando el cartelito “Je suis Charlie”.  Uno de ellos, Gabriel Amat, cabeza gacha, se colocó el cartel en la zona testicular, justo a la altura del arco del triunfo por donde suele pasarse en su gestión eso de la libertad de los periodistas y sus medios.
Los socialistas, con  José Luis Sánchez Teruel al frente -otro supuesto “defensor” de la libertad de expresión- se quedó fuera de la foto, pero acudiendo también al paripé de los políticos. Seguramente porque la ruptura de la ´omertá´ dictada por Susana Diaz hace meses, imposibilitó que, como en los viejos tiempos, PSOE y PP aparecieran unidos de la manita en la misma foto, no fuera a reñirle la lideresa por teléfono.
Pero allí estaban casi todos los políticos almerienses, mezclados con los periodistas, defendiendo la libertad de expresión de los profesionales de la información, que es tanto como apostar por el derecho a recibir una información veraz por parte de los ciudadanos, fin último de nuestro oficio.
Y lo hicieron sin rubor, sin ningún remordimiento y sin vergüenza, como si ellos fueran los garantes de un derecho en el que se ciscan día sí, día también, demostrándolo, por ejemplo, con el reparto de la lotería amañada de la publicidad institucional.
Allí había políticos que no dudan ni un minuto a la hora de intervenir en los medios de comunicación, ya sean públicos ya privados, y no solo para hablar cuando a ellos les interesa. Lo hacen dictando qué cosas se pueden publicar y cuales no. Diciéndole a las empresas mediáticas qué periodistas deben seguir en sus puestos y cuales deben irse al paro o al ostracismo profesional; que noticias se deben publicar y cuales deben ser secuestradas a la sociedad o, lo que es peor, muchas veces manipuladas con medias verdades o, simplemente, mentiras.  Políticos que no dudan en pedir la cabeza de periodistas incómodos, especialmente cuando cumpliendo con nuestra obligación profesional, hurgamos en los excesos cometidos al amparo de leyes de silencio no escritas en materia de corrupción; o sea, en el sistemático latrocinio de los fondos públicos que manejan desde el lado más oscuro de las cavernas creadas dentro de las administraciones que controlan o gobiernan.
Políticos que, disponiendo del presupuesto de las instituciones que les confían los ciudadanos, reparten caprichosamente las partidas económicas de publicidad institucional con criterio sectario. O bien cuando median para que se adjudiquen miles de euros para promover ambiciones políticas personales y escalar a lo más alto, por ejemplo para que les nombren consejeros de algo. La medición de las audiencias de los medios solo les interesa cuando se publican noticias que ellos consideran políticamente incorrectas.
Pues ese tropel de personajes - y sálvese quien pueda- capitalizaron una de las miles de concentraciones convocada por periodistas de todo el mundo que, como se ha visto semanas después, de poco sirvieron ya que Charli Hedbo definitivamente no volverá desgraciadamente a los kioscos. 

El PP castiga a IDEAL.

Esta semana, el PP de Almería, sus dos más significados dirigentes, Gabriel Amat y su delfín Javier Aureliano García, han materializado ante toda España lo del cartelito en el bajo vientre. En nombre de ambos, la Jefa de Prensa de Diputación, expulsaba del stand de Fitur a IDEAL de Almería. Algo que, de inmediato y a la vista del enorme escándalo montado, provocó una vergonzante marcha atrás de don Javier Aureliano,  echándole las culpas a Maria del Mar González, cargo de confianza en el departamento de Comunicación del Palacio provincial. Un gesto, sin duda, de cobardía política. Porque de ser cierta que esa decisión partió de una funcionaria unilateralmente, a García no le queda más salida que proceder a su cese inmediato y quizás consiga la credibilidad que, de momento, no tienen sus palabras. En el próximo pleno se verá, a la vista de que IU y el PSOE han pedido explicaciones convincentes a un veto, lanzado bajo el argumento de que “IDEAL no trata bien a la Diputación”. 
Pero aún procediendo al relevo de la autora material del veto -dudo que se produzca- los políticos del PP en Diputación seguirán quedando en evidencia. Una auditoria de las millonarias inversiones de publicidad institucional en los últimos tres o cuatro años - algo que está confeccionado IU con información oficial- demostrará el premio bien remunerado a los medios palmeros o sumisos y el castigo a los que se atreven a la crítica o, simplemente, a informar de noticias que no les son gratas. Por  ejemplo sacar en portada, a seis columnas, que el Ayuntamiento del popular Luis Rogelio Rodriguez Comendador es ¡el segundo menos transparente de España!, según un organismo internacional. Posible antesala, por cierto, de un ramillete de gravísimas irregularidades o delitos que muy pronto conocerán la luz judicial en forma de denuncia.
A la propuesta hace tiempo de Amat de que había que echar a los periodistas incómodos, especialmente a los “del Internet”, se ha sumado ahora el veto a IDEAL. La cabra siempre tira al monte. Es por ello por lo que hoy elevo, y bien alto, mi cartel proclamando “Je suis Ideal de Almería”.

LA CUAJADERA

El Teatro Auditorio

En un par de semanas la Audiencia de Almería decidirá si se reabre el sumario del Caso Auditorio de Roquetas, donde Gabriel Amat permitió un sobrecoste millonario del 120% respecto del presupuesto inicial. Algo declarado ilegal por el TSJA desde el Contencioso Administrativo. Recuérdese en este contexto la aparición de recibos del pago de supuestas comisiones de la constructora HALSA a técnicos y a políticos del PP. La denuncia, a instancias del PSOE, ha sido ampliada recientemente con la aportación de facturas originales según las cuales se habrían pagado más de 50 millones de pesetas al dueño de la constructora por la realización del proyecto. En quince días sabremos qué decide la Audiencia al respecto, no descartándose en ámbitos jurídicos el visto bueno de los magistrados a que prosiga la investigación judicial contra Amat y los responsables.

Podemos Almería

El Consejo Ciudadano de Podemos Almería ha creado en su seno el “Área de Legal y Anticorrupción”, según fuentes del movimiento que lidera Pablo Iglesias a nivel estatal. Uno de los primeros asuntos sobre los que empiezan a trabajar es la recapitulación de la infinidad de procedimientos judiciales contra la corrupción política que, desde hace años, permanecen extraña y escandalosamente paralizados en numerosos órganos jurisdiccionales de Almería y su provincia. Piensan darlo a conocer a nivel regional y estatal.

Rogelio Mena.

El edil de Albox y candidato socialista a la reelección va camino del banquillo de los acusados en la correspondiente vista oral. Mena, que ha intentado paralizar mediante recurso la celebración del juicio, ha recibido recientemente la negativa del juez Ruiz-Rico, instructor de la causa seguida contra él por su reiterada negativa a entregar a la oposición sospechosos expedientes de adjudicaciones de obras. En base a lo manifestado por Susana Díaz en los últimos días - “ningún imputado irá en las listas del PSOE”- en Sevilla dan por seguro que la ejecutiva regional “tumbará”  la candidatura de Rogelio Mena aprobada a nivel local y por el  comité provincial de Sánchez Teruel.

Caso Marismas

“ Te digo que él (Sánchez Teruel) sale en el telediario... tiempo". Con esta frase por WhatsApp, una persona conocedora de la marcha de la instrucción del caso en Sevilla, me daba a entender que la Guardia Civil y la Fiscalia Anticorrupción mantienen, a día de hoy, su criterio de que el líder socialista almeriense sea finalmente imputado por el juez instructor para determinar sus responsabilidades penales en el escándalo con fondos europeos y andaluces. La pérdida de su condición de aforado, por no haber sido incluido en la Diputación Permanente del Parlamento, deja la vía libre para que el magistrado Gutiérrez Casillas- si hace caso a las propuestas que se están preparando con las correspondientes pruebas acusatorias- pueda proceder contra Teruel sin necesidad de elevar una motivación razonada al TSJA para su imputación. En la ejecutiva regional del PSOE siguen muy atentamente la marcha de este caso ya que, dependiendo de lo que finalmente decida el juez, Sánchez Teruel quedaría muy tocado políticamente hasta el punto de quedar descabalgado de la lista al Parlamento andaluz si se confirma su imputación judicial.




