HISTORIA DE UNA DENUNCIA IMPOSIBLE

“La denuncia del alcalde de Albox es un documento muy poco consistente y carente de los más elementales elementos de prueba”. Con estas palabras, una cualificada fuente de la Fiscalía de Almería, ha echado por tierra la supuesta denuncia que el alcalde de Albox, Rogelio Mena, dice que presentó a finales del pasado año - en pleno escándalo por la ocultación de expedientes sospechosos de corrupción, por los que está imputado y camino de la vista oral- ante Fiscal decano de Huércal-Overa Juan Sánchez. 

Como enseguida podrá comprobar el lector estamos ante una artimaña de Mena sin consistencia jurídica y, desde luego, muy alejada de la verdad política perseguida, seguramente con el ánimo de embarrar el escenario político y ocultar la verdad a los ciudadanos.

Esta semana, a raíz de las revelaciones publicadas aquí ( IDEAL, domingo 8 de febrero) y de la posterior denuncia, presentada el viernes 13 de febrero pasado, ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Almería por el portavoz de la oposición popular, Juan Pedro Pérez Quiles, Rogelio Mena hacía público un sorprendente comunicado bajo el título “La Fiscalía archiva la denuncia por las obras de caudalización de la Rambla de Albox” . La nota hacía referencia a un párrafo del decreto de archivo de la supuesta denuncia “al no revertir los hechos denunciados carácter de delito”. A renglón seguido Mena, que esta vez si presumió de “acatar” la decisión de Fiscalía, solicitaba al Partido Popular “que actúe de la misma forma y permita desarrollar al Ministerio Fiscal su trabajo, aceptando su decisión aunque no le guste”.

“Mucha literatura”

Las fuentes de la Fiscalía almeriense consultadas por este cronista aseguran que el alcalde, Rogelio Mena, en efecto, presentó folio y medio, así como cuatro certificados de la Alcaldía, donde exponía una petición de investigación, sin consistencia, sin documentos ni datos que permitiesen ordenar ningún tipo de diligencia indagatoria. Puro trámite literario. “No parecía ni denuncia- asegura un fiscal conocedor del asunto- era algo así como poner en conocimiento unos hechos, pero sin aportar nada, ni datos ni nada, mucha literatura, destacando que lo hacía tras la celebración de un pleno donde se habían aprobado medidas de transparencia; hablaba de un contrato de 60.000 euros y de un expediente; adjuntaba unas fotocopias y pedía que se investigase a doña Esther Soto… en fin, como le digo literatura y nada concreto” asegura sorprendida la fuente consultada. En definitiva, que el escrito presentado, a juicio de la Fiscalía, “lo que invitaba en realidad era a realizar una prospección indagatoria, algo que es absolutamente ilegal porque estamos en un Estado de Derecho y, además, no estamos para perder el tiempo”. ¿Pero - pregunto- se habla en algún punto de la denuncia del concurso del proyecto de la Rambla valorado en 400.000 euros y adjudicado a la empresa Alcaína? -“Para nada se habla de eso en la denuncia presentada”.

Como bien habrá podido adivinar el lector a estas alturas de crónica, parece claro que hemos asistido a una clara instrumentalización política del Ministerio Público por parte de Rogelio Mena en un asunto muy grave, que ahora seguramente sí que será investigado en toda su dimensión por la Justicia. Sobre todo porque la documentación que se ha conocido sobre el concurso del proyecto de la Rambla de Albox, aportada ya a Fiscalía por el PP, pone sobre la mesa la posible comisión de irregularidades (o delitos) muy graves. Así lo recoge la denuncia presentada por Pérez Quiles en la que pueden comprobarse varias cuestiones susceptibles de ser investigadas como posibles delitos. 

¿Falsificación de documentos?

En primer lugar se adjudica un caro proyecto a la empresa  Alcaína tres meses antes de estar constituida legalmente. Se firma con quien no es ni su administrador, ni siquiera accionista y sin el objeto social apropiado. La segunda cuestión es que al concurso concurren, junto a la ganadora Alcaína- con un yerno del actual primer Teniente de Alcalde Pérez Conchillo como accionista- dos empresas sin sello de registro de entrada, sin publicidad previa y sin respetar las exigencias legales del pliego. Una del dueño de Alcaína y del alcalde de Arboleas, al 50%, de la que el edil arboleano, Cristóbal García Granados, dice no saber absolutamente nada por estar la mercantil en proceso de disolución desde 2007. Y la otra, perteneciente a la ex trabajadora de Alcaína, Mirella Granados, quien ha certificado que no existe ni nunca existió dicha sociedad, denunciando además que han falsificado su firma, sello y profesión. Además, el pliego podría resultar falsificado y nulo de pleno Derecho, ya que se hace referencia en su punto IX a una Ley que aún no había sido aprobada por el Congreso el día de la firma. Una chapuza. Y finalmente la rúbrica del contrato de adjudicación donde aparece, junto al alcalde, un innominado Secretario Municipal, mediante un garabato como firma y sin nombre, que podría ser el funcionario municipal Jorge Perán Mármol, cuya hija parece que trabaja en Alcaína.

