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| José Luis Sánchez Teruel comparte divertidas confidencias con Susana Díaz en uno de los recientes mítines de la campaña electoral en Almería. (Foto: Agencia EFE) |
La Junta de Andalucia, a través de su Gabinete Jurídico, decidió a mediados del pasado mes de febrero personarse en la causa abierta en el Juzgado Nº 16 de Sevilla a propósito del conocido como ´Caso Marismas´. Un escándalo de corrupción económica, con fondos europeos y andaluces de por medio, en una supuesta mejora de los regadíos en las Marismas del Bajo Guadalquivir, presupuestada en más de 60 millones y que afecta como perjudicados a más de 900 pequeños y medianos agricultores de la comarca.
En este asunto están siendo investigados miembros de la directiva de Comunidad de Regantes que adjudicó la obra inicial, técnicos y ejecutivos de las constructoras implicadas, así como altos funcionarios y cargos políticos de la Consejería de Agricultura de la Junta. En concreto la Justicia intenta determinar las responsabilidades penales por el uso de unos 40 millones de euros procedentes de fondos europeos y Junta de Andalucía. En el escrito elevado al Juzgado por la Junta, para que se le permita ser parte en el procedimiento, da la sensación de que el Gobierno se acaba de enterar de lo sucedido. “Nada más lejos de la realidad”, recuerdan los regantes.
La investigación policial, a cargo de la Guardia Civil, está siendo extensa y discreta. Incluso elogiada por el Fiscal Anticorrupción asignado al caso. Desde Europa, la Oficina Antifraude (OLAF), sigue con mucha atención el desarrollo de este procedimiento. Están especialmente sensibilizados en Bruselas tras emitir un durísimo informe sobre las irregularidades detectadas en su propia investigación sobre el terreno y, de paso, han pedido al Juzgado que, a ser posible, se les mantenga informados del alcance de las indagaciones y responsabilidades halladas.
La investigación judicial como tal arrancó hace más de un año, coincidiendo con la llegada a la presidencia de la Junta de Susana Díaz, tras haber deambulado la denuncia de la actual directiva de la CCRR, de juzgado en juzgado, sin que nadie quisiera meterle mano a esta patata caliente por la complejidad del asunto, con la Junta de Andalucia y la multinacional andaluza Abengoa de por medio. Casi nada para un juzgado comarcal.
En estos meses, y tras decretar la Audiencia de Sevilla que debía ser el Juzgado Nº 16 de la capital el que se hiciera cargo de instruir la causa -frente al criterio que apuntaba al Juzgado de Utrera donde la Fiscal Jefe de Sevilla remitió la primera denuncia de los regantes- el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, tras las primeras propuestas de imputaciones elevadas por la Guardia Civil en mayo, tomó la diligente decisión de ordenar la investigación desde la génesis del problema, que se sitúa allá por el año 2004/2005 y seguir, año tras año, hasta nuestros días, delito por delito y uno a uno sus posibles responsables. De momento lo investigado hasta ahora hay que situarlo entre el arranque del proyecto y el año 2007. Se sigue trabajando con los años sucesivos. El balance provisional de imputados se eleva a 21 personas, entre los que destacan, desde la perspectiva política, dos ex directores generales de regadíos de la consejería de Agricultura la Junta de Andalucía.
Un politico en activo.
Fuentes conocedoras del caso estiman que, al final de la instrucción, casi medio centenar de personas podrían resultar sometidas a investigación o, más exactamente, imputadas judicialmente. De todos los ex altos cargos de Agricultura imputados o propuestos para serlo, solo uno aparece en la política activa en la actualidad.
Se trata del actual Secretario General del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ex alcalde de Chirivel, cabeza de lista en las últimas autonómicas y uno de los cinco diputados almerienses que, en breves fechas, tomará posesión del escaño en el Parlamento de Andalucía, quedando nuevamente aforado. Sánchez Teruel, que ocupó la dirección general de regadíos en 2008 como cargo de confianza del consejero, también almeriense, Martín Soler, ya fue propuesto al Juez por la Guardia Civil como imputable en mayo de 2014, semanas antes de que el Magistrado reordenarse la instrucción y decidiese arrancar desde el inicio. Al líder socialista almeriense, los denunciantes, las pruebas acumuladas y las diligencias practicadas, le señalan como responsable de haber cometido supuestamente varios delitos. Quizás lo más vistoso de todo sean las supuestas presiones y amenazas ejercidas contra la CCRR, bajo la advertencia de que perderían sucesivas subvenciones de la Junta, todo ello para forzarles a que adjudicasen la finalización de la obra a una UTE liderada por el Grupo Abengoa, cuyos altos cargos también están siendo investigados en esta fase. Teruel, además, llegó a certificar con su firma la existencia de unos 19 millones de euros para - si se le adjudicaba a la UTE integrada por Befesa del Grupo Abengoa- una ampliación extraordinaria del presupuesto, a todas luces ilegal, según determinó la OLAF en su demoledor informe.
