domingo, 27 de abril de 2014

EL AMARGO ANÁLISIS DE TORRES DULCE

A-92. Ideal de Almeria
27 de abril de 2014



-“Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”.
Este es el diagnóstico que, sobre la lucha judicial contra la corrupción, se escuchó esta semana en sede parlamentaria. Y no las hacía ningún político, ni un preferentista de Caja Madrid, tampoco ningún periodista obsesionado con las tramas de corrupción, ni siquiera el juez antisistema Elpidio Silva. Las hizo, nada más y nada menos que Eduardo Torres Dulce, a la sazón Fiscal General del Estado.
Reconoció muchas más cosas el máximo responsable del Ministerio Público, todas ellas graves, dentro del marco de comparecencias de expertos ante la Comisión Constitucional del Congreso para valorar las medidas anticorrupción – “parches insuficientes” - adoptadas por Gobierno de Rajoy.  Una radiografía, la expuesta por Torres Dulce, que  conduce a que en la calle se tenga la sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”, según reconoció.
Las causas más complejas, afirmó Torres Dulce, “no las instruye ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje critico es muy limitado”.
La falta de medios, materiales y humanos, como no podía ser menos, también ha quedado una vez más evidenciado sobre la mesa de las carencias. Una reivindicación constante de la Fiscalía desde hace años. Baste repasar, por ejemplo en el caso de Andalucía, las sucesivas memorias anuales del Fiscal Superior del TSJA , Jesús García Calderón, o lo dicho en sus comparecencias en el Parlamento de Andalucía.
También quedó en evidencia que dado lo avanzado del calendario legislativo, difícilmente podrá abordarse la reforma de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque los expertos apostaron por abordar parcialmente algunos de los aspectos más necesarios de reforma de la citada Ley que pasará a llamarse, de la mano del ministro Ruiz Gallardón, Código Procesal Penal.

Segunda transición

Desde hace unos años asistimos en España a una segunda transición, desde el punto de vista político, pero con una diferencia muy notable a la que vivimos y protagonizamos los españoles tras la muerte del dictador; cuando un trío clave integrado por el Rey Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suarez, dispusieron y ejecutaron – de acuerdo después con las fuerzas democráticas, aún ilegales- un proceso de reformas cuyo eje fundamental consistía en luchar y desmontar la dictadura de 40 años e instaurar la democracia plena. La diferencia radica en que hoy el enemigo a batir no es el búnker del Movimiento. Ahora el mal que aqueja a la sociedad se llama corrupción, segunda gran preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de esta país, a tenor de lo que desde hace tiempo vienen reflejando machaconamente las encuestas del CIS.
Diversas fuentes estiman que en estos momentos, en los procesos judiciales abiertos contra la corrupción en nuestro país, se están dilucidando entre los treinta y cuarenta mil millones de euros robados por una extensa trama de delincuentes – de toda condición y pelaje político- sustraídos de la caja de los impuestos de los españoles. Una suma de dinero que, sin duda, ayudaría y mucho a paliar, por ejemplo, las necesidades en educación, servicios sociales y, también,  en la lucha contra el paro galopante, la primera causa de preocupación en esos sondeos aludidos.
Pero siendo sorprendente que el Fiscal General del Estado diga en voz alta, en términos jurídicos y con expresiones comprensibles para todos, lo que la inmensa mayoría de ciudadanos piensan sobre el funcionamiento de la Justicia, mucho más aún ha sido comprobar el escaso interés dado a esas manifestaciones por la casta política, acosada por los escándalos.
Como viene siendo habitual el poder político se han puesto de perfil, como si no les afectara el fenómeno y su problemática o ya la conociesen de antemano. Más o menos han venido a decir aquello tan socorrido de “tomamos nota”.
Mientras tanto, a diario, en los medios de comunicación nos encontramos con una cansina retahíla de crónicas judiciales cortadas por el mismo patrón. La instrucción judicial de las causas se ha convertido en un fin en sí misma, no en un medio que conduzca a resoluciones y sentencias firmes de los tribunales. Ante este panorama la conclusión es fácil: el delincuente paga (solo) con la pena de telediario. Nunca acaba en la cárcel y, lo más irritante, nunca devuelve la poca o mucha fortuna económica robada.
Procesos largos, plagados de costosa ingeniería jurídica, normalmente financiada por el dinero sustraído, ha convertido el trabajos de nuestros jueces y fiscales en un mero trámite para muchos políticos y comparsas antes de pasar a un retiro dorado donde podrán proclamar con absoluta tranquilidad aquello de “que me quiten lo robado”.
Un anuncio, con fotografías incluidas, publicado hace unos días en uno de los portales de Internet más populares, dedicado a la compra venta de todo tipo de inmuebles y propiedades, puede resultar ilustrativo sobre botines no recuperados.  
Bajo el título “Finca de ensueño en Laroles” puede leerse el siguiente reclamo por el astronómico precio de 475.000 euros:
“En  plena Alpujarra granadina, justo debajo del Puerto de la Regua. Está a 1000 metros de altitud. Tiene muy buena comunicación y está a 1 km del pueblo. Forma parte de un coto de caza privado, tiene más de 1000 olivos centenarios en producción de aceite de alta calidad. Riego por goteo. La finca posee un gran nacimiento de agua, sobra para regar todo el año y llenar sus dos balsas. También tiene agua de comunidad y cortijo de 500 metros cuadrados del año 1935, con bodega y más dos hectáreas de viñedos. Produce un excelente vino”.
Una propiedad y una descripción que bien podría estar extraída del voluminoso sumario de la “Operación Poniente” que, desde hace seis años, se instruye en los juzgados de Almería.
Desde luego, el amargo diagnóstico de Eduardo Torres Dulce, es un fiel reflejo de la realidad cotidiana. Hasta el Fiscal General del Estado lo reconoce ya.



