martes, 1 de octubre de 2013

CASO PONIENTE, CUATRO AÑOS DESPUÉS

A solo tres semanas de que se cumplan cuatro años del arranque formal de la denominada Operación Poniente en El Ejido, el 20 de octubre de 2009, la instrucción sufre una parálisis de casi tres años. Quedó en dique seco nada más abandonar el juzgado la Juez Montserrat Peña, por traslado a Granada, que fue quien abrió diligencias secretas el 20 de abril de ese mismo año a instancias de la Fiscalía del TSJA.
Atraso inexplicable e incomprensible si se tienen en cuenta una serie de circunstancias bastante notables entorno a este macro caso de corrupción.
Fue la segunda gran operación judicial en Andalucía contra la corrupción, tras la Operación Malaya en Marbella, con cerca de setenta personas imputadas y millones de euros saqueados de las arcas públicas del Ayuntamiento de El Ejido. Entre los detenidos y encarcelados preventivamente estuvieron el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, el interventor municipal, Pepe Alemán y una panoplia de empresarios de las parasitarias contratas de la semi pública Elsur. Aquel sumario, con cerca de los 300.000 folios ya, fue instruido en el Juzgado Nº 2 de Almería, donde continúa abierto a día de hoy. Ante Su Señoría desfilaron la flor y nata del próspero empresariado del Poniente almeriense de la época.
El escándalo social levantado por aquella espectacular operación judicial fue de tal calibre que no solamente indignaba a los ciudadanos el tejemaneje económico de los encausados con el dinero público. Cabreaba e irritaba especialmente conocer, en papel timbrado del Ministerio de Justicia, la verdadera cara de la política almeriense donde, al margen de las siglas, casi todos acababan revolcados en la misma cama. La política, el funcionariado, los medios de comunicación y una selecta élite social que mangoneaba lo de los demás. Todos, siempre, muy unidos en sus fechorías.


-ORIGEN DE LAS DENUNCIAS.

La Operación Poniente no fue fruto de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía de Almería por IU y PP, tal y como en algún momento interesó vender en estos años por conveniencia de algunos políticos de la derecha. Ni tampoco por investigaciones de la Agencia Tributaria, como recientemente ha apuntado un portavoz de la misma. Difícilmente podrá presentar la AET un documento que demuestre que ellos, si verdaderamente descubrieron el pastel de El Ejido y Elsur, actuaron en consecuencia judicializando su informe de inspección.
En honor a la verdad quienes realmente impulsaron las primeras denuncias públicas fueron los trabajadores de la empresa Elsur, participada por Abengoa y el Ayuntamiento de El Ejido. (Por cierto, alguno de aquellos trabajadores que actuaron como “topos” de primera hora han sido incluidos en un Ere masivo para su despido esta semana, bajo supervisión del actual acalde Paco Góngora, el que mayor tajada política obtuvo del caso Poniente).
Un abogado que trabajó para el Ayuntamiento fue el conducto utilizado por los trabajadores de Elsur para filtrar a la periodista Eva Liria Rubio, Delegada entonces de Onda Cero El Ejido, abundante documentación que demostraría la trama económica montada para saquear los impuestos de los ejidenses a través de las empresas satélites del clan. La publicidad de dichos documentos a través de la radio y  El Mundo de Almería, editado entonces por Luis Montoya, destapó el escándalo sin participación de mano política alguna. De hecho, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, se desayunó por la radio con el escándalo sin conocer  de antemano que se fuese a publicar. El edil de Roquetas no ocultó entonces su incomodidad.
A Amat, sin duda, le ponía la idea de ajustarle las cuentas a su viejo camarada Enciso y a su gente del PAL, ex miembros todos del PP, que le habían “robado” la Diputación mediante un pacto oculto y vergonzoso con el PSOE de Martín Soler. Pero a Gabriel Amat le hubiese gustado dirigir y controlar el proceso de denuncias periodísticas, ir por delante para evitar sorpresas no deseadas. No lo logró, aunque lo intentó. Finalmente se sumó al carro meses después, autorizando a su partido para la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial, justo después y a rebufo de que lo hiciese la hoy diputada comunista Rosalía Martín en nombre de IU.
El PSOE guardó un silencio cómplice y sospechoso con los políticos encausados en la trama, todos de derecha extrema. Eran sus socios y amigos, con lo que planificaban en Sevilla cada otoño el curso político almeriense con la aquiescencia de Manolo Chaves y la presencia de Luis Pizarro.
Pero aquellas denuncias presentadas en 2007 en la Fiscalía de Almería, donde Juan Enciso tenia buenos contactos con el Teniente Fiscal Fernando Brea, tal y como evidenciaron las grabaciones telefónicas de la OP, no tuvieron mucho movimiento ni efectos a posteriori. Pasado el tiempo, meses, fue la propia Fiscalía del TSJA la que verdaderamente activó desde Granada la investigación final que desembocó en el desarrollo de la acción judicial y un espectacular operativo policial el 20 de octubre de 2009.


