domingo, 15 de junio de 2014

LEY DEL SILENCIO ENTRE PP Y PSOE

Ha transcurrido más de un mes -seis semanas exactas se cumplen hoy- desde que la opinión pública tuvo noticia de la propuesta realizada ante un Juez por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla para imputar, entre otros, al jefe del socialismo almeriense José Luis Sánchez Teruel en el sumario del ´Caso Marismas´. La información, avanzada desde estas páginas el domingo cuatro de mayo, causó un auténtico tsunami interno en el PSOE-A, a veinte días de la cita electoral de las europeas. Teruel aparece acusado de tres delitos: Negociaciones y Actividades Prohibidas a los Funcionarios Públicos, Abuso en el ejercicio de sus Funciones y Tráfico de Influencias.
El Secretario General del PSOE  y diputado autonómico no tuvo en esta ocasión más remedio que aceptar la evidencia presentada documentalmente por la Guardia Civil y reiterar públicamente su disposición a colaborar con la Justicia, recordando una vez más que su labor al frente de la D. G. de Regadíos de la Junta en 2008 siempre estuvo encaminada a colaborar y ayudar al millar largo de pequeños y medianos agricultores, perjudicados por el escándalo de una costosísima obra pública inacabada y donde, parece, que han desaparecido demasiados millones enviados por Europa para la mejora de sus regadíos. Teruel dejó atrás ese día las formas desafiantes y descalificadoras de meses atrás contra el mensajero que se atrevió a levantar acta de que algo olía mal, muy mal, en las Marismas del Bajo Guadalquivir de Sevilla, en relación con los dineros públicos supuestamente controlados desde la Consejería de Agricultura a la que perteneció como alto cargo.
Seis semanas después de que la Guardia Civil confirmase, con varias propuestas de imputación, todo lo publicado por este cronista en el otoño de 2013, se ha hecho patente, una vez más, la ley del silencio en el escenario político almeriense. Sin embargo a los ciudadanos más observadores no se les ha escapado el hecho de que el PP, tan batallador en Sevilla contra las tramas de corrupción socialista de los Eres, Invercaria, UGT, Formación etc, no se ha dado por enterado de que el jefe de filas del PSOE almeriense, el mismo socialismo que, pese a la altísima abstención, le ha arrebatado victorias en infinidad de pequeños pueblos de la provincia el 25M, estaba incurso en un sumario de presunta corrupción de gran calado y propuesta su imputación por la Guardia Civil ante Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado Nº 16 de Sevilla.
Los populares almerienses sorprendentemente han optado por callar y respetar desde el silencio la figura política de Sánchez Teruel; de la misma forma que el dirigente socialista mantiene sistemáticamente las mismas formas con Gabriel Amat y las investigaciones judiciales en las que desde hace tiempo está incurso el jefe de los populares y alcalde roquetero. La única andanada socialista contra la posible corrupción del PP en Almería la protagonizaron dos militantes de Roquetas, apoyados por el dirigente regional Mario Jiménez, a cuenta del escándalo del elevado coste del Teatro Auditorio -17 millones- un 120% más de lo inicialmente presupuestado, ampliación "ilegal" según sentenció en su día el TSJA. Pretender reabrir una investigación penal del Caso Auditorio, tras conocerse el fallo del Contencioso Administrativo de Granada, instrucción inicial que paralizó en su día el juez Durbán Sicilia destinado entonces en Roquetas, le supuso al PSOE de Almería que Gabriel Amat autorizase a los pocos días a su número dos, Javier Aureliano García, que sacase las facturas falsas guardadas en un cajón durante año y medio y presentara denuncia en Fiscalía, dando pie al ´Caso Facturas I´ y al procesamiento de destacados ex altos cargos socialistas en Diputación, casualmente por parte del magistrado Sr. Durbán. Proceso cuya eclosión de declaraciones se produjo en plena campaña electoral última. Ojo por ojo, diente por diente. Los socialistas habían  incumplido la ley del silencio no escrita.
Esta misma filosofía de no agresión - "no jugar con las cosas de comer" en palabras de un socialista almeriense crítico con la política de Teruel en este campo- entre los dos grandes partidos no es nueva, sino heredada desde los tiempos de Martín Soler como jefe de filas del PSOE. De hecho, tampoco ha pasado desapercibida en estos días la silenciosa y amortiguada respuesta del PP a la imputación del exconsejero Soler por parte de la juez Mercedes Alaya en la trama de los Eres.
De tal forma que, en las últimas dos décadas, ya sea con Martín Soler o ahora con José Luis Sánchez Teruel, el PSOE almeriense tampoco se ha renovado en este aspecto concreto y ha optado por mantener una especie de ´omertá´ de incalculables consecuencias sociales y políticas, dejando en manos de IU (y UPyD en menor medida) la iniciativa y el protagonismo en las denuncias contra la corrupción política y económica en la provincia. Bien es cierto que IU, de momento, solo ha arremetido públicamente contra altos de cargos del PP. (Se supone que por respeto al pacto de gobierno con el PSOE en la Junta). Aunque alguna consejería, en manos de la izquierda comunista, ya ha recibido discretas indicaciones desde Almería para que se paralicen o controlen determinados fondos que, sin fiscalización y con irregularidades denunciadas, se han evaporado en determinadas comarcas por parte de cargos socialistas.
Pero una cosa es el silencio en el mismísimo escenario político de Almería y otra bien distinta han sido los discretos pasos dados por Sánchez Teruel tras conocer, a través de IDEAL, que la Policía Judicial proponía su imputación en la causa de las Marismas, acusado de haber podido cometer tres delitos, graves todos ellos en un político en activo y con aspiraciones de futuro.
Según fuentes conocedoras de la marcha del procedimiento judicial que en breve, tras solicitarlo la Guardia Civil, posiblemente sea declarado "secreto", el diputado socialista se plantó, acompañado de asesor jurídico, en el Juzgado con la intención de personarse en la causa y poder conocer fehacientemente la marcha de la instrucción y todo aquello de lo que formalmente se le acusa. Pretensión a la que el magistrado Gutiérrez Casillas se negó en redondo. No conviene olvidar que Sánchez Teruel, licenciado en Derecho, en caso de resultar finalmente imputado judicialmente en este procedimiento, no lo será por parte del juez de instrucción, sino que, tras la oportuna y atenta remisión a Granada, deberá estudiar la Sala de lo Civil y Penal del TSJA su participación en los hechos, por estar aforado como parlamentario autonómico.
En este procedimiento, sin embargo, si se admitió hace meses la personación del PP-A como acusación, según confirmó en su día el diputado Miguel Ángel Arauz, que sigue muy de cerca este conflicto como portavoz de Agricultura de los populares en la cámara autonómica,.
Por otra parte las investigaciones del equipo judicial de la Guardia Civil continúan a buen ritmo, según las fuentes consultadas, centrados de momento en la recogida de abundantísima documentación de todo tipo en la Comunidad de Regantes y en la toma de declaraciones a numerosos protagonistas de primer nivel. Se estiman, a priori, que en esta causa acabarán compareciendo en torno a medio centenar de personas entre regantes, técnicos y responsables de las empresas implicadas, funcionarios de la Junta de Andalucía, responsables de entidades bancarias y políticos que hayan intervenido en el asunto durante años desde los más altos niveles de la Consejería. José Luis Sánchez Teruel, de momento y por lo que parece, deberá esperar su turno. Pero mientras, en la Almería política, goza de un especial aforamiento para el adversario. Nadie del PP le pondrá en aprietos. Con las cosas de comer no se juega ni en broma. La "ley de silencio", la ´omertá´ entre PP y PSOE de Almería, aún no ha sido derogada.



