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| A-92. Ideal de Almeria 27 de abril de 2014 |
-“Legislación insuficiente,
enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la
ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de
entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos
a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”.
Este es el
diagnóstico que, sobre la lucha judicial contra la corrupción, se escuchó esta
semana en sede parlamentaria. Y no las hacía ningún político, ni un
preferentista de Caja Madrid, tampoco ningún periodista obsesionado con las
tramas de corrupción, ni siquiera el juez antisistema Elpidio Silva. Las hizo,
nada más y nada menos que Eduardo Torres Dulce, a la sazón Fiscal General del
Estado.
Reconoció
muchas más cosas el máximo responsable del Ministerio Público, todas ellas
graves, dentro del marco de comparecencias de expertos ante la Comisión
Constitucional del Congreso para valorar las medidas anticorrupción – “parches
insuficientes” - adoptadas por Gobierno de Rajoy. Una radiografía, la expuesta por Torres
Dulce, que conduce a que en la calle se
tenga la sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”, según
reconoció.
Las causas
más complejas, afirmó Torres Dulce, “no las instruye ni el juez ni el fiscal,
sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la
capacidad de filtraje critico es muy limitado”.
La falta
de medios, materiales y humanos, como no podía ser menos, también ha quedado
una vez más evidenciado sobre la mesa de las carencias. Una reivindicación
constante de la Fiscalía desde hace años. Baste repasar, por ejemplo en el caso
de Andalucía, las sucesivas memorias anuales del Fiscal Superior del TSJA ,
Jesús García Calderón, o lo dicho en sus comparecencias en el Parlamento de
Andalucía.
También
quedó en evidencia que dado lo avanzado del calendario legislativo,
difícilmente podrá abordarse la reforma de la decimonónica Ley de
Enjuiciamiento Criminal, aunque los expertos apostaron por abordar parcialmente
algunos de los aspectos más necesarios de reforma de la citada Ley que pasará a
llamarse, de la mano del ministro Ruiz Gallardón, Código Procesal Penal.
Segunda
transición
Desde hace
unos años asistimos en España a una segunda transición, desde el punto de vista
político, pero con una diferencia muy notable a la que vivimos y protagonizamos
los españoles tras la muerte del dictador; cuando un trío clave integrado por
el Rey Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suarez, dispusieron y
ejecutaron – de acuerdo después con las fuerzas democráticas, aún ilegales- un
proceso de reformas cuyo eje fundamental consistía en luchar y desmontar la
dictadura de 40 años e instaurar la democracia plena. La diferencia radica en
que hoy el enemigo a batir no es el búnker del Movimiento. Ahora el mal que
aqueja a la sociedad se llama corrupción, segunda gran preocupación de los
ciudadanos y ciudadanas de esta país, a tenor de lo que desde hace tiempo vienen
reflejando machaconamente las encuestas del CIS.
Diversas
fuentes estiman que en estos momentos, en los procesos judiciales abiertos
contra la corrupción en nuestro país, se están dilucidando entre los treinta y
cuarenta mil millones de euros robados por una extensa trama de delincuentes –
de toda condición y pelaje político- sustraídos de la caja de los impuestos de
los españoles. Una suma de dinero que, sin duda, ayudaría y mucho a paliar, por
ejemplo, las necesidades en educación, servicios sociales y, también, en la lucha contra el paro galopante, la
primera causa de preocupación en esos sondeos aludidos.
Pero
siendo sorprendente que el Fiscal General del Estado diga en voz alta, en
términos jurídicos y con expresiones comprensibles para todos, lo que la
inmensa mayoría de ciudadanos piensan sobre el funcionamiento de la Justicia,
mucho más aún ha sido comprobar el escaso interés dado a esas manifestaciones
por la casta política, acosada por los escándalos.
Como viene
siendo habitual el poder político se han puesto de perfil, como si no les
afectara el fenómeno y su problemática o ya la conociesen de antemano. Más o
menos han venido a decir aquello tan socorrido de “tomamos nota”.