-HACIENDA, ¿RESPONSABLES?

Recientemente han estado en Almería en visita institucional rutinaria el Presidente del TSJA, Lorenzo del Rio y los delegados para Andalucía del CGPJ. Lógicamente el escandaloso retraso de la instrucción de la OP fue uno de los asuntos por los que preguntaron, a lo que el juez decano, Luis Columna, les explicó que el retraso estaba motivado por el Ministerio de Hacienda, que no había concluido los informes periciales solicitados en su día desde la sede judicial instructora.
Paralelamente, los socialistas, elevaban en el Congreso de Diputados una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, a dotar al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Almería, de los medios que precise de acuerdo con lo previsto legalmente, incluido el nombramiento de un juez de refuerzo.
Junto a esta inquietud institucional que se ha empezado a visualizar recientemente, no convendría olvidar la desazón que vienen padeciendo desde hace años muchos de los imputados – que no sentenciados- en la OP. Algunos tienen o han tenido embargadas sus cuentas, con importantes fianzas de por medio, propiedades personales, familiares y un sinfín de medidas cautelares del todo punto injustas por lo dilatado en el tiempo y el perjuicio causado. A otros, qué paradoja, la Justicia ni siquiera le ha localizado el dinero oculto en esos años.
La proposición socialista no salió adelante por la oposición expresa del PP que planteó una cuestión de matiz que no fue aceptada por los proponentes. El actual juez de la OP seguirá sin apoyo extra y sin dotación de más medios para concluir la instrucción y poder fijar fecha para la Vista Oral del macro proceso.
Pero no ha sido esta la única sorpresa de estos días en relación con el caso Poniente. Un portavoz autorizado de Hacienda ha desmentido, parcialmente, que su ministerio tenga la culpa del retraso. Lo ha hecho a través del Diario de Almería, señalando que el 90% de la documentación está ya analizada. El periodista Iván Gómez recoge con detalle cuanto le transmite el portavoz oficial de Hacienda: “No hay ninguna parálisis, sino todo lo contrario. Ya se han emitido ocho informes de avance y conclusiones provisionales y se están ultimando los informes periciales definitivos para entregarlos al instructor del caso antes de que finalice el año”, afirma Máximo Suchowolski, portavoz de la Agencia Tributaria. 


-PIEZAS SEPARADAS

Parece pues evidente que la instrucción de la OP no se ha paralizado solo por culpa de los inspectores de Hacienda como se argumentó públicamente desde la judicatura. En ámbitos sociales y políticos almerienses se habla de la deliberada intención de frenar y contaminar jurídicamente el proceso desde fuera. En definitiva dilatar todo propiciando posibles causas de nulidad posterior. Sorprende también la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción en este proceso, sin gesto que se conozca para salir del marasmo. El comportamiento de la Juez Alaya en el caso de los Eres, cuando le niegan el obligado auxilio a la Justicia, podría servir de patrón o ejemplo para concluir que en Almería ninguno de los togados que tan tocado la OP han movido un dedo para pedir más medios o que se aceleren los informes de Hacienda en estos tres últimos años.
El PSOE ha quitado de en medio a todos sus dirigentes salpicados en este sumario, Martín Soler junto a Diego Asensio y Segura Vizcaíno, pero en el PP siguen mandando todos los actores que confraternizaron con Juan Enciso, “el mejor alcalde de España”, según proclamó Javier Arenas en los días de vino y rosas. Alguno incluso hasta sigue siendo formalmente socio de algún imputado en el Registro Mercantil.
Parece que ahí puede radicar el temor del PP a que prosiga a fondo la investigación del caso Poniente, de donde emanan piezas separadas de calado y, con más medios de apoyo al Juez, podrían salir algunas más. 
De todas formas, uno de los asuntos apuntados en la OP y susceptible de ser investigado en pieza separada, los negocios del empresario hotelero y urbanístico Miguel Rifá, ya tienen sumario abierto y en otro juzgado de Almería desde hace más de un año, acusado de seis graves delitos económicos, esta vez sí, denunciado por parte de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y ojo al dato: Rifá es socio de la familia Amat en numerosas mercantiles.

Publicado hoy en AndalucesDiario.es.


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