Poco antes de enviar
este artículo he tenido conocimiento de que el pasado 9 de junio el fiscal
David Calvo López elevó al Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas un escrito
en el que «muestra su conformidad» con las diligencias solicitadas por la
acusación en el ‘Caso La Fabriquilla’. «El Ministerio Fiscal considera que es
imprescindible tomar declaración a los imputados para que expliquen por qué
votaron o informaron favorablemente la concesión de las licencias y puedan
aportar cuantos elementos tengan a su disposición de descargo». Los cargos
públicos a los que el Fiscal propone imputar serían Gabriel Amat, alcalde, y
los concejales del PP Francisca Toresano Moreno, Antonio García Aguilar, Pedro
Antonio López Gómez, José Juan Rubí Fuentes, José Galdeano Antequera, Francisco
Martín Hernández y José María González, titular entonces de Urbanismo, ya
imputado en la causa. Fuentes judiciales indicaron a la acusación particular el
pasado viernes que esta petición deberá esperar a ser elevada al Juez hasta que
el CGPJ nombre al nuevo titular del Juzgado, «dada la complejidad del asunto» y
dado que a la actual sustituta le quedan «unas dos semanas» de permanencia en
el mismo.
"Esta Acusación Popular
ha detectado una dejadez flagrante en cuanto a la instrucción de causas
judicializadas en las que se encuentran involucrados, directamente, cargos
públicos representativos o institucionales de nuestra provincia. Retrasos
injustificados y permisivos que conducen, clara y premeditadamente, al entorpecimiento de las instrucciones
arriesgando, con ello, y a sabiendas, las posibles prescripciones de algunos de
los delitos, supuestamente, cometidos".
Así de contundente se expresa
la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) en una
denuncia presentada el pasado miércoles día 18 ante la Fiscalía Superior del
TSJA en Granada. Dicha ONG, constituida en diciembre de 2012, ha protagonizado
desde entonces una serie de iniciativas, como acción popular, conducidas a
denunciar ante el Ministerio Público llamativos casos de presunta corrupción
política y económica en la provincia de Almería, todos ellos judicializados
tras ser analizados e investigados en primera instancia por la Fiscalía del
alto tribunal andaluz.
En el escrito de referencia se
centran fundamentalmente en la instrucción que se lleva a cabo en el Juzgado Nº
1 de Roquetas de Mar entorno a las Diligencias Previas 34/12, relacionadas con
el denominado ´Caso La Fabriquilla´ y ´Trama Gabriel Amat´, "donde se
encuentra involucrado, directamente, y entre otros el Sr. Gabriel Amat, así,
como una inmensa mayoría de familiares y personas allegadas, de clara y
manifiesta amistad, socios y compañeros de corporación. Recientemente ésta
Asociación, y al respecto de la supuesta “trama familiar” del Sr. Amat, ha
presentado ante esa Fiscalía Superior una extensa denuncia de ampliación sobre
los hechos que, ya fueron denunciados y judicializados".
Casos Facturas II y HALSA
Antes de entrar a fondo en los
detalles concretos del caso que afecta directamente al jefe de filas del PP de
Almería en las instrucciones mencionadas en Roquetas, la asociación anticorrupción
recuerda una serie de sumarios que a su juicio también estarían sufriendo
incompresibles retrasos y dilaciones no justificadas. El denominado ´Caso
Facturas II´ en Diputación es uno de ellos. "Hace referencia al pago, por
parte de ésta institución (aproximadamente involucrados unos 46 Diputados provinciales
y dos corporaciones gobernadas por PSOE y PP, teniendo en cuenta que algunos de
ellos lo han sido en las dos corporaciones), de supuestas facturas falsas
emitidas por medios de comunicación por importe superior al millón de
euros"
También menciona el ´Caso
Hispano Almería, " en el que, en principio, quedaría demostrada la posible
financiación, irregular, del Partido Popular mediante el cobro en “b”, y con
recibís emitidos por la empresa, a cambio de suculentos contratos de obras en
municipios de la provincia de Almería, fundamentalmente, gobernados por el
Partido Popular: ayuntamientos de
Roquetas de Mar, de Níjar, etc., así como los pagos o prebendas, y bajo el
mismo sistema, a técnicos de la
administración pública local, funcionarios de esos Ayuntamientos, del que cabe
destacar, muy especialmente por sus considerables cantidades y número de
técnicos “sobornados”, el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar del que, el
Sr. Amat es su Alcalde Presidente desde hace más de 18 años. En todo éste “contubernio”
y como no podía ser de otra forma, también, se encuentra involucrado algún que
otro Alcalde y Parlamentario Andaluz (como así lo dejó demostrado en su escrito
de denuncia, esta parte, en la que lleva intentando personarse desde hace más
de 90 días, en las actuaciones judicializadas por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Almería), del Partido Popular como lo es el Alcalde de La Mojonera