domingo, 25 de enero de 2015

EFECTO MARIPOSA EN EL CASO ´MARISMAS´

A-92, IDEAL de Almería, domingo
25 de enero de 2015



El denominado ´Caso Marismas´ ha estallado mediática y políticamente esta semana en todo su esplendor. Todo ello a raíz del informe elevado al Juez Instructor por la Oficina Antifraude de la UE y que avancé el pasado domingo a los lectores de IDEAL de Almería. Un demoledor documento que, en líneas generales, viene a respaldar las denuncias que en su momento elevaron a la Justicia, a las administraciones regional, estatal y europea e incluso a Izquierda Unida en la oposición, la actual directiva de la Comunidad de Regantes que sustituyó a la anterior, principal protagonista de las irregularidades y delitos denunciados. 
Que entre los nombres que aparecían en las denuncias -publicados a finales de 2013- figurase, José Luis Sánchez Teruel, diputado almeriense  y Secretario General del PSOE en la provincia, provocó no solo el ´efecto mariposa´ en Almería, sino la irritación del propio Teruel que, en su momento, me amenazó con una querella e, incluso, con enviar a mi domicilio a la Policia Judicial (Sic). En ese rifirrafe público, el político de Chirivel, logró incluso que el periódico Andaluces Diario, con el que colaboraba -dejé de hacerlo de inmediato-, levantase mi artículo donde narraba todas estas circunstancias documentadas. Es más, Teruel, se llegó a vanagloriar en las redes sociales de su proeza censora, atentando sin pudor contra el derecho a la información, a la verdad y a la libertad de expresión. Han tenido que pasar quince meses para que la Justicia y el trabajo de la Guardia Civil pongan a cada uno en su sitio. 


Lo actuado hasta ahora no solo ha venido a confirmar que está en cuestión el destino de cerca de 40 millones de euros públicos para mejora de regadíos en las Marismas del Guadalquivir; también que Sánchez Teruel está propuesto por la Guardia Civil al Juez, desde abril de 2014, como uno de los candidatos a ser imputados judicialmente en esta trama. (Noticia publicada en IDEAL el 4 de mayo de 2014)  Le acusan de  "Negociaciones y Actividades Prohibidas a los Funcionarios Públicos, Abuso en el ejercicio de sus Funciones y Tráfico de Influencias”. Todo ello por su labor entre 2008 y 2009 como Director General a las órdenes del consejero almeriense Martín Soler.
A raíz de aquellas primeras propuestas de imputación, el juez instructor, ya se dio cuenta del calado, dimensión y posible gravedad penal del caso, tomando una prudente decisión procedimental: ordenar una exhaustiva y amplia investigación para que no quedasen flecos sueltos y que la acción judicial alcanzase a todos los que, de forma fehaciente, hubiesen tenido responsabilidades penales en el asunto. Así, durante meses, la GC dedicó todos sus esfuerzos y escasos medios a recabar toda la documentación posible que avalara y confirmara las denuncias. Una vez concluidas, el Juez, remitió al Ministerio Fiscal todo lo actuado para que determinase si se seguía adelante con el caso o procedía a su archivo.
Fiscalía no solo entendió que había que seguir con la instrucción, sino que hicieron suyas todas y cada una de las tesis policiales y de los regantes que estaban sobre la mesa. 
En este contexto, el PP tomó la decisión de personarse en la causa, aceptándolo el juez, y convirtiéndose no solo en acusación, sino empezando a filtrar documentación a determinados medios de comunicación, tal y como parece que ha sucedido esta semana con el informe OLAF.
El pasado miércoles, día 21, la GC entregaba al Juez Juan Gutiérrez Casillas nueva y abundante documentación, además de la propuesta de nuevas imputaciones, catorce en total, como adelanté aquí el pasado domingo. Entre otros, según mis fuentes, aparece un ex Director General de Regadíos a las órdenes del consejero Isaias Pérez Saldaña, antecesor de Martín Soler. Y junto a él un ramillete de funcionarios, ejecutivos de las empresas implicadas en el escándalo y miembros de la comunidad de regantes que adjudicaron la obra.  Según todos los indicios no serán estas las últimas propuestas de imputación que se elevarán al magistrado.  Entrada la primavera es muy probable que la causa se ocupe de los primeros actores de este caso de corrupción institucional y no se descarta la aparición en el escenario judicial de políticos y empresarios de primer nivel en el momento de los hechos.