A la vista de estos datos documentados puede entenderse mucho mejor la maniobra orquestada por Rogelio Mena instrumentalizando el decreto de Fiscalía por una denuncia imposible, de la que nunca dio noticia pública y que acaba de sacarse de la chistera con el ánimo evidente de confundir a la opinión pública y engañar a la Justicia. Es de esperar, por tanto, que el Sr Mena, llegado el caso, “acate” las decisiones que en breve pueda tomar el Fiscal Jefe de Almería, una vez examine la denuncia de Pérez Quiles. Porque, esta vez, parece que la denuncia si es consistente y sí está documentada. De paso, también se solicita la reapertura de las diligencias 37/2011, dimananantes del atestado policial 11/2011-UCO 005605-000000-11, de fecha 10 de febrero de 2011, por una supuesta trama de corrupción política y económica en Albox investigada por la UCO de Madrid y que, sorprendentemente, fue archivada provisionalmente en dos ocasiones por el fiscal Jesús Gázquez.

LA CUAJADERA

Montoya, absuelto.

“Las manifestaciones vertidas por el demandado (Luis Montoya) constituyen una valoración sobre la concreta actuación de la entidad actora (Cajamar) que no exceden de la libre evaluación y calificación de la labor profesional de esta, y, por ello no pueden reputarse constitutivas de una intromisión ilegitima en su honor, debiendo calificarse dentro de las críticas, que no rebasan los límites propios de la libertad de expresión”.  Así concluye la sentencia dictada esta semana por la Magistrada-Juez de Primera Instancia Nº 7 de Almería, en la que absuelve al colaborador de Amayt, Luis Montoya, de la demanda interpuesta por la entidad Cajamar que consideró un articulo de su blog atentatorio contra el honor de la caja. La Juez, además, condena a la entidad al pago de las costas.

Francisco Javier Torres Viedma

La Asociacion Amayt y los hermanos Manuel y Mª Lucía Rodríguez Romero de Roquetas, han presentado esta semana una documentada y extensa denuncia ante la Fiscalia de Almería contra la actuación del Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Roquetas. Según el escrito, el Sr Torres Viedma,  que disfruta del régimen de incompatibilidad, habría actuado como letrado particular de la mercantil Leza Constructora 2000, litigando contra de los intereses de dos vecinos de Roquetas en una cuestión urbanística perjudicados por el Ayuntamiento y supuestamente incumpliendo, entre otros muchos, los preceptos legales del Estatuto de la Abogacía.

Rodrigo Sánchez Simón

El alcalde popular de Fines, a través de una sociedad por él participada, vendió al ayuntamiento que preside una casa, sin que primara interés público ni ausentándose del pleno que aprobó la compra por 70.000 €, según denunció el PSOE en Fiscalía.  La casa le había costado 24.000 €. Y para dicha compra se usó una subvención oficial para “crear empleo”. El edil confesó desconocer que era socio de la mercantil. Judicializado el asunto, el pasado 10 de febrero, el instructor dictó sobreseimiento provisional siguiendo las indicaciones del informe del Fiscal, Juan Sánchez, de no más de veinte lineas de extensión. Tres días después, los denunciantes socialistas, elevaron recurso de reforma, y subsidiario de apelación ante la Audiencia, alegando que “la resolución carece de fundamentación ni motivación alguna, vulnerando el principio de la tutela judicial efectiva”. Especial atención se le presta a lo escrito por el Fiscal del caso que, en su breve informe, cuestiona a los denunciantes por haber tardado tanto en hacerlo y, sobre todo, por no haber impugnado la compra por la vía contencioso-administrativa, razón por la que pidió el sobreseimiento. Ahora el juez tiene nuevamente la palabra.

IMPUTADOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 15 de febrero de 2015

Convendría recordar, una vez más, que estar imputado judicialmente no significa estar condenado ni ser autor material de un delito. No obstante, en el lenguaje político al uso, la palabra “imputación” - e incluso los neologismos ´preimputado´ o ´señalado´- se ha convertido en un estigma de primer orden, en una especie de pena de telediario o de banquillo mediático.

