domingo, 26 de abril de 2015

DE CONNIVENCIAS Y OTROS MALES

A-92, IDEAL de Almería.
domingo 26 de abril de 2015.


Esta semana una dirigente política de Almería, Rosalía Martín, Coordinadora de IU, ha denunciando públicamente y por vez primera “connivencias” del presidente del PP, Gabriel Amat, con el aparato judicial almeriense. Según el diccionario de la RAE, “connivencia” significa “disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven.” Silencio total. Nadie le respondió.
Las actuaciones en pleno año electoral de algunos jueces y la Fiscalía de Almería, a propósito de determinados escándalos de corrupción, invitan a pensar que algo inhabitual está pasando en el escenario judicial, con las decisiones de un ramillete de funcionarios cuya misión es administrar Justicia, con los ojos vendados, desde la independencia y con la balanza convenientemente equilibrada.
Los ejemplos que levantan alarma social y política son innumerables y, casi siempre, resultan favorables al partido hegemónico en la provincia, esto es al PP. Ahí quedó la actuación exculpatoria de la Fiscalía en La Fabriquilla o el Caso Auditorio, por citar los dos más llamativos y que pretenden salvar a Amat. O el caso del Mesón Gitano, donde se imputa a funcionarios, pero a ningún político municipal que, algo, tendrían que explicar al respecto. En contraposición, en estos días, el PSOE ha visto como se confirmaba el procesamiento del alcalde de Albox, Rogelio Mena y se imputaba al delegado de Agricultura José Manuel Ortiz Bono; o en IU han visto sorprendidos como se decretaba el archivo en la Audiencia de la denuncia de su portavoz en Diputación, Juan Pablo Yakuviuk, contra Eloísa Cabrera, número dos de Amat, quien tras estallar el escándalo de los recibos (originales) de Hispano Almería de supuestos pagos millonarios al PP, enseñó de lejos la fotocopia de otro supuesto recibo con pagos -especuló ella entonces- a favor del dirigente de IU.
En este contexto de supuestas connivencias  entre políticos de la derecha y algunos togados, los dirigentes del PP cometen clamorosos errores que les delatan. Como cuando Javier Aureliano García le pidió el otro día a IU que pidiesen “perdón" al presidente Amat porque Fiscalia le considera inocente en el caso La Fabriquilla. Yakuviuk tuvo que recordarle que el hecho de que la Fiscalia pida el archivo no significa que Amat sea inocente y que la jueza instructora no ha levantado aún su imputación, reiterando de nuevo su petición de dimisión. Actuaciones sorprendentes como esta de García podrían demostrar o una ignorancia supina de cómo funciona un procedimiento penal o lo que puede ser peor, el convencimiento de que la tradicional buena estrella judicial va a seguir alumbrando los destinos judiciales del PP en Almería.

El mutismo socialista.

Y en medio de este estado de cosas, el principal partido de la oposición, el PSOE, ni rechista, pese a que muchas decisiones judiciales caen en cascada en precampaña contra sus cargos públicos. Instalados en la tradicional ´política támpax´ contra la corrupción del PP - no se mueve, no mancha, no transpira-, el PSOE de Sánchez Teruel tiene el miedo escénico que no ha tenido el PP en estos años para denunciarles a ellos. Ahí está el “Caso facturas” como ejemplo paradigmático. Un PSOE que conoce perfectamente, a día de hoy, la gravedad de infinidad de supuestos delitos cometidos en el ayuntamiento de la capital por el equipo de Luis Rogelio Rodriguez Comendador, pero siguen deshojando la margarita para ver si emprenden el camino a la Fiscalía para denunciarlos. Se les pasará el arroz electoral. Un PSOE que, salvo en el caso del alcalde de La Mojonera/Halsa, nunca ha tomado iniciativa judicial, ni ha tenido la valentía política de denunciar al PP; esa tolerancia cero contra la corrupción del adversario, sobre la que tanto les han insistido desde Sevilla. La única explicación a esta clamorosa pasividad socialista en la judicialización de la podredumbre institucional del contrario está, además del temor a no tener su propia casa en estado de revista, en la debilidad orgánica en la que se ha instalado la actual dirección socialista en la provincia.


El PSOE contra sus militantes.

El modus operandi llevado a cabo para la confección de las listas municipales, aplicando el “ordeno y mando” en vez del diálogo, es un claro indicio caciquil contra ejecutivas locales borradas de un plumazo en aras - se justifican- a lograr un supuesto éxito electoral que les permita recuperar la Diputación. Lo sucedido en estos días en Zurgena, Arboleas, Santa Fé, Cantoria y previamente en Adra, Roquetas, El Ejido incluso en Carboneras, donde han colocado como paracaidista a la pareja de Adela Segura -parece que con la intención de elevarle a la próxima Diputación- ofrece un panorama desolador para muchos militantes que, apretando los dientes y callando por disciplina de partido, han visto como se ha “fichado” a independientes - algunos con mochilas repletas de escándalos o llegados de otros partidos- despreciando a los afiliados; tirados todos ellos a la basura orgánica junto a los estatutos y el código ético del PSOE. Tras el caso Zurgena, donde el “adelismo” ha impuesto una lista con gente cercana al super imputado e inhabilitado andalucista Cándido Trabalón, maltratando a su ejecutiva local, afloran los males de una democracia que nada tiene que ver con el discurso de supuesta regeneración socialista de la que hace gala Susana Díaz, la misma que quiere jubilar a Griñán y Chaves sin estar aún acusados formalmente de delitos por el Supremo. Todo sea por lograr el poder y al precio que sea, incluso con juicios sumarios a militantes.



LA CUAJADERA



1.- Arboleas: PGOU familiar

En un pleno extraordinario celebrado el 31 de marzo pasado, convocado por el alcalde Cristóbal García (PSA), se procedió a tramitar con carácter de urgencia el Pgou de la localidad para elevarlo después a la Junta de Andalucía. El PSOE local se abstuvo de votar a favor y su portavoz, Angel García, desgranó ante el pleno graves acusaciones que ocultan posibles prevaricaciones. (Así ha quedado reflejado en el acta oficial de la sesión) Se refería a  una serie de recalificaciones de terreros rústicos propiedad del alcalde y de su familia, en concreto 15 parcelas de una empresa de su primo, hermano a su vez de la concejal de Urbanismo Mirella Granados García. Ni el edil ni su concejal de Urbanismo se ausentaron del pleno como hubiese sido preceptivo dados los intereses familiares en juego. A ver que hace la Junta con ese Pgou.
Dias después de este polémico pleno, Cristóbal García confirmaba la invitación de Adela Segura y Sánchez Teruel, para liderar la lista del PSOE de Arboleas, al margen de la ejecutiva local del partido que ha quedado políticamente desactivada desde Almería.

2.- Zurgena: vuelve Trabalón.

En virtud del golpe de mano ejecutado por la dirección provincial del PSOE sobre la ejecutiva del PSOE de Zurgena, el andalucista Cándido Trabalón, principal protagonista de la Operación Costurero, sometido a investigación judicial y con solicitud de penas muy importantes pendientes, vuelve a cabalgar en la política local. La lista aprobada por el PSOE desde Almería sitúa en los cinco primeros puestos a personas de la absoluta confianza de Trabalón, entre ellas su propia esposa, colocada como número dos, detrás del actual alcalde al que en su día expulsó el Grupo Municipal Socialista por prestarse a la polémica moción de censura inspirada por Trabalón. El número 3 de la lista, James Rintoul Fenton Simpsom ha defendido en su blog las excelencias del apadrinamiento del PSOE por intereses urbanísticos del colectivo de expatriados en la zona, señalando que, en caso de no cumplirse en el futuro los compromisos contraídos por Adela Segura, retirarían en bloque el apoyo al PSOE. El artículo, publicado el día 22, fue levantado el viernes por la noche, tras ser reproducido en las redes. El Sr Simpsom explica con toda claridad lo que se oculta detrás de las negociaciones entre Trabalón, el actual alcalde y Adela Segura.

3.- Santa Fé: otro golpe.