Un político en activo

El único político en activo implicado en esta investigación, Sanchez Teruel, se ha visto obligado a salir del burladero y dar sus primeras explicaciones espoleado por Juanma Moreno Bonilla desde el PP. Entre otras cosas ha dicho que él no estaba cuando se adjudicó la obra, cierto; y que él nunca se reunió con los regantes, falso. (Lean La Cuajadera más abajo) 
Fuentes conocedoras de la marcha de la instrucción judicial creen estar convencidos de que Teruel resultará finalmente imputado, posiblemente en la tacada de marzo, en tanto existen evidencias más que suficientes como para pensar que esa será la decisión final del Juez . 
Algo que, en el plano político, supone un grave contratiempo para Susana Díaz, que se ve obligada a dejar en manos de Teruel la confección de las listas almerienses - autonómica y municipales-  con lo que ello supone de carga política negativa en el actual contexto.
Mañana Díaz anunciará la disolución del Parlamento, un hecho que supondrá, de momento, que Teruel pierda su aforamiento como diputado, de tal forma que podría resultar imputado por el juez sin necesidad de que sea elevado a la Sala Segunda del TSJA.
En privado, varios cuadros socialistas almerienses no ocultan su seria preocupación por la grave situación política en la que se encuentra el PSOE de Almería por culpa de su secretario general, considerando que desde la dirección regional se debiera intervenir urgentemente y cuanto antes, tutelando directamente esta etapa crucial del partido en la provincia.  
Todo por un asunto lejano, en las Marismas de Sevilla, típico ejemplo del ´efecto mariposa´, basado como se sabe en que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un Tsunami al otro lado del mundo.


LA CUAJADERA


INFORME OLAF: " Dicho trato de favor podría haber continuado durante la ejecució
del proyecto ya que la administración regional autorizó una modificación irregular
del proyecto"



La débil memoria de Teruel.

El pasado jueves José Luis Sánchez Teruel declaró a Agustín Rivera en El Confidencial, intentando desmarcarse del ´Caso Marismas´, entre otras cosas, que él nunca se había reunido con los regantes. Esta afirmación, según fuentes de la CCRRMG, “es completamente falsa”. 
El 15 de mayo de 2009, según un acta protocolizada notarialmente, en el transcurso de la JG extraordinaria de la CCRR con 172 comuneros presentes, “mientras se procede al recuento de los resultados de la votación, el Sr Presidente informa que D. José Luis Sanchez Teruel, DG de Desarrollo Sostenible y del Medio Rural de la C. de Agricultura de la Junta, y el Jefe de Servicio de Regadíos, D Carlos Rodríguez Pérez, han venido a visitarnos, por lo que plantea que mientras se lleva a cabo el recuento de los votos se permita intervenir a estos señores, salvo que alguien tenga inconveniente. No mostrándose nadie en contra se permite a que accedan a la Junta General y D. José Luis Sánchez Teruel pasa a exponer la importancia de la obra de modernización que se está llevando a cabo, así como el esfuerzo que por parte de todos hay que poner para sacar el proyecto adelante. Tras responder a las preguntas de algunos regantes el Sr Sanchez Teruel se ha comprometido a que la resolución del proyecto Complementario estuviera en 15 días aproximadamente”. 
El proyecto Complementario, valorado en unos 19 millones de euros, era claramente ilegal según la OLAF ya que, según los regantes, se trataba de “una subida encubierta del presupuesto, pero como condición Teruel nos dijo que debía ser adjudicado a la UTE liderada por el Grupo Abengoa”.  Nueve meses antes, el 7 de agosto de 2008, Sanchez Teruel también visitó a la CCRR para el mismo asunto. Toda esta documentación de la Junta General - grabación incluida- está aportada al sumario. Es, por tanto, falso que Teruel no se reunió “nunca” con los regantes.

La hipótesis


Llama la atención en el informe de la OLAF que se diga, negro sobre blanco, que lo sucedido en el ´Caso Marismas´ podría haber ocurrido en otras grandes obras financiadas por la UE en Andalucía e invita a la Justicia a investigar. Los investigadores de la GC, por tanto, trabajan ya en la hipótesis de que podría existir una trama política, vinculada al PSOE y tutelada entre otros por políticos socialistas de Almería, que habría posibilitado el desvío de fondos, no se sabe muy bien hacia donde, siempre con la complicidad de las empresas adjudicatarias intervinientes. 

