Ha transcurrido más de un mes
-seis semanas exactas se cumplen hoy- desde que la opinión pública tuvo noticia
de la propuesta realizada ante un Juez por la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Guardia Civil en Sevilla para imputar, entre otros, al jefe del
socialismo almeriense José Luis Sánchez Teruel en el sumario del ´Caso Marismas´.
La información, avanzada desde estas páginas el domingo cuatro de mayo, causó
un auténtico tsunami interno en el
PSOE-A, a veinte días de la cita electoral de las europeas. Teruel aparece
acusado de tres delitos: Negociaciones
y Actividades Prohibidas a los Funcionarios Públicos, Abuso en el ejercicio de
sus Funciones y Tráfico de Influencias.
El Secretario General del PSOE
y diputado autonómico no tuvo en esta
ocasión más remedio que aceptar la evidencia presentada documentalmente por la
Guardia Civil y reiterar públicamente su disposición a colaborar con la
Justicia, recordando una vez más que su labor al frente de la D. G. de Regadíos
de la Junta en 2008 siempre estuvo encaminada a colaborar y ayudar al millar
largo de pequeños y medianos agricultores, perjudicados por el escándalo de una
costosísima obra pública inacabada y donde, parece, que han desaparecido
demasiados millones enviados por Europa para la mejora de sus regadíos. Teruel
dejó atrás ese día las formas desafiantes y descalificadoras de meses atrás
contra el mensajero que se atrevió a levantar acta de que algo olía mal, muy
mal, en las Marismas del Bajo Guadalquivir de Sevilla, en relación con los
dineros públicos supuestamente controlados desde la Consejería de Agricultura a
la que perteneció como alto cargo.
Seis semanas después de que la
Guardia Civil confirmase, con varias propuestas de imputación, todo lo publicado
por este cronista en el otoño de 2013, se ha hecho patente, una vez más, la ley
del silencio en el escenario político almeriense. Sin embargo a los ciudadanos
más observadores no se les ha escapado el hecho de que el PP, tan batallador en
Sevilla contra las tramas de corrupción socialista de los Eres, Invercaria,
UGT, Formación etc, no se ha dado por enterado de que el jefe de filas del PSOE
almeriense, el mismo socialismo que, pese a la altísima abstención, le ha
arrebatado victorias en infinidad de pequeños pueblos de la provincia el 25M,
estaba incurso en un sumario de presunta corrupción de gran calado y propuesta
su imputación por la Guardia Civil ante Juan Gutiérrez Casillas, titular del
Juzgado Nº 16 de Sevilla.
Los populares almerienses
sorprendentemente han optado por callar y respetar desde el silencio la figura
política de Sánchez Teruel; de la misma forma que el dirigente socialista
mantiene sistemáticamente las mismas formas con Gabriel Amat y las investigaciones
judiciales en las que desde hace tiempo está incurso el jefe de los populares y
alcalde roquetero. La única andanada socialista contra la posible corrupción
del PP en Almería la protagonizaron dos militantes de Roquetas, apoyados por el
dirigente regional Mario Jiménez, a cuenta del escándalo del elevado coste del
Teatro Auditorio -17 millones- un 120% más de lo inicialmente presupuestado,
ampliación "ilegal" según sentenció en su día el TSJA. Pretender
reabrir una investigación penal del Caso Auditorio, tras conocerse el fallo del
Contencioso Administrativo de Granada, instrucción inicial que paralizó en su
día el juez Durbán Sicilia destinado entonces en Roquetas, le supuso al PSOE de
Almería que Gabriel Amat autorizase a los pocos días a su número dos, Javier
Aureliano García, que sacase las facturas falsas guardadas en un cajón durante
año y medio y presentara denuncia en Fiscalía, dando pie al ´Caso Facturas I´ y
al procesamiento de destacados ex altos cargos socialistas en Diputación,
casualmente por parte del magistrado Sr. Durbán. Proceso cuya eclosión de
declaraciones se produjo en plena campaña electoral última. Ojo por ojo, diente
por diente. Los socialistas habían incumplido la ley del silencio no escrita.
Esta misma filosofía de no
agresión - "no jugar con las cosas de comer" en palabras de un socialista
almeriense crítico con la política de Teruel en este campo- entre los dos
grandes partidos no es nueva, sino heredada desde los tiempos de Martín Soler
como jefe de filas del PSOE. De hecho, tampoco ha pasado desapercibida en estos
días la silenciosa y amortiguada respuesta del PP a la imputación del
exconsejero Soler por parte de la juez Mercedes Alaya en la trama de los Eres.
