 |
| A92, Ideal de Almería Domingo 17 de agosto de 2014 |
La exposición razonada que la
Jueza Mercedes Alaya ha elevado al Tribunal Supremo para justificar la
propuesta de imputación de dos ex presidentes de la Junta y siete miembros
destacados de sus respectivos gobiernos - una de ellas Mar Moreno, Presidenta
del Parlamento en su día- es una crónica política en toda regla, se mire por
donde se mire.
Sustentada, eso sí, en un
aporte documental en forma de instrucción sumarial, pero una crónica acerada
que desde hace tres años largos la popular magistrada del trolley viene tejiendo y destejiendo, despacito y con buena letra,
desde que en uno de sus primeros autos habló de la pirámide. Una gran pirámide, según su criterio, a cuya cúpula ha
logrado, por fin, preimputar.
El informe razonado de la
juez, cuya filtración a los medios ha causado como es lógico gran malestar
entre los aforados afectados, es demoledor desde el punto de vista político. Ya
veremos si también en el resultado final de la mano de la Sala Segunda del TS.
Es posiblemente el documento
más destructivo que se haya redactado jamás sobre las última décadas de
gobiernos socialistas en Andalucía, en este caso la que va desde el 2000 al
2012. El argumentario no es nuevo, pero por vez primera, negro sobre blanco,
una autoridad judicial escribe que la cúpula del socialismo que ha gobernado la
Junta de Andalucía, diseñó un plan - las transferencias de financiación-
encaminado a regar una extensa red clientelar que va desde el Cabo de Gata
hasta Ayamonte, pasando por Santa Elena (Jaén) y que “habría supuesto la ilegal aplicación de
fondos públicos por importe de 855 millones de euros”. Siempre, asegura la juez, para favorecer los intereses
políticos del PSOE-A y sus compañeros de viaje, como las dos grandes centrales
sindicales UGT y CCOO. Asevera que difícilmente a los ex presidentes Chaves y
Griñán, este último además como responsable de Hacienda, les podía pasar inadvertido
el procedimiento empleado ilegalmente, "una auténtica subversión del
ordenamiento jurídico" expresa gráficamente en su relato, y les acusa de “eludir el procedimiento legalmente
previsto para el otorgamiento de subvenciones, los controles de la Intervención y facilitar una clara
y palmaria discrecionalidad en el uso de los fondos públicos".
A partir de ahora,
todas las miradas se concentrarán en el Supremo, la máxima instancia judicial
del Estado, a donde acaba de recalar la traca más ruidosa, por su alto voltaje
político, del caso de los Eres.
Pero que nadie se
llame a engaño y menos quiénes, en do menor, se han hartado de reclamar en
estos meses desde el PSOE que Alaya se deshiciera, para enviarla al Supremo, de
la parte más política del abultado sumario que reúne, además de estos nueve
aforados, a 192 imputados de segundo y tercer nivel. El frú frú de las togas
continuará.
Otros frentes judiciales.
El socialismo andaluz
tiene otros frentes judiciales abiertos tanto o más escandalosos y peliagudos
que el de los Eres. Asistimos desde hace meses a una encadenada explosión de
escándalos, todos judicializados, y muchos de ellos en manos de magistrados a
los que difícilmente se podrá desacreditar como se ha hecho con Alaya. Como
denominador común a todos los sumarios, los fondos públicos, empleados sin
control y con una arbitrariedad que llena de espanto a cualquier observador
imparcial.
Conviene recordar, no
obstante, que la corrupción sistémica instalada desde hace años en las
estructuras políticas de la Junta, tiene poco que ver con otro tipo de
corrupciones que se han dado en otros lugares de la geografía española. Aquí,
salvo el caso del exconsejero Ángel Ojeda por lo que se ha visto hasta ahora,
ningún socialista de primer nivel - que se sepa- ha atesorado patrimonio y
riquezas en cuentas de paraísos fiscales. En Andalucía, siguiendo la estela del
barquero de Cantillana, el dinero ha estado más repartido que la Lotería. Eso
sí, por lo que parece siempre a los afortunados
amigos del poder socialista o, más exactamente, a aquellos que han garantizado
durante años un engrase social y electoral de reiteradas y sucesivas victorias.
