domingo, 23 de junio de 2013

OPERACIÓN TRES REYES: ESPERANDO QUE CONTESTE DEFENSA Y EL CNI


 “Defensa no contesta, tampoco el CNI”. La instrucción del sumario  del conocido como Caso Tres reyes  en Almería ha quedado semi paralizada desde hace semanas en espera de una respuesta oficial a la Juez, quien ya ha preguntado sobre los supuestos espías del caso varias veces y por escrito. Quienes deben responder son el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, a los que se les pregunta si los principales encartados en la operación, dos de ellos en prisión desde hace más de dos meses, son, han sido, colaboran o han colaborado en labores de inteligencia al servicio del Estado.
Unas preguntas que emanan directamente, desde el minuto uno de la instrucción, de la propia denuncia presentada por el empresario supuestamente extorsionado Manuel Rodríguez Lozano - el dueño de los dinares iraquíes- escrito donde ya se habla de los supuestos agentes del CNI. Luego, en el desarrollo de las declaraciones de los encausados o testigos, todos, coinciden al apuntar que los encartados son supuestos agentes al servicio de La Casa. La guardia Civil, sin embargo, niega desde el primer momento en sus conclusiones que ninguno de ellos sea funcionario militar o del CNI.
Es importante conocer la respuesta a esta incógnita ya que, en función de la misma, el Caso Tres Reyes puede pasar de todo a nada o, también, de nada a todo.
Tampoco se tiene noticia sobre el resultado de la prueba pericial solicitada por la Juez entorno a los carnets y placas intervenidas a varios imputados, credenciales parecidas a las que usarían los agentes de la inteligencia española. Se trata de determinar si estamos ante una burda falsificación. En ello parece que se está, también con paso lento. De armas ni se habla, porque solo apareció en un registro una funda de pistola y balas de fogueo.
La defensa del Abogado del Estado Demetrio Carmona, imputado junto a su abogado, amigo y socio Rogelio Vargas y también el empresario Ángel Morales, ha presentado esta semana un contundente alegato donde no solo intenta demostrar la inocencia de sus defendidos con abundante documentación adjunta. En su argumentación, de paso, asesta un duro golpe en la línea principal de investigación de la Guardia Civil, a los que deja en evidencia en numerosas ocasiones por sus valoraciones en los informes  acusatorios aportados a la Causa durante la fase de investigación.

-"Denuncias inducidas"

El abogado defensor Miguel Ángel Campos Sánchez no ahorra  pues los trazos gruesos en el ejercicio de defensa para definir el trabajo de los investigadores, en este caso de la Guardia Civil.
Así habla de “interpretaciones sesgadas”, “sin prueba alguna sobre tal aseveración”, “incongruente”, “se falta a la verdad”, “falta de rigor o error manifiesto”, “incoherente”, “falaces, sin ningún pudor”, “gravísimo error interpretativo”, “los investigadores yerran”, “apuestan por denuncias inducidas” y se asegura que fue desde el centro de detención – la Comandancia de la G.C. de Almería- desde donde se filtró a los medios el nombre del Abogado del Estado, detenido el 18 de abril, el día que arrancó la Operación Tres Reyes.
En la argumentación técnica de las alegaciones que acaba solicitando el sobreseimiento libre y archivo contra Carmona, Vargas y Morales, subyace, por tanto, una severa crítica a como se ha investigado este asunto. Crítica que, de ser cierta y confirmarse por la magistrada con un archivo o sobreseimiento, daría pié a la necesaria búsqueda de otras explicaciones o motivaciones de quienes han intervenido, directa o indirectamente, por activa o por pasiva, en este culebrón de supuestos espías, guardias y ladrones.
Resulta especialmente llamativa toda la documentación presentada acompañando las Alegaciones en la que queda, más que patente, como la Guardia Civil es la que busca – “denuncia inducida”- a los más encarnecidos enemigos del Abogado del Estado. Ex socios en los negocios familiares a los que se llama para tomarles declaración como perjudicados, en tanto que supuestos receptores de amenazas y extorsiones en lo que manifiestan los imputados era una negociación normal  entre ex socios reclamando deudas, denuncia que no habrían hecho de motu propio. Unos y otros cuentan su versión, Carmona aporta ahora documentos muy clarificadores que contextualizan lo que parecía que tenía pinta de película de buenos y malos, héroes y villanos.
La aportación de varios correos electrónicos, amén de retazos de conversaciones del propio sumario, demuestran una normalidad e incluso cordialidad en las negociaciones de las partes, todo ello fechado antes y después de las supuestas amenazas, algo que evidentemente desmonta la tesis policial  que apuesta por la consumación de amenazas y la extorsiones.

