lunes, 21 de abril de 2014

SUSANA CONTRA ´LOS POLIS´ DEL PP

A-92. Ideal de Almería
 20 de abril de 2014


Independientemente del tono nervioso y algo chillón, poco acorde con la serena respuesta institucional que un gobierno debiera haber dado ante una agresión partidista al margen de la Ley, la Junta tiene razón en su protesta por la filtración de la investigación policial del escándalo de la Formación. Luciano Alonso, al que Susana Díaz encargó -¿un asunto malagueño?- el papelón de salir a dar la cara y leña al ministro del Interior, no estuvo afortunado con las formas empleadas, aunque en el fondo de su mensaje tuviese más razón que un santo. Desde cuando una investigación policial – no judicializada - es filtrada a los medios de comunicación, y para colmo coincidiendo con el arranque de una precampaña electoral, se preguntaba Alonso algo más que indignado, cabreado.
Lo sucedido esta semana con este asunto, es sin duda uno de los ejemplos más palmarios de manipulación política del trabajo de la Policía que, una vez concluidas sus pesquisas, deberán elevar al Decanato correspondiente delitos y pruebas halladas para que se proceda al reparto y posterior instrucción por parte de un magistrado juez.
Independientemente de la gravedad penal y política del escándalo en ciernes, del que más adelante me ocuparé, no debe quedarse en el tintero la torpe reacción de la Junta en un tema de este calibre.
En primer lugar desde el minuto uno debiera haber dado la cara la propia presidenta de la Junta. Las consecuencias políticas que se traslucen a corto y medio plazo bien merecía que Susana Díaz dejase su actividad cofrade y balconera para plantarse ante los medios verbalizando, como hizo su consejero de Educación, la existencia de una “causa general”. No contra Andalucía, ojo, sino contra el partido y el gobierno que ella dirige y preside. (Esa manía de envolverse en la bandera, dejó de ser creíble el día que Jordi Pujol habló de “agresión a Cataluña” cuando investigaban sus manejos en Banca Catalana). Dejar en manos de un consejero, por muy solvente que sea, esa primera reacción institucional invita a pensar que Díaz ha querido guardarse las espaldas, políticamente hablando, de la misma forma que hizo en su día Chaves nada más arrancar públicamente el escándalo de las grabaciones con las mordidas en Mercasevilla.
El Ministro del Interior, Jorge Fernández, ha desmentido las acusaciones del gobierno andaluz, negando la mayor y, lo que es peor, las evidencias. Si Interior no ha filtrado los primeros indicios de una investigación policial de alto voltaje político, como asegura, por qué razón no se ha abierto inmediatamente una investigación interna para depurar las responsabilidades a que hubiere lugar. No solo por la seriedad que en un Estado de Derecho merece la labor de la policía a la hora de perseguir delitos y delincuentes, sino también para desmentir que el Gobierno esté utilizando la labor de nuestros funcionarios en beneficio partidista, esto es del PP. ¿Ya no se acuerda el PP de lo que denunció la Sra Cospedal desde la playa cuando el Caso Gürtell?
Entrando en el fondo de lo que se está investigando, desgraciadamente la información filtrada oficiosamente no ha pillado por sorpresa a casi nadie, excepto a los socialistas en la Junta. ( Sus socios de IU parece que tocan en otra banda desde lo de la Corrala). Desde que en Madrid se descubrió otro fraude similar al investigado en Andalucía, con los fondos públicos dedicados a la Formación, cualquiera medianamente informado esperaba que, de un momento a otro, saltase la misma liebre pero con dorsal blanquiverde. De la misma forma que es casi seguro que, de investigarse en serio, saldrían a relucir prácticas similares en otras comunidades autónomas españolas. Entre otras cosas porque este tipo de prácticas que ahora se denuncian en Málaga, Granada y Almería – saldrán más provincias, seguro- se han realizado a la luz del día y sin recatarse sus actores principales. Y también porque, concretamente en Andalucía, ha quedado más que evidenciado el escaso control que funcionarios públicos y políticos han ejercido a la hora de fiscalizar el buen uso de estos y otros fondos públicos.
Si realmente Susana Díaz se cree de verdad lo que tantas veces ha proclamado  - “tolerancia cero con la corrupción, sea de quien sea”-  no parece un buen sistema situase tras los ciriales y mirar para otro lado, lanzando a uno de sus consejeros a quemase en las candelas. Lo suyo hubiese sido anunciar de inmediato comparecencia en el Parlamento, ordenar una investigación interna, seria y rigurosa, y poner en manos de la Fiscalía todo aquello susceptible de ser investigado penalmente. Todo ello tras dar cuenta a la opinión pública y lanzar un ¡viva la transparencia! La política del avestruz, cuando desde “fuentes del Interior”  se reitera y se habla de cerca de “los dos mil millones” en el supuesto fraude de la Formación en Andalucía, es tanto como perder la iniciativa política una vez más y situarse a remolque de los acontecimientos, como en el caso de los Eres.
De todas formas parece que la presidenta empieza a padecer mal de altura y alguien debiera aconsejarle que vuelva a pisar el suelo. Después del pan como unas tortas de la marcha atrás en las competencias de Vivienda de IU, Susana Díaz empieza a estar irreconocible para muchos cuadros socialistas que, inicialmente, aplaudieron su golpe de autoridad. El resultado político de la Corrala Utopía, nadie discute a estas alturas que ha sido negativo para la dirigente socialista que, tras tejer y destejer el decreto, aparece prisionera de sus socios minoritarios en el gobierno y, lo que es peor, identificada con el “efecto 15-M” incrustado en IU.
Volviendo a la cuestión de la filtración policial, al PP no le convendría olvidar que tanto la Udyco como la Udef, mantienen en marcha otras importantes investigaciones sobre corrupción política en Andalucía. Y que algunas de esas pesquisas duran ya meses y pueden afectar a importantes dirigentes del partido del Gobierno.
Sin ir más lejos ahí tienen a ambos grupos policiales que, bajo control judicial, están investigando la denominada “trama Amat”; un puzzle societario entorno al líder del PP en Almería, familia, socios y amigos, que supuestamente se habrían beneficiado durante años de decisiones del alcalde de Roquetas en materia urbanística.
Imaginarse hoy una filtración de lo investigado hasta ahora sobre Amat y los suyos invita a preguntarse cuanto tardaría el PP en denunciar ante Torres Dulce a los fiscales o en recusar al juez correspondiente. Pero eso, hoy por hoy, ni ha pasado ni creo que suceda. Me refiero a la filtración, claro está.