También es cierto que no es lo mismo una imputación policial que una imputación judicial. La primera, si es avalada por un Fiscal tiene muchas posibilidades de convertirse en la segunda, normalmente más consistente. Y ello se traduce en acudir ante el juez asistido por letrado y procurador, ósea con todas las garantías procesales y constitucionales. O lo que es lo mismo, estar sometido a una investigación penal a expensas de que un juez confirme, mediante diligencias practicadas, las acusaciones de haber cometido delito. Queda, entonces, un tercer y definitivo escalón procesal: elevar la instrucción, una vez concluida, para que un órgano jurisdiccional no contaminado por la investigación, celebre vista oral y proceda a dictar la correspondiente sentencia.

En Almería hemos tenido un ejemplo reciente que, afortunadamente para el afectado, ha terminado con su absolución. Me refiero al candidato de Ciudadanos, Miguel Cazorla, acusado de apropiación indebida, juzgado y  finalmente absuelto. Pero el desgaste político que ha sufrido Cazorla ya no se lo quita nadie y eso que se trataba de un asunto perteneciente al ámbito de un litigio entre particulares, donde nunca nadie pudo hablar de corrupción política.

El caso Cazorla, en el contexto político actual, es la excepción que confirma la regla sobre la figura de los imputados.

El panorama judicial almeriense de imputaciones, a las puertas de dos procesos electorales, se presenta complejo y demasiado prostituido por el debate político. El análisis de algunos casos nos conducirá, irremediablemente, a concluir que para ciertos partidos existen imputados de primera y de segunda clase.

Juan Fernando Ortega Paniagua, el veterano líder del socialismo roquetero, vinculado en sociedades mercantiles con el conocido como Clan Amat, se ha visto esta semana envuelto en la ´Operación Edu costa´, dentro del macroproceso seguido contra el fraude en los cursos de formación. No más de diez minutos duró su comparecencia ante la Policia que dirige la candidata  popular Carmen Crespo, en una de sus últimas actuaciones como Delegada del Gobierno de Rajoy en Andalucía. Ortega salió de comisaría no conociendo qué cargos se le imputan policialmente. Solo que estaba imputado a expensas de lo que diga el juez en su momento. De inmediato, el Secretario General de los socialistas, Sánchez Teruel, hizo valer un pacto roquetero con Paniagua hace meses, según el cual tan pronto hubiese ruido de lecheras o frú frú de togas, abandonaría el acta y la militancia en el PSOE. Y Ortega tardó minutos en cumplir su parte del trato, apresurándose Teruel a hacer pública la decisión, dando a entender el líder de Chirivel que sus formas de actuar están muy en línea con lo que proclama su idolatrada Susana Díaz.

Resulta paradójico, por no llamarle vergonzoso, comprobar como el Secretario del PSOE de Almería aplicaba un remedio político que, antes, debiera haberlo tomado él mismo. Porque, a día de hoy, el Sr Sanchez Teruel está exactamente igual, desde el punto de vista procesal, que Ortega Paniagua: imputado policialmente. Con una gran diferencia: él está “imputado” por la Guardia Civil desde el mes de mayo pasado en el ´Caso Marismas´ y, a día de hoy, no solo no ha dimitido ni se ha dado de baja del PSOE sino que lidera y ha confeccionado la lista del PSOE al Parlamento. Y en el caso de Teruel se conoce, negro sobre blanco, de qué se le acusa y quiénes le acusan. (Por cierto, en el informe elevado el pasado 20 de enero por la GC al Juez, su nombre vuelve a ser mencionado de forma reiterada y con graves acusaciones en declaraciones y diligencias).

Lo mismo que sucede con Rogelio Mena, alcalde de Albox, imputado y camino de la vista oral, protegido por Teruel, al que tampoco se le ha pedido que abandone para no perjudicar al partido y que será candidato a la alcaldía en mayo con el apoyo de la ejecutiva provincial.

Parece más que evidente que, para quienes hoy mandan en el PSOE de Almería, existen imputados de primera y de segunda categoría.

Y el PP, sin complejos.

Sucede lo mismo en el PP, donde consideran que  los imputados que deben dimitir o no ir en las listas, son los del PSOE. Sus imputados son de segunda categoría como Teruel y, a tenor de sus declaraciones, por minucias administrativas sin importancia.  Así, Gabriel Amat, investigado por delitos urbanísticos, volverá a ser candidato. Y no solo eso: Javier Arenas vuelva a estar en la lista de Almería, aunque como número cuatro, detrás de la jefa policial, Carmen Crespo, del imputado en el ´Caso Gasolineras´ Pablo Venzal y la ejidense Rosalía Espinosa- ex látigo de corruptos- a la que otro imputado por delitos contra la Hacienda Pública, Paco Góngora, ha querido jubilar sin lograrlo merced a los apoyos de Espinosa en Sevilla. Góngora también repetirá como candidato del PP en El Ejido. Todos sin complejos, sin avergonzarse de una doble moral política, pidiendo al adversario lo que ellos no hacen.