LA CUAJADERA


1.- NíJAR

-El asunto de Hispano Almería en Níjar y la supuesta financiación del PP mediante entregas dinerarias en periodos electorales, con recibís de por medio, parece que empieza a cobrarse víctimas políticas sin que el juzgado correspondiente de Almería haya empezado a actuar todavía en el asunto. En el seno del propio PP de la localidad parece que han surgido discrepancias entorno a las relaciones con la constructora. En ámbitos políticos municipales se da por hecha la dimisión de la concejal de Cultura, discrepante en cómo su grupo está llevando la aclaración pública de este embrollo denunciado por el PSOE.


2.- BERRUEZO

- Esta semana ha tenido entrada en la sede de la Fiscalía Superior del TSJA en Granada el texto de una extensa denuncia, acompañada de abundante documentación, presentada por el empresario gaditano José Antonio López Esteras, (Grupo Jale, en situación concursal) para que se proceda a determinar las responsabilidades a que hubiere lugar en una serie de millonarias operaciones mercantiles y financieras protagonizadas por el Banco Popular y por el empresario de Tíjola Estanislao Berruezo, socio en su día de López Esteras. Una operaciones en las que, según la denuncia de López Esteras, fue engañado como un “tonto útil”.  


3.- CAJA B

-El Secretario General del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha creído ver un filón del que sacar tajada política: las “cajas B” provinciales del PP, denunciadas por Luis Bárcenas ante el juez Ruz. Y ahí que se ha lanzado a pedirle explicaciones a Gabriel Amat, ojo pero solo a través de artículos de prensa. Olvida Teruel que existen varios procedimientos judiciales en marcha – el Caso Halsa es uno de ellos- donde podría personarse el PSOE para saber si ha habido dinero negro circulante en el partido hegemónico en la provincia. Pero aún no lo ha hecho y se duda que lo haga a estas alturas. Se desconocen los motivos por los que el líder socialista ni se persona en la Causa y ni siquiera menciona públicamente el nombre de la empresa Halsa.


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