domingo, 24 de mayo de 2015

CAMPAÑA SUCIA Y CACERÍA A C´s EN NÍJAR


A-92, IDEAL de Almería,
Domingo 24 de mayo de 2015



Esta última campaña electoral pasará a la historia como una de las más sucias que ha conocido la  joven democracia española. Menos los asuntos de alcoba, cierta clase política ha recurrido a casi todos los mecanismos más despreciables para socavar la credibilidad del contrario. Hubo días, especialmente al final de la quincena de rigor, en los que para muchos combatientes el fin justificaba los medios. En esta campaña, también, hay quien no ha dudado en recurrir a la utilización de las instituciones para lograr sus objetivos, llámese Agencia Tributaria, Tribunales de Justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad o los presupuestos públicos.
Además hemos asistido a una despreciable práctica, la compra de votos, que nunca antes habíamos sufrido de forma tan impune y escandalosa en el sistema electoral español. Sabíamos que en muchos pueblos el alcalde de turno se fijaba cada cuatro años una visita obligada a las monjitas del geriátrico local a las que entregan los sobres con las papeletas del partido gobernante. Las cuidadoras, con hábito o no, con el DNI de los ancianos allí residentes, se encargaban de todo lo demás. Pero estas prácticas, tan conocidas como aisladas, se han generalizado fuera de los muros de las residencias de ancianos y se han dirigido esta vez de forma especial a la gente más necesitada y afectada por la crisis económica. Una mina de votos desesperados. 
Las denuncias públicas han ido apareciendo en esta campaña por casi toda la geografía española. En los anales del Youtube, para siempre, quedará la escena vivida en la oficina de Correos de Melilla donde una señora entregaba un enorme paquete de votos por correo que, una funcionaria de la administración postal, ocultaba con complicidad de inmediato para que no lo fiscalizaran quienes estaban allí grabando y esperando confirmar las sospechas de fraude. Hasta el número 6 de la lista del PP en Melilla se vio obligado a dimitir tras ser pillado in fraganti dirigiendo este tipo de prácticas.
En este capítulo Almería ha brillado con luz propia tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía y la Junta Electoral por parte del candidato socialista en la capital Juan Carlos Pérez Navas. Con gran lujo de detalles, el PSOE, desgranaba una serie de evidencias, nombres, apellidos y direcciones, que les conducían a suponer o sospechar que desde el ayuntamiento de Luis Rogelio Rodríguez Comendador se estaban “comprando votos” en determinadas barriadas de la ciudad. Puestos de trabajo, concesiones en mercadillos  y otras prebendas, podrían ser la mercancía utilizada para condicionar la voluntad de ciudadanos para elegir la papeleta del PP. De confirmarse esta y otras denuncias sobre supuestas compras de votos, estaríamos asistiendo a una de las prácticas caciquiles más deleznables en un sistema democrático. Lo que nos faltaba.
En aras a la limpieza de nuestro proceso electoral es necesario exigir urgentemente a los funcionarios de Justicia -jueces y fiscales- que actúen con celeridad, rigurosidad y, llegado el caso, con ejemplaridad aplicando las leyes vigentes a los delincuentes que resulten responsables. Como respuesta a esta denuncia, desde el equipo de gobierno del PP, se anunció una inmediata querella “por injurias, calumnias y denuncia falsa” según el concejal Carlos Sánchez, citado nominalmente como uno de los que habrían protagonizado estas prácticas en Almería.

Níjar: a por C´s.

Como se apuntaba el juego sucio ha irrumpido descaradamente y uno de los ejemplos más cercanos lo tenemos en Níjar contra el candidato de Ciudadanos en la localidad Juan Jesús Martínez López. Un informe de la Policia Local de Almería, fechado el día 21 de mayo, era filtrado ese mismo día a la agencia Europa Press y al diario La Razón. En ese documento policial se denunciaba que Martínez tenía alojados en una nave de su finca a cerca de una veintena de inmigrantes, algunos sin papeles, sin medidas de salubridad y a los que, además, cobraba 30 euros mensuales. Una indecencia, vamos.
Según cuenta el político afectado la historia es completamente falsa y explica documentalmente el por qué de su afirmación. En primer lugar ni la finca ni la nave son suyas. Fue de su familia y en la actualidad es propiedad de Unicaja que procedió a su embargo hace años. En segundo lugar  Martínez lleva dos años denunciando ante el Ayuntamiento de Níjar, Subdelegación del Gobierno y AASS en Diputación, el caso de los marroquíes que viven hacinados en la nave de la finca vecina.  Un documento fechado el 31 de mayo de 2013, con Registro de Entrada -9415- en el Ayuntamiento de Nijar, así lo demuestra. Nunca, ninguno de los responsables de estas instituciones, dieron respuesta a la problemática planteada. Su cordial relación con las personas acogidas se limita a “razones humanitarias”, al permitirles tomar agua del pozo en la finca de su propiedad y sin contrapartida económica - dice- “salvo que de forma simbólica me inviten, charlando con ellos, a tomar cafe o unas cervezas de vez en cuando”.
Tras la polvareda levantada por la escandalosa “noticia” sobre el candidato de Ciudadanos en Níjar, Juan Jesús Martínez está convencido de que ha sido víctima de una cacería política en toda regla por parte del PP almeriense. De hecho recuerda que la policía se personó en el lugar poco después de que el Primer Teniente de Alcalde le visitara y le plantease que, llegado el caso, el PP contaba con el voto de C´s para seguir gobernando el Ayuntamiento de Nijar, a lo que Martinez respondió como venía haciendo en sus actos electorales “que se olvidaran de pactos de C´s con el PP el día después”. Martinez sostiene, además, que según le han contado los trabajadores inmigrantes, los agentes actuantes les propusieron que denunciasen a Martínez; “como vamos a morder la mano que nos da de beber” dice que fue la respuesta dada por los marroquíes a los policías locales de paisano.
El candidato de C´s responsabiliza directamente al subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, de haber permitido esta “sucia maniobra” contra él. Y añade crípticamente y sin dar mayores explicaciones: “El señor García Lorca, que está al corriente de todo esto desde hace mucho tiempo, me ha demostrado que no es un patriota y él sabe muy bien a qué me refiero cuando le niego ese honor; él lo sabe y también debe saberlo la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría”.
Termino suscribiendo las palabras del flamante Premio Princesa de Asturias, el humanista andaluz Emilio Lledó -“ojalá este domingo regrese la decencia”- y les deseo que mediten y voten bien este domingo, de acuerdo - solo- con su conciencia de demócratas.




LA CUAJADERA:



La vida seguirá (casi) igual tras el 24M

-Si algún político, incurso en procedimientos judiciales por corrupción, considera el resultado de las urnas en el día de hoy como una absolución, estará completamente instalado en un gran error. Las urnas, puestas como están las cosas, no dictan sentencias absolutorias. Un ejemplo  es lo que sucedió con Jesús Gil en Marbella.

-El caso del Mesón Gitano ha empezado a reventar con todo lujo de detalles ante la opinión pública esta semana. El conocimiento del contenido del sumario nada ha tenido que ver con el desarrollo de la campaña. Se trata de una coincidencia circunstancial ya que la causa lleva su propia dinámica en el Juzgado desde que el Colegio de Arquitectos y UPyD Almería denunciaran hace años una adjudicación plagada de irregularidades. Pero el asunto, por lo que se lee en las actuaciones, no se circunscribe solo al ayuntamiento de Almería. Aparecen indicios más que suficientes que demostrarían la putrefacción del sistema de adjudicaciones de obras públicas donde aparecen implicados altos funcionarios, empresarios y políticos del PP almeriense. 