Tras el caso Eres, y
por orden de trascendencia, encontramos el de los fondos de la Formación que se
sigue investigado en numerosos juzgados y con derivadas como la Operación Oscar
donde ha sido detenido Ojeda Avilés que, hace 27 años, llegó a ser miembro del
gobierno andaluz. En este capítulo de la formación salen salpicados los agentes
sociales, patronal y sindicatos, perceptores de miles de millones durante años
en los acuerdos de Concertación Social. También se investiga el Caso
Invercaria, una empresa pública en la que parece que el descontrol del dinero
del presupuesto ha sido más que evidente. Y de este caso aún sabemos la mitad
de la mitad. Capítulo aparte merece el sindicato "hermano" UGT cuya
cúpula regional ha saltado ya por los aires de las imputaciones. En otro juzgado
sevillano se investiga el denominado Caso Marismas, poco conocido aún, otro
asunto donde parece que se han manejado, con demasiada alegría y sin control,
fondos europeos para la mejora de regadíos en el bajo Guadalquivir. De momento
la policía judicial de la Guardia Civil ya ha propuesto la imputación de una
docena de personas, entre ellas el hoy Secretario General del PSOE de Almería y
diputado autonómico José Luis Sánchez Teruel. A estos macro sumarios hay que
añadir el del caso Bahía Competitiva y obras fantasmas en Cádiz. El de los
discapacitados en Granada. Los Astilleros de Huelva, los avales de IDEA, la
UTEDLT y otros sumarios de menor calado político pero que también revelan la
ausencia de gestión y, sobre todo, el gran descontrol y discrecionalidad en el
uso de fondos públicos en la Andalucía
Imparable de la etapa de Manuel Chaves.
Con la Junta de
Andalucía convertida en un juzgado de guardia, donde cientos de funcionarios no
hacen otra cosa desde hace meses que trabajar para aportar papeles que demanda
la Justicia, el PSOE está sometido a una presión y a un acorralamiento nunca
antes visto. Un reto en el que Susana Díaz se juega casi todo. En el PP, su
flamante líder, Moreno Bonilla sino sabe aprovechar esta oportunidad es que
definitivamente no vale para la misión que la historia le ha encomendado al
frente de la derecha andaluza. Los socios de IU se debaten en si romper el
pacto de gobierno y pasar a la ofensiva, como en los viejos tiempos, o dejarse
comer el terreno por Podemos. Algunos ya han llegado a la conclusión de que
pisar tanta moqueta corre el riego de convertirles en miembros de pleno derecho
de "la casta". Un adelanto electoral
se baraja seriamente como hipótesis del borrón, cuenta nueva y sálvese
quien pueda.
LA CUAJADERA
1.- Juzgado exprés
Semana y media después
de que la Guardia Civil se presentase por orden el juzgado Nº 2 de Almería en
los estudios de Indalo TV, reclamando copia de un programa emitido sobre la
corrupción en Almería, nadie sabe de quién ha partido la iniciativa de
denunciar el contenido de la emisión. Ni siquiera lo saben el director del
programa, el abogado y militante socialista Antonio Ruano, ni uno de los
contertulios mencionados en el oficio judicial, el colaborador de AMAyT Luis
Montoya Palencia. La decisión del juez, tomada tan solo cuatro días después de
la emisión del programa, han convertido a ese órgano jurisdiccional en una
especie de "juzgado exprés" que contrasta con la lentitud que padecen
infinidad de causas abiertas en ese y en otros juzgados de Almería. A falta de
conocer quien es el denunciante, todo apunta al hecho de querer intimidar a
dicho canal de TV y en concreto al programa de Ruano que, en ese mismo espacio
investigado, prometió volver a hablar en septiembre sobre corrupción política
en Almería.
2.- La rebelión carbonera
La agrupación
socialista de Carboneras está abiertamente enfrentada a la dirección regional
del PSOE en relación con el Algarrobico. La reciente concentración ante el
hotel esta semana, reveló que fue secundada fundamentalmente por militantes
socialistas al frente de los cuales se situó el portavoz municipal socialista
José Luis Amérigo. Este no se recató en criticar abiertamente al actual
gobierno municipal por no haber plantado cara a la Junta de Andalucía por ejercer
el derecho de retracto.
3.- Y el silencio del PSOE
Pero lo que más
sorprende en Sevilla es el silencio que viene manteniendo el SG del PSOE
almeriense, Sánchez Teruel, a propósito del desgaste al que se está sometiendo
a la presidenta Susana Díaz a cuenta de su posición favorable al derribo del
hotel. Como un fantasma del pasado vuelven a la memoria de muchos socialistas
aquellas otras declaraciones de Diego Asensio que acusó y denunció al entonces
presidente de la Junta, Pepe Griñán, de perjudicar los intereses de los almerienses. Unas palabras, por cierto, que el PP convirtió en spot electoral y
ganó las elecciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario