“Defensa no contesta,
tampoco el CNI”. La instrucción del sumario
del conocido como Caso Tres reyes
en Almería ha quedado semi paralizada
desde hace semanas en espera de una respuesta oficial a la Juez, quien ya ha
preguntado sobre los supuestos espías del caso varias veces y por escrito.
Quienes deben responder son el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de
Inteligencia, CNI, a los que se les pregunta si los principales encartados en
la operación, dos de ellos en prisión desde hace más de dos meses, son, han
sido, colaboran o han colaborado en labores de inteligencia al servicio del
Estado.
Unas preguntas que emanan directamente, desde el minuto uno
de la instrucción, de la propia denuncia presentada por el empresario supuestamente
extorsionado Manuel Rodríguez Lozano - el dueño de los dinares iraquíes- escrito donde
ya se habla de los supuestos agentes del CNI. Luego, en el desarrollo de las
declaraciones de los encausados o testigos, todos, coinciden al apuntar que los
encartados son supuestos agentes al servicio de La Casa. La guardia Civil, sin embargo, niega desde el primer
momento en sus conclusiones que ninguno de ellos sea funcionario militar o del
CNI.
Es importante conocer la respuesta a esta incógnita ya que,
en función de la misma, el Caso Tres
Reyes puede pasar de todo a nada o, también, de nada a todo.
Tampoco se tiene noticia sobre el resultado de la prueba
pericial solicitada por la Juez entorno a los carnets y placas intervenidas a
varios imputados, credenciales parecidas a las que usarían los agentes de la
inteligencia española. Se trata de determinar si estamos ante una burda
falsificación. En ello parece que se está, también con paso lento. De armas ni se habla, porque solo apareció en un registro una funda de pistola y balas de fogueo.
La defensa del Abogado del Estado Demetrio Carmona, imputado
junto a su abogado, amigo y socio Rogelio Vargas y también el empresario Ángel
Morales, ha presentado esta semana un contundente alegato donde no solo intenta
demostrar la inocencia de sus defendidos con abundante documentación adjunta.
En su argumentación, de paso, asesta un duro golpe en la línea principal de investigación
de la Guardia Civil, a los que deja en evidencia en numerosas ocasiones por sus
valoraciones en los informes acusatorios
aportados a la Causa durante la fase de investigación.
-"Denuncias inducidas"
El abogado defensor Miguel Ángel Campos Sánchez no ahorra pues los trazos gruesos en el ejercicio de
defensa para definir el trabajo de los investigadores, en este caso de la
Guardia Civil.
Así habla de “interpretaciones sesgadas”, “sin prueba alguna
sobre tal aseveración”, “incongruente”, “se falta a la verdad”, “falta de rigor
o error manifiesto”, “incoherente”, “falaces, sin ningún pudor”, “gravísimo
error interpretativo”, “los investigadores yerran”, “apuestan por denuncias
inducidas” y se asegura que fue desde el centro de detención – la Comandancia
de la G.C. de Almería- desde donde se filtró a los medios el nombre del Abogado
del Estado, detenido el 18 de abril, el día que arrancó la Operación Tres Reyes.
En la argumentación técnica de las alegaciones que acaba
solicitando el sobreseimiento libre y archivo contra Carmona, Vargas y Morales,
subyace, por tanto, una severa crítica a como se ha investigado este asunto.
Crítica que, de ser cierta y confirmarse por la magistrada con un archivo o sobreseimiento,
daría pié a la necesaria búsqueda de otras explicaciones o motivaciones de
quienes han intervenido, directa o indirectamente, por activa o por pasiva, en
este culebrón de supuestos espías, guardias y ladrones.
Resulta especialmente llamativa toda la documentación
presentada acompañando las Alegaciones en la que queda, más que patente, como
la Guardia Civil es la que busca – “denuncia inducida”- a los más encarnecidos
enemigos del Abogado del Estado. Ex socios en los negocios familiares a los que
se llama para tomarles declaración como perjudicados, en tanto que supuestos
receptores de amenazas y extorsiones en lo que manifiestan los imputados era
una negociación normal entre ex socios reclamando
deudas, denuncia que no habrían hecho de motu propio. Unos y otros cuentan su
versión, Carmona aporta ahora documentos muy clarificadores que contextualizan
lo que parecía que tenía pinta de película de buenos y malos, héroes y villanos.