-El juez de Huercal-Overa sigue instruyendo el caso de la adjudicación de la obra de la Rambla de Albox. Y ha empezado, lógicamente, a tomar declaraciones por la base de la pirámide del escándalo con dinero público. Tras comparecer como testigos el alcalde de Arboleas, socio del dueño adjudicatario de la empresa Alcaína y su prima como concursante fantasma, esta semana fueron llamados, también como testigos, la Secretaria y el Interventor municipal de Albox. Fuentes jurídicas aseguran que los próximos comparecientes lo harán ya en calidad de imputados y, entre ellos, el dueño de Alcaína- participada por familiares del actual primer Teniente de Alcalde socialista-, el ex alcalde socialista y, posiblemente, quien firmó fantasmagóricamente el acta de adjudicación en calidad de Secretario Municipal en funciones.

-En el entorno de Susana Díaz sorprendió y mucho lo sucedido con la desigual asistencia a sus dos últimos actos electorales en Almería. Media entrada en el Cervantes y lleno total en Adra, máxime cuando ambos eventos estaban organizados desde la Agrupación Provincial siendo Sánchez Teruel orador destacado en ambos. A la presidenta se le informó privadamente que dicho contraste obedecía a un claro boicot desde el provincial, parece que con la intención de debilitar orgánicamente a Juan Carlos Pérez Navas, uno de los dirigentes socialistas de Almería en los que Susana Díaz confía plenamente para tareas de futuro.


domingo, 17 de mayo de 2015

RAFAEL CATALÁ, EL MINISTRO TALISMÁN DE AMAT


A-92, Ideal de Almería,
domingo 17 de mayo de 2015


Un talismán es un objeto, figura o inscripción al que se le atribuyen poderes mágicos, que suele traer buena suerte a quien lo tiene en su poder. Así habría que definir la figura del ministro de Justicia, Rafael Catalá, si tenemos en cuenta los efectos balsámicos  producidos últimamente con su presencia en Almería, en la biografía judicial de Gabriel Amat, líder del Partido Popular.
Sus recientes viajes electorales a la provincia han coincidido con un rosario de decisiones judiciales que, en un plis plas, han servido para dejar inmaculada la imagen política del presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas. Ya pueden ir guardando los enemigos de Amat las esperanzas que muchos albergaban de ver repetido en Almería un Caso Fabra (Castellón) o un Caso Rus (Valencia). La señora de la balanza y los ojos vendados, siguiendo el pestilente corredor Mediterráneo de la corrupción, se ha parado en seco en Murcia, sin traspasar siquiera la linea administrativa que discurre por Cala Cerrada. 
Un preciado talismán el Sr Catalá que, con su mera presencia, ha hecho las veces de potente amuleto de la suerte. No me negarán las gentes del PP se ha hecho acreedor para que en el futuro su nombre quede perpetuado en mármol de Macael, en la fachada de la futura sede judicial de Roquetas, la misma que se ubicará en la Avda José Amat Benavides, en memoria del padre del Alcalde. ¿No le puso Juan Enciso una al ministro Jaume Matas en el Paseo Marítimo del Levante de Almerimar siendo ambos del PP? Pues eso. 

La baraka de Amat

Varios han sido los acontecimientos procesales positivos para Amat que, en pocas semanas electorales, han aflorado en Almería. El mismo 18 de marzo, día en el que Catalá, entre mitin y mitin, mantuvo reuniones con los agentes jurídicos y judiciales de la provincia, el fiscal firmaba un demoledor informe en el que, tras desmontar los argumentos de la defensa de Amat y reconocer la existencia de los delitos mantenidos por la acusación, acababa no oponiéndose el archivo provisional de la pieza separada de La Fabriquilla.
A los pocos días se conocía un descafeinado informe de la Udyco, referido a la Trama Amat, guardado desde febrero por la Juez, en el que se reconocía la existencia de un entramado de empresas vinculadas al alcalde, pero que desprendía un tufillo policial claramente favorable al archivo o al inicio de una nueva macro investigación; la misma que la Policia no ha querido o no ha podido realizar en casi veinte meses, tal y como había ordenado el Juzgado y pedido la Fiscalia del TSJA.
Unas semanas después, en mitad de la campaña para las municipales, una nueva visita de Rafael Catalá volvía a traer una vez más la baraka - suerte providencial- al líder del PP imputado. El ministro, que pisó el investigado Teatro Auditorio respaldando su candidatura popular, trajo de nuevo la fortuna judicial para don Gabriel. Pocas horas después del mitin un sorprendente auto de la Juez encargada del caso La Fabriquilla, la joven almeriense, dicen que “de buena familia”, Maria del Mar Alejo Rico, dictaba el archivo provisional de la causa, intentando con su firma levantar las imputaciones que habían durado meses. 
El denominador común de todas las actuaciones de la Justicia siempre ha sido el mismo: se reconoce la existencia de los delitos denunciados, pero en todas ellas quedaba de manifiesto la inexistencia de autor o autores de los mismos. Delitos en busca de autor, se podría llamar esta película en la tierra del cine.
Especialmente llamativo ha resultado el argumento base usado por la juez para desimputar a Amat y sus concejales: son “analfabetos en materia urbanística". ¿Y los técnicos asesores? Pues no ha podido acreditarse que la sentencia del TSJA, prohibiendo urbanizar diez solares, llegase oficialmente un día antes de que el ayuntamiento concediese las polémicas  e ilegales licencias según el TSJA.  Un Auto, han dicho desde IU - único partido que se ha mojado- “cogido con pinzas”.

Como Gil en Marbella

No obstante, pese a los tres días hábiles para recurrir, la acusación Amayt y Margarita Kaiser han decidido presentar recurso de reforma, susceptible de apelación posterior ante la Audiencia en caso de no ser aceptado por la juez. En ese supuesto, continuarían vigentes las imputaciones durante meses. El viernes pasado quedaba depositado en el Juzgado Nº 1 de Roquetas el correspondiente recurso donde se pretende desmontar, desde el punto de vista jurídico, el auto de archivo. Con abundante jurisprudencia al respecto - prevaricación urbanística por omisión- hace especial hincapié, entre otras cosas, en el hecho de que el Ayuntamiento, una vez conocida la sentencia del TSJA, no procediese a la suspensión de las licencias y, de inmediato, a una revisión de obligado cumplimiento, aseguran fuentes de Amayt, que anuncia que mantendrá su acusación hasta el final. Un caso, dicen, como el sucedido en Marbella con las licencias ilegales que daba Jesús Gil.
También desmontan la supuesta ignorancia de Amat en materia urbanística, recordando que, además de tener al Secretario Municipal, lleva 20 años de alcalde, ha sido miembro de la Comisión Provincial de Urbanismo, Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento y, además, empresario promotor con relevante actividad en el sector.
De todos los asuntos judiciales que penden sobre la cabeza de Amat, tan solo permanece en fase de investigación el referido a la trama societaria del alcalde, su familia y socios
La jueza ha remitido una Providencia a Fiscalia en la que le pide su pronunciamiento final o bien determine las diligencias a practicar. Dependiendo lo que diga el Ministerio Público, en caso de proseguir con las investigaciones del entramado societario reconocido por la Udyco, a Gabriel Amat le quedará, aprovechando su racha de buena suerte, echar mano nuevamente del ministro-talismán con motivo de la siguiente campaña electoral de septiembre para las generales y, quizás, nuevas autonómicas.



LA CUAJADERA:


Tras las bambalinas de la campaña

-“Analfabetos en materia urbanística”: “Es nuestra impresión- escribe el Fiscal- que dicha estrategia de defensa no resulta creíble. Basta con escuchar a los imputados hablar sobre Urbanismo y ver los años que llevan al frente de la Corporación Local - muy activa en esta materia- para concluir que saben perfectamente lo que hacen y el alcance de sus decisiones administrativas”. David Calvo López, Fiscal del ´Caso La Fabriquilla´.


