“José Luis Sánchez Teruel, quien fue Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la Consejería de Agricultura, tenía entre sus obligaciones, planificar, supervisar, coordinar, tutelar la gestión y ejecución de fondos estructurales, relativos a las ayudas al desarrollo rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y firma cada uno de los documentos contables imprescindibles para el pago de las certificaciones desde la 28ª hasta la 34ª y en adelante de las obras de mejoras de regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, Corporación de Carácter de Derecho Público, dando su conformidad a lo certificado. No se procede a tomar declaración como imputado por este delito -Malversación de Caudales Públicos- al ser miembro del Parlamento de Andalucía y por ende tener la condición de persona AFORADA, por lo que procedemos a informar sobre el mismo”.
Exactamente con estas expresiones literales se pronuncia la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, a las órdenes del Juez sevillano Juan Gutiérrez Casillas, en una nueva y extensa diligencia, a la que he tenido acceso, dentro de la investigación del ´Caso Marismas´ que dura ya 18 meses. Este informe viene a complementar el trabajo policial entregado al magistrado en mayo pasado, ordenando entonces el Juez nuevas averiguaciones, concretamente sobre los procedimientos usados con los fondos públicos destinados a la mejora de regadíos. En definitiva, seguir el rastro del dinero. En el informe de mayo, conviene recordarlo, se proponía para su imputación judicial a siete personas, entre altos cargos del Grupo Abengoa, funcionarios de Agricultura, miembros de la CRMG y el ex director general Sánchez Teruel al que los investigadores le imputan un total de cinco delitos graves: Tráfico de influencias. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Delito de fraudes y exacciones ilegales. Delito de coacciones. Y pertenencia a Grupo Organizado.
El nombre del Secretario General del PSOE de Almería y flamante Coordinador Regional del PSOE-A, nombrado hace unos días para este cargo por Susana Díaz, es en este reciente informe el último de una lista de diez personas, algunas ya “imputadas” policialmente, a propósito de la presunta comisión del delito de Malversación de Caudales públicos. Junto a Sánchez Teruel también aparece mencionado su antecesor en el puesto, el médico radiólogo sevillano Tomás Martínez Jiménez, al que se acusa también del delito de Malversación. El Sr Martínez, según el informe, “ya ha sido imputado por este delito en esta investigación, por lo que no se le vuelve a tomar declaración como imputado por ello”.
En este mismo contexto destaca como novedosa la propuesta de imputación de cuatro personas más, destacando Juan Luque Alfonso, Interventor Delegado de la Intervención General de la Junta de Andalucía en esas fechas “por la comisión de un presunto delito de Prevaricación”.
20 millones más
En los aspectos financieros de la operación destaca la GC que la directiva de la CRMG tuvo conocimiento del préstamo y posterior subvención, “haciendo constar que no es un préstamo hipotecario, sino un préstamo/Póliza de carácter muy especial” (…) “Era Befesa la que emitía facturas, no la UTE y solicita 12.500.000 euros de incremento del contrato y para ello se solicitaría un proyecto complementario de unos 20 millones, cosa que se hizo” (…) “Con el dinero de la subvención se constituían imposiciones a plazo fijos no abonando las certificaciones, que se pagaban con el préstamo a los pocos días, no a los 120 días que estaba estipulado”. (…) “Es de obligado cumplimiento el avalar las cantidades subvencionadas”. (…) “Les causa asombro (a los directivos de La Caixa) la 1ª Certificación en menos de un mes de obra y que se le adjudique la licitación a una empresa que estaba situada a partir de la quinta”.
La Caixa, entidad financiera que sustenta todo el entramado financiero de esta operación, aparece de forma destacada, prestado declaración como testigos dos ex directivos sobre cuya actuación la GC no detecta ilícito penal. No obstante, se hace constar que “creemos y consideramos que ha habido una mala práctica profesional, ya que el consejo de los técnicos financieros de la entidad bancaria, tenía que ser asesorar a sus clientes ( la CRMG) de la forma más beneficiosa para estos, cosa que observamos que no fue así, ya que el único interés, era obtener ´bonos´ por rendimiento de la sucursal a cuenta de las imposiciones a plazo fijo”.