La aportación de varios correos electrónicos, amén de
retazos de conversaciones del propio sumario, demuestran una normalidad e
incluso cordialidad en las negociaciones de las partes, todo ello fechado antes
y después de las supuestas amenazas, algo que evidentemente desmonta la tesis
policial que apuesta por la consumación
de amenazas y la extorsiones.
- 4.000 millones de dinares
También intenta despejar la defensa las dudas entorno a la
participación de Carmona y su entorno en la venta, a través de la banda, de
cuatro mil millones de dinares iraquíes, propiedad de Rodríguez Lozano de El
Ejido. Para ello se acogen al hecho de haber avisado al vendedor, antes de la
encerrona que padeció por los supuestos agentes, para que se apartase de la
negociación. Reunión a la que, no obstante, asistió Rodríguez Lozano para
continuar con el trato de venta y recuerdan que el propio Rodríguez otorgó
semanas antes poderes notariales a un miembro de la banda, autorizándole a
gestionar la venta del dinero custodiado en una nave de Securitas. O sea, que
Lozano también creyó ciegamente que estaba ante gente seria, en concreto
siempre pensó que se trataba de altos funcionarios de la Inteligencia española.
Tenia todo tal apariencia de legalidad que, además de un
Abogado del Estado, incluso aparece en escena un hispano al que se identifica
como agente de la CIA, interesada, según contaron los que decían ser del CNI,
en que esos billetes de “los tres caballitos” volasen hacía los EEUU donde
había gente interesada.
Demetrio Carmona, a través de su defensa, ha sido prudente para
no abrir nuevos frentes en esta compleja
y seguramente incómoda instrucción para la Juez. Por ejemplo no
incorpora para su defensa el hecho cierto que consta en el sumario donde el
supuesto capitán y su principal colaborador natural de Mojacar, al margen de
Carmona y sus socios, establecen contactos con la familia Berruezo para hablar
de negocios futuros, uno de los empresarios que declara haber recibido presiones,
amenazas y que temía por la seguridad de sus nietos.
Como tampoco pregunta, en este momento, por los aspectos más
“políticos” que también confluyen en esta historia y que legitimaría en gran
medida “su verdad”. Por ejemplo el reflejo de determinadas llamadas telefónicas
en el sumario, conversaciones que a juicio del Abogado del Estado confirmarían
como cierto todo cuanto él ha declarado en estos dos meses últimos, ante la
G.C, la Juez o los periodistas.
Falta en las transcripciones, por ejemplo, la llamada del
conseguidor catalán vinculado al PP, Josep Abad Marcos, actualmente en prisión,
al presidente de la Diputación de Almería concertando una cita para hablar del
cese de Demetrio del cargo de Jefe de la Abogacía. O la que recibe el 19 de
abril Demetrio Carmona, en su teléfono intervenido, de un Teniente General de la
Guardia Civil “en activo”, llamada “muy clarificadora” apunta Carmona. Un día
después la jueza, a petición de los investigadores de la Benemérita, ordena que
se paralicen los controles telefónicos a los imputados.
-Primer cadáver civil.
Como se apuntó más arriba, la complejidad de este asunto es
más que notable, pero difícilmente se podrá desenredar la madeja si la Justicia
no se pone las pilas y exige, desde su independencia como Órgano Jurisdiccional,
que se la auxilie y se le aporte la información que reiteradamente reclama, sin
éxito de momento.
Demetrio Carmona del Barco es la principal víctima social de
este proceso. Buscando defenderse, acabó metido en una enorme trampa, en la
mismísima boca de lobo.