-José Luis Sánchez Teruel camino de cinco imputaciones. Pero el líder socialista, que puede haber cometido errores - incluso delitos- no es sospechoso de haberse enriquecido personalmente, no como otros. Le han investigado a fondo su patrimonio y nada de nada. Son las paradojas injustas de la judicialización de la política o la politización de la Justicia, como prefieran.

-Zurgena, Santa Fé, Adra, Arboleas….  localidades donde se rumorean “limpiezas étnicas” tras el 24M, en el seno del PSOE, contra quienes han criticado, incluso en la intimidad de sus respectivas alcobas, a la Secretaria de Política Municipal Adela Segura.

-Así, militantes socialistas de muchos años, pueden verse expedientados y expulsados del partido por el que lucharon, defendieron y les acabó maltratando como una mala madre. Dicen, amargamente, que no son buenos tiempos para militar en el PSOE.

-Uno de los doce asuntos incorporados a la denuncia elaborada por el PSOE y que nunca se presentó en Fiscalía como pensaban, contra supuestos delitos del equipo de LRR-C en Almería, habla de una “caja B” en Urbanismo. ¿Quien se habrá beneficiado de ella? Quizás nunca lo sabremos.

-Al abogado Francisco Mellado, número dos del PSOE en Adra, le están dando la campaña sus opositores progresistas. Su cuenta de tuiter alberga infinidad de comentarios contra el PSOE y Susana Díaz. Pese haber bloqueado su cuenta a miradas indiscretas, las capturas de pantalla se han tomado virales por las redes. Él se ha defendido diciendo que fueron tuits de hace tiempo. Un año atrás, más o menos.

-En Zurgena un operario municipal de jardines, oriundo de Albox, se confesó ante el juez autor del robo y destrozo del coche del destituido  Secretario de Org. del PSOE, aparcado en la puerta de la sede socialista y con un teléfono que grababa la toma de la misma por la nueva Gestora. El delincuente ha sido condenado. Los viejos socialistas mantienen que el alcalde y actual candidato independiente del PSOE, Luis Díaz, fue visto momentos antes hablando con el operario. El teléfono no ha aparecido.


-La geografía judicial adversa contra el PSOE levanta sospechas en sus servicios jurídicos y en el aparato que, no obstante, guarda un extraño silencio. No es normal, dicen, que la Justicia actúe con tanta celeridad contra los socialistas y se dilaten o archiven las causas contra los del PP. El último en “caer” esta semana la sido el alcalde y candidato de Oria.

-La querella presentada por el ex Consejero Delegado del Real Betis, Luis Oliver, contra la Juez Mercedes Alaya ha recaído en el TSJA en la mesa del magistrado Juan Ruiz-Rico. En sus manos, se asegura, tiene que decidir sobre una querella “muy bien articulada, argumentada y documentada”. Veremos.


martes, 12 de mayo de 2015

LA GUARDIA CIVIL PROPONE A SÁNCHEZ TERUEL PARA CINCO IMPUTACIONES, ENTRE ELLAS PERTENENCIA A "GRUPO ORGANIZADO".




La Guardia Civil vuelve a insistir, un año después de una primera propuesta, para que José Luis Sánchez Teruel sea imputado por la Justicia en el ´Caso Marismas´.
Un total de cinco delitos- dos más que en abril de 2014- tipificados en el Código Penal, imputa la Unidad de Policia Judicial de la Guardia Civil al actual líder del socialismo almeriense, en el último atestado elevado la pasada semana al Juez instructor, tal y como el domingo avanzó IDEAL de Almería y al que ha tenido acceso este periódico.
Según el informe policial, que consta de más de doscientos folios, el actual dirigente del PSOE de Almería, siendo Director General de la Consejería de Agricultura, entre 2008 y 2009, habría podido cometer los siguientes delitos: Delito deTráfico de influencias. Delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Delito de fraudes y exacciones ilegales. Delito de coacciones. Y pertenencia a Grupo Organizado.

Siete nuevos implicados

Junto a Sánchez Teruel, en el mismo atestado, son propuestos para su imputación seis personas  más. De confirmarse las mismas por el Magistrado Instructor, el caso Marismas ya tendría imputados a un total de 28, entre técnicos, exmiembros de la Junta Rectora de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir (CRMG), empresarios, funcionarios de la Junta de Andalucia y cargos políticos de la misma durante la época investigada. De hecho, entre estos últimos, ya están imputados dos exdirectores Generales de regadíos, Francisco Ruiz y Tomás Martinez.
Como se recordará, en esta causa que desde hace dos años se investiga en Sevilla, se trata de averiguar las responsabilidades en el uso de unos 40 millones de euros públicos destinados a la mejora de los regadíos de las Marismas del Bajo Guadalquivir.
En este nuevo listado de personas propuestas para ser imputadas, además de Sánchez Teruel que disfruta del estatus de “aforado” ante el TSJA por ser diputado, aparecen mencionadas las siguientes personas:  Guillermo Bravo Macheño, que era Consejero Delegado de Befesa del Grupo Abengoa, actualmente en Abeinsa. Joaquin Mª Sanchez Mancha, como director de Obras de la CRMG, actualmente en la mercantil Wats. Salvador Cejudo Galán, como Jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural y en la actualidad Director de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Andalucía. Antonio Fiñana Guzmán, como Delegado Sur-Este de Befesa/Abengoa. Luis Hereza Diaz (Befesa), gerente de la UTE Riego-Marismas desde septiembre de 2008, actualmente en Abeinsa. Y Juan Bautista Peña López-Pazo, gerente de la UTE Riegos Marismas de junio de 2007 hasta agosto de 2008 y redactor del Proyecto Constructivo en esas fechas.

Las acusaciones a Teruel

En relación con los delitos presuntamente cometidos por el diputado almeriense del PSOE, el atestado policial, desgrana los motivos que concurren en los mismos.

Trafico de Influencias: “no nos queda la menor duda- se dice- de que esta persona presiona a la Junta de Gobierno de la CRMG y funcionarios adscritos a su DG, con el único objetivo de conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para la UTE Riegos-Marisma (Befesa-Alpi), en todo lo desarrollado en el ´mal llamado´ Proyecto Complementario, donde esa DG, da todos los pasos para conseguir informes favorables de los Técnicos de la Administración en un solo sentido y es aplicar el articulo 155 b de la LCSP, es decir, conceder una nueva subvención para financiar con dinero público algo ya subvencionado, con adjudicación directa a Befesa, por importe de más de 13 millones de €, cosa que no se llegó a realizar, por renuncia expresa de la actual Junta de Gobierno de la CRMG de esa subvención, pues tenemos el convencimiento de que se le hubiese otorgado, una vez están favorables los informes técnicos”.

Negociaciones prohibidas y abuso de poder: “aprovechándose de tal circunstancia- su cargo de responsabilidad- para facilitar la participación directa de la UTE Befesa-Alpi” tal y como queda recogido en un total de 8 testificales.

Fraude y exacciones ilegales: “Por tener una intervención directa por razón de su cargo en intentar que se realice una contratación pública, como era ese Proyecto Complementario y concertarse entre ellos con el único fin de conseguir defraudar a la administración pública, al subvencionar dos veces las mismas unidades en las obras”. Así como “permitir que Befesa enmascarara partidas importantes de dinero público en las certificaciones” por un valor de unos 21 millones “con la permisividad de esa Dirección General de Regadíos”.