- 4.000 millones de dinares

También intenta despejar la defensa las dudas entorno a la participación de Carmona y su entorno en la venta, a través de la banda, de cuatro mil millones de dinares iraquíes, propiedad de Rodríguez Lozano de El Ejido. Para ello se acogen al hecho de haber avisado al vendedor, antes de la encerrona que padeció por los supuestos agentes, para que se apartase de la negociación. Reunión a la que, no obstante, asistió Rodríguez Lozano para continuar con el trato de venta y recuerdan que el propio Rodríguez otorgó semanas antes poderes notariales a un miembro de la banda, autorizándole a gestionar la venta del dinero custodiado en una nave de Securitas. O sea, que Lozano también creyó ciegamente que estaba ante gente seria, en concreto siempre pensó que se trataba de altos funcionarios de la Inteligencia española.
Tenia todo tal apariencia de legalidad que, además de un Abogado del Estado, incluso aparece en escena un hispano al que se identifica como agente de la CIA, interesada, según contaron los que decían ser del CNI, en que esos billetes de “los tres caballitos” volasen hacía los EEUU donde había gente interesada.
Demetrio Carmona, a través de su defensa, ha sido prudente para no abrir nuevos frentes en esta compleja  y seguramente incómoda instrucción para la Juez. Por ejemplo no incorpora para su defensa el hecho cierto que consta en el sumario donde el supuesto capitán y su principal colaborador natural de Mojacar, al margen de Carmona y sus socios, establecen contactos con la familia Berruezo para hablar de negocios futuros, uno de los empresarios que declara haber recibido presiones, amenazas y que temía por la seguridad de sus nietos.
Como tampoco pregunta, en este momento, por los aspectos más “políticos” que también confluyen en esta historia y que legitimaría en gran medida “su verdad”. Por ejemplo el reflejo de determinadas llamadas telefónicas en el sumario, conversaciones que a juicio del Abogado del Estado confirmarían como cierto todo cuanto él ha declarado en estos dos meses últimos, ante la G.C, la Juez o los periodistas.
Falta en las transcripciones, por ejemplo, la llamada del conseguidor catalán vinculado al PP, Josep Abad Marcos, actualmente en prisión, al presidente de la Diputación de Almería concertando una cita para hablar del cese de Demetrio del cargo de Jefe de la Abogacía. O la que recibe el 19 de abril Demetrio Carmona, en su teléfono intervenido, de un Teniente General de la Guardia Civil “en activo”, llamada “muy clarificadora” apunta Carmona. Un día después la jueza, a petición de los investigadores de la Benemérita, ordena que se paralicen los controles telefónicos a los imputados.

-Primer cadáver civil.