A finales de 2013, cuando comenzaron a ver la luz periodística las primeras denuncias de los regantes, Sanchez Teruel fue quizás el único cuadro socialista que no solo intentó desmarcarse y eludir responsabilidades públicamente, sino que hizo lo que pudo y más para censurar informaciones de prensa - matar al mensajero- que le citaban en el escenario de la corrupción del Caso Marismas. Pese a todo, Susana Díaz, le ha mantenido al frente de la Agrupación de Almeria y, además, ha permitido que liderase la última lista almeriense al Parlamento. Porque, a todo esto, en este último año tanto el Gobierno de la Junta como el PSOE , noqueados por los Eres, han mirado para otro lado en este asunto, como dando a entender que no era importante y, por supuesto, que en poco o en nada podría afectar a personalidades relevantes del socialismo andaluz con mando estos últimos años en la Junta de Andalucía.
No obstante, el informe de la OLAF a primeros de año, supuso un punto de inflexión para que empezasen a encenderse pequeñas luces rojas de alarma en el gobierno de Susana Díaz. Una primera consecuencia sería la orden dada a los Servicios Jurídicos de la Junta para solicitar la personación y, de esta forma, conocer en profundidad el calado de un procedimiento que crece como la espuma y que algunas fuentes aseguran que “podría tener, al final, tanto o más calado político que el de los Eres o la Formación”. (Parece que se refieren a nuevas lineas de investigación surgidas de o en conexión con el Caso Marismas).
La Junta se hace de nuevas
De forma directa y sin que mediase ofrecimiento del Juzgado, la Junta decide personarse con el pretexto - lógico a priori- del interés de velar por los intereses de los dineros públicos empleados en la obra. Da la sensación, leyendo los cinco folios donde se argumenta la solicitud de personación que, de la noche a la mañana, los responsables de la Junta se han caído del guindo, especialmente tras leer el informe de la OLAF y comprobar que esto es serio y va muy en serio.
Una actitud que, de inmediato, obliga a retrotraerse a los últimos años para recordar la de veces que los actuales directivos de las CCRR han elevado a la propia Junta denuncias concretas y documentadas con los mismos papeles que, ante la inacción de la administración autonómica, acabaron llevando a la oposición (PP e IU), a la Justicia, al Ministerio de Agricultura, la OLAF y al mismísimo Parlamento de Andalucía de la mano del dirigente comunista Diego Valderas (antes de estar gobernando IU en coalición con el PSOE) y la diputada popular Dolores Calderón que, por supuesto, mantuvo informados a Javier Arenas como líder del grupo popular y aspirante a Presidente y su mano derecha, Antonio Sanz, hoy Delegado del Gobierno de Rajoy en Andalucía. “Javier Arenas también tuvo en sus manos la documentación que acusaba a la Junta y al Grupo Abengoa de lo sucedido en las Marismas del Guadalquivir”, afirman los agricultores perjudicados. Unas denuncias de las que han tenido puntual conocimiento, también según los regantes, los exconsejeros Clara Aguilera, Luis Planas e incluso la actual Elena Víboras. Y que, previamente en pleno conflicto , fueron comunicadas a las administraciones agrícolas dirigidas por los anteriores exconsejeros Isaias Perez Saldaña y Martín Soler, a cuyos directores generales respectivos se les comunicó en persona y por escrito las irregularidades.
En base a todo esto, los denunciantes del Caso Marismas, estudian oponerse a que se acepte la personación de la Junta de Andalucia ya que, de todas las comunicaciones y denuncias habidas en estos años ante la administración autonómica, dicen tener pruebas más que suficientes. “La Junta siempre lo ha sabido y nunca ha hecho nada por evitarlo o investigarlo. ¿A que viene ese paripé ahora?” se preguntan. Y como guinda a todo este pastel, el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, en una de cuyos actos la entonces consejera Clara Aguilera - hoy eurodiputada del PSOE- llegó a manejar un informe con graves falsificaciones de la realidad, realizado por técnicos de la empresa pública de la Consejería de Agricultura denominada Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP).
A la vista de todas estas circunstancias, no resulta muy aventurado vaticinar que el ´Caso Marismas´ va camino de convertirse en el primer novedoso escándalo - junto al ya conocido de la Formación- que estrene una Legislatura, donde la oposición mayoritaria al PSOE parece dispuesta a no dejar pasar por alto ni una sola Comisión de Investigación parlamentaria. Este asunto, por lo que se ve y por lo que se intuye, la está pidiendo a gritos. La Comisión de investigación Parlamentaria, claro.
Publicado en Publicoscopia el 30 de marzo de 2015
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