Mientras
tanto, a diario, en los medios de comunicación nos encontramos con una cansina
retahíla de crónicas judiciales cortadas por el mismo patrón. La instrucción
judicial de las causas se ha convertido en un fin en sí misma, no en un medio
que conduzca a resoluciones y sentencias firmes de los tribunales. Ante este
panorama la conclusión es fácil: el delincuente paga (solo) con la pena de
telediario. Nunca acaba en la cárcel y, lo más irritante, nunca devuelve la
poca o mucha fortuna económica robada.
Procesos
largos, plagados de costosa ingeniería jurídica, normalmente financiada por el
dinero sustraído, ha convertido el trabajos de nuestros jueces y fiscales en un
mero trámite para muchos políticos y comparsas antes de pasar a un retiro
dorado donde podrán proclamar con absoluta tranquilidad aquello de “que me quiten lo
robado”.
Un anuncio,
con fotografías incluidas, publicado hace unos días en uno de los portales de
Internet más populares, dedicado a la compra venta de todo tipo de inmuebles y
propiedades, puede resultar ilustrativo sobre botines no recuperados.
Bajo el título
“Finca de ensueño en Laroles” puede leerse el siguiente reclamo por el
astronómico precio de 475.000 euros:
“En plena Alpujarra granadina, justo debajo del
Puerto de la Regua. Está a 1000 metros de altitud. Tiene muy buena comunicación
y está a 1 km del pueblo. Forma parte de un coto de caza privado, tiene más de
1000 olivos centenarios en producción de aceite de alta calidad. Riego por
goteo. La finca posee un gran nacimiento de agua, sobra para regar todo el año
y llenar sus dos balsas. También tiene agua de comunidad y cortijo de 500
metros cuadrados del año 1935, con bodega y más dos hectáreas de viñedos. Produce
un excelente vino”.
Una
propiedad y una descripción que bien podría estar extraída del voluminoso
sumario de la “Operación Poniente” que, desde hace seis años, se instruye en
los juzgados de Almería.
Desde
luego, el amargo diagnóstico de Eduardo Torres Dulce, es un
fiel reflejo de la realidad cotidiana. Hasta el Fiscal General del Estado lo reconoce ya.
LA
CUAJADERA
1.- NíJAR
-El asunto
de Hispano Almería en Níjar y la supuesta financiación del PP mediante entregas
dinerarias en periodos electorales, con recibís de por medio, parece que empieza
a cobrarse víctimas políticas sin que el juzgado correspondiente de Almería
haya empezado a actuar todavía en el asunto. En el seno del propio PP de la
localidad parece que han surgido discrepancias entorno a las relaciones con la
constructora. En ámbitos políticos municipales se da por hecha la dimisión de
la concejal de Cultura, discrepante en cómo su grupo está llevando la
aclaración pública de este embrollo denunciado por el PSOE.
2.-
BERRUEZO
- Esta
semana ha tenido entrada en la sede de la Fiscalía Superior del TSJA en Granada
el texto de una extensa denuncia, acompañada de abundante documentación,
presentada por el empresario gaditano José Antonio López Esteras, (Grupo Jale,
en situación concursal) para que se proceda a determinar las responsabilidades
a que hubiere lugar en una serie de millonarias operaciones mercantiles y
financieras protagonizadas por el Banco Popular y por el empresario de Tíjola
Estanislao Berruezo, socio en su día de López Esteras. Una operaciones en las
que, según la denuncia de López Esteras, fue engañado como un “tonto
útil”.
3.- CAJA B
-El
Secretario General del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, ha creído ver un filón
del que sacar tajada política: las “cajas B” provinciales del PP, denunciadas
por Luis Bárcenas ante el juez Ruz. Y ahí que se ha lanzado a pedirle
explicaciones a Gabriel Amat, ojo pero solo a través de artículos de prensa.
Olvida Teruel que existen varios procedimientos judiciales en marcha – el Caso
Halsa es uno de ellos- donde podría personarse el PSOE para saber si ha habido
dinero negro circulante en el partido hegemónico en la provincia. Pero aún no
lo ha hecho y se duda que lo haga a estas alturas. Se desconocen los motivos
por los que el líder socialista ni se persona en la Causa y ni siquiera
menciona públicamente el nombre de la empresa Halsa.
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