ANDALUCÍA: 23 DE MARZO, POR LA MAÑANA

Se confirma el adelanto electoral en Andalucía para el domingo 22 de marzo. Faltan pues dos meses escasos para que los andaluces seamos los primeros españoles en estrenar urnas en la España electoral del año 2015. Se cumplen pues los pronósticos que vaticiné en mi última crónica en Publicoscopia el pasado 15 de enero.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, según todas las previsiones, firmará este lunes 26 de enero el decreto de disolución del Parlamento de Andalucía. Y lo hace, según sus propias palabras, por inestabilidad en su gobierno de coalición con IU. También por falta de confianza en sus compañeros de viaje. La primera razón, la ausencia de estabilidad, no es del todo cierta. El actual gobierno andaluz, con tres consejeros comunistas, es una balsa de aceite, con los presupuestos de 2015 aprobados y una hoja de ruta - leyes pactadas- que ninguno de los socios ha denunciado unilateralmente. El segundo argumento, la desconfianza, es la única verdad que subyace en este adelanto, aunque no la única. El liderazgo de Alberto Garzón, dirigente muy en linea con el actual coordinador general de IU en Andalucia, Antonio Maíllo, sus declaraciones y sus carantoñas a Podemos, han sido la espoleta final para que Díaz opte por disolver la cámara autonómica.
Además, se sabía que la coalición de izquierdas tenía planificada su ruptura estratégica con el PSOE para el mes de junio; todo ello en el contexto de un referéndum interno cuyo resultado era más que previsible para una militancia de base que no ha acabado de entender el papel de comparsa de IU y, lo que es peor, temiendo el efecto electoral del abrazo del oso, posiblemente con los mismos efectos negativos que obtuvo el andalucismo de Rojas Marcos tras dos legislaturas de muleta de Manuel Chaves. Hoy el Partido Andalucista es una fuerza residual y fuera del arco parlamentario. El calendario electoral en el Estado, la irrupción demoscópica de Podemos, la fragilidad del PP andaluz de la mano de un líder no consolidado y la debilidad interna federal del propio PSOE, han sido los otros argumentos clave que , sin duda, han pesado para que Susana Díaz haya optado por una arriesgada operación personal de adelanto.
El cansino argumento de la clac socialista de que Susana toma la decisión que mejor conviene a los intereses de los andaluces, a la vista de todo esto, se convierte en una afirmación de manual y, desde luego, nada creíble. Entre otras razones porque aquí parece que nadie ha pensado en el 23 de marzo.
PP y Podemos, los más perjudicados.
Pero vayamos por partes. Adelantar la apertura de urnas andaluzas por delante de las municipales y autonómicas del 143 en el resto del Estado, obedece a dos razones fundamentales. La primera no permitir que las “raíces vigorosas” del PP, se transformen en Andalucia en la gran baza electoral de la derecha. Todo ello con un PP andaluz descabezado y sin liderazgo. Juanma Moreno Bonilla no se ha consolidado como tal tras un año en el cargo, impuesto por Mariano Rajoy como presidente del partido. Las estimaciones más optimistas apuntan a que los populares podrían obtener no más allá de los 37 escaños en estos momentos en Andalucía, tras haber ganado (sin mayoría) las elecciones en 2012 con Javier Arenas al frente.
