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| A92- IDEAL de Almería 8 de junio de 2014 |
Un auto judicial, notificado
el pasado martes día 3 a las partes personadas en el proceso por el "Caso
facturas I", ha puesto sobre el tapete político almeriense varias
cuestiones que han causado gran inquietud, incluso indignación en algunos
sectores sociales.
Amén de que resultan muy
llamativas las prisas que parece tener el Magistrado Luis Durbán para dejar
finiquitada la instrucción de este sonoro caso de corrupción política, que
afecta especialmente al PSOE, dado que según el propio documento judicial falta
por presentar abundante documentación por los imputados y acusados, no es lo
que más llama la atención de la casi concluida instrucción judicial.
Todo ello independientemente
de que éste ha sido uno de los asuntos judicializados, a instancia de la
Fiscalía, que con mayor velocidad procesal se ha instruido últimamente en los
juzgados de Almería,- comenzó el 19 de abril del pasado año- ha llamado
poderosamente la atención que el propio magistrado no haya tenido más remedio
que anular la imputación a Francisco Iglesias Hernández, ex Gerente del
Patronato de Turismo.
Lo desimputa porque "no
hay indicios de que tuviera conocimiento de los hechos punibles referentes que
han sido objeto de instrucción". Es más - afirma Durbán Sicilia- "la
investigación ha permitido constatar que comunicó al Vicepresidente de la
Diputación Provincial determinadas irregularidades en la facturación en cuanto
tuvo noticia, siendo esto lo que a la postre desembocó en la denuncia dirigida
a la Fiscalía Provincial, que a su vez dio lugar a estas actuaciones. Así
resulta no solo de su declaración sino de la documentación que aportó (acta de
manifestaciones ante Notario de una empleada del Patronato, así como escritos
dirigidos al Vicepresidente), habiendo sido confirmada su versión por el citado
Vicepresidente (Javier Aureliano García), que fue oído como testigo. Por lo
demás, justificó el pago de la parte correspondiente a su esposa, Delfina
Quintana Fernández, en relación con un viaje en el que ella lo acompañó,
quedando así desvirtuados los indicios de criminalidad inicialmente apreciados
respecto de uno y otro en torno a este desplazamiento".
Es de tal gravedad política lo
que antecede, confirmado y rubricado por un juez, que viene a revelar la anómala
o mal intencionada actuación del número dos de la Diputación de Almería, brazo
derecho del presidente Gabriel Amat y Secretario General del PP, a la hora de
la presentación de la denuncia que dio pié al "Caso Facturas I" para
hallar el paradero de casi medio millón de euros públicos usados y abonados de
forma irregular. (El "Caso Facturas II", que deberá buscar en torno a
los cuatro millones del presupuesto de la Diputación irregularmente pagados,
fundamentalmente a medios de comunicación almerienses, sigue desde primeros de este año en un juzgado de
Almería sin que se conozcan avances en su instrucción).
Lo primero que se confirma es
que, Iglesias Hernández, un año y medio antes de que Javier Aureliano García presentase
la denuncia ante la Fiscalía, ya había trasladado al número dos de la
Diputación información detallada sobre las presuntas irregularidades por él
detectadas desde la gerencia. La pregunta que procede es bien simple: ¿Por qué
motivo el segundo de Amat tarda casi año y medio en poner en conocimiento de la
Justicia las denuncias sobre irregularidades penales aportadas documentalmente
por Gerente del patronato?
Javier Aureliano García no ha
contestado aún a esa pregunta clave que, para muchos juristas, (y para IU que
ya ha anunciado una iniciativa en Diputación) lleva implícita una clara
ocultación a la acción de la Justicia de presuntos delitos. Y no lo ha hecho
porque es posible que su explicación deje en evidencia la más que probable
utilización partidista de la administración judicial, de lo que a todas luces podría
ser considerado como una denuncia oportunista contra el adversario político.
Malas artes en definitiva.
"Enterrar al PSOE"
En efecto, a finales de 2011,
Javier Aureliano García, investido como número dos de la Diputación, cuentan
que solía presumir en reuniones de amigos de tener sobre su mesa suficientes
facturas irregulares "como para enterrar a los del PSOE", asegura una
testigo que le trató y le escuchó alardear en esa época.
La bomba de relojería que JAG
guardaba en forma de facturas irregulares del equipo PSOE/PAL tardaría sin
embargo muchos meses en estallar. Se trataba, según se ha evidenciado, de
hallar el momento más oportuno para enterrar y machacar a los del PSOE. La
oportunidad acabaría llegando con el resurgimiento del escándalo del "Caso
Auditorio", tras una decisión del TSJA según la cual, Gabriel Amat y su
equipo municipal de Roquetas, habían autorizado ilegalmente un sobrecoste del
120% del presupuesto inicial de la faraónica obra -unos 17 millones en total-
todo ello por cierto en favor de la constructora de cabecera del Ayuntamiento
de Roquetas, también investigada judicialmente, Hispano Almería S.A. De cuyo
sumario, por cierto, tampoco se sabe nada después de meses judicializado por
orden de la Fiscalía y que IU intenta vincular al caso Bárcenas y las cajas B
del PP.