Así que, Almería, seguirá siendo una plaza políticamente singular, con políticos singulares que parecen habitar en otra galaxia. Pero no nos engañemos, la culpa de que este tipo de personajes de doble moral política sobrevivan en el escenario no la tienen solo ellos. 

La tendrán unos electores que, tapándose o no la nariz, volverán a las urnas en marzo o en mayo y les volverán a votar como siempre hicieron. Por el camino, disimulando, un montón de cómplices de la corrupción, verdaderos responsables morales del lodazal que nos rodea, incapaces de denunciar porque forman parte -previo pago/cobro- de la corrupción sistémica que envuelve a ciertos políticos en ciertos territorios.

LA CUAJADERA

El “concurso” amañado de Albox

El alcalde de Arboleas, Cristóbal García Granados y su prima, la concejal Herminia Mirella Granados, se enteraron por esta sección el pasado domingo de que habían concursado, a través de dos mercantiles, para lograr la redacción del proyecto de la Rambla de Albox por 400 mil euros. Así me lo han confirmado ambos. 

García reconoce ser socio al 50% en Cypesur de Francisco Sánchez, dueño de Alcaína, la empresa ganadora. Cypesur está “inactiva y en proceso de disolución desde 2007, que se no ha disuelto por estar aún pendiente de pago un crédito solicitado en su día”. Por su parte Herminia Mirella Granados manifiesta que “ ´H&M Ingeniería´ no existe. Ni esa ni ninguna otra mercantil de la que yo sea dueña. No he tenido nunca una sociedad, ni he pertenecido a ninguna.” La Sra Granados fue trabajadora autónoma hace años de Alcaína y manifiesta que en la propuesta presentada todos los datos son falsos, “ni soy ingeniero agrónomo, ni es mi firma, ni tengo empresa”. Ambos han solicitado certificación al Ayuntamiento de Albox para iniciar las correspondientes acciones judiciales en defensa de su honor y buen nombre.

José García Navarro

El ex alcalde socialista de Albox está citado para el próximo 4 de marzo en un juzgado de Almería para responder ante un extraño caso sobre una supuesta falsificación de documentos públicos, utilizados como aval para la concesión de un préstamo a un empresario local que finalmente no lo abonó al prestamista.

Jorge Perán Mármol

Es el funcionario mejor remunerado del ayuntamiento de Albox. Podría ser a quien se atribuye el haber firmado el contrato con Alcaína en funciones como “Secretario” municipal. El Sr Perán, que no ha atendido las reiteradas llamadas para confirmar este extremo, anda diciendo que él no firmó dicho documento y que le han falsificado su firma.

Fuensanta Coves Botella

Llegó a ser consejera de Medio Ambiente y, posteriormente, Presidenta del Parlamento de Andalucía. Fue madrina y protectora de Sánchez Teruel ante Griñán para que le apoyase en la Secretaría General del PSOE de Almería. Ha sido, por tanto, defensora a ultranza de Teruel, anteponiendo siempre su afecto y amistad personal a la racionalidad política. Pues Coves ha sido descabalgada de la lista al Parlamento. ¿Que ha pasado? Diversas fuentes socialistas aseguran que ha sido “vetada expresamente” por Susana Díaz, tras enterarse de que Fuensanta no se ha reprimido en círculos internos del partido a la hora de criticar actuaciones de la presidenta. Oficialmente han sido las JSA las que la han vetado para figurar en la lista, junto a Manuel Recio. Y lo hicieron por escrito. Una maniobra que muchos achacan al propio Teruel que, siguiendo órdenes, no ha querido aparecer como verdugo de alguien a quien tanto le debe en su carrera política. Además, no existe constancia de que Teruel haya movido un dedo para defender a su amiga Coves, muy afectada tras recibir públicamente el correspondiente agradecimiento por “los servicios prestados” por parte de Teruel.