El fenómeno Podemos también ha pesado en la decisión. Susana Díaz, sabedora de que el partido de Pablo Iglesias no tiene infraestructura aún en la región y que el sector troskista aparezca como la cara visible del movimiento, ha creído posible pinchar el globo de Podemos en el sur, demostrar que es un bluf y, de alguna manera, aguarle la fiesta estatal a Iglesias y sus correligionarios desde Andalucía. No obstante, dadas las expectativas creadas por Podemos, es casi segura la entrada de esta formación en el Parlamento andaluz, aunque no se sabe con cuantos escaños. En todo caso todos dan por segura la consecución de grupo parlamentario, fundamentalmente a costa de IU, a la que evidentemente también beneficia celebrar elecciones cuanto antes, por mucho que cultive el victimismo de la deslealtad política.
Y finalmente la situación interna federal del propio PSOE de Pedro Sánchez. Se sabe, por activa y por pasiva, que Diaz no respalda ya a quien aupó en las primarias a la Secretaría General del partido. También que los barones históricos han seguido, bajo encinas extremeñas, con sus cantos de sirena jaleando a la lideresa andaluza para que de el salto a Madrid y se imponga. Convocar elecciones el 22 de marzo, además, supondrá la obtención de un pasaporte que hoy no tiene Diaz para hacerse, llegado el momento, con las riendas del partido.
La noticia de su embarazo, tras un tratamiento de fecundación in vitro que parece que podría acarrear la gestación de mellizos, aleja la tesis que muchos mantienen sobre un asalto inminente de Diaz a Ferraz. Ni siquiera hay quien la ve optando a primarias frente a Sanchez. Algunas fuentes socialistas cercanas a la presidenta dejan entrever, especulan mejor, con la posibilidad de que Susana apoye para ese papel a otra candidata, Carme Chacón, a la que ya respaldó junto a Griñán cuando la frustrada renovación contra Rubalcaba y que perdió por escasos votos. Siempre según esta hipótesis, Susana Díaz, con cuarenta años, sabría esperar acontecimientos y, de paso, cumplir con su compromiso con el electorado andaluz que la vote en marzo y permanecer en Andalucía, aunque no le otorguen las encuestas mayoría absoluta.
Pero el gran problema, la verdadera inestabilidad política del gobierno de Andalucía, aparecerá sin duda el lunes 23 de marzo. Si hacemos caso a las previsiones que arrojan los sondeos, ni el PSOE obtendrá mayoría absoluta y, lo que es peor para ellos, ni siquiera parece que pueda reeditarse la coalición con IU. Ojo, no porque la coalición esté hoy dolida por la ruptura unilateral de Susana Diaz, sino porque sumando los escaños resultantes es muy posible que ambas formaciones no tengan la mayoría para formar gobierno estable. De tal forma que, para que la izquierda siguiese gobernando en Andalucía, harían falta los votos de Podemos, algo que, a día de hoy, aparece como una hipótesis bastante imposible o inviable. Y un pacto PSOE-PP, tal y como en estos días ha pedido sin éxito para evitar el adelanto el líder Bonilla, se hace impensable, sobre todo porque esa posible alianza tendría consecuencias letales para el PSOE en las municipales, autonómicas e incluso en las generales. Que, por cierto, muchos temen que Rajoy pague al PSOE con la misma moneda andaluza y proceda también al adelanto de las mismas.
Por tanto, a la vista del panorama, puede concluirse que el adelanto electoral andaluz, motivado oficialmente por una presunta inestabilidad en el gobierno de la Junta, lo que traerá con toda seguridad es una incertidumbre política de primer orden en Andalucía el 23 de marzo, por la mañana.