Delito de coacciones: “por las amenazas y coacciones realizadas a la Junta Rectora de la CRMG” como dejan de manifiesto tres testificales “tres de las personas que asistieron a la reunión en la DG de Desarrollo Sostenible y Medio Rural donde se realizaron”.
Se hace constar, finalmente, que “no se procede a tomar las preceptivas declaraciones como imputado (a Sanchez Teruel), al ser esta persona AFORADA, por lo que informamos a Su Señoría de lo actuado sobre él”.

Pertenencia a Grupo Organizado:  También se le imputa estar integrado en “grupo organizado” junto a otras diez personas “debido a que tenía unos objetivos comunes entre todos, que es la obtención de un lucro ilícito por parte de un tercero, siendo evidente la división de funciones por su estructura, organizada y jerarquizada”.

S.Teruel: “no se ajusta a la verdad”

Según una Providencia dictada el pasado día 6 por el magistrado Gutiérrez Casillas, una vez tome declaración a los 21 imputados, procederá al estudio y análisis de las siete restantes planteadas en el último atestado policial. En caso de que el instructor considere que hay materia delictiva en las imputaciones policiales contra Sánchez Teruel, procederá a elevar una motivación razonada a la Sala Segunda del TSJA para que obre en consecuencia.

El 14 de octubre de 2013, el político almeriense, acogiéndose al derecho de rectificación tras las primeras informaciones periodísticas publicadas sobre este caso, argumentó entre otras cosas lo siguiente: “Que es inexacto y no se ajusta a la verdad como  se afirma, que exista un sumario judicial abierto por corrupción donde se esté investigando a D. José Luis Sánchez Teruel o se mencione a este como integrante de una trama de supuestas presiones (y comisiones), en relación con las obras de modernización de regadíos de la comunidad de regantes de las marismas”.

domingo, 10 de mayo de 2015

CASO MARISMAS: LA G.C. INSISTE EN QUE SE IMPUTE A SÁNCHEZ TERUEL


A-92 IDEAL de Almería,
domingo 10 de mayo de 2015.

El Caso Marismas sigue su curso. Esta semana la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil entregó al Magistrado Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado Nº 16 de Sevilla, un nuevo “atestado ampliatorio” con el número de referencia 2015-100426-00000047 de fecha 5 de mayo de 2015. El instructor, según una Providencia dictada el pasado miércoles día 6, ordenó que el extenso y completo informe policial se uniera “a los autos de su razón”.
Según las informaciones recabadas, en fuentes de absoluta solvencia conocedoras de la marcha de la instrucción, la UOPJ de la Guardia Civil en Sevilla, propone una nueva ristra de personas a las que se acusa de la presunta comisión de numerosos delitos y, por tanto, eleva al Juez la propuesta firme para que sean imputados o investigados. Se trata de siete personas que habría que añadir a las 21 que ya se hallan imputadas formalmente por el Juez desde marzo y a las que a partir de mañana se les tomará declaración en sede judicial. (Parece que las propuestas de imputación pueden seguir aumentando en los próximos meses). Siempre según las fuentes consultadas, en esta ocasión, se proponen para que sean imputados cinco altos ejecutivos de empresas implicadas en el caso, especialmente del Grupo Abengoa. También un exsubdelegado del Gobierno en Huelva y el diputado socialista por Almería José Luis Sánchez Teruel.

Tres delitos…

En efecto, el actual  Secretario General del PSOE de Almería, cabeza de lista al Parlamento andaluz el pasado 22M, está siendo investigado por su actuación en el Caso Marismas como Director General de Regadíos entre 2008 y 2009 en la Consejería de Agricultura y Pesca, dependiendo del entonces consejero almeriense Martín Soler Márquez.
Sanchez Teruel, hace un año, tal y como avanzó IDEAL de Almería el 4 de mayo de 2014, ya fue acusado en un primer atestado de la Guardia Civil proponiendo entonces su imputación en el procedimiento.
El parlamentario, que disfruta de aforamiento ante el TSJA, fue señalado por la policía judicial por la presunta comisión de tres delitos muy concretos: “Negociaciones y Actividades Prohibidas a los Funcionarios Públicos, Abuso en el ejercicio de sus Funciones y Tráfico de influencias.”
A raíz de aquel primer atestado policial, dada la complejidad de los delitos a investigar, así como el numeroso grupo de personas bajo sospecha, el magistrado tomó la prudente decisión de reordenar la investigación y mandó a la Guardia Civil partir de cero, paso a paso y año a año.
En aquel primer atestado acusatorio se afirmaba literalmente que, según el ex Gerente de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, Jorge Liranzo Campos, “en agosto de 2008, D. Carlos J. Rodriguez, de la Consejería, viene a la Comunidad presionando, indicando que se iba a partir la baraja, para que se acepte el proyecto constructivo de BEFESA (Grupo Abengoa)” y que “el proyecto lo firmó D. Diego García Santos por imposición de la Consejería, que vino el Jefe del Servicio, con Antonio López, y que se firma al final por imposición del Sr D. José Luis Sanchez Teruel, quien en una ocasión amenazó con paralizar y eliminar cualquier ayuda; igualmente es la Consejería quien monta otros 7 millones para el Proyecto Complementario y que el dinero era para Befesa”. Continua diciendo que “el Sr Sanchez Teruel, D. Carlos Rodriguez, la secretaria, el Moro (Juan Carlos) y Mariano Garamendi, llegan a un acuerdo para firmar una certificación, la 39, con más de 1,5 millones de euros de lo que le corresponde a la misma.” 

…y un cuarto delito: “grupo organizado”.

A lo largo de estos últimos doce meses los investigadores, tras una más exhaustiva investigación, reuniendo pruebas, testimonios y evidencias, no solo se ratifican en sus acusaciones iniciales contra Sánchez Teruel, sino que, según mis fuentes, añaden un nuevo delito del que deberá responder el político almeriense: “pertenencia a grupo organizado”.
Los dos predecesores de Sánchez Teruel en la Dirección General, los socialistas Francisco Ruiz y Tomás Martinez, ya se encuentran imputados judicialmente en esta causa, acusados de otros delitos distintos.
El pasado día 23 de marzo, lunes, horas después de que se cerraran los colegios electorales, el máximo responsable del socialismo almeriense recibió una llamada telefónica de agentes judiciales que le agrió la fiesta postelectoral y, también, su particular celebración con motivo de la publicidad dada a los 21 imputados propuestos por Fiscalia y donde no aparecía su nombre. Algo que Teruel utilizó internamente para “vender”, eufórico, que nada tenía que ver con el caso Marismas.
El motivo de la llamada a Teruel era para citarle a declarar en las dependencias policiales en Sevilla. Parece que con voz trémula, el político de Chirivel, respondió preguntando a quien le llamó si no sabía cual era su situación. Tras la respuesta negativa al otro lado, argumentó Teruel que él era vocal suplente de la Diputación Permanente y que, por tanto, seguía estando aforado y que debía ser el TSJA el que le convocase.
Así, además de los cuatro exconsejeros “aforados express” por los EREs, hubo un desconocido quinto diputado socialista que se salvó de una comparecencia ante la Justicia ordinaria para exponer formalmente sus explicaciones, las mismas que desde hace casi dos años viene dando públicamente sobre su no participación ni responsabilidad en el escándalo de corrupción del Caso Marismas.
Una vez concluidas en los próximos días las declaraciones de los 21 imputados iniciales, el magistrado estudiará las nuevas propuestas de esta semana y, en caso de hallar solidez en las pruebas acumuladas contra Teruel, elevará una exposición razonada a la Sala Segunda del TSJA para que proceda en consecuencia.
Posiblemente avanzada esta semana, tanto las partes personadas como la opinión pública, conocerán con detalle las acusaciones policiales - avaladas por el fiscal- que pesan sobre el único político en activo que aparece implicado en el sumario de Marismas.  (También se conocerán las grabaciones que constan en el sumario). 
De confirmarse finalmente su remisión a Granada, la presidenta Susana Díaz ya no podrá presumir de que en su bancada “no hay ningún imputado” tal y como proclamó orgullosa en el reciente y frustrado debate de investidura, donde, por cierto, anunció un potente paquete de medidas anticorrupción antes nunca visto en España.