ROGELIO MENA CONTRA EL JUEZ RUÍZ-RICO

A-92, IDEAL de Almería,
Domingo 8 de febrero de 2015

"No voy a insinuar nada, ni con respecto al juez, ni con respecto a que su hermana sea trabajadora del Ayuntamiento de Roquetas de Mar”. Con esta malévola insinuación, lanzada el pasado martes por el alcalde de Albox, diputado provincial y ex Secretario de Ideas y Programas de la ejecutiva regional de Susana Díaz, Rogelio Mena mostró su irritación contra el Juez Fernando Julio Ruiz-Rico Alcaide, titular del Juzgado Mixto Nº 3 de Huércal-Overa, por no admitir su petición de anulación del proceso por supuesto atentado contra los derechos constitucionales, por el que se le piden dos años y seis meses de inhabilitación. Como se recordará, su procesamiento con vista oral ya acordada, obedece a la negativa de Mena a entregar a la oposición una serie de expedientes sospechosos de ocultar una trama de corrupción económica y política en el Ayuntamiento de Albox. Un proceso judicial, según Mena, “plagado de irregularidades” ya que, como ha venido denunciando, se siente víctima de una oscura maquinación de acoso y derribo orquestada contra él (y contra Susana Díaz), operación a la que, según el edil, no serían ajenos el PP y funcionarios judiciales como el juez o la fiscal. Efectivamente, el juez instructor, tiene una hermana, Pilar, trabajando como   funcionaria en el Ayuntamiento que preside Gabriel Amat, en el puesto de Jefa del Área de Contratación y Patrimonio. 

El padre de ambos funcionarios públicos, el magistrado Juan Ruiz-Rico y Ruiz-Morón, es uno de los jueces más prestigiados en el panorama judicial español por su dilatada trayectoria profesional y el rigor jurídico sistemáticamente aplicado a sus resoluciones. De hecho, Ruiz-Rico, fue uno de los nombres barajados en su día como uno de los más firmes candidatos a presidir el TSJA en sustitución de Augusto Méndez. Precisamente, el próximo día 17, como Presidente de la Sala Segunda de la Audiencia, tendrá que resolver junto sus compañeros - con José María Contreras como Ponente- si se reabre el ´Caso Auditorio´ de Roquetas a instancias del PSOE. Un escándalo económico y político en el que el Ayuntamiento de Roquetas se gastó un 120% por encima de los siete millones inicialmente presupuestados, todo ello mediante un procedimiento ilegal según el TSJA, con sospechas documentadas de haberse detraído -supuestamente- comisiones para técnicos y políticos del PP, aspecto este que, en pieza aparte y a marcha muy lenta, se investiga en un juzgado almeriense como “Caso Halsa” por presunta financiación irregular del PP. 

La Rambla y Alcaína.

Rogelio Mena ha optado por presumir de transparencia hasta el punto de declarar que los expedientes sospechosos para la oposición están en manos de la Fiscalía y que allí los pueden consultar.

Fuentes socialistas, que desde hace tiempo vienen alertando internamente sobre los manejos  del dinero público en Albox, dudan de que Rogelio Mena haya aportado al Ministerio Público, por ejemplo, la documentación que existe en el ayuntamiento sobre el concurso para adjudicar el proyecto de la obra de reforzamiento de la Rambla de Albox, valorado entorno a los 400.000 euros. Uno de los expedientes sospechosos para la oposición relacionados con la empresa Alcaína.

Y dudan porque, a la vista de los papeles oficiales que se han conocido, aquel concurso podría estar plagado de graves irregularidades.

El 18 de octubre de 2007 el exalcalde socialista José García Navarro, al que el concejal Mena sustituyó en 2013, firmó un contrato con Francisco Sánchez García, representante de la empresa que había ganado el concurso - Alcaína Estudio de Arquitectura S.L.- frente a otras dos mercantiles. El montante del encargo ascendió a 387.231,20 Euros. 

Según puede contrastarse en la documentación facilitada y que será incorporada a una nueva denuncia ante Fiscalía solicitando que se reabran las diligencias 37/2011 de la UCO, en esta operación concurren una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

El primero que dos de las tres empresas que se presentaron al concurso tienen como denominador común al representante de Alcaína, Francisco Sánchez. En Cypesur Ingenieros, es uno de los administradores solidarios junto al alcalde de Arboleas Cristóbal Granados García, ahora independiente y durante años alcalde del PSOE.  La tercera empresa que concursó se denomina H&M Ingeniería, propiedad de H. Mirella Granados, prima hermana del edil de Arboleas y socio de Sánchez. Las dos empresas que acompañaron a Alcaína al concurso presentaron la oferta el mismo día. Dos días antes lo hizo Alcaína. Ninguna de las ofertas tiene sello de entrada en el Registro.

