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| A-92. Ideal de Almería 20 de abril de 2014 |
Independientemente del tono
nervioso y algo chillón, poco acorde con la serena respuesta institucional que
un gobierno debiera haber dado ante una agresión partidista al margen de la
Ley, la Junta tiene razón en su protesta por la filtración de la investigación
policial del escándalo de la Formación. Luciano Alonso, al que Susana Díaz
encargó -¿un asunto malagueño?- el papelón de salir a dar la cara y leña al
ministro del Interior, no estuvo afortunado con las formas empleadas, aunque en
el fondo de su mensaje tuviese más razón que un santo. Desde cuando una
investigación policial – no judicializada - es filtrada a los medios de
comunicación, y para colmo coincidiendo con el arranque de una precampaña
electoral, se preguntaba Alonso algo más que indignado, cabreado.
Lo sucedido esta semana con
este asunto, es sin duda uno de los ejemplos más palmarios de manipulación
política del trabajo de la Policía que, una vez concluidas sus pesquisas,
deberán elevar al Decanato correspondiente delitos y pruebas halladas para que
se proceda al reparto y posterior instrucción por parte de un magistrado juez.
Independientemente de la
gravedad penal y política del escándalo en ciernes, del que más adelante me
ocuparé, no debe quedarse en el tintero la torpe reacción de la Junta en un
tema de este calibre.
En primer lugar desde el
minuto uno debiera haber dado la cara la propia presidenta de la Junta. Las
consecuencias políticas que se traslucen a corto y medio plazo bien merecía que
Susana Díaz dejase su actividad cofrade y balconera para plantarse ante los
medios verbalizando, como hizo su consejero de Educación, la existencia de una
“causa general”. No contra Andalucía, ojo, sino contra el partido y el gobierno
que ella dirige y preside. (Esa manía de envolverse en la bandera, dejó de ser creíble
el día que Jordi Pujol habló de “agresión a Cataluña” cuando investigaban sus
manejos en Banca Catalana). Dejar en manos de un consejero, por muy solvente
que sea, esa primera reacción institucional invita a pensar que Díaz ha querido
guardarse las espaldas, políticamente hablando, de la misma forma que hizo en
su día Chaves nada más arrancar públicamente el escándalo de las grabaciones
con las mordidas en Mercasevilla.
El Ministro del Interior, Jorge
Fernández, ha desmentido las acusaciones del gobierno andaluz, negando la mayor
y, lo que es peor, las evidencias. Si Interior no ha filtrado los primeros
indicios de una investigación policial de alto voltaje político, como asegura,
por qué razón no se ha abierto inmediatamente una investigación interna para
depurar las responsabilidades a que hubiere lugar. No solo por la seriedad que
en un Estado de Derecho merece la labor de la policía a la hora de perseguir
delitos y delincuentes, sino también para desmentir que el Gobierno esté
utilizando la labor de nuestros funcionarios en beneficio partidista, esto es
del PP. ¿Ya no se acuerda el PP de lo que denunció la Sra Cospedal desde la
playa cuando el Caso Gürtell?
Entrando en el fondo de lo
que se está investigando, desgraciadamente la información filtrada
oficiosamente no ha pillado por sorpresa a casi nadie, excepto a los socialistas
en la Junta. ( Sus socios de IU parece que tocan en otra banda desde lo de la
Corrala). Desde que en Madrid se descubrió otro fraude similar al investigado
en Andalucía, con los fondos públicos dedicados a la Formación, cualquiera
medianamente informado esperaba que, de un momento a otro, saltase la misma
liebre pero con dorsal blanquiverde. De la misma forma que es casi seguro que,
de investigarse en serio, saldrían a relucir prácticas similares en otras
comunidades autónomas españolas. Entre otras cosas porque este tipo de prácticas
que ahora se denuncian en Málaga, Granada y Almería – saldrán más provincias,
seguro- se han realizado a la luz del día y sin recatarse sus actores
principales. Y también porque, concretamente en Andalucía, ha quedado más que
evidenciado el escaso control que funcionarios públicos y políticos han
ejercido a la hora de fiscalizar el buen uso de estos y otros fondos públicos.
Si realmente Susana Díaz se
cree de verdad lo que tantas veces ha proclamado - “tolerancia cero con la corrupción, sea de
quien sea”- no parece un buen sistema
situase tras los ciriales y mirar para otro lado, lanzando a uno de sus
consejeros a quemase en las candelas. Lo suyo hubiese sido anunciar de
inmediato comparecencia en el Parlamento, ordenar una investigación interna,
seria y rigurosa, y poner en manos de la Fiscalía todo aquello susceptible de
ser investigado penalmente. Todo ello tras dar cuenta a la opinión pública y
lanzar un ¡viva la transparencia! La política del avestruz, cuando desde “fuentes
del Interior” se reitera y se habla de
cerca de “los dos mil millones” en el supuesto fraude de la Formación en
Andalucía, es tanto como perder la iniciativa política una vez más y situarse a
remolque de los acontecimientos, como en el caso de los Eres.
De todas formas parece que la
presidenta empieza a padecer mal de altura y alguien debiera aconsejarle que vuelva
a pisar el suelo. Después del pan como unas tortas de la marcha atrás en las
competencias de Vivienda de IU, Susana Díaz empieza a estar irreconocible para
muchos cuadros socialistas que, inicialmente, aplaudieron su golpe de autoridad.
El resultado político de la Corrala Utopía, nadie discute a estas alturas que
ha sido negativo para la dirigente socialista que, tras tejer y destejer el
decreto, aparece prisionera de sus socios minoritarios en el gobierno y, lo que
es peor, identificada con el “efecto 15-M” incrustado en IU.
Volviendo a la cuestión de la
filtración policial, al PP no le convendría olvidar que tanto la Udyco como la
Udef, mantienen en marcha otras importantes investigaciones sobre corrupción
política en Andalucía. Y que algunas de esas pesquisas duran ya meses y pueden
afectar a importantes dirigentes del partido del Gobierno.
Sin ir más lejos ahí tienen a
ambos grupos policiales que, bajo control judicial, están investigando la
denominada “trama Amat”; un puzzle societario entorno al líder del PP en Almería,
familia, socios y amigos, que supuestamente se habrían beneficiado durante años
de decisiones del alcalde de Roquetas en materia urbanística.
Imaginarse hoy una filtración
de lo investigado hasta ahora sobre Amat y los suyos invita a preguntarse cuanto
tardaría el PP en denunciar ante Torres Dulce a los fiscales o en recusar al
juez correspondiente. Pero eso, hoy por hoy, ni ha pasado ni creo que suceda.
Me refiero a la filtración, claro está.
LA CUAJADERA
1.- Gabriel Amat
Esta semana será presentada
por parte de AMAyT en el correspondiente juzgado de Roquetas una primera
ampliación de la denuncia presentada hace meses entorno a la denominada “Trama
Amat”. Se trata de una extensa recopilación de más de quinientos folios, con
abundante documentación incorporada, donde se detallan decisiones urbanísticas
del Ayuntamiento de Roquetas relacionadas con entidades mercantiles que habrían
sido beneficiadas por la corporación roquetera bajo la presidencia de Gabriel Amat
Ayllón. Como denominador común a todas ellas, un entramado de ingeniería
mercantil y financiera, en las que aparecen familiares del alcalde y socios en
numerosas mercantiles.
2.- Caso Rifá.
En la mencionada ampliación de la denuncia también se
hace referencia, entre otros, al sumario abierto en un juzgado de Almería desde
el verano de 2012 donde, a instancias de la Agencia Tributaria, a través del
Servicio de Vigilancia Aduanera, se investiga al empresario Miguel Rifá, entre
otros por supuestos delitos tributarios y evasión de capitales. AMAyT considera
que ha hallado conexiones suficientes entre Rifá y sus testaferros con el
entramado societario de la familia Amat, especialmente con su sobrino Francis
Amat, también beneficiados por decisiones urbanísticas del gobierno municipal
de Roquetas.
El juez almeriense, que ha
ocupado durante años plazas de juez en Roquetas y de magistrado en Almería entre otras
localidades, entendiendo sobre Causas de gran relieve político y mediático,
será ascendido a Magistrado de la Audiencia Provincial de Almería. Se podría
dar la circunstancia de que, con el paso del tiempo, algunos de los sumarios
por él iniciados acaben en la Sala de la que será miembro aunque, llegado el
caso, el haberlas conocido en su fase de instrucción provoquen su lógico
apartamiento voluntario.
4.- El PSOE ¿informa?
-En el PSOE de Almería se
ejerce un control muy singular entorno a la comunicación pública de las
agrupaciones que integran el partido en la provincia. Sin que los estatutos lo
contemplen, el Secretario General, José Luis Sánchez Teruel, tiene
institucionalizada la orden de que ninguna agrupación del partido pueda emitir
directamente a los medios notas de prensa sin que, previamente, reciban el
visto bueno de la dirección provincial. También tienen limitadas las ruedas de
prensa in situ que, de celebrarlas, deberán hacerse en la sede provincial del
partido en la capital. Parece que hay algunas agrupaciones que no están
dispuestas a seguir con el método implantado por Teruel que consideran una
“censura previa” y poco eficaz.
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