Como se apuntó más arriba, la complejidad de este asunto es más que notable, pero difícilmente se podrá desenredar la madeja si la Justicia no se pone las pilas y exige, desde su independencia como Órgano Jurisdiccional, que se la auxilie y se le aporte la información que reiteradamente reclama, sin éxito de momento.
Demetrio Carmona del Barco es la principal víctima social de este proceso. Buscando defenderse, acabó metido en una enorme trampa, en la mismísima boca de lobo.
Su imagen pública ha sido pisoteada y algunos lo hicieron con saña y placer, condenándolo sin escucharle a ser un cadáver civil. El gobierno del PP le relevó y le cesó como Jefe de la Abogacía tres días después de que comenzasen las investigaciones de la Guardia Civil en la Operación Tres Reyes. Creen, sus enemigos, que por fin le han destruido. Aunque a veces los finales son confusos e inciertos. A punto estuvieron de lograrlo en 2008, cuando uno de los empresarios supuestamente amenazado en Tres Reyes, el poderoso amigo de acharolados y relucientes tricornios, Estanislao Berruezo, le denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. La misma que, a través de su delegado en Almería, sometió durante meses al entonces Jefe de la Abogacía a una exhaustiva indagación, sin que el afectado tuviese noticia de que lo investigaban. Nada se pudo demostrar entonces, según dictaminó la Audiencia Provincial. La Fiscalía, por su parte, nunca actuó para defender el honor de un alto funcionario público que había sido acusado, sin pruebas, de graves delitos no probados.
Años después, el verano pasado, los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera de Almería, con un tijolense al frente, también le rozaron la taleguilla al Abogado del Estado al meter en el sumario del Caso Rifá una conversación suya con uno de los imputados. Una charla parece que sin excesiva trascendencia por lo que se lee, pero que dejaba el nombre de Demetrio Carmona escrito en un sumario de gran calado donde se investigan importantes delitos económicos: estafa, defraudación tributaria, blanqueo de capitales, evasión, alzamiento de bienes y organización criminal.
Y poco antes del estallido de la O Tres Reyes, asegura Carmona, "tengo constancia de que el sub delegado del Gobierno, Andres García Lorca, estuvo advirtiendo a algunas personas que se alejaran de mi".
Entorno al Jefe de los Abogados, sostiene el propio afectado, parece que se ha ido tejiendo durante estos años una espesa tela de araña, con el concurso de importantes escalafones funcionariales del Estado en Almería y fuera, que han acabado con su Carrera de veinticinco años como Jefe de la Abogacía en la provincia y con su buen nombre y reputación.
Ahora sí está tocado, más bien herido, “pero no hundido” confiesa cuando se viene arriba. Mientras, sigue refugiado en su fe de católico, la única que siempre le acompaña y que no le ha abandonado. Y de vez en cuando, mientras espera que se aclare esta pesadilla que está viviendo, creyendo adivinar mensajes subliminales de "esperanza y de justicia" en el Evangelio que escucha en la misa de cada mañana.


Última hora:

En la mañana de hoy, 24 de junio, el Abogado del Estado Demetrio Carmona, ha tenido conocimiento por buró fax, de la apertura de un Expediente Disciplinario por parte de la Directora General del Servicio Jurídico del Estado, Doña Marta Silva de Lapuerta, estrecha colaboradora desde hace años del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Según figura en dicho escrito, la decisión de abrir expediente se tomó por la Sra Silva tan solo horas después de que hubiese sido detenido Demetrio Carmona e imputado por la Guardia Civil en la Operación Tres Reyes el pasado 19 de abril. Y afirma que toma como base de su decisión la información de esa misma mañana, día 19 de abril, en la prensa local de Almería.
Para los abogados del equipo de defensa de Carmona, este hecho resulta “insólito e inédito, una sorpresa total y absoluta, ya que estamos ante un ataque frontal al principio de presunción de inocencia”.
Hacen también especial hincapié los juristas al comentar los motivos esgrimidos por la máxima responsable de los servicios jurídicos del Estado para justificar la apertura tan precipitada del expediente disciplinario.
Le acusan de un posible “descrédito para la imagen de la Administración Pública”.  Sería la primera vez, que se conozca, afirman “que tan altas instancias abren un expediente de estas características, sobre todo cuando arrancaba una investigación con un sumario declarado secreto y no existe decisión judicial de ningún tipo que afecte al funcionario". Y se preguntan: "¿Esperará  la Sra Silva a lo que determine la Justicia en su momento sobre las responsabilidades del Sr Carmona?”.


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