Más: la Providencia de la Alcaldía convocando el concurso, el pliego de  condiciones, así como el contrato final de adjudicación, tienen la firma del alcalde con su nombre, apellidos, sello y rúbrica. Sin embargo, en los tres documentos, bajo la antefirma “Ante mí El Secretario”, aparece un garabato, un sello de la Secretaría y junto al “Fdo.” ningún nombre.

Pero donde se producen las circunstancias administrativas más extrañas es en las escrituras de Alcaína, la empresa ganadora. El mismo día -11 de enero de 2008- y en la misma Notaría de Serón se redactan dos escrituras. En una primera se procede al cambio de nombre de la sociedad que, con el mismo CIF y denominada Dehesa Sur Gestiones SL- constituida dos días antes de convocarse el concurso- pasa a denominarse Alcaína. En esa fecha, cuando ya se ha adjudicado hace tiempo el encargo técnico, se amplía el objeto social para poder afrontar la redacción de proyectos. Y en la otra escritura se procede a la compraventa de participaciones a D. Torcuato Navarrete Diaz por parte de Francisco Sánchez García y por la “sociedad conyugal" de su hermano Juan José, yerno de Francisco Pérez Conchillo, mano derecha de Rogelio Mena y primer Teniente de alcalde de Albox.

Así pues, estos datos demostrarían que el 18 de octubre de 2007 el contrato se firmó con una empresa que legalmente  se llamaba Dehesa Sur Gestiones, cuyo  objeto social no era la redacción de proyectos y cuyo representante legal no era el Sr Sánchez García, sino Torcuato Navarrete. De momento cabe preguntarse ¿qué escrituras y qué poderes notariales revisó, antes de la firma del contrato oficial, el innominado Secretario Municipal de Albox? Pronto la Justicia nos lo aclarará.

LA CUAJADERA

Algarrobico

La Sala correspondiente de admisiones del Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación de la Junta y los ecologistas contra la sentencia de 21 de marzo de 2014 que permitía la urbanización en el polémico enclave y de la que fue ponente el magistrado del TSJA Jorge Muñoz Cortés. Esta importante decisión, según fuentes jurídicas, es clave para que la Sección 5ª de la Sala 3ª del  TS  se pronuncie, unificando doctrina y dejando las cosas en su sitio de forma irrevocable.

Dando ejemplo.

Se despejó la incógnita. Con el respaldo presencial de Javier Arenas, Gabriel Amat, imputado por presunto delito urbanístico, volverá a ser candidato a la alcaldía de Roquetas. Y como número dos de la lista al Parlamento, el concejal de Urbanismo de Almería Pablo Venzal, otro imputado como Paco Góngora en El Ejido que repetirá también. 

Mientras, Moreno Bonilla, se desgañita contra el PSOE y pregunta a Susana Díaz si incluirá a los ´ereados´ políticos por Alaya en las listas del partido, algo que parece que no sucederá, según fuentes del PSOE. Bonilla, por tanto, dando ejemplo desde Almería.

La lista del PSOE

Susana Diaz ha dejado las manos libres a José Luis Sánchez Teruel para que confeccione la lista almeriense del 22M. Por tanto, según todas las previsiones, Teruel la encabezará, rodeándose de sus más fieles y leales cuadros excepto Fuensanta Coves y Manuel Recio. Recuérdese que el SG del PSOE, está propuesto por la GC para ser imputado en el ´Caso Marismas´, hecho que podría producirse a corto plazo.

La lista de Adra.

Adra, con más de 630 militantes en el PSOE, solo 79 militantes (el 12,5%) acudieron a votar la lista que encabeza M. Teresa Piqueras, candidata oficialista. Dicen que muchos pasaron de llamadas y presiones para acudir. De los 21 nombres de la lista abderitana, más de la mitad no son militantes del partido. Y otro dato significativo: de los 32 miembros de la ejecutiva local, solo 5 van entre los 21. 

Caso Rifá

El escándalo destapado y judicializado por el Servicio de Vigilancia Aduanera en verano de 2012, comienza a moverse en el Juzgado Nº 3 de Almeria. El empresario -socio entre otros de la familia Amat- se negó a declarar esta semana, en base a dos recursos planteados que están dilatando enormemente el proceso. Ahora la Juez  Ana Belén Vico pide, mediante auto, 2,4 millones como fianza solidaria a Rifá y a su testaferro Israel Martín. Un cambio de criterio de la magistrada muy significativo. El SVA acusa a Rifá de haber defraudado a Hacienda más de 54 millones de euros y numerosos delitos economicos.

Periodistas.

La Diputacion de Almería ha organizado un curso gratis total para periodistas, “preferentemente desempleados”, sobre “Redes Sociales y Marca Personal para Periodistas”. La Asociación de Periodistas de Almería figura como “convocante” del mismo. 