Su imagen pública ha sido pisoteada y algunos lo hicieron
con saña y placer, condenándolo sin escucharle a ser un cadáver civil. El
gobierno del PP le relevó y le cesó como Jefe de la Abogacía tres días después
de que comenzasen las investigaciones de la Guardia Civil en la Operación Tres Reyes. Creen, sus enemigos,
que por fin le han destruido. Aunque a veces los finales son confusos e
inciertos. A punto estuvieron de lograrlo en 2008, cuando uno de los empresarios
supuestamente amenazado en Tres Reyes,
el poderoso amigo de acharolados y relucientes tricornios, Estanislao Berruezo,
le denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. La misma que, a través de su
delegado en Almería, sometió durante meses al entonces Jefe de la Abogacía a
una exhaustiva indagación, sin que el afectado tuviese noticia de que lo
investigaban. Nada se pudo demostrar entonces, según dictaminó la Audiencia
Provincial. La Fiscalía, por su parte, nunca actuó para defender el honor de un
alto funcionario público que había sido acusado, sin pruebas, de graves delitos
no probados.
Años después, el verano pasado, los agentes del servicio de
Vigilancia Aduanera de Almería, con un tijolense al frente, también le rozaron
la taleguilla al Abogado del Estado al meter en el sumario del Caso Rifá una conversación suya con uno
de los imputados. Una charla parece que sin excesiva trascendencia por lo que
se lee, pero que dejaba el nombre de Demetrio Carmona escrito en un sumario de
gran calado donde se investigan importantes delitos económicos: estafa,
defraudación tributaria, blanqueo de capitales, evasión, alzamiento de bienes y
organización criminal.
Y poco antes del estallido de la O Tres Reyes, asegura Carmona, "tengo constancia de que el sub delegado del Gobierno, Andres García Lorca, estuvo advirtiendo a algunas personas que se alejaran de mi".
Entorno al Jefe de los Abogados, sostiene el propio afectado, parece que
se ha ido tejiendo durante estos años una espesa tela de araña, con el concurso
de importantes escalafones funcionariales del Estado en Almería y fuera, que han
acabado con su Carrera de veinticinco años como Jefe de la Abogacía en la
provincia y con su buen nombre y reputación.
Ahora sí está tocado, más bien herido, “pero no hundido”
confiesa cuando se viene arriba. Mientras, sigue refugiado en su fe de católico, la única que siempre le
acompaña y que no le ha abandonado. Y de vez en cuando, mientras espera que se
aclare esta pesadilla que está viviendo, creyendo adivinar mensajes
subliminales de "esperanza y de justicia" en el Evangelio que escucha en la misa de cada mañana.
Última hora:
En la mañana de hoy, 24 de junio, el Abogado del Estado
Demetrio Carmona, ha tenido conocimiento por buró fax, de la apertura
de un Expediente Disciplinario por parte de la Directora General del Servicio
Jurídico del Estado, Doña Marta Silva de Lapuerta, estrecha colaboradora desde
hace años del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Según figura en dicho escrito, la decisión de abrir
expediente se tomó por la Sra Silva tan solo horas después de que hubiese sido
detenido Demetrio Carmona e imputado por la Guardia Civil en la Operación Tres Reyes el pasado 19 de
abril. Y afirma que toma como base de su decisión la información de esa misma
mañana, día 19 de abril, en la prensa local de Almería.
Para los abogados del equipo de defensa de Carmona, este
hecho resulta “insólito e inédito, una sorpresa total y absoluta, ya que
estamos ante un ataque frontal al principio de presunción de inocencia”.
Hacen también especial hincapié los juristas al comentar los
motivos esgrimidos por la máxima responsable de los servicios jurídicos del
Estado para justificar la apertura tan precipitada del expediente
disciplinario.
Le acusan de un posible “descrédito para la imagen de la
Administración Pública”. Sería la
primera vez, que se conozca, afirman “que tan altas instancias abren un
expediente de estas características, sobre todo cuando arrancaba una
investigación con un sumario declarado secreto y no existe decisión judicial de
ningún tipo que afecte al funcionario". Y se preguntan: "¿Esperará la Sra Silva a lo que determine la Justicia en su momento sobre las responsabilidades del Sr Carmona?”.