Mario Jiménez, como número dos
del PSOE-A, en nombre entonces de Pepe Griñán, se plantó en Almería e impulsó
que su partido pidiese la reapertura del sumario que, años antes, el entonces
Juez destinado en Roquetas, Luis Durbán Sicilia, había sobreseído
provisionalmente en espera de que se pronunciase el TSJA a través del
Contencioso Administrativo, tal y como ocurrió al cabo de los años.
Fue a los pocos días del
anuncio de Jiménez cuando JAG ve claro que debe sacar la artillería de facturas
irregulares celosamente guardadas en su cajón y mandarlas a Fiscalía. Estaba
tan premeditada su estrategia, tomó tanta velocidad en armar el ajuste de
cuentas judicial, que olvidó un detalle importante: decir en su denuncia que
Francisco Iglesias Hernández fue la persona que ante su autoridad denunció por
escrito el irregular manejo de fondos públicos en el Patronato. Un
"olvido" que provocaría, nada más y nada menos, la imputación durante
un año largo de Iglesias, con el consiguiente perjuicio personal, familiar y
profesional del economista. También olvidó reseñar que, al menos dos facturas
heredadas del equipo socialista por valor de unos 40.000 euros, fueron pagadas
a la empresa PubliFiestas Conde, tras el visto bueno de su jefe directo, el
presidente Gabriel Amat. Facturas también irregulares o falsas, aspecto sobre
el que nada se dice en el auto judicial del Sr Durbán.
Convendrá dejar constancia de
que Javier Aureliano García y el PP, su partido, tuvieron más suerte que el
PSOE en el lance judicial iniciado para dirimir sus cuentas pendientes en
Almería. Hasta en plena campaña de las europeas hizo desfilar el juez a un
ramillete de socialistas, con el ex presidente Juan Carlos Usero como testigo
al frente y un vicepresidente, Pérez Montoya, como principal imputado de los 21
que arroja la causa. Y mientras el caso de las facturas falsas cogía gran velocidad
de la mano del instructor Durbán, el "Caso Auditorio" quedaba
nuevamente aparcado, de momento, hasta febrero de 2015, en el que la Sala de la
Audiencia presidida por el Magistrado Ruiz-Rico se pronunciará sobre una
apelación pendiente presentada por el PSOE para que se reabra el sumario del
escándalo del Auditorio de Roquetas, sobre el que por cierto siguen apareciendo
nuevos documentos comprometedores, según asegura el letrado Antonio Ruano.
LA CUAJADERA
1.- Ramón Sedeño.
El presidente del Voleibol
Almería es uno de los 21 imputados en el sumario del Caso Facturas I. El hombre
de Unicaja en Almería, presidente de la Comisión de Control de la Obra Social
de la entidad malagueña, sigue gozando del "absoluto y total respaldo de
la entidad" a la que lleva años vinculado, aseguran fuentes de Unicaja
cercanas a Braulio Medel. "Ramón no ha sido imputado por nada relacionado
con la caja ni con el banco; el club Voleibol está patrocinado por Unicaja, uno
más de los muchos que apoyamos en Andalucía. Creemos que Ramón es una víctima
de que no se hayan respetado los procedimientos administrativos en la propia
Diputación y que el club ha cobrado, mediante intercambio de viajes del equipo,
por una publicidad que ha estado dando". La misma fuente recuerda que no
procede su dimisión, ya que "en nuestro código interno la dimisión solo es
exigible cuando la persona ha sido condenada en firme por un tribunal y este no
es el caso"
2.- Martín Soler
El único almeriense que a
punto estuvo de llegar a ser presidente de la Junta y se quedó en consejero (de
Agricultura primero e Innovación después) ha quedado finalmente imputado por
Alaya. Era de prever por dos razones. La primera porque tras el auto sobre el
IFA/IDEA quedaba claro que Soler debió tener conocimiento en parte de todo, en
tanto que máximo responsable político del organismo. Y segundo, porque era uno
de los pocos nombres que "ha pintado" en la política socialista
andaluza de las ultimas décadas que no había sido imputado por la famosa jueza.
3.- Adivinanza
-¿De que famosa operación
urbanística y especulativa, aún no concretada ni ejecutada, se dice que está en
manos de testaferros norteños y que en realidad pertenecería a un núcleo de
propietarios muy populares, notables y conocidos como "La triple A"?
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