También en la localidad de Santa Fé de Mondújar ha ejecutado la CEP del PSOE otro golpe de mano, descabalgando de la lista a la veterana alcaldesa Remedios López -uno de los referentes del socialismo almeriense- junto a sus concejales. Fuentes de la ejecutiva local señalan que no han recibido aviso de ningún tipo rechazando su propuesta de candidatura “ni nadie nos ha confirmado la nueva lista, de la que nos hemos enterado por el BOP”. Encabeza la nueva candidatura del PSOE Trinidad Góngora, “que vive en Almeria, aunque tiene casa en Santa Fé”. Como número cuatro figura el actual portavoz municipal de IU que recientemente pidió su baja en la coalición de izquierdas.


4.- Cazorla sigue.

Albert Rivera y Ciudadanos han decidido seguir apostando por su candidato Miguel Cazorla, pese a estar sometido a investigación judicial, pesando sobre él la imputación de un posible “delito societario”. Este hecho y la ausencia de primarias en Roquetas - denunciado por militantes- son las contradicciones más llamativas en Almería de Cs, partido al que Rajoy calificó de “bisagrista” antes del 22M.

lunes, 20 de abril de 2015

LA INESTABILIDAD ESTÁ SERVIDA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 19 de abril de 2015.



El jueves 16 de abril las televisiones retransmitían en directo la detención de Rodrigo Rato, fundador del PP, - ADN puro de la derecha política española- vicepresidente económico de José María Aznar, ex director del FMI y ex presidente de Bankia. El presidente Rajoy, dicen, no sabía nada. Sus ministros de Hacienda e Interior, obviamente, sí. Rato es uno de los 705 investigados por supuesto blanqueo de capitales, lista en la que, presumiblemente, se hallarían funcionarios, jueces, fiscales, alcaldes, empresarios, todos ellos vinculados a la función pública española. Lista secreta que, incluso, levanta rumores almerienses. 
Mientras todo eso se cocía en la capital del Reino, en la vieja Híspalis, en Sevilla, se procedía a la apertura de la X Legislatura del Parlamento de Andalucía. En la bancada de los populares solo uno de sus 33 diputados parecía estar al cabo de la calle de la que se avecinaba con Rato. El rostro y el semblante del diputado almeriense Javier Arenas delataba claramente que el político nacido en Olvera, amigo intimo de Rajoy, barruntaba la nueva tormenta que iba a caer sobre su partido, su gobierno y su viejo camarada Rodrigo.
En este contexto de tensión política nacional se inauguraba el nuevo Parlamento andaluz, tras varias semanas de reuniones e intentos de pactos para conformar la composición de la Mesa, el órgano de gobierno de la institución parlamentaria que, según el Reglamento, debe responder a criterios de paridad entre sexos y a que todos los grupos tengan representación en la misma.
El jueves 16 de abril por la mañana, pese a que algunos partidos se habían hartado de anunciar techos de cristal, los andaluces no sabían quien iba a presidir la cámara, ni como quedaría repartida la Mesa. Tendrían que pasar unas horas para que todos entendiésemos el motivo de tanto sigilo y secretismo por parte de los responsables políticos, especialmente de la minoría mayoritaria.

Un Presidente con mochila

Fue poco antes de arrancar la sesión inaugural cuando los socialistas hicieron público que propondrían a un hombre de aparato para presidir la institución, concretamente al secretario general del PSOE de Córdoba. Juan Pablo Durán era el candidato de “reconocido prestigio” (Mario Jimenez dixit) elegido para dirigir el Parlamento por las procelosas aguas de esta Legislatura en la que los socialistas no disfrutan de su tradicional mayoría. Durán, oriundo de Palma del Río, se recordó de inmediato, era un político que llegaba con la mochila cargada. Dentro de la misma una sentencia de la Audiencia Nacional, como gestor de CajaSur, ratificando una sanción de 44.000 euros del Banco de España por su actuación ( y la de otros consejeros presididos por el hoy Obispo Auxiliar de Sevilla) debida a una gestión que condujo a la intervención de la entidad cordobesa tras su quiebra técnica. Una sanción que, a día de hoy, sigue pagando Durán mes a mes. El PSOE, entre sus 46 escaños restantes, no tuvo a nadie mejor para situar en la presidencia  del nuevo Parlamento, que se espera sea el de la regeneración ética  de la política andaluza. Optaba por alguien salpicado por una de las peores lacras padecidas en estas últimas décadas de corrupción como ha sido la gestión económica y política de las cajas de ahorros, esas mismas que los españoles hemos tenido que rescatar con miles de millones de nuestros impuestos.
Pero esa mañana inaugural ofrecía a la opinión pública otro aspecto a tener en cuenta como un negro presagio de lo que nos espera. Durante semanas, los partidos con representación obtenida el 22M, no fueron capaces de ponerse de acuerdo siquiera para con los sillones de la Mesa. Las sucesivas votaciones demostraron que no se movieron un ápice en sus posiciones numéricas y políticas. Y, también, que no llegó a prosperar el intento desde el PP por desalojar a los socialistas de la presidencia de la Cámara, contando con los de Podemos, operación que se habría intentado urdir de forma indirecta y  a través de IU. (Podemos nunca habló directamente con el PP)

Bronca por un sillón

Estas maniobras, conocidas solo por sus protagonistas y nunca trasladadas a la opinión pública, salvo por unas tempraneras declaraciones de Teresa Rodriguez en RNE, pusieron en guardia al PSOE que aplicó luego un duro correctivo al PP con una interpretación estricta del Reglamento claramente perjudicial para los populares, dejándoles como al resto con un solo representante en la Mesa, mientras el PSOE se quedaba con tres sillones gracias a sus 47 votos.
Esta decisión fue la causa de una impresionante y desagradable bronca que llegó a durar unos quince minutos entre el presidente de edad, el veterano socialista Luis Pizarro  y el portavoz Carlos Rojas. Este último, en nombre del PP, montó una enorme escandalera, en tono amenazante que, a la postre, solo sirvió para abrir los telediarios del día mostrando un patético episodio que en nada benefició la imagen institucional del nuevo Parlamento. Así quedaban dinamitados los puentes de diálogo entre PSOE y PP.
Este estado de cosas conduce, necesariamente, a pensar cuan difícil va a resultar la investidura de Susana Díaz para la presidencia. De momento lo único que se puede constatar es que esta interinidad se alargará, por lo menos, hasta bien entrado el verano. Y en el mejor de los casos -que Ciudadanos pacte con el PSOE- la actividad gubernamental no se retomará al cien por cien hasta mediados de septiembre.  Ocho meses de inestabilidad política habrán quedado atrás, eso, repito, si hay mano tendida desde Cs. Pero, visto lo visto esta semana, tampoco se debería descartar una nueva disolución y nueva convocatoria electoral. Algo que sería terrible. La conclusión a este desaguisado es muy clara: la presidenta Díaz no acertó en enero al romper la coalición con IU, provocando con su decisión un enorme perjuicio para los intereses andaluces y la gobernación de la Junta. Señoras y señores, la inestabilidad está servida en Andalucía.



LA CUAJADERA



Movida comarca del Almanzora.

El mundo político y judicial se mezclan con suma facilidad en numerosos pueblos de la comarca del Almanzora. Conflictos que afectan tanto al PSOE como al PP.

Partaloa:  Gobierno de coalición donde el popular José González está apoyado por tres concejales del PSOE. El de Urbanismo, Antonio Peñuela, posee un “amplio y extenso” poder notarial de la constructora de Residencial Retamar, 29 chalets con orden de demolición y sobre un terreno supuestamente comunal. La Justicia está en ello.

Arboleas: El flamante fichaje de Adela Segura (PSOE), el actual alcalde del PSA Cristóbal García, aparece salpicado por el asunto de la Rambla de Albox que ya investiga la Justicia. Habla la oposición de polémica aprobación del PGOU, beneficiando supuestamente a miembros del actual gobierno. Y entre ellos, según el PSOE todavía oficial, al propio García con “6.400 metros rectificados que son una cañada y un paso de agua que poco a poco se ha ido rellenando”.

Cobdar:  Enfrentado a Adela Segura, el alcalde socialista José Fuentes, concurrirá a las elecciones con el PP. Según Fuentes, el argumento esgrimido para quitarle, trasladado por los alcaldes de Armuña y Albánchez -que llevan mas de 30 años como ediles- fue que “ya eres mayorcete y hay que dejar paso a los chavales”.

Cantoria: Pueblo abandonado políticamente tras la inhabilitación de su alcalde el popular Pedro Llamas por conceder permisos de enganche de agua y luz a dos viviendas. Sale Pedro y entra su hermano Pepe para intentar motivar al PP. Mientras, el PSOE, quitó a Pedro Lizarte y nominó a Antonio Cerrillo, denunciado recientemente ante la Guardia Civil por Pedro Llamas, según el atestado Nº 2015-001373-00000344. Cerrillo, en una sucursal de Cajamar, le preguntó al director “¿has terminado ya con esta rata?” refiriéndose a Llamas. El candidato socialista ha protagonizado otros hechos en su actividad privada que son secretos a voces en el pueblo.

Zurgena: La Ejecutiva provincial del PSOE decidió el viernes liquidar íntegramente y  de un plumazo la lista oficial elaborada por la ejecutiva local. En su lugar aprobó una con independientes, liderada por el actual alcalde, expulsado en su día del Grupo Municipal Socialista por apoyar como tránsfuga una moción de censura, acusado desde el PSOE local de estar compinchado con el clan de Cándido Trabalón, protagonista de la Operación Costurero y actualmente sometido a investigación judicial por graves delitos..

Albox: Rogelio Mena, pese a estar imputado y convocado a juicio oral el 4 de junio, ha recibido el visto bueno del PSOE provincial para repetir su candidatura para la alcaldía. Fiscalía le pide 2 años y 6 meses de inhabilitación por no entregar sospechosos expedientes municipales a la oposición. Uno de esos expedientes, que ha aparecido de forma misteriosa, está ya judicializado tras denuncia del PP y es muy posible que esta semana el Juez de Huércal-Overa mueva ficha procesal e inicie la instrucción del caso Rambla de Albox. Mena tampoco ha justificado sus numerosos viajes a Madrid con cargo al ayuntamiento y el fichaje posterior de su nueva pareja madrileña como asesora jurídica del ayuntamiento.


domingo, 12 de abril de 2015

FISCALÍA SALE A SALVAR A AMAT

A-92, IDEAL de Almería domingo
12 de abril de 2015.


Gabriel Amat está eufórico y tiene motivos, la Fiscalía le quiere salvar. Dos de los numerosos frentes judiciales abiertos desde hace años contra el líder del PP en Almería, han recibido un inesperado espaldarazo desde el Ministerio Público. Y ello sucede días después del paseíllo electoral de Rajoy y su Ministro de Justicia por Almería. Y ocurre, además,  a las puertas de otra campaña, donde Gabriel Amat Ayllón repite candidatura pese a estar imputado por presuntos delitos urbanísticos. Dos decisiones favorables de Fiscalía por las que Amat se ha apresurado a exigir públicamente que le tienen que “pedir perdón” sus denunciantes, dando por hecho que la instrucción quedaba conclusa y, por tanto, absuelto de las graves acusaciones.
También se ha conocido, casi al mismo tiempo, una tercera incidencia judicial que, a priori, podría beneficiarle por la dilación procesal que supone en el caso de la “Trama Amat”. Un informe de la UDyCO, de más de dos mil folios, en el que se evidencian cuestiones también sorprendentes. La policía de delitos económicos, dependiente de Interior, no ha cumplido con lo ordenado en un auto judicial dictado por el Juzgado de Roquetas hace casi dos años y tras una segunda reclamación de la Juez. Se han limitado a adjuntar miles de fotocopias registrales para, en menos de veinte folios de conclusiones, tras reconocer la existencia de “trama”, sugerir que se proceda a una investigación más a fondo, señalando la posible existencia de figuras delictivas cuya terminología jurídica obvian incomprensiblemente. En definitiva, la policía, dice a la instructora cómo se debiera investigar desde cero el entramado societario de Amat, familia y socios. Obviamente no hay que ser jurista para concluir que se han perdido dos años de trabajo policial y judicial, posiblemente favoreciendo prescripciones no deseadas.

Donde dije digo…

Las dos últimas decisiones de Fiscalía, conocidas en un corto espacio de tiempo, son las que han encendido las luces rojas de la desconfianza social y política sobre el papel de defensa de la legalidad que el Ministerio Público debe observar en todas sus actuaciones.
Por un lado, contra todo pronóstico, el fiscal ha dado marcha atrás en la pieza separada del “Caso La Fabriquilla” pidiendo el archivo y sobreseimiento de la causa por la que, desde hace meses, permanece imputado el edil de Roquetas, parte de su equipo de gobierno y técnicos municipales por presuntos delitos urbanísticos. No conviene olvidar que, en cualquier procedimiento, la Fiscalía es una de las partes, pero deberá ser la Juez instructora la que diga la última palabra. Por cierto el insólito anuncio de Fiscalía se conoció antes por los periodistas que por la propia Juez. Como tampoco se puede dejar pasar por alto que, en este caso concreto, el Fiscal dice ahora “digo” donde antes mantuvo “Diego”.
A los pocos días, también procedente de Fiscalia, salía otro informe, unos dos folios, con 80 líneas escasas, elevado al Juzgado Nº 3 de Roquetas -en vez de a la sala Segunda de la Audiencia que entiende sobre la reapertura penal solicitada por el PSOE- a propósito del denominado “Caso Auditorio”, que desde el año 2005 deambula por los juzgados de Roquetas, Granada y Almería. Y, una vez más, la Fiscalía salió a ´salvar al soldado Amat´ en una causa donde, para resumir la cuestión, se debería dilucidar si en el millonario sobrecoste del 120% de la faraónica obra del teatro - ilegal según el TSJA- se han podido cometer varios delitos, especialmente los de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Carísimo Auditorio

A principios del siglo el Ayuntamiento de Roquetas adjudicó por algo más de siete millones el contrato de obras del Teatro Auditorio a una UTE liderada por Hispano Almería S.A y participada por GEA 21 y Rochina S.A. En junio de 2003 presentan un proyecto complementario para concluirlo valorado en 8.408.159, 34 euros. El Ayuntamiento presidido por Amat inicia la tramitación de la ampliación presupuestaria  y en octubre de ese año, tanto el Secretario como el Interventor emiten informes desfavorables y señalan que debe existir un acuerdo plenario que lo apruebe, así como justificar la improcedencia de convocatoria de nueva licitación. También que, dada la cantidad, es necesario un dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y del Consejo Consultivo. Este ultimo informó desfavorablemente. No obstante, en plena Navidad de 2003, el día de San Esteban, la Junta de Gobierno con Amat al frente lo aprobó.
La oposición socialista de Roquetas interpuso un Recurso de Reposición ante el gobierno local, desestimado por Amat en marzo de 2003. Para entonces la obra había concluido, por lo que puede entenderse que  se habrían incumplido previamente todos los trámites legales obligatorios.
El PSOE local llevó el asunto a la Justicia tanto por la vía del Contencioso Administrativo como por la Penal. El juez Luis Durbán- ascendido esta semana magistrado de la Audiencia- archivó la vía penal por la posible prejudicialidad administrativa. En abril de 2012 se pronunció el TSJA dando la razón a los denunciantes, abriendo la puerta de la vía Penal, asunto que desde hace más de un año espera ser resuelto por la Sala Segunda de la Audiencia presidida por el magistrado Juan Ruiz-Rico - también ascendido esta semana al TSJA-. Y en este punto es donde Fiscalía afirma, el 10 de marzo pasado, que “A pesar de estimar en su resolución el TSJA la pretensión del querellante en las presentes Diligencias, ello no determina que el querellado incurriese en su actuación en un delito de prevaricación”  El Fiscal Manuel Hermoso Guerrero, antes de proclamar su oposición y solicitud de archivo definitivo a la reapertura, dice que dos facturas originales (más de 52 millones de pesetas - 313.586,81 €- ) aportadas en enero por el PSOE, “se trataría de copias”  sobre cuya “veracidad y autenticidad no podemos tener seguridad” y que nunca antes, a pesar de haber transcurrido diez años, “se habían traído a colación a la causa”. Insólito informe del Fiscal, puesto que antes de haberlo emitido debió, velando por la legalidad, haber solicitado la práctica de diligencias de prueba necesarias para determinar la autenticidad o no de dichos documentos, que podrían acreditar una supuesta y clara malversación de caudales públicos en el carísimo teatro.

Y Halsa…

Conviene recordar, a propósito del Auditorio, que existe otro procedimiento abierto tras una denuncia de AMAyT ante la Fiscalia del TSJA -que hizo suya el Fiscal Jefe de Almería- donde se investiga posible financiación irregular del PP (y otros) por parte de HALSA, todo ello a raíz de la aparición de numerosos recibos (originales) de una supuesta “contabilidad B” de la constructora que más ha trabajado para el Ayuntamiento de Roquetas y la Diputación del PP en estos años. Y que entre esos recibos se encuentran muchos - unos 180 millones de pesetas en comisiones ilegales a políticos y técnicos- con cargo a la cuenta interna de gestión que soportaba el presupuesto del Teatro Auditorio. Este procedimiento sigue abierto en en el juzgado Nº 3 desde hace más de un año, sin que se conozcan avances en su instrucción judicial, donde parece que sigue trabajando la UDyCO. Tampoco han trascendido nuevas iniciativas de Fiscalía al respecto.


LA CUAJADERA.



Ciudadano Cazorla

Uno de los graves problemas de los partidos emergentes está siendo los personajes con mochila que se les cuelan en sus filas. Este podría ser el caso del líder de Ciudadanos en Almería que, a la vista de lo que se va conociendo, no solo tuvo una imputación judicial de la que salió absuelto recientemente. Ahora resulta que, desde hace un año, la Jueza Alejandra Dodero , titular del Nº 1 de Instrucción de Almeria, le investiga por presunto “delito societario” tras una denuncia penal interpuesta contra Miguel Cazorla Garrido por “Agricultores Ecológicos SAT”, su antigua empresa.
En concreto se indaga su gestión como presidente de la sociedad de la que fue expulsado tras el oportuno expediente disciplinario y donde una auditoria reveló la presunta comisión de numerosas irregularidades contables en base al uso de fondos propios de la empresa. La SAT, actualmente en concurso de acreedores, ha dejado sin trabajo a más de medio centenar de personas y en la ruina a la mayoría de socios que la integraban, todo ello, según los denunciantes, por la presuntamente delictiva gestión del ciudadano Cazorla. La Juez ordenó el 27 de marzo de 2014, mediante un auto, que se continuase la tramitación de la denuncia que, a día de hoy, sigue abierta como Procedimiento Abreviado 95/2014, surgido de las Diligencias Previas 4246/11.


Marcador simultáneo:

Adra:  Amat 0, Crespo 1
Albox:  Mena Segura 0, Pérez Quiles 2.
Zurgena: Agrup. Local PSOE 1, Adela Segura 0.

Génova 13: Cospedal 3, Arenas 1.

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En relación con la información que hoy publico en "La Cuajadera" referida al líder de Ciudadanos en Almería, Miguel Cazorla, ex concejal del GIAL junto a Juan Megino, actualmente en la lista del PP, he tenido acceso en las últimas horas a las siguientes informaciones que por su trascendencia política me permito transmitir a los lectores de este blog:

1.- El pasado día 23 de marzo, un día después de las elecciones autonómicas en las que Cs obtuvo nueve escaños autonómicos, le fue remitido un correo electrónico al coordinador regional de la formación, Luis Salvador, en el que se le adjuntaba el Auto de marzo de 2014 de la Magistrada Dodero. El citado E-Mail estaba remitido, supuestamente, por un grupo de militantes de Cs con el nombre "Ciudadanos ejidenses enfurecidos". En el cuerpo del mensaje puede leerse, entre otras cosas, lo siguiente: "Estimado D.Luis Salvador ponemos en conocimiento de su persona este documento al que hemos tenido acceso una semana antes que salga en prensa convenientemente, ya que somos votantes y si es cierto no nos gustaría que se pareciese a otros partidos teniendo un líder provincial con tanto "ruido" alrededor suya; recordemos que "la mujer del cesar no solo ha de serlo,ha de parecerlo"; ruego pongan en conocimiento del secretario de organización Fran Hervías tal hecho porque no solo es la segunda (imputación), vienen más en la prensa de investigación según nos comunican".

2.- Con fecha de ayer, 11 de abril, un afiliado a Cs, Antonio Inocencio López Mejías, que dice no haber podido concurrir a unas primarias en Roquetas porque le han boicoteado desde la dirección provincial, ha remitido a la Comisión de Garantías de Ciudadanos, un extenso escrito en el que denuncia una serie de irregularidades supuestamente cometidas en el proceso interno de elección de candidatos por los señores  Miguel Cazorla, como coordinador provincial y los miembros de su dirección Roberto Baca, Secretario provincial y Diego Clemente coordinador local de Roquetas. Este último imponiéndose como candidato junto a su esposa como suplente en la lista. También denuncia prácticas internas atentatorias contra la Ley de Protección de Datos como la grabación en audio y video de reuniones internas sin el consentimiento de los presentes. Todo ello en una asamblea celebrada esta semana y que acabó como el rosario de la Aurora con una gran bronca interna entre militantes y los directivos locales/provinciales. También se denuncia posible manipulación del censo del partido al afirmar que "De las 18 personas últimas afiliadas, había dos del Partido Popular de Roquetas de Mar, que fueron afiliadas el día 27.03.15 a sabiendas que hasta el día 30.03.15 no iban a comunicar vía burófax al PP de Roquetas su baja, como así fue. Es decir, se vulneran los estatutos con “ la doble militancia “.

3.- Se culpa de todo ello directamente a Miguel Cazorla como la persona que habría impulsado y permitido un cúmulo importante de supuestas irregularidades por las que, se anuncia, se actuará ante la jurisdicción judicial pertinente. Y, de paso, se afirma lo siguiente en relación con la biografía judicial del candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Almería: "El Sr. Cazorla mintió, cuándo le preguntaron (por su situación procesal) no sólo a los afiliados de Almería sino a sus superiores jerárquicos,  a sabiendas que estaba imputado desde marzo 2014 en otra nueva causa, así como “supuestamente” está incurso en otro procedimiento como administrador y propietario de una mercantil por desahucio por impago a una cooperativa de agricultores. Se podría localizar esta última denuncia". 

4.- La extensa denuncia ante la Comisión de Garantías de Ciudadanos concluye con el siguiente párrafo: "Por todo lo expuesto anteriormente, solicito y solicitamos (en representación de una serie de afiliados) la expulsión inmediata del PARTIDO DE LA CIUDADANIA C´S, del Sr. Cazorla, del Sr. Roberto Baca y del Sr. Diego Clemente".

Este cronista ha intentado a lo largo de los últimos días conocer la opinión respecto de este complejo panorama almeriense ante Luis Salvador, Coordinador regional de Cs, así como ante Fran Hervía, Secretario de Organización del partido. Ni uno ni otro, de momento, han contestado a los mensajes remitidos en solicitud de información sobre lo que piensan hacer en los máximos órganos del partido de Albert Rivera.



domingo, 5 de abril de 2015

INFORMAR SOBRE ALMERÍA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 5 de abril de 2015.



Muchos lectores, oyentes o telespectadores me han preguntado en estos años por qué un periodista como yo, que ni ha nacido en Almería, ni vive en Almeria, ni tiene intereses de ningún tipo en Almería, le dedica tiempo y atención profesional a informar de lo que sucede en la provincia más alejada de la Metrópoli sevillana donde vivo y ejerzo el periodismo. 
La Semana de Pasión ha sido un buen momento para la reflexión -no necesariamente sobre cuestiones de fe- y por ello me permitirán salirme hoy de la habitual crónica puramente informativa para intentar contestar en voz alta a eso que, a muchos, les puede parecer una quijotada ya que no ven, por ningún lado, posibles beneficios económicos, políticos o profesionales. No todo en la vida de un periodista son beneficios, salvo la satisfacción de servir honestamente a los ciudadanos y a la democracia, les suelo responder.
Verán, aparte de que considero Almería una de las provincias más completas, emprendedoras, bella, hospitalaria y rica de Andalucía, siempre me llamó la atención los efectos que una insularidad no deseada ha acarreado sobre esta tierra. Almería, tras casi cuatro décadas de democracia, sigue siendo la provincia más incomunicada de España, tardíamente mejorada con la conclusión de la A-92. Con un aeropuerto a medio gas y con vuelos subvencionados, por no hablar del ferrocarril, que un día tapian los túneles del AVE, otro desisten del soterramiento y, cuando caen más de cuatro gotas, incluso provocan descarrilamientos. Menos mal que la conexión mediterránea por carretera ha permitido en la industria hortofrutícola, la del mármol o en el sector turístico, un crecimiento claramente beneficioso para que crezca el PIB (también la emigración).
Estas históricas carencias, mantener aislada a Almería política y económicamente, siempre creí que no ha sido casualidad y que el linaje político, el que ha gobernado los destinos de España, Andalucia y la provincia de Almería en estas décadas, ha permitido este estado de cosas en detrimento de un crecimiento económico a todas luces descabezado por la inacción de sus dirigentes locales. No en vano, a Almería, la han convertido en algo así como una provincia dormitorio o vacacional, que los políticos han usado a su antojo, como si de una vieja colonia se tratara. De aquí ha salido financiación partidista y, también, ha servido como bolsa de votos para políticos cuneros que, tras ocupar sus escaños, olvidan meses después donde quedaba la Puerta Purchena. Es un decir.