LA CUAJADERA

1. El ministro de Justicia

Rafael Catalá, ministro de Justicia del Reino de España, se sigue cubriendo de gloria. Tras su metedura de pata planteando imponer la censura a los medios que publiquen sumarios sobre corrupción, el viernes dio otro traspié político de los que no pasan desapercibidos. Acudió a Roquetas a respaldar a Gabriel Amat como candidato del PP, imputado por presuntos delitos urbanísticos en el caso de La Fabriquilla. Y lo hizo en el escenario del Teatro Auditorio cuya construcción está bajo sospecha judicial al haber costado un 120% más de lo presupuestado - ilegalmente según el TSJA- y estar investigándose, además, el supuesto pago de millonarias comisiones a funcionarios y al PP con cargo a esa obra del teatro en el denominado Caso Hispano Almería.
Tras la penúltima visita de Catalá a Almería, en la campaña autonómica, se produjo una muy discutida decisión de la Fiscalía pidiendo la desimputación de Amat en la Fabriquilla y el archivo del caso Auditorio. A ver qué pasa ahora con la imputación que, a día de hoy, mantiene la jueza de Roquetas.

2. El PSOE tiene miedo.

Miedo, mucho miedo es lo que ha demostrado el PSOE al no acudir como tenía previsto desde hace meses a la Fiscalía a denunciar la comisión de supuestos delitos de corrupción graves -  más de una docena- que habría cometido el equipo de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. La denuncia, redactada hace tiempo y que podría tener una extensión de unos sesenta folios, está acompañada por unos quinientos documentos que demostrarían graves irregularidades del equipo del PP en el ayuntamiento de la capital. Fuentes regionales del PSOE han confirmado, además, que los servicios jurídicos del partido en Sevilla supervisaron dicha documentación, dando su visto bueno a la misma.
Al final, tras haber fijado internamente la fecha de presentación de la denuncia, con luz y taquígrafos, han optado por no hacerlo y guardarla en el cajón. Una muy discutible decisión política que, sin duda, deja a los pies de los caballos al candidato Juan Carlos Pérez Navas y su discurso en favor de la regeneración y la transparencia en la gestión del ayuntamiento capitalino.

3. Cazorla sigue.

Ciudadanos ha decidido que su candidato en Almería continue como tal, rechazando que deba dimitir del cargo tras conocerse una segunda imputación - “delito societario”- y una tercera denuncia - por “alzamiento de bienes”- ya que son asuntos de su “ámbito privado” y no corrupción política. Sorprende esta decisión final del partido que se ha convertido en ariete anticorrupción en Andalucia. Y llama la atención porque la primera imputación que padeció Miguel Cazorla - “apropiación indebida”- de la que salió airoso al archivarse, motivó su dimisión temporal y también era un asunto de su “actividad privada” como empresario del sector agrícola.


domingo, 3 de mayo de 2015

CIUDADANOS, LA CORRUPCIÓN Y CAZORLA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 3 de mayo de 2015


El viernes primero de Mayo, por la tarde, el partido Ciudadanos lanzaba una nota de prensa, deliberadamente ambigua, que suponía el primer rayo de luz en el embrollo en que se ha convertido la investidura de Susana Diaz. “PSOE acepta el pacto anticorrupción de Ciudadanos”, titulaban la comunicación. “La firma de este pacto- se decía- supone el abrir un espacio de diálogo donde C´s planteará sus propuestas y proyectos sobre acuerdos puntuales que afecten a reactivación económica, políticas sociales, sanidad, educación, regeneración democrática, entre los principales asuntos”. La firma del mencionado pacto, se añadía, era la “condición imprescindible” para abrir este proceso, pero no para hablar de gobierno “ya que Ciudadanos no entrará en un gobierno que no presida”.
Finalmente, tras recordar que a la mañana siguiente (ayer sábado) iban a mantener una reunión con el PSOE para hablar sobre todas estas cuestiones, la nota de C´s ponía en boca de su líder regional Juan Marín que “de momento” nada ha cambiado con respecto a “nuestro voto negativo a la investidura” de Susana Díaz.
Con una calculada ambigüedad C´s empezaba diciendo que se había desbloqueado la “condición imprescindible” para entenderse con el PSOE. Y terminaba manteniendo el suspense - “de momento”- respecto al apoyo a la investidura. Lógico que digan una cosa y párrafos después la contraria; máxime en vísperas del arranque de una negociación en la que, tras aceptar su famoso decálogo, el único armamento que les queda es decidir si abstenerse, votar en contra o a favor de la candidata socialista.
El anuncio del acuerdo entorno al decálogo contra la corrupción en la vida publica andaluza daba pie a aventurar la posibilidad de que finalmente C´s sea el grupo que permita al PSOE-A gobernar la Junta con apoyos puntuales. Y, para llegar a ese punto, es más que lógico pensar que ayuden al desbloqueo de la investidura.
Mañana se abrirá el salón de plenos y comenzarán los intentos de investidura de la presidenta Díaz, algo que el PSOE viene dando por hecho desde hace días, frente a una oposición en bloque cuya posición en contra hacía presagiar muchas más rondas, incluso dentro de la propia campaña electoral que comienza el próximo viernes. Pero tras el principio de acuerdo del viernes con C´s cabe preguntarse si no está sobradamente justificada  la euforia socialista anunciando que sacarán la investidura adelante y antes de las previsiones vaticinadas por la oposición.

C´s:  la casa sin barrer.

Resultó enormemente paradójico que el mismo día que el partido de Rivera sacaba pecho presumiendo de que el PSOE había aceptado su famoso decálogo anticorrupción, un periódico digital de gran audiencia -El Confidencial-  publicaba con gran lujo de detalles el caso del líder de Ciudadanos en Almería, Miguel Cazorla, y del que los lectores de IDEAL de Almería tuvieron puntual información en esta sección el pasado 12 de abril. Bajo el titular “El candidato de Ciudadanos por Almería está imputado por delito societario”, el periodista Agustín Rivera, desgranaba las circunstancias que han convertido al ex concejal del GIAL y actual candidato de C´s a la alcaldía de la capital en un habitual de la crónica judicial. Hace unos meses, nada más ser proclamado candidato, se supo que pesaba sobre él una imputación por supuesta “estafa” o apropiación indebida dimitiendo como candidato, aunque nominado nuevamente tras resultar archivada la causa. Según se ha publicado ahora, salió indemne del trance judicial porque no se presentó a la vista don Diego Morales Fernández, presidente de Agrieco, nombrado en su día por Cazorla y por hallarse este en paradero desconocido. Aquel traspié político y judicial pasó, pero un nuevo procedimiento abierto contra Cazorla en el Juzgado Nº 1 de Almería, hace un año y del que no tenía noticia el partido, ha vuelto a ensombrecer la carrera política del líder almeriense de los ´naranjitos´. Esta vez la imputación que pesa sobre él es por presunto “delito societario, falsedad documental y apropiación indebida”. Todo ello habría sucedido entre los años 2003 y 2010 siendo presidente de la SAT  Agricultores Ecológicos de Almería.  La causa sigue abierta.

Desahucio y tercera denuncia

Por otra parte, una mercantil de Cazorla, Explotaciones Rambla Santos S.L., fue desahuciada por impago de alquileres, petición que se formalizó por Gonzalo Sánchez Moreno de Pechina ante el Juzgado de 1ª Instancia (Nº 3) de Almería el 26 de abril de 2013. Posteriormente fue presentada ante el Juzgado de Instrucción una denuncia por supuesto “alzamiento de bienes, insolvencia punible y un delito de daños” contra el Sr Cazorla por el estado en que quedó la finca arrendada y por no haber hecho frente a sus deudas “por insolvencia”. El asunto sigue también abierto en instancia judicial. Pero C´s parece que estos asuntos no los considera corrupción política, sino cuestiones de índole privada - como argumenta el PP en el caso Rato- por lo que, seguramente, le mantendrán como candidato.
Cazorla envió el 18 de diciembre de 2014 un correo electrónico en el que anunciaba la presentación ante las instituciones de un “pacto contra la corrupción en Almería” y expresaba su compromiso de “expulsar inmediatamente de la vida política a cualquier persona que se vea salpicada por la sospecha fundada de haber incurrido en una conducta ilícita o irregular”. Decía también que era necesaria la separación del imputado del cargo público. “Somos ante todo un partido político que queremos regenerar la vida política de esta provincia, de esta ciudad de Almería y de esta nación que es España.”





LA CUAJADERA



Rambla de Albox

El Fiscal decano de Huércal-Overa, Juan Sánchez, ha judicializado la denuncia presentada en su día por el portavoz del PP en Albox, Juan Pedro Pérez Quiles, ante la Fiscalía de Almería, por el caso de la adjudicación de las obras de reforzamiento de la Rambla de Albox por cerca de 400 mil euros. Como se recordará, el actual alcalde de Albox presumió en su momento de haber llevado el asunto a Fiscalía y que ésta había procedido a su archivo por no hallar delitos a perseguir. La denuncia de Rogelio Mena, calificada entonces por fuentes de Fiscalía como “literatura”, no aportó la documentación pertinente que ahora sí está en manos de la Justicia. El Fiscal, en un escrito conocido esta semana, solicita que sean llamados a declarar como testigos los representantes de las empresas concursantes y también los funcionarios públicos intervinientes en la adjudicación. De apreciarse la comisión de delitos, el fiscal pide que declaren como imputados los funcionarios públicos para evitar prescripciones. Entre quienes deberán declarar figuran el ex alcalde de Albox, José García Navarro, un innominado secretario municipal - del que solo aparece un garabato como firma- el dueño de Alcaína y los representantes de las otras dos empresas que supuestamente concursaron, H&M Ingeniería y Cypesur Ingenieros. Se da la curiosa circunstancia que en estas dos últimas mercantiles aparecen los nombres de Cristobal García Granados, alcalde del PSA de Arboleas y actual candidato del PSOE y su prima, la concejal de Urbanismo y ex trabajadora de Alcaína, Mirella Granados García. Uno y otro, tras publicarse en esta sección por vez primera el escándalo el 22 de febrero pasado, declararon desconocer que se habían presentado al concurso que, finalmente fue adjudicado a la empresa Alcaína entre cuyos accionistas figuran familiares del actual primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Albox  Francisco Pérez Conchillo.


Abogados del Estado

La Jefatura de la Abogacía del Estado en Almeria es un puesto que, desde hace dos años, padece una gran movilidad. Dos abogadas y un abogado han pasado por el cargo desde que, hace dos años, fue cesado Demetrio Carmona, semanas antes de que estallase la denominada Operación Tres Reyes (cuya vista oral está fijada para el próximo mes de octubre) y en la que Carmona resultó imputado junto a otras seis personas.
Esta semana han nombrado al tercer Jefe del departamento, Guillermo Leiva, tras haberlo ocupado dos abogadas, Ana Barasa y Cristina López, durante breves periodos. Tanto cambio en tan poco tiempo, aseguran internamente, está provocando gran inestabilidad en este importante servicio del Estado que, sin duda, tiene sus efectos en el conjunto de la labor de la Abogacía del Estado en Almería.


Amat sigue imputado

A pesar de que el PP haya pretendido propagar que Gabriel Amat y su equipo de Roquetas estaban libres de toda sospecha en virtud de una petición de archivo del caso La Fabriquilla por parte de Fiscalia, los hechos a día de hoy dicen todo lo contrario. Amat sigue imputado en tanto que la Juez encargada de la instrucción no ha determinado lo contrario sino que, según fuentes del juzgado, se siguen encargado diligencias entorno a la causa. Paralelamente la acusación ha presentado la solicitud de ejecución de numerosas diligencias de prueba sobre las que Su Señoría aún no se ha pronunciado. Tampoco ha dado cuenta la Juez a las partes del escrito del fiscal donde se pide el archivo provisional y sobreseimiento de la causa.






domingo, 26 de abril de 2015

DE CONNIVENCIAS Y OTROS MALES

A-92, IDEAL de Almería.
domingo 26 de abril de 2015.


Esta semana una dirigente política de Almería, Rosalía Martín, Coordinadora de IU, ha denunciando públicamente y por vez primera “connivencias” del presidente del PP, Gabriel Amat, con el aparato judicial almeriense. Según el diccionario de la RAE, “connivencia” significa “disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven.” Silencio total. Nadie le respondió.
Las actuaciones en pleno año electoral de algunos jueces y la Fiscalía de Almería, a propósito de determinados escándalos de corrupción, invitan a pensar que algo inhabitual está pasando en el escenario judicial, con las decisiones de un ramillete de funcionarios cuya misión es administrar Justicia, con los ojos vendados, desde la independencia y con la balanza convenientemente equilibrada.
Los ejemplos que levantan alarma social y política son innumerables y, casi siempre, resultan favorables al partido hegemónico en la provincia, esto es al PP. Ahí quedó la actuación exculpatoria de la Fiscalía en La Fabriquilla o el Caso Auditorio, por citar los dos más llamativos y que pretenden salvar a Amat. O el caso del Mesón Gitano, donde se imputa a funcionarios, pero a ningún político municipal que, algo, tendrían que explicar al respecto. En contraposición, en estos días, el PSOE ha visto como se confirmaba el procesamiento del alcalde de Albox, Rogelio Mena y se imputaba al delegado de Agricultura José Manuel Ortiz Bono; o en IU han visto sorprendidos como se decretaba el archivo en la Audiencia de la denuncia de su portavoz en Diputación, Juan Pablo Yakuviuk, contra Eloísa Cabrera, número dos de Amat, quien tras estallar el escándalo de los recibos (originales) de Hispano Almería de supuestos pagos millonarios al PP, enseñó de lejos la fotocopia de otro supuesto recibo con pagos -especuló ella entonces- a favor del dirigente de IU.
En este contexto de supuestas connivencias  entre políticos de la derecha y algunos togados, los dirigentes del PP cometen clamorosos errores que les delatan. Como cuando Javier Aureliano García le pidió el otro día a IU que pidiesen “perdón" al presidente Amat porque Fiscalia le considera inocente en el caso La Fabriquilla. Yakuviuk tuvo que recordarle que el hecho de que la Fiscalia pida el archivo no significa que Amat sea inocente y que la jueza instructora no ha levantado aún su imputación, reiterando de nuevo su petición de dimisión. Actuaciones sorprendentes como esta de García podrían demostrar o una ignorancia supina de cómo funciona un procedimiento penal o lo que puede ser peor, el convencimiento de que la tradicional buena estrella judicial va a seguir alumbrando los destinos judiciales del PP en Almería.

El mutismo socialista.

Y en medio de este estado de cosas, el principal partido de la oposición, el PSOE, ni rechista, pese a que muchas decisiones judiciales caen en cascada en precampaña contra sus cargos públicos. Instalados en la tradicional ´política támpax´ contra la corrupción del PP - no se mueve, no mancha, no transpira-, el PSOE de Sánchez Teruel tiene el miedo escénico que no ha tenido el PP en estos años para denunciarles a ellos. Ahí está el “Caso facturas” como ejemplo paradigmático. Un PSOE que conoce perfectamente, a día de hoy, la gravedad de infinidad de supuestos delitos cometidos en el ayuntamiento de la capital por el equipo de Luis Rogelio Rodriguez Comendador, pero siguen deshojando la margarita para ver si emprenden el camino a la Fiscalía para denunciarlos. Se les pasará el arroz electoral. Un PSOE que, salvo en el caso del alcalde de La Mojonera/Halsa, nunca ha tomado iniciativa judicial, ni ha tenido la valentía política de denunciar al PP; esa tolerancia cero contra la corrupción del adversario, sobre la que tanto les han insistido desde Sevilla. La única explicación a esta clamorosa pasividad socialista en la judicialización de la podredumbre institucional del contrario está, además del temor a no tener su propia casa en estado de revista, en la debilidad orgánica en la que se ha instalado la actual dirección socialista en la provincia.


El PSOE contra sus militantes.

El modus operandi llevado a cabo para la confección de las listas municipales, aplicando el “ordeno y mando” en vez del diálogo, es un claro indicio caciquil contra ejecutivas locales borradas de un plumazo en aras - se justifican- a lograr un supuesto éxito electoral que les permita recuperar la Diputación. Lo sucedido en estos días en Zurgena, Arboleas, Santa Fé, Cantoria y previamente en Adra, Roquetas, El Ejido incluso en Carboneras, donde han colocado como paracaidista a la pareja de Adela Segura -parece que con la intención de elevarle a la próxima Diputación- ofrece un panorama desolador para muchos militantes que, apretando los dientes y callando por disciplina de partido, han visto como se ha “fichado” a independientes - algunos con mochilas repletas de escándalos o llegados de otros partidos- despreciando a los afiliados; tirados todos ellos a la basura orgánica junto a los estatutos y el código ético del PSOE. Tras el caso Zurgena, donde el “adelismo” ha impuesto una lista con gente cercana al super imputado e inhabilitado andalucista Cándido Trabalón, maltratando a su ejecutiva local, afloran los males de una democracia que nada tiene que ver con el discurso de supuesta regeneración socialista de la que hace gala Susana Díaz, la misma que quiere jubilar a Griñán y Chaves sin estar aún acusados formalmente de delitos por el Supremo. Todo sea por lograr el poder y al precio que sea, incluso con juicios sumarios a militantes.



LA CUAJADERA



1.- Arboleas: PGOU familiar

En un pleno extraordinario celebrado el 31 de marzo pasado, convocado por el alcalde Cristóbal García (PSA), se procedió a tramitar con carácter de urgencia el Pgou de la localidad para elevarlo después a la Junta de Andalucía. El PSOE local se abstuvo de votar a favor y su portavoz, Angel García, desgranó ante el pleno graves acusaciones que ocultan posibles prevaricaciones. (Así ha quedado reflejado en el acta oficial de la sesión) Se refería a  una serie de recalificaciones de terreros rústicos propiedad del alcalde y de su familia, en concreto 15 parcelas de una empresa de su primo, hermano a su vez de la concejal de Urbanismo Mirella Granados García. Ni el edil ni su concejal de Urbanismo se ausentaron del pleno como hubiese sido preceptivo dados los intereses familiares en juego. A ver que hace la Junta con ese Pgou.
Dias después de este polémico pleno, Cristóbal García confirmaba la invitación de Adela Segura y Sánchez Teruel, para liderar la lista del PSOE de Arboleas, al margen de la ejecutiva local del partido que ha quedado políticamente desactivada desde Almería.

2.- Zurgena: vuelve Trabalón.

En virtud del golpe de mano ejecutado por la dirección provincial del PSOE sobre la ejecutiva del PSOE de Zurgena, el andalucista Cándido Trabalón, principal protagonista de la Operación Costurero, sometido a investigación judicial y con solicitud de penas muy importantes pendientes, vuelve a cabalgar en la política local. La lista aprobada por el PSOE desde Almería sitúa en los cinco primeros puestos a personas de la absoluta confianza de Trabalón, entre ellas su propia esposa, colocada como número dos, detrás del actual alcalde al que en su día expulsó el Grupo Municipal Socialista por prestarse a la polémica moción de censura inspirada por Trabalón. El número 3 de la lista, James Rintoul Fenton Simpsom ha defendido en su blog las excelencias del apadrinamiento del PSOE por intereses urbanísticos del colectivo de expatriados en la zona, señalando que, en caso de no cumplirse en el futuro los compromisos contraídos por Adela Segura, retirarían en bloque el apoyo al PSOE. El artículo, publicado el día 22, fue levantado el viernes por la noche, tras ser reproducido en las redes. El Sr Simpsom explica con toda claridad lo que se oculta detrás de las negociaciones entre Trabalón, el actual alcalde y Adela Segura.

3.- Santa Fé: otro golpe.

También en la localidad de Santa Fé de Mondújar ha ejecutado la CEP del PSOE otro golpe de mano, descabalgando de la lista a la veterana alcaldesa Remedios López -uno de los referentes del socialismo almeriense- junto a sus concejales. Fuentes de la ejecutiva local señalan que no han recibido aviso de ningún tipo rechazando su propuesta de candidatura “ni nadie nos ha confirmado la nueva lista, de la que nos hemos enterado por el BOP”. Encabeza la nueva candidatura del PSOE Trinidad Góngora, “que vive en Almeria, aunque tiene casa en Santa Fé”. Como número cuatro figura el actual portavoz municipal de IU que recientemente pidió su baja en la coalición de izquierdas.


4.- Cazorla sigue.

Albert Rivera y Ciudadanos han decidido seguir apostando por su candidato Miguel Cazorla, pese a estar sometido a investigación judicial, pesando sobre él la imputación de un posible “delito societario”. Este hecho y la ausencia de primarias en Roquetas - denunciado por militantes- son las contradicciones más llamativas en Almería de Cs, partido al que Rajoy calificó de “bisagrista” antes del 22M.

lunes, 20 de abril de 2015

LA INESTABILIDAD ESTÁ SERVIDA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 19 de abril de 2015.



El jueves 16 de abril las televisiones retransmitían en directo la detención de Rodrigo Rato, fundador del PP, - ADN puro de la derecha política española- vicepresidente económico de José María Aznar, ex director del FMI y ex presidente de Bankia. El presidente Rajoy, dicen, no sabía nada. Sus ministros de Hacienda e Interior, obviamente, sí. Rato es uno de los 705 investigados por supuesto blanqueo de capitales, lista en la que, presumiblemente, se hallarían funcionarios, jueces, fiscales, alcaldes, empresarios, todos ellos vinculados a la función pública española. Lista secreta que, incluso, levanta rumores almerienses. 
Mientras todo eso se cocía en la capital del Reino, en la vieja Híspalis, en Sevilla, se procedía a la apertura de la X Legislatura del Parlamento de Andalucía. En la bancada de los populares solo uno de sus 33 diputados parecía estar al cabo de la calle de la que se avecinaba con Rato. El rostro y el semblante del diputado almeriense Javier Arenas delataba claramente que el político nacido en Olvera, amigo intimo de Rajoy, barruntaba la nueva tormenta que iba a caer sobre su partido, su gobierno y su viejo camarada Rodrigo.
En este contexto de tensión política nacional se inauguraba el nuevo Parlamento andaluz, tras varias semanas de reuniones e intentos de pactos para conformar la composición de la Mesa, el órgano de gobierno de la institución parlamentaria que, según el Reglamento, debe responder a criterios de paridad entre sexos y a que todos los grupos tengan representación en la misma.
El jueves 16 de abril por la mañana, pese a que algunos partidos se habían hartado de anunciar techos de cristal, los andaluces no sabían quien iba a presidir la cámara, ni como quedaría repartida la Mesa. Tendrían que pasar unas horas para que todos entendiésemos el motivo de tanto sigilo y secretismo por parte de los responsables políticos, especialmente de la minoría mayoritaria.