lunes, 19 de enero de 2015

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ALMERÍA: UNA FOTO Y MIL PALABRAS

Concentración en favor de la Libertad de Expresión,
convocada por la Asociacion de Periodistas de Almería, a raíz del
atentado contra Charlie Hebdo en París.


Observen bien la foto. O mejor dicho, fíjense en las caras de quiénes aparecen en primera fila en esta instantánea para la historia local de Almería. (Pinchen sobre ella para verla más ampliada). La imagen está tomada en pleno centro, junto a Los Lápices de La Rambla y se obtuvo durante la concentración convocada la pasada semana por la Asociación de Periodistas de Almería, tras el criminal atentado yihadista en París contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo.
Llevo una semana dándole vueltas a la imagen para comentarla y, cada vez que la observo más me ratifico en mi percepción de los altos niveles de corrupción - camuflada de muchas maneras- que afecta a nuestra sociedad actual.
El artículo publicado este lunes por el Director de Ideal de Almería, Angel Iturbide, titulado “No todos son Charlie”, me ha animado a meter palo en candela y comentarles la dichosa fotografía de la que, como periodista, me avergüenzo profundamente.
Miren las caras. Los caras de primera fila. Especialmente la de Amat,  cargo público con el pasquín situado en zona testicular, a la altura del arco del triunfo, por donde se pasa habitualmente el derecho de la Libertad de Expresión en su gestión pública.
Un presidente de la Diputación que, usando fondos de los impuestos de todos, es el primer liberticida de Almería a la hora de socavar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, incluso la crítica a la que una gestión pública debe de estar sometida.
Una breve auditoría de los millones de euros destinados anualmente por Gabriel Amat y su equipo del PP en Diputación o en el Ayuntamiento de Roquetas a la denominada publicidad institucional, nos demostraría de inmediato el sectarismo y la escasa vergüenza política a la hora de premiar o castigar a determinados medios de comunicación. Las armas de este y otros políticos de su calaña no matan a los periodistas como en París, pero asesinan lentamente a unas empresas periodísticas que, o entran por el aro, o se ven condenadas a no percibir lo que legalmente les correspondería en base a sus respectivas audiencias. 
Y en esa fórmula cortijera, no lo olvidemos, las primeras víctimas son los propios profesionales del periodismo que se ven obligados a “tragar” negro por blanco - incluso mentir sin firmar- si quieren mantener su puesto de trabajo. Y las segundas víctimas son la propia sociedad, los ciudadanos, a los que se les secuestra el derecho a recibir una información veraz y libre.
Pero sigamos con la foto. A su lado, ceja arqueada, el incombustible Javier Arenas, el político andaluz que, con mando en plaza, más cabezas de periodistas ha cortado en los últimos años. (Y sé de lo que hablo). El hombre que, dada su posición preeminente en la cúpula del PP desde los tiempos de Aznar, no ha dudado en maniobrar en las sombras ante las cúpulas mediáticas  madrileñas pidiendo despidos o ceses de profesionales del periodismo andaluz, mientras que en público se desgañitaba acusando a los socialistas de manipular la radio y la Tv en Andalucía. El mismo político que, creyéndose ya presidente de la Junta, despreció comparecer  ante las cámaras de Canal Sur TV en unos de los programas electorales de la campaña de 2012, no sin antes arremeter despreciativamente contra los profesionales del ente público. Su mirada en la foto parece perdida, ido, como preguntándose que coño hacía él allí, en una convocatoria de profesionales de la información y defendiendo la Libertad de Expresión, un derecho que tanto ha combatido Arenas en su  dilatada vida política. 
Inmediatamente a su izquierda, con el pasquín a la altura del estómago, el alcalde de Almería Luis Rogelio Rodriguez Comendador. Un tipo políticamente gris, que se suele presentar como “un mandado”  (de Amat)  para justificar su complicidad a la hora del reparto del dinero de los almerienses a los medios de comunicación. Pero no nos engañemos, una práctica liberticida de la que no solo es cómplice Rodríguez Comendador, sino de la que se beneficia política y personalmente.
En la concentración también estuvieron pero más discretos, sin capitalizarla como hizo el PP, los dirigentes del PSOE con José Luis Sánchez Teruel a la cabeza. El mismo político que es capaz de vanagloriarse públicamente  de que, gracias a sus presiones, a un periodista le levanten un artículo incómodo donde, con documentos, se narraba su implicación en la supuesta desaparición de 40 millones de euros públicos en el Caso Marismas, investigación donde la Guardia Civil pide su imputación. El mismo político que ni se ha coscado cuando su protegido, el alcalde de Albox y ex número cuatro regional del partido, ha salido anunciando querellas contra informaciones tan incómodas como veraces.
Pero lo más sorprendente de todo no es la presencia de políticos que intenten chupar cámara, demostrando menos vergüenza que un gato en una matanza; lo más insólito es que los periodistas convocantes del acto hayan permitido semejante espectáculo, no desmarcándose claramente y colocando a los políticos en la segunda o tercera fila, en el sitio que les correspondía en esa concentración junto a los lápices de la libertad. Máxime cuando todos ellos, los periodistas presentes y ausentes, saben - sabemos- a la perfección quiénes son los responsables de la metástasis que corroe desde hace años a la Libertad de Expresión en Almería. Algo, no lo olvidemos, que la sociedad ha percibido hace tiempo con toda nitidez y posiblemente lo demuestre en las urnas.

La Asociación de Periodistas de Almería, su directiva actual y su presidenta a la cabeza, debiera meditar seriamente sobre el papel institucional que están jugando en el momento presente, ante la sociedad a la que debemos servir los periodistas, donde la calle reclama regeneración y limpieza en las reglas del juego democrático. Aún a riesgo de no poder celebrar agasajos postineros anuales, subvencionados por políticos y empresarios, con motivo del día del patrón y gratis total. La complicidad, muchas veces, es más grave que la propia autoría del delito, porque los cómplices podrían haberlo evitado o, al menos, denunciado como es el caso de los periodistas.