Colonia de Madrid y de Sevilla.

Este colonialismo que, a mi juicio, padece Almería desde hace muchos años, se traduce a nivel local en el funcionamiento de una clase política dirigente que ha estado más interesada en mantener sus propios privilegios de clase  -clan de intereses-, que en resolver los endémicos problemas de la provincia y sus ciudadanos. Y para ello, hace dos décadas largas, se institucionalizó una especie de omertá sistémica entre los dos grandes partidos - PSOE y PP- que han venido repartiéndose los papeles respectivos en el gran teatro de la política almeriense. Esa forma de hacer política ha permitido- está a día de hoy permitiendo- que la calidad de la democracia en Almería deje mucho que desear. Ese poder político, pasteleando entre bambalinas, aunque polemizando en nimias cuestiones en el escenario, ha acumulado tal poder de decisión que ha acabado contaminando gravemente los sistemas de control que un Estado de Derecho se otorga para para que funcione con limpieza y transparencia. Convendrá aclarar, de inmediato, que esa dolencia, desgraciadamente, no es exclusiva solo de Almería, sino de Andalucia y España en su conjunto, pero que en la provincia con menos densidad de población por kilómetro cuadrado, queda amplificada de tal forma que llama poderosamente la atención de quien la observa y la analiza desde fuera. 
Así se entienden las fuertes inversiones económicas, siempre con cargo al presupuesto público, tapando bocas mediáticas - con escasas y dignas excepciones como IDEAL- para que, de puertas afuera, solo salgan aquellas noticias que interesan a quienes se perpetúan en los sillones, controlando hasta el último euro de los presupuestos públicos. Esta circunstancia concreta, la bien regada omertá mediática, ha sido uno de los hechos que siempre me repugnó como periodista, algo que sucede en otras provincias pero con mucho menos descaro e impunidad. Que los políticos acaparen en primera fila, hace unos meses, una concentración en favor de la “libertad de expresión” convocada por periodistas - “Je suis Charlie”- lo dice todo sobre este déficit democrático.

Controlar la Justicia.

Pero hay más. El rancio abolengo político almeriense también intenta controlar otro pilar básico del control de la democracia como es la Justicia y, por ende, todos los instrumentos legales de los que se sirven los tribunales para hacer su trabajo como la Policia, Guardia Civil, Fiscalía, funcionarios etc. Infinidad de procedimientos “políticos” ralentizados o paralizados durante años, - lease Operación Poniente, Halsa,  Rifá, Auditorio etc etc -, son solo un síntoma de la existencia de grietas inquietantes en el edificio judicial almeriense. Bajo el pretexto cierto de la “falta de medios”, Fiscalía y Judicatura, justifican situaciones que, desde luego, no se dan en otras capitales y provincias. Y a los Eres, Formación y Marismas me remito. La plaza de Almería, para muchas togas, ha quedado convertida durante años en tierra de paso y promoción profesional al Olimpo judicial español. Por no hablar de inexplicables o escandalosas decisiones judiciales que, casi siempre, acaban beneficiando a quien en Madrid manda en el Ministerio de Justicia o influye en el CGPJ, ya sea del PSOE (ayer) ya del PP (hoy). Eso sí, cuando un político denuncia a un denunciante, la causa se tramita a una velocidad inusitada, como si de un robagallinas o un traficante de papelinas se tratase. Conclusión: cierta casta, la judicial, al servicio de “la casta”.
Y luego está el mundo de la empresa, los emprendedores, los que crean empleo, los que ven amanecer en sus tajos cada mañana y que con muchos sacrificios intentan mantener sus empresas sin ayudas, acribillados con impuestos o inspecciones. La mayoría indignados en silencio al comprobar como un selecto club de ¿empresarios? suelen aparecer- siempre los mismos y no más de quince- en este o aquel pelotazo económico, normalmente bajo el padrinazgo o en connivencia con la clase política dirigente, sus testaferros o familiares. Y podría seguir con otros estamentos que no escapan al control partidista como la universidad, comunidades de regantes, asociaciones, colegios profesionales, ecologistas de diseño, funcionarios e incluso partidillos que hacen ruido pero siempre dentro de un orden.
Como pueden apreciar un cúmulo de males generales de la democracia muy concentrados territorialmente y, por tanto, muy llamativos en una provincia donde todos conocen a todos. Y esto que cuento, visto desde la distancia, es lo que desde hace años me llamó la atención de Almería. Pero, sobre todo, confirmar como aquí en Sevilla, en la capital política y administrativa de la comunidad autónoma, los políticos de primera fila, han sido y son conocedores de este cúmulo de anormalidades democráticas que no solo han consentido y consienten, si no que se han aprovechado de ellas creyendo que los almerienses son tontos y no se enteran. 

Lo único positivo para romper esta ley de silencio no escrita entre el linaje político dominante almeriense, ha sido la irrupción de Internet, sus redes, medios de comunicación libres y, ahora, opciones políticas no contaminadas - de momento, que ya veremos algunas- que parecen dispuestas a liquidar, gracias al hartazgo, indignación y el voto de los ciudadanos, una lacra que tiene carcomido el sistema democrático en Almería. Por estas razones y no otras me sigue interesando lo que se ve y no quieren que se cuente en el escenario político almeriense. Feliz Resurrección a todos.

jueves, 2 de abril de 2015

SE ABRE LA CRISIS EN UPYD ANDALUCÍA


Martín de la Herrán y Rosa Díez en la campaña autonómica del 22M.
Foto: Agencia EFE.




Málaga, miércoles Santo. Cuando todo el mundo está pendiente en las calles de sus famosas y admiradas procesiones, los cinco miembros de la dirección local de UPyD toman la decisión de dimitir en bloque de sus cargos en el Consejo Local. Se trata de Daniel Galán, coordinador local, Noelia Losada organización y número dos de la lista autonómica, Pedro Javier Gómez  eventos, Fran Granados comunicación y redes y Carlos Hernández política municipal. La noticia, pese a coincidir con el inicio de la operación salida y el éxodo vacacional, corrió como la pólvora por las redes sociales. Se sabía, mejor se intuía desde hacía días, que algo iba a pasar en el partido de Rosa Diez en Andalucía, tras el fracaso electoral cosechado el domingo 22 de marzo y la pérdida de 54.754 votos respecto a las anteriores elecciones de 2012 .  Se respiraba calma tensa, tan solo alterada por algunos tuits críticos, pero si mayor trascendencia y sin que esta vez los más fieles al líder regional de UPyD respondiesen como solían,  a degüello, contra el autor o autora de la crítica constructiva o corrosiva. Era evidente que para esa clac ha habido un antes y un después del 22M. Pero lo que nadie podía imaginar es que la crisis se abriese justo en la provincia más importante para la organización, Málaga, donde mayores expectativas tenían para sacar representación  parlamentaria y a la que acudió, como paracaidista desde Jerez, el cabeza de cartel a la presidencia de la Junta -Martín Jacobo de la Herrán Sabick en su DNI- conocido en los carteles como Martín de la Herrán. 
Los militantes malagueños del partido no habían podido disfrutar demasiado en estos últimos tres años de la presencia de Martin de la Herrán hasta los días de precampaña y campaña en la que se empleó a fondo, desde el Palo a Torremolinos, pasando por la calle Larios con su insólita performance “desenchufa al corrupto” y que algunos en UPyD han comparado con los shows de Ruiz Mateos. Quiere esto decir que a Martín no le unía ningún lazo especial con Málaga en estos años de liderazgo regional del partido, algo que captaron muy bien al menos diez mil electores de UPyD de 2012 que dejaron de votarles en 2015.
Los cuadros malagueños del partido magenta no se cortaron un pelo a la hora de explicar el motivo de su dimisión en bloque. Recordaron que habían sufrido un serio revés electoral en las autonómicas, considerando que se debían asumir responsabilidades políticas por los errores cometidos y ya que Martín de la Herrán no dimitía, asumiendo parte de su gran culpa, lo hacían ellos. El Consejo Local de Málaga - como hace meses sucedió con el de Sevilla por enfrentamiento con De la Herrán y su fiel Secretaria de Organización- dejaba de estar operativo a la espera de que se cree una gestora que intente recomponer la situación con la vista puesta en las inminentes municipales.