De tal forma que, en las
últimas dos décadas, ya sea con Martín Soler o ahora con José Luis Sánchez
Teruel, el PSOE almeriense tampoco se ha renovado en este aspecto concreto y ha
optado por mantener una especie de ´omertá´ de incalculables consecuencias
sociales y políticas, dejando en manos de IU (y UPyD en menor medida) la
iniciativa y el protagonismo en las denuncias contra la corrupción política y
económica en la provincia. Bien es cierto que IU, de momento, solo ha
arremetido públicamente contra altos de cargos del PP. (Se supone que por
respeto al pacto de gobierno con el PSOE en la Junta). Aunque alguna consejería,
en manos de la izquierda comunista, ya ha recibido discretas indicaciones desde
Almería para que se paralicen o controlen determinados fondos que, sin
fiscalización y con irregularidades denunciadas, se han evaporado en determinadas
comarcas por parte de cargos socialistas.
Pero una cosa es el silencio
en el mismísimo escenario político de Almería y otra bien distinta han sido los
discretos pasos dados por Sánchez Teruel tras conocer, a través de IDEAL, que
la Policía Judicial proponía su imputación en la causa de las Marismas, acusado
de haber podido cometer tres delitos, graves todos ellos en un político en
activo y con aspiraciones de futuro.
Según fuentes conocedoras de
la marcha del procedimiento judicial que en breve, tras solicitarlo la Guardia
Civil, posiblemente sea declarado "secreto", el diputado socialista
se plantó, acompañado de asesor jurídico, en el Juzgado con la intención de
personarse en la causa y poder conocer fehacientemente la marcha de la
instrucción y todo aquello de lo que formalmente se le acusa. Pretensión a la
que el magistrado Gutiérrez Casillas se negó en redondo. No conviene olvidar
que Sánchez Teruel, licenciado en Derecho, en caso de resultar finalmente
imputado judicialmente en este procedimiento, no lo será por parte del juez de
instrucción, sino que, tras la oportuna y atenta remisión a Granada, deberá
estudiar la Sala de lo Civil y Penal del TSJA su participación en los hechos,
por estar aforado como parlamentario autonómico.
En este procedimiento, sin
embargo, si se admitió hace meses la personación del PP-A como acusación, según
confirmó en su día el diputado Miguel Ángel Arauz, que sigue muy de cerca este
conflicto como portavoz de Agricultura de los populares en la cámara autonómica,.
Por otra parte las
investigaciones del equipo judicial de la Guardia Civil continúan a buen ritmo,
según las fuentes consultadas, centrados de momento en la recogida de abundantísima
documentación de todo tipo en la Comunidad de Regantes y en la toma de declaraciones
a numerosos protagonistas de primer nivel. Se estiman, a priori, que en esta
causa acabarán compareciendo en torno a medio centenar de personas entre
regantes, técnicos y responsables de las empresas implicadas, funcionarios de
la Junta de Andalucía, responsables de entidades bancarias y políticos que
hayan intervenido en el asunto durante años desde los más altos niveles de la
Consejería. José Luis Sánchez Teruel, de momento y por lo que parece, deberá
esperar su turno. Pero mientras, en la Almería política, goza de un especial
aforamiento para el adversario. Nadie del PP le pondrá en aprietos. Con las
cosas de comer no se juega ni en broma. La "ley de silencio", la
´omertá´ entre PP y PSOE de Almería, aún no ha sido derogada.
LA CUAJADERA:
1. Caso Facturas I
-Paco Torres, abogado defensor
de la funcionaria Teresa González Rivera, principal encartada como funcionaria
en el caso, ha presentado un escrito de reforma contra el último auto del
magistrado Durbán Sicilia. A lo largo de 14 folios, el famoso penalista utiliza
sal gorda jurídica para descalificar de arriba abajo la instrucción del juez.
Además de usar términos como injusto o surrealista, se refiere a llamativas "no
imputaciones", a la "celeridad inaudita" del magistrado, a un
procedimiento inductivo, que no se ha buscado el "chorreo" de dinero,
instrucción concluida solo al 10 o 20% y que se le ha dado "cancha ancha"
a la acusación de la Diputación. Habla de sutiles manipulaciones, de errores
técnicos en la grabación de declaraciones, interrogatorio del Siglo XVIII,
inexactitud de informes policiales e indefensión de su representada. Propone,
finalmente, una serie de diligencias que, de ser aceptadas, podrían volver a
situar el proceso casi al inicio de su instrucción.
2.- Javier Aureliano García.
-Vista y oída su declaración
como testigo ante el juez, lo suyo fue como un paseo militar. Frágil memoria la
de JAG al no recordar aspectos fundamentales y fechas; declara varias veces que
la reunión a solas en su despacho con el empresario Joaquín Conde duro
"uno o dos minutos" y que nunca vio las facturas falsas de 40.000
euros que, comprometidas por el equipo Usero, acabó pagando el equipo Amat nada
mas llegar. Ósea él.
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