LA CUAJADERA

1.- Gabriel Amat

Esta semana será presentada por parte de AMAyT en el correspondiente juzgado de Roquetas una primera ampliación de la denuncia presentada hace meses entorno a la denominada “Trama Amat”. Se trata de una extensa recopilación de más de quinientos folios, con abundante documentación incorporada, donde se detallan decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Roquetas relacionadas con entidades mercantiles que habrían sido beneficiadas por la corporación roquetera bajo la presidencia de Gabriel Amat Ayllón. Como denominador común a todas ellas, un entramado de ingeniería mercantil y financiera, en las que aparecen familiares del alcalde y socios en numerosas mercantiles.

2.- Caso Rifá.

En la  mencionada ampliación de la denuncia también se hace referencia, entre otros, al sumario abierto en un juzgado de Almería desde el verano de 2012 donde, a instancias de la Agencia Tributaria, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera, se investiga al empresario Miguel Rifá, entre otros por supuestos delitos tributarios y evasión de capitales. AMAyT considera que ha hallado conexiones suficientes entre Rifá y sus testaferros con el entramado societario de la familia Amat, especialmente con su sobrino Francis Amat, también beneficiados por decisiones urbanísticas del gobierno municipal de Roquetas.


 3.- Luis Durbán Sicilia

El juez almeriense, que ha ocupado durante años plazas de juez en Roquetas y  de magistrado en Almería entre otras localidades, entendiendo sobre Causas de gran relieve político y mediático, será ascendido a Magistrado de la Audiencia Provincial de Almería. Se podría dar la circunstancia de que, con el paso del tiempo, algunos de los sumarios por él iniciados acaben en la Sala de la que será miembro aunque, llegado el caso, el haberlas conocido en su fase de instrucción provoquen su lógico apartamiento voluntario.

4.- El PSOE ¿informa?

-En el PSOE de Almería se ejerce un control muy singular entorno a la comunicación pública de las agrupaciones que integran el partido en la provincia. Sin que los estatutos lo contemplen, el Secretario General, José Luis Sánchez Teruel, tiene institucionalizada la orden de que ninguna agrupación del partido pueda emitir directamente a los medios notas de prensa sin que, previamente, reciban el visto bueno de la dirección provincial. También tienen limitadas las ruedas de prensa in situ que, de celebrarlas, deberán hacerse en la sede provincial del partido en la capital. Parece que hay algunas agrupaciones que no están dispuestas a seguir con el método implantado por Teruel que consideran una “censura previa” y poco eficaz.  

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