- De la Herrán el 23M: “¡Casi entramos!”

El comportamiento post electoral de Martín de la Herrán ha sorprendido tanto o más que el que mantuvo durante el desarrollo de la precampaña o la propia campaña. El hombre que, de la noche a la mañana, quiso convertirse (disfrazarse mejor) como el único martillo pilón contra la corrupción socialista en la Andalucía de los Eres y la Formación, que pretendió presentarse como ejemplo de ética, estética y transparencia, se tornaba tras el escrutinio de la noche electoral en un hombre huidizo, sin dar la cara y, para muchos, “patético”, oculto tras “mamá Rosa”. El famoso video-selfie donde, con sonrisa de oreja a oreja, proclama  el desternillante “¡casi entramos!”  ha logrado por méritos propios engrosar la videoteca con los hitos más chuscos e increíbles de la última campaña andaluza.
Días después, coincidiendo con las primeras dimisiones en la dirección nacional del partido, De la Herrán salió de su silencio postelectoral y a través de su cuenta de Facebook escribía lo siguiente:
-“Abandonar el barco en este momento me parece temerario e irresponsable. El objetivo ahora debe ser impulsar a nuestros candidatos a municipales y autonómicas de otras regiones para levantar este proyecto, corrigiendo los errores y asumiendo las conclusiones del próximo consejo políticos nacional. Tras la cita electoral de mayo, habrá tiempo para dimisiones, ceses y lo que haga falta. De nada sirve ahora esconderse, tenemos que empujar más fuerte que nunca. ¿Os apuntáis?”
El comentario lo ilustraba con un enlace a una información con unas declaraciones de Rosa Díez donde afirmaba que “De la Herrán no es el culpable del resultado electoral en Andalucía”. De momento la dirección del partido en Málaga no parece que haya estado dispuesta a “apuntarse”  a esa invitación lanzada desde la red social por su cabeza provincial de lista y jefe regional de la formación.
Aferrado al cargo, pese a haber sido derrotado en la primera linea de batalla, como la propia Díez, su gran protectora que le acompañó en casi toda la campaña, balleta anticorrupción en mano, Martín de la Herrán es la tercera consulta electoral a la que se enfrenta en su vida sin resultado positivo. La primera vez fue como candidato a la alcaldía de Jerez, su pueblo, donde solo le votaron 3.022 jerezanos sin lograr el acta de concejal. Fue a raíz de aquella primera derrota local cuando Díez y su entorno le impulsan como jefe de filas de UPyD en Andalucía y logra ser nominado candidato a las autonómicas de 2012, en las que tampoco consiguió ningún escaño para la denominada entonces “tercera vía”, aunque sí obtuvo cincuenta mil votos más que ahora. En aquella contienda de hace tres años, de la Herrán, no hacía ascos en privado a, llegado el caso y la necesidad, prestar sus posibles escaños a Javier Arenas con tal de quitarle al PSOE el gobierno de la Junta. Pero ni hubo escaños magenta ni Arenas pudo formar gobierno frente a la coalición de izquierdas.

-Anticorrupción, pero menos.

Abogado en ejercicio, con despacho abierto en Jerez, - político a tiempo parcial- se hizo famoso en Cádiz por apoyar la causa “SOS bebés robados” . Su filosofía como político nada tiene que ver con la generalidad que nos rodea. Martín, y así lo reiteró en esta última campaña, entiende que un parlamentario no debe cobrar por ese trabajo y debe vivir de su profesión u ocupación previa al escaño, anunciando en Tv que si salía elegido diputado por Málaga renunciaría a cualquier tipo de emolumento ya que viviría de su sueldo pleiteando en los juzgados. 
Su actividad contra la corrupción en Andalucia en estos últimos tres años o no ha sido tal o se ha visualizado poco en los medios, en las redes o en la propia página web del partido. De la Herrán se ha quejado sistemáticamente de un supuesto boicot mediático en Andalucia a UPyD que impedía que la opinión pública andaluza conociese su labor en este aspecto. Algo que no sucedía con las informaciones generadas por el partido en Madrid, destacando un enorme protagonismo en los medios andaluces asuntos como el caso Bankia o Banca Cívica, por citar los de mayor repercusión mediática y calado político. Aquí lo intentaron con Caja Granada, pero de aquella denuncia nunca más se supo. Tampoco se les ocurrió indagar sobre lo sucedido con Banca Cívica en Andalucia a través de la sevillana Cajasol. Se personaron en el caso UGT, siempre a remolque de las denuncias de prensa y también denunciaron en la Fiscalia de Huelva un supuesto uso irregular de fondos agrícolas, previamente denunciado por dos vecinos de Valverde del Camino y que dio pie a la entrada y registro de la Guardia Civil en la Diputación provincial pocas semanas antes de la campaña. En definitiva, si UPyD Andalucía ha luchado contra la corrupción poco le ha lucido. De la misma forma que De la Herrán no hizo caso a la documentación que se le entregó en Almería, por cuadros y militantes de su partido, sobre casos que afectaban al PP en la provincia y sobre los que UPyD solo ha batallado a nivel local y provincial casi en solitario. Nunca, desde la dirección regional, se les dio respaldo público a sus denuncias, ni siquiera cuando resultó imputado el alcalde popular de El Ejido (90.000 habitantes) y el concejal de UPyD fue el único partido que pidió públicamente la dimisión de Francisco Góngora, investigado por supuesto fraude fiscal.
De la Herrán protagonizó en este última campaña una de las escenas más insólitas y llamativas en el transcurso de un multidebate a siete en Canal Sur TV. Con tono elevado, más bien sobrado y bastante desahogado, se levantó de su asiento y, uno a uno de sus adversarios, les fue entregando su respectiva “nota” emitida por Transparencia Internacional. (Por cierto, el mismo organismo que en en 2009 situó en su informe anual al ayuntamiento de El Ejido en quinto lugar de transparencia andaluza, dato que su alcalde de entonces conoció en prisión a resultas de la Operación Poniente).

-Sin democracia interna.

Pero si discutible ha sido el trabajo público del líder regional de UPyD que se resiste a asumir responsabilidades políticas y dimitir por lo sucedido el 22M, mucho más discutible parece ser su trabajo interno en la organización. Mano dura con el discrepante, camarillas adictas e incumplimientos de los estatutos han sido moneda común en la gestión de la formación, según cuentan diversos militantes del partido. Un ejemplo que recuerdan destacados cuadros, está en el denominado Consejo de Política Territorial de UPyD en Andalucia, con seis años de vigencia, habiendo caducado desde hace dos en que debía haber sido renovado. Muchos de sus miembros, aseguran, ni siquiera están ya en el partido porque se han dado de baja y creen que al haber dimitido la mayoría de los miembros se debería elegir uno nuevo, tal y como ordenan las normas internas. Por no hablar de la ausencia de primarias para las municipales en muchos municipios importantes,  bandera de la que presume UPyD de puertas afuera.
La afiliada Nº 7302, militante Granadina de UPyD, que dimitió a finales de 2014 de su cargo en el Consejo Político Territorial, narra en un post de su blog personal una serie de reflexiones sobre la vida interna del partido dos días después de las elecciones. Tras recordar que UPyD Andalucía está dirigido fundamentalmente a través de grupos de WhatsApp, desde donde se imparte doctrina por el líder y su cinturón de máxima confianza,  escribe lo siguiente:

-“En UPyD no tenemos corruptos, no. Lo que sí tenemos es a un inepto (políticamente hablando, siempre) rodeado de unos pagafantas palmeros y de un gañán con pretensiones que se han encargado de cargarse el partido en Andalucía y de herirlo gravemente, por tanto, en el resto de España. Tanto trabajo, ilusiones y buen proyecto...¡que pena!. Cuando dije que no votaría al "Señor" Martin de la Herrán en las primarias para elegir a nuestro candidato a la junta, dije textualmente (copio y pego de Facebook): Como bien dice Rosa Díez: "El que vota a quien le ha fallado, demuestra tener una autoestima muy baja”. Y concluye: “Dimití como miembro del Consejo Territorial de Andalucía pero seguí y seguiré siempre partiéndome la espalda trabajando por el único proyecto político en el que creo. Así lo he hecho en la campaña a las andaluzas (aún pasando mucha vergüenza ajena por lo ridículo de la misma) y así lo seguiré haciendo a pesar de los difíciles momentos. Yo dimití, pero aquellos que no tienen educación ni respeto por los compañeros y que se hacen selfies  de cachondeo, a pesar de la mala noche electoral que pasábamos, esos no dimiten”.

miércoles, 1 de abril de 2015

PODEMOS ANDALUCÍA, DEL REALISMO A LO IMPOSIBLE

Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucia.
Foto: Agencia EFE.



“Seamos realistas, pidamos lo imposible” fue una de las consignas más coreadas en mayo de 1968 por los estudiantes del Mouvement 22 mars, liderado por Daniel Cohn-Bendit y que puso contra las cuerdas al gobierno del general Charles De Gaulle en el famoso “mayo francés”.
Cuarenta y seis años después, en pleno ´mayo andaluz´, el movimiento Podemos, aquel que comenzó en la primavera de 2011 en las plazas españolas clamando desde el 15M “democracia real ya” y que la derecha llegó a insinuar que había sido un invento promovido por Alfredo Pérez Rubalcaba, ha retomado aquel eslogan para hacer valer la fuerza de 15 escaños obtenidos en las últimas elecciones autonómicas del 22M.
Como se sabe, el reparto electoral resultante del primer día de la primavera de 2015, propició el descalabro de la derecha, no le dio al PSOE mayoría absoluta y, por vez primera, en el Parlamento de Andalucia, el bipartidismo quedaba encajonado entre Podemos, Ciudadanos e IU.
Unos resultados que, necesariamente, obligan al pacto y a los acuerdos para la gobernabilidad de Andalucía, tal y como acaba de urgir Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo de Andalucía.
En estos días, la ganadora de las elecciones pese a haber perdido 118.000 votos respecto a 2012, Susana Díaz, intenta buscar la salida legal para que pueda materializarse su investidura. De tal forma que, si no consigue la abstención de los dos nuevos partidos emergentes -  especialmente Podemos-, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos o coalición para gobernar, la presidenta en funciones estaría abocada a convocar para septiembre unas nuevas elecciones autonómicas. Paradojas de la política: si ello llegase a suceder muy posiblemente las nuevas autonómicas andaluzas volverían a coincidir con las generales, como tantas y tantas veces ocurrió en el pasado.
En la ronda de entrevistas que Susana Diaz inició con los líderes de su oposición en su particular “semana de pasión”, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, puso sobre la mesa cuatro condiciones fundamentales para abstenerse y posibilitar la investidura de la Presidenta Díaz. Tres de esas propuestas, a priori, serían perfectamente asumibles por el PSOE, en tanto su ejecución está basada en decisiones políticas que no cuestan dinero a los contribuyentes y, lo más importante, reflejarían una acción de gobierno pragmática y muy en la linea con lo que Podemos ha venido defendiendo en su campaña electoral reciente.

Las condiciones de Podemos.

A saber: que la Junta cancele sus relaciones comerciales con aquellas entidades bancarias que, en Andalucía, siguen practicando inhumanos desahucios contra familias en el umbral de la pobreza. La segunda medida es aligerar la nómina de la administración paralela y clientelar, en beneficio de aquellos funcionarios despedidos en sectores vitales como la sanidad o la enseñanza; y que la lista de contratados, no funcionarios, con sus sueldos y cargos se haga pública. Tercera, hacer responsables subsidiarios a los partidos en los casos de corrupción política protagonizados por sus militantes. Y cuarta, la más llamativa por imposible: que Manuel Chaves y Pepe Griñan dejen sus actas de diputado y senador respectivamente, al estar investigados - imputados- por el Tribunal Supremo en el escándalo de los Eres.
Desde luego de estas cuatro propuestas o condiciones de Podemos Andalucía, solo hay una que no está en manos de Susana Díaz admitir. En concreto la referida a la dimisión como parlamentarios de los ex presidentes Chaves y Griñán. Y no puede acceder a ellas por dos razones muy concretas. Por un lado las actas son propiedad de sus titulares y deben ser ellos, voluntariamente, los que deberían acceder a renunciar. Y por otro, y esta tiene su calado jurídico, político e incluso emocional, que en caso de dejar sus actas en el Congreso y Senado, ello llevaría consigo la inmediata pérdida de aforamiento en tanto que no está decretada aún vista oral, lo que les colocaría, sin ningún género de dudas, en manos de la Juez Mercedes Alaya, como instructora del Caso Eres, obsesionada justiciera, más contra la cúpula política de la Junta que contra los que se han llevado la pasta. (Ahí está el clan de la Sierra Norte, con delitos prescritos por la tardanza en la instrucción).
El pasado sábado, en la Sexta Noche, Iñigo Errejón al ser preguntado por las condiciones que ponía Podemos a Susana Díaz para, con su abstención, posibilitar la investidura , hizo referencia  sorprendentemente solo a las tres primeras condiciones, no citando en ningún caso la referida a los ex presidentes. En esa misma línea, horas después, se pronunciaría la dirección nacional de Podemos, evidenciando un previsible desencuentro de posturas entre Madrid y Sevilla.
Teresa Rodríguez, de vacaciones en estos días, se encargó de ratificar de inmediato, vía Twitter, la polémica exigencia, con lo que, a día de hoy, podríamos estar asistiendo a la primera gran disensión, pulso o bronca interna de Podemos con los intereses andaluces de por medio.

Que pensarán los votantes.

La única duda que sobrevuela esta decisión crucial de Podemos Andalucía es si el medio millón de votantes que le dieron su respaldo el 22M considerará más importante obtener la cabeza de dos cadáveres políticos - Griñán con su dimisión como Presidente de la Junta asumió su responsabilidad política en los Eres, cosa que nunca hizo Chaves, el gran responsable político del escándalo- o por contra poner firmes a la gran banca en Andalucia, depurar la abultada administración paralela y que los partidos asuman con sus fondos las fechorías de quienes metan la mano en la caja pública. A estas tres cuestiones la muy pragmática y osada  Susana Díaz es capaz de decir que sí, pero la referida a Chaves y Griñan, aunque quisiera, no puede acceder.

Los de Podemos en Andalucía, con la voluntad de ser realistas pidiendo lo imposible, como los universitarios del mayo francés del 68, podrían estar dejando pasar la oportunidad de demostrar que medio millón de votos del desespero y la indignación  han servido para algo más que para ejercer de forenses de dos ilustres políticos socialistas más que amortizados. Sería muy decepcionante que una llamativa petición, que comparten con la derecha del PP y Ciudadanos, diera al traste con otras tres propuestas que sí interesan a la ciudadanía y a la transparencia que mayoritariamente reclama la sociedad andaluza de 2015. 

martes, 31 de marzo de 2015

LA JUNTA SE CAE DEL GUINDO EN EL “CASO MARISMAS”


José Luis Sánchez Teruel comparte divertidas confidencias
con Susana Díaz en uno de los recientes mítines de la campaña electoral
en Almería. (Foto: Agencia EFE)