“JE SUIS IDEAL”

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 1 de febrero de 2015

El 14 de enero era miércoles en el calendario. Convocados por la Asociación de Periodistas de Almería unas quinientas personas se congregaron junto a Los Lápices de La Rambla para mostrar su defensa en favor de la libertad de expresión y la repulsa al criminal atentado yihadista siete días antes contra la redacción de Charlie Hedbo en París.

Incomprensiblemente, contra todo pronóstico, la clase política almeriense se adueñó del escenario y, con descaro, se colocaron de tal forma que la foto del día fue una de las imágenes más vergonzosas - desde el punto de vista profesional- que hayamos visto los periodistas en muchos años en Andalucía. Un puñado de dirigentes del PP, con el diputado cunero Javier Arenas al frente, se situaron en primera fila portando el cartelito “Je suis Charlie”.  Uno de ellos, Gabriel Amat, cabeza gacha, se colocó el cartel en la zona testicular, justo a la altura del arco del triunfo por donde suele pasarse en su gestión eso de la libertad de los periodistas y sus medios.

Los socialistas, con  José Luis Sánchez Teruel al frente -otro supuesto “defensor” de la libertad de expresión- se quedó fuera de la foto, pero acudiendo también al paripé de los políticos. Seguramente porque la ruptura de la ´omertá´ dictada por Susana Diaz hace meses, imposibilitó que, como en los viejos tiempos, PSOE y PP aparecieran unidos de la manita en la misma foto, no fuera a reñirle la lideresa por teléfono.

Pero allí estaban casi todos los políticos almerienses, mezclados con los periodistas, defendiendo la libertad de expresión de los profesionales de la información, que es tanto como apostar por el derecho a recibir una información veraz por parte de los ciudadanos, fin último de nuestro oficio.

Y lo hicieron sin rubor, sin ningún remordimiento y sin vergüenza, como si ellos fueran los garantes de un derecho en el que se ciscan día sí, día también, demostrándolo, por ejemplo, con el reparto de la lotería amañada de la publicidad institucional.

Allí había políticos que no dudan ni un minuto a la hora de intervenir en los medios de comunicación, ya sean públicos ya privados, y no solo para hablar cuando a ellos les interesa. Lo hacen dictando qué cosas se pueden publicar y cuales no. Diciéndole a las empresas mediáticas qué periodistas deben seguir en sus puestos y cuales deben irse al paro o al ostracismo profesional; que noticias se deben publicar y cuales deben ser secuestradas a la sociedad o, lo que es peor, muchas veces manipuladas con medias verdades o, simplemente, mentiras.  Políticos que no dudan en pedir la cabeza de periodistas incómodos, especialmente cuando cumpliendo con nuestra obligación profesional, hurgamos en los excesos cometidos al amparo de leyes de silencio no escritas en materia de corrupción; o sea, en el sistemático latrocinio de los fondos públicos que manejan desde el lado más oscuro de las cavernas creadas dentro de las administraciones que controlan o gobiernan.

Políticos que, disponiendo del presupuesto de las instituciones que les confían los ciudadanos, reparten caprichosamente las partidas económicas de publicidad institucional con criterio sectario. O bien cuando median para que se adjudiquen miles de euros para promover ambiciones políticas personales y escalar a lo más alto, por ejemplo para que les nombren consejeros de algo. La medición de las audiencias de los medios solo les interesa cuando se publican noticias que ellos consideran políticamente incorrectas.

Pues ese tropel de personajes - y sálvese quien pueda- capitalizaron una de las miles de concentraciones convocada por periodistas de todo el mundo que, como se ha visto semanas después, de poco sirvieron ya que Charli Hedbo definitivamente no volverá desgraciadamente a los kioscos. 

El PP castiga a IDEAL.

Esta semana, el PP de Almería, sus dos más significados dirigentes, Gabriel Amat y su delfín Javier Aureliano García, han materializado ante toda España lo del cartelito en el bajo vientre. En nombre de ambos, la Jefa de Prensa de Diputación, expulsaba del stand de Fitur a IDEAL de Almería. Algo que, de inmediato y a la vista del enorme escándalo montado, provocó una vergonzante marcha atrás de don Javier Aureliano,  echándole las culpas a Maria del Mar González, cargo de confianza en el departamento de Comunicación del Palacio provincial. Un gesto, sin duda, de cobardía política. Porque de ser cierta que esa decisión partió de una funcionaria unilateralmente, a García no le queda más salida que proceder a su cese inmediato y quizás consiga la credibilidad que, de momento, no tienen sus palabras. En el próximo pleno se verá, a la vista de que IU y el PSOE han pedido explicaciones convincentes a un veto, lanzado bajo el argumento de que “IDEAL no trata bien a la Diputación”. 

Pero aún procediendo al relevo de la autora material del veto -dudo que se produzca- los políticos del PP en Diputación seguirán quedando en evidencia. Una auditoria de las millonarias inversiones de publicidad institucional en los últimos tres o cuatro años - algo que está confeccionado IU con información oficial- demostrará el premio bien remunerado a los medios palmeros o sumisos y el castigo a los que se atreven a la crítica o, simplemente, a informar de noticias que no les son gratas. Por  ejemplo sacar en portada, a seis columnas, que el Ayuntamiento del popular Luis Rogelio Rodriguez Comendador es ¡el segundo menos transparente de España!, según un organismo internacional. Posible antesala, por cierto, de un ramillete de gravísimas irregularidades o delitos que muy pronto conocerán la luz judicial en forma de denuncia.

A la propuesta hace tiempo de Amat de que había que echar a los periodistas incómodos, especialmente a los “del Internet”, se ha sumado ahora el veto a IDEAL. La cabra siempre tira al monte. Es por ello por lo que hoy elevo, y bien alto, mi cartel proclamando “Je suis Ideal de Almería”.

LA CUAJADERA

El Teatro Auditorio

En un par de semanas la Audiencia de Almería decidirá si se reabre el sumario del Caso Auditorio de Roquetas, donde Gabriel Amat permitió un sobrecoste millonario del 120% respecto del presupuesto inicial. Algo declarado ilegal por el TSJA desde el Contencioso Administrativo. Recuérdese en este contexto la aparición de recibos del pago de supuestas comisiones de la constructora HALSA a técnicos y a políticos del PP. La denuncia, a instancias del PSOE, ha sido ampliada recientemente con la aportación de facturas originales según las cuales se habrían pagado más de 50 millones de pesetas al dueño de la constructora por la realización del proyecto. En quince días sabremos qué decide la Audiencia al respecto, no descartándose en ámbitos jurídicos el visto bueno de los magistrados a que prosiga la investigación judicial contra Amat y los responsables.

Podemos Almería

El Consejo Ciudadano de Podemos Almería ha creado en su seno el “Área de Legal y Anticorrupción”, según fuentes del movimiento que lidera Pablo Iglesias a nivel estatal. Uno de los primeros asuntos sobre los que empiezan a trabajar es la recapitulación de la infinidad de procedimientos judiciales contra la corrupción política que, desde hace años, permanecen extraña y escandalosamente paralizados en numerosos órganos jurisdiccionales de Almería y su provincia. Piensan darlo a conocer a nivel regional y estatal.

Rogelio Mena.

El edil de Albox y candidato socialista a la reelección va camino del banquillo de los acusados en la correspondiente vista oral. Mena, que ha intentado paralizar mediante recurso la celebración del juicio, ha recibido recientemente la negativa del juez Ruiz-Rico, instructor de la causa seguida contra él por su reiterada negativa a entregar a la oposición sospechosos expedientes de adjudicaciones de obras. En base a lo manifestado por Susana Díaz en los últimos días - “ningún imputado irá en las listas del PSOE”- en Sevilla dan por seguro que la ejecutiva regional “tumbará”  la candidatura de Rogelio Mena aprobada a nivel local y por el  comité provincial de Sánchez Teruel.

Caso Marismas

“ Te digo que él (Sánchez Teruel) sale en el telediario... tiempo". Con esta frase por WhatsApp, una persona conocedora de la marcha de la instrucción del caso en Sevilla, me daba a entender que la Guardia Civil y la Fiscalia Anticorrupción mantienen, a día de hoy, su criterio de que el líder socialista almeriense sea finalmente imputado por el juez instructor para determinar sus responsabilidades penales en el escándalo con fondos europeos y andaluces. La pérdida de su condición de aforado, por no haber sido incluido en la Diputación Permanente del Parlamento, deja la vía libre para que el magistrado Gutiérrez Casillas- si hace caso a las propuestas que se están preparando con las correspondientes pruebas acusatorias- pueda proceder contra Teruel sin necesidad de elevar una motivación razonada al TSJA para su imputación. En la ejecutiva regional del PSOE siguen muy atentamente la marcha de este caso ya que, dependiendo de lo que finalmente decida el juez, Sánchez Teruel quedaría muy tocado políticamente hasta el punto de quedar descabalgado de la lista al Parlamento andaluz si se confirma su imputación judicial.