A partir de este extenso y complementario informe policial de casi cien folios, ahora el siguiente paso procesal queda en manos del Fiscal quien deberá en pocos días proceder a hacer suyas- si lo considera oportuno- las acusaciones de la Guardia Civil y elevarlas al magistrado. Recuérdese que, en en este asunto, el Fiscal adscrito al caso ha dejado escrito, negro sobre blanco, su felicitación a los investigadores por el “magnífico trabajo” realizado en esta compleja trama de corrupción. Habrá llegado entonces un momento clave, desde el punto de vista procesal y, sobre todo, político en el ´Caso Marismas´. Gutiérrez Casillas deberá aceptar o no las propuestas de imputación de la policía y, si procede, del fiscal si las asume; llegado el caso concreto del aforado José Luis Sánchez Teruel, deberá proceder a redactar una motivación razonada y elevar su propuesta de imputación a la Sala correspondiente del TSJA. Algo que, de suceder, colocará a Susana Díaz y al PSOE-A ante una crisis interna de notables consecuencias ya que debería dimitir de todos sus cargos tal y como obligó Díaz a Chaves y Griñán.
No obstante conviene dejar reseñado que las autoridades de la Junta, Carmen Ortiz consejera de Agricultura y la presidenta, como secretaria general del PSOE-A, implícitamente han dejado clara su apuesta por la inocencia del político almeriense de Chirivel. Algo que se evidencia en el nombramiento de Sánchez Teruel para el puesto de Coordinador Regional del PSOE-A, que conlleva ser miembro nato de la ejecutiva regional. Todo ello ha sucedido tras conocerse este tercer documento policial inculpatorio contra Teruel del que las partes - la Consejería de Agricultura está personada en la causa- tuvieron conocimiento oficial el pasado 30 de septiembre.
LA CUAJADERA
Bonilla contra Arenas
En el PP de Sevilla no quieren a Javier Arenas para que lidere la lista al Congreso. El propio Juanma M. Bonilla, en un desayuno ´of the récord´ esta semana con 13 periodistas en Sevilla, cuentan los colegas que se desmelenó y que no dejó títere con cabeza. Para el dirigente popular no es de recibo que Arenas, con 30 años de presencia en la política activa, haya querido ser diputado autonómico por Almería - “me la colaron” dicen que dijo-, senador autonómico y ahora quiera dar el salto al Congreso por Sevilla. La única alternativa que se baraja en ámbitos populares es que vuelva a los brazos de su ´hermano mayor´, Gabriel Amat, para que le sitúe de número dos por Almería tras Rafael Hernando. Pero a eso también se opone Bonilla. En el contexto de esta bronca interna hay quien sitúa el achicharramiento al que se está sometiendo a la gente de Arenas en Sevilla, -Ricardo Tarno, Isidro Cuberos o Eloy Carmona- a propósito de los documentos emanados del Caso Gürtel. Mientras tanto se busca desesperadamente la famosa cinta que Luis Bárcena le grabó a Arenas en el restaurante Oriza de Sevilla de la que se certifica su existencia. Y todo ello a dos meses de las elecciones. A todo esto hay quien no descarta que Arenas le devuelva el golpe muy pronto al político malagueño que, hoy por hoy, preside el PP-A.
Durán, una improvisación del PSOE
El cordobés Juan Pablo Durán no era la “persona de gran prestigio” (Mario Jiménez dixit) destinada a ser inicialmente el Presidente del Parlamento de Andalucía. En realidad el elegido era Manuel Jiménez Barrios, a la sazón vicepresidente de la Junta y Consejero de Presidencia. De hecho, aseguran fuentes del PSOE de Córdoba, Durán supo de su nominación a menos de 24 horas del pleno de constitución de la Cámara. La improvisación de última hora fue, por tanto, la responsable del aterrizaje en las Cinco Llagas de un discutido personaje al que se le ha puesto enfrente toda la oposición por sus torpes y sectarios manejos de la institución. Los socialistas tuvieron que cambiar a última hora de caballo ya que, por la Ley de Gobierno, el puesto de Jimenez Barrios en el ejecutivo solo podía ostentarlo un miembro del consejo de gobierno en funciones, máxime cuando ya se sabía del estado de buena esperanza de la presidenta. El actual número dos del gobierno, llegado el caso que Susana Díaz abandone la política andaluza dependiendo de lo que pase el 20D, es el más firme candidato para sustituirla.
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