D. José Cara Fernández ( que casualmente se encuentra casado con la Sra.
Concejal Delegada de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar y, a su vez, socio de los dueños de la empresa pagadora de esas cantidades
en “b”, Hispano Almería, mediante otra llamada Gesponiente.)".
Entiende AMAyT que,
relacionado con este mismo asunto de HALSA, hay que encuadrar el denominado
"Caso Auditorio de Roquetas", denunciado hace años por concejales
roqueteros del PSOE, a los que acabó dando la razón el TSJA y que, tras
solicitar la reapertura de sumario para investigación penal una vez
sustanciados y declarados ilegales los aspectos contencioso administrativos, se
encuentra pendiente de apelación en la Audiencia, fijada para el 17 de febrero
de 2015.
Centrados en las incidencias
que parecen concurrir en el procedimiento seguido por La Fabriquilla,
denunciado en su día por la perjudicada Margarita Kaiser Terriza y al que
Fiscalía propuso unir el de la "trama Amat" por posible conectividad
en los delitos a investigar, AMAyT refleja un rosario de fechas y actuaciones
que demostrarían que se ha ido dilatando injustificadamente la causa y
ocultándoles información. En unos casos la responsabilidad radicaría en el
propio juzgado y, en otras, en la escasa o pasiva intervención de la Fiscalía
de Almería. Especialmente chocante resulta, por ejemplo, la comparecencia en
calidad de imputado del ex concejal de Urbanismo y mano derecha durante años de
Amat en este área, José María González. Una comparecencia "que desde que
el Iltmo. Sr. Fiscal solicitó la declaración y citación, como imputado, del Sr.
exconcejal 9/01/2012 hasta la fecha, ya prevista y en principio, 16/09/2013,
habrían transcurrido, ni más ni menos, que 18 meses". (Al final serían 21)
Y preguntan: "¿No parece, en principio, demasiado tiempo el transcurrido
para la citación y localización de un Sr. cuyo domicilio se encuentra en el
mismo término municipal? ¡Un señor que ha sido concejal de la corporación
municipal durante más de 17 años!"
También se recuerda que, desde
hace casi un año, que la Juez ordenó asignar a la Unidad de Investigación de
Delitos Económicos y Financieros del CNP la elaboración de un informe de
investigación, asunto del que las partes personadas no han vuelto a tener
noticia en estos meses.
Sistemáticos retrasos
Se queja la asociación
anticorrupción de sistemáticos retrasos en la entrega de documentación por
parte del juzgado, como por ejemplo el informe de Fiscalía donde se proponía,
antes de solicitar imputación de los miembros de la Junta de Gobierno con Amat
al frente, que se acreditase por el secretario del Ayuntamiento de Roquetas el
nombre de quienes otorgaron la licencia de diez viviendas ilegales en la
Fabriquilla. Dos meses tardó en comunicase a la acusación el informe del
Fiscal, lo que les conduce a afirmar "que no cabe extraer otra conclusión
que la existencia mal intencionada y preconcebida en demorar aquellas
resoluciones que, a sabiendas, puedan ir encaminadas en contra de los intereses
del Sr. Amat", acusación lanzada directamente contra "la funcionaria
encargada de estas diligencias previas".
Finalmente manifiestan su
queja por el hecho de que el CGPJ haya dejado vacante de titular el Juzgado Nº
1 de Roquetas; preguntan si se ha ordenado -y por quién- cambiar al Fiscal que
inició la causa; se interesan por los informes realizados por la UDEF y la
UDYCO y, "si lo considera oportuno la Fiscalía", se muestran
dispuestos a elevar estas denuncias al CGPJ para que se depuren posibles
responsabilidades de los funcionarios intervinientes a distintos niveles en
estos procedimientos.
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