LA CUAJADERA:


1. Caso Facturas I

-Paco Torres, abogado defensor de la funcionaria Teresa González Rivera, principal encartada como funcionaria en el caso, ha presentado un escrito de reforma contra el último auto del magistrado Durbán Sicilia. A lo largo de 14 folios, el famoso penalista utiliza sal gorda jurídica para descalificar de arriba abajo la instrucción del juez. Además de usar términos como injusto o surrealista, se refiere a llamativas "no imputaciones", a la "celeridad inaudita" del magistrado, a un procedimiento inductivo, que no se ha buscado el "chorreo" de dinero, instrucción concluida solo al 10 o 20% y que se le ha dado "cancha ancha" a la acusación de la Diputación. Habla de sutiles manipulaciones, de errores técnicos en la grabación de declaraciones, interrogatorio del Siglo XVIII, inexactitud de informes policiales e indefensión de su representada. Propone, finalmente, una serie de diligencias que, de ser aceptadas, podrían volver a situar el proceso casi al inicio de su instrucción.


2.- Javier Aureliano García.

-Vista y oída su declaración como testigo ante el juez, lo suyo fue como un paseo militar. Frágil memoria la de JAG al no recordar aspectos fundamentales y fechas; declara varias veces que la reunión a solas en su despacho con el empresario Joaquín Conde duro "uno o dos minutos" y que nunca vio las facturas falsas de 40.000 euros que, comprometidas por el equipo Usero, acabó pagando el equipo Amat nada mas llegar. Ósea él.






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