Un Presidente con mochila

Fue poco antes de arrancar la sesión inaugural cuando los socialistas hicieron público que propondrían a un hombre de aparato para presidir la institución, concretamente al secretario general del PSOE de Córdoba. Juan Pablo Durán era el candidato de “reconocido prestigio” (Mario Jimenez dixit) elegido para dirigir el Parlamento por las procelosas aguas de esta Legislatura en la que los socialistas no disfrutan de su tradicional mayoría. Durán, oriundo de Palma del Río, se recordó de inmediato, era un político que llegaba con la mochila cargada. Dentro de la misma una sentencia de la Audiencia Nacional, como gestor de CajaSur, ratificando una sanción de 44.000 euros del Banco de España por su actuación ( y la de otros consejeros presididos por el hoy Obispo Auxiliar de Sevilla) debida a una gestión que condujo a la intervención de la entidad cordobesa tras su quiebra técnica. Una sanción que, a día de hoy, sigue pagando Durán mes a mes. El PSOE, entre sus 46 escaños restantes, no tuvo a nadie mejor para situar en la presidencia  del nuevo Parlamento, que se espera sea el de la regeneración ética  de la política andaluza. Optaba por alguien salpicado por una de las peores lacras padecidas en estas últimas décadas de corrupción como ha sido la gestión económica y política de las cajas de ahorros, esas mismas que los españoles hemos tenido que rescatar con miles de millones de nuestros impuestos.
Pero esa mañana inaugural ofrecía a la opinión pública otro aspecto a tener en cuenta como un negro presagio de lo que nos espera. Durante semanas, los partidos con representación obtenida el 22M, no fueron capaces de ponerse de acuerdo siquiera para con los sillones de la Mesa. Las sucesivas votaciones demostraron que no se movieron un ápice en sus posiciones numéricas y políticas. Y, también, que no llegó a prosperar el intento desde el PP por desalojar a los socialistas de la presidencia de la Cámara, contando con los de Podemos, operación que se habría intentado urdir de forma indirecta y  a través de IU. (Podemos nunca habló directamente con el PP)

Bronca por un sillón

Estas maniobras, conocidas solo por sus protagonistas y nunca trasladadas a la opinión pública, salvo por unas tempraneras declaraciones de Teresa Rodriguez en RNE, pusieron en guardia al PSOE que aplicó luego un duro correctivo al PP con una interpretación estricta del Reglamento claramente perjudicial para los populares, dejándoles como al resto con un solo representante en la Mesa, mientras el PSOE se quedaba con tres sillones gracias a sus 47 votos.
Esta decisión fue la causa de una impresionante y desagradable bronca que llegó a durar unos quince minutos entre el presidente de edad, el veterano socialista Luis Pizarro  y el portavoz Carlos Rojas. Este último, en nombre del PP, montó una enorme escandalera, en tono amenazante que, a la postre, solo sirvió para abrir los telediarios del día mostrando un patético episodio que en nada benefició la imagen institucional del nuevo Parlamento. Así quedaban dinamitados los puentes de diálogo entre PSOE y PP.
Este estado de cosas conduce, necesariamente, a pensar cuan difícil va a resultar la investidura de Susana Díaz para la presidencia. De momento lo único que se puede constatar es que esta interinidad se alargará, por lo menos, hasta bien entrado el verano. Y en el mejor de los casos -que Ciudadanos pacte con el PSOE- la actividad gubernamental no se retomará al cien por cien hasta mediados de septiembre.  Ocho meses de inestabilidad política habrán quedado atrás, eso, repito, si hay mano tendida desde Cs. Pero, visto lo visto esta semana, tampoco se debería descartar una nueva disolución y nueva convocatoria electoral. Algo que sería terrible. La conclusión a este desaguisado es muy clara: la presidenta Díaz no acertó en enero al romper la coalición con IU, provocando con su decisión un enorme perjuicio para los intereses andaluces y la gobernación de la Junta. Señoras y señores, la inestabilidad está servida en Andalucía.



LA CUAJADERA



Movida comarca del Almanzora.

El mundo político y judicial se mezclan con suma facilidad en numerosos pueblos de la comarca del Almanzora. Conflictos que afectan tanto al PSOE como al PP.

Partaloa:  Gobierno de coalición donde el popular José González está apoyado por tres concejales del PSOE. El de Urbanismo, Antonio Peñuela, posee un “amplio y extenso” poder notarial de la constructora de Residencial Retamar, 29 chalets con orden de demolición y sobre un terreno supuestamente comunal. La Justicia está en ello.

Arboleas: El flamante fichaje de Adela Segura (PSOE), el actual alcalde del PSA Cristóbal García, aparece salpicado por el asunto de la Rambla de Albox que ya investiga la Justicia. Habla la oposición de polémica aprobación del PGOU, beneficiando supuestamente a miembros del actual gobierno. Y entre ellos, según el PSOE todavía oficial, al propio García con “6.400 metros rectificados que son una cañada y un paso de agua que poco a poco se ha ido rellenando”.

Cobdar:  Enfrentado a Adela Segura, el alcalde socialista José Fuentes, concurrirá a las elecciones con el PP. Según Fuentes, el argumento esgrimido para quitarle, trasladado por los alcaldes de Armuña y Albánchez -que llevan mas de 30 años como ediles- fue que “ya eres mayorcete y hay que dejar paso a los chavales”.

Cantoria: Pueblo abandonado políticamente tras la inhabilitación de su alcalde el popular Pedro Llamas por conceder permisos de enganche de agua y luz a dos viviendas. Sale Pedro y entra su hermano Pepe para intentar motivar al PP. Mientras, el PSOE, quitó a Pedro Lizarte y nominó a Antonio Cerrillo, denunciado recientemente ante la Guardia Civil por Pedro Llamas, según el atestado Nº 2015-001373-00000344. Cerrillo, en una sucursal de Cajamar, le preguntó al director “¿has terminado ya con esta rata?” refiriéndose a Llamas. El candidato socialista ha protagonizado otros hechos en su actividad privada que son secretos a voces en el pueblo.

Zurgena: La Ejecutiva provincial del PSOE decidió el viernes liquidar íntegramente y  de un plumazo la lista oficial elaborada por la ejecutiva local. En su lugar aprobó una con independientes, liderada por el actual alcalde, expulsado en su día del Grupo Municipal Socialista por apoyar como tránsfuga una moción de censura, acusado desde el PSOE local de estar compinchado con el clan de Cándido Trabalón, protagonista de la Operación Costurero y actualmente sometido a investigación judicial por graves delitos..

Albox: Rogelio Mena, pese a estar imputado y convocado a juicio oral el 4 de junio, ha recibido el visto bueno del PSOE provincial para repetir su candidatura para la alcaldía. Fiscalía le pide 2 años y 6 meses de inhabilitación por no entregar sospechosos expedientes municipales a la oposición. Uno de esos expedientes, que ha aparecido de forma misteriosa, está ya judicializado tras denuncia del PP y es muy posible que esta semana el Juez de Huércal-Overa mueva ficha procesal e inicie la instrucción del caso Rambla de Albox. Mena tampoco ha justificado sus numerosos viajes a Madrid con cargo al ayuntamiento y el fichaje posterior de su nueva pareja madrileña como asesora jurídica del ayuntamiento.