La Junta de Andalucia, a través de su Gabinete Jurídico, decidió a mediados del pasado mes de febrero personarse en la causa abierta en el Juzgado Nº 16 de Sevilla a propósito del conocido como ´Caso Marismas´. Un escándalo de corrupción económica, con fondos europeos y andaluces de por medio, en una supuesta mejora de los regadíos en las Marismas del Bajo Guadalquivir, presupuestada en más de 60 millones y que afecta como perjudicados a más de 900 pequeños y medianos agricultores de la comarca. 
En este asunto están siendo investigados miembros de la directiva de Comunidad de Regantes que adjudicó la obra inicial, técnicos y ejecutivos de las constructoras implicadas, así como altos funcionarios y cargos políticos de la Consejería de Agricultura de la Junta. En concreto la Justicia intenta determinar las responsabilidades penales por el uso de unos 40 millones de euros procedentes de fondos europeos y Junta de Andalucía.  En el escrito elevado al Juzgado por la Junta, para que se le permita ser parte en el procedimiento, da la sensación de que el Gobierno se acaba de enterar de lo sucedido. “Nada más lejos de la realidad”, recuerdan los regantes.
La investigación policial, a cargo de la Guardia Civil, está siendo extensa y discreta. Incluso elogiada por el Fiscal Anticorrupción asignado al caso. Desde Europa, la Oficina Antifraude (OLAF), sigue con mucha atención el desarrollo de este procedimiento. Están especialmente sensibilizados en Bruselas tras emitir un durísimo informe sobre las irregularidades detectadas en su propia investigación sobre el terreno y, de paso, han pedido al Juzgado que, a ser posible, se les mantenga informados del alcance de las indagaciones y responsabilidades halladas.
La investigación judicial como tal arrancó hace más de un año, coincidiendo con la llegada a la presidencia de la Junta de Susana Díaz, tras haber deambulado la denuncia de la actual directiva de la CCRR, de juzgado en juzgado, sin que nadie quisiera meterle mano a esta patata caliente por la complejidad del asunto, con la Junta de Andalucia y la multinacional andaluza Abengoa  de por medio. Casi nada para un juzgado comarcal.
En estos meses, y tras decretar la Audiencia de Sevilla que debía ser el Juzgado Nº 16 de la capital el que se hiciera cargo de instruir la causa -frente al criterio que apuntaba al Juzgado de Utrera donde la Fiscal Jefe de Sevilla remitió la primera denuncia de los regantes- el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, tras las primeras propuestas de imputaciones elevadas por la Guardia Civil en mayo, tomó la diligente decisión de ordenar la investigación desde la génesis del problema, que se sitúa allá por el año 2004/2005 y seguir, año tras año, hasta nuestros días, delito por delito y uno a uno sus posibles responsables. De momento lo investigado hasta ahora hay que situarlo entre el arranque del proyecto y el año 2007. Se sigue trabajando con los años sucesivos. El balance provisional de imputados se eleva a 21 personas, entre los que destacan, desde la perspectiva política, dos ex directores generales de  regadíos de la consejería de Agricultura la Junta de Andalucía.

Un politico en activo.

Fuentes conocedoras del caso estiman que, al final de la instrucción, casi medio centenar de personas podrían resultar sometidas a investigación o, más exactamente, imputadas judicialmente. De todos los ex altos cargos de Agricultura imputados o propuestos para serlo, solo uno aparece en la política activa en la actualidad. 
Se trata del actual Secretario General del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ex alcalde de Chirivel, cabeza de lista en las últimas autonómicas y uno de los cinco diputados almerienses que, en breves fechas, tomará posesión del escaño en el Parlamento de Andalucía, quedando nuevamente aforado. Sánchez Teruel, que ocupó la dirección general de regadíos en 2008 como cargo de confianza del consejero, también almeriense, Martín Soler, ya fue propuesto al Juez por la Guardia Civil como imputable en mayo de 2014, semanas antes de que el Magistrado reordenarse la instrucción y decidiese arrancar desde el inicio. Al líder socialista almeriense, los denunciantes, las pruebas acumuladas y las diligencias practicadas, le señalan como responsable de haber cometido supuestamente varios delitos. Quizás lo más vistoso de todo sean las supuestas presiones y amenazas ejercidas contra la CCRR, bajo la advertencia de que perderían sucesivas subvenciones de la Junta, todo ello para forzarles a que adjudicasen la finalización de la obra a una UTE liderada por el Grupo Abengoa, cuyos altos cargos también están siendo investigados en esta fase. Teruel, además, llegó a certificar con su firma la existencia de unos 19 millones de euros para - si se le adjudicaba a la UTE  integrada por Befesa del Grupo Abengoa- una ampliación extraordinaria del presupuesto, a todas luces ilegal, según determinó la OLAF en su demoledor informe.
A finales de 2013, cuando comenzaron a ver la luz periodística las primeras denuncias de los regantes, Sanchez Teruel fue quizás el único cuadro socialista que no solo intentó desmarcarse y eludir responsabilidades públicamente, sino que hizo lo que pudo y más para censurar informaciones de prensa - matar al mensajero- que le citaban en el escenario de la corrupción del Caso Marismas. Pese a todo, Susana Díaz, le ha mantenido al frente de la Agrupación de Almeria y, además, ha permitido que liderase la última lista almeriense al Parlamento. Porque, a todo esto, en este último año tanto el Gobierno de la Junta como el PSOE , noqueados por los Eres, han mirado para otro lado en este asunto, como dando a entender que no era importante  y, por supuesto, que en poco o en nada podría afectar a personalidades relevantes del socialismo andaluz con mando estos últimos años en la Junta de Andalucía.
No obstante, el informe de la OLAF a primeros de año, supuso un punto de inflexión para que empezasen a encenderse pequeñas luces rojas de alarma en el gobierno de Susana Díaz. Una primera consecuencia sería la orden dada a los Servicios Jurídicos de la Junta para solicitar la personación y, de esta forma, conocer en profundidad el calado de un procedimiento que crece como la espuma y que algunas fuentes aseguran que “podría tener, al final, tanto o más calado político que el de los Eres o la Formación”. (Parece que se refieren a nuevas lineas de investigación surgidas de o en conexión con el Caso Marismas).

La Junta se hace de nuevas

De forma directa y sin que mediase ofrecimiento del Juzgado, la Junta decide personarse con el pretexto - lógico a priori- del interés de velar por los intereses de los dineros públicos empleados en la obra. Da la sensación, leyendo los cinco folios donde se argumenta la solicitud de personación que, de la noche a la mañana, los responsables de la Junta se han caído del guindo, especialmente tras leer el informe de la OLAF y comprobar que esto es serio y va muy en serio.
Una actitud que, de inmediato, obliga a retrotraerse a los últimos años  para recordar la de veces que los actuales directivos de las CCRR han elevado a la propia Junta denuncias concretas y documentadas con los mismos papeles que, ante la inacción de la administración autonómica, acabaron llevando a la oposición (PP e IU), a la Justicia, al Ministerio de Agricultura, la OLAF y al mismísimo Parlamento de Andalucía de la mano del dirigente comunista Diego Valderas  (antes de estar gobernando IU en coalición con el PSOE) y la diputada popular Dolores Calderón que, por supuesto, mantuvo informados a Javier Arenas como líder del grupo popular y aspirante a Presidente y su mano derecha, Antonio Sanz, hoy Delegado del Gobierno de Rajoy en Andalucía. “Javier Arenas también tuvo en sus manos la documentación que acusaba a la Junta y al Grupo Abengoa de lo sucedido en las Marismas del Guadalquivir”, afirman los agricultores perjudicados. Unas denuncias de las que han tenido puntual conocimiento, también según los regantes, los exconsejeros Clara Aguilera, Luis Planas e incluso la actual Elena Víboras. Y que, previamente en pleno conflicto , fueron comunicadas a las administraciones agrícolas dirigidas por los anteriores exconsejeros  Isaias Perez Saldaña y Martín Soler, a cuyos directores generales respectivos se les comunicó en persona y por escrito las irregularidades.
En base a todo esto, los denunciantes del Caso Marismas, estudian oponerse a que se acepte la personación de la Junta de Andalucia ya que, de todas  las comunicaciones y denuncias habidas en estos años ante la administración autonómica, dicen tener pruebas más que suficientes. “La Junta siempre lo ha sabido y nunca ha hecho nada por evitarlo o investigarlo. ¿A que viene ese paripé ahora?” se preguntan.  Y como guinda a todo este pastel, el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, en una de cuyos actos la entonces consejera Clara Aguilera - hoy eurodiputada del PSOE- llegó a manejar un informe con graves falsificaciones de la realidad, realizado por técnicos de la empresa pública de la Consejería de Agricultura denominada Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP).
A la vista de todas estas circunstancias, no resulta muy aventurado vaticinar que el ´Caso Marismas´ va camino de convertirse en el primer novedoso escándalo - junto al ya conocido de la Formación- que estrene una Legislatura, donde la oposición mayoritaria al PSOE parece dispuesta a no dejar pasar  por alto ni una sola Comisión de Investigación parlamentaria. Este asunto, por lo que se ve y por lo que se intuye, la está pidiendo a gritos. La Comisión de investigación Parlamentaria, claro.