La excusa ofrecida por el PP-A para justificar la retirada de la querella contra Manuel Chaves en el Supremo esta semana es de difícil digestión. Sencillamente porque, si se trata de ampliarla para que finalmente tenga una “solidez extraordinaria” como ha vaticinado el jurista y diputado Antonio Sanz en el Parlamento, el procedimiento judicial en sí mismo permite que se incorporen, una vez presentada la demanda, nuevas pruebas, que puedan ayudar al Tribunal a decidir. No hubiese hecho falta, por tanto, el incomprensible (para algunos de dentro “bochornoso”) paso atrás del PP-A.
Por ello no parece que haya colado la versión oficial dada, tras un suceso insólito por el contexto político que envuelve su elevación al Supremo. (El acoso político más brutal de todos cuantos Manuel Chaves ha padecido como presidente de la Junta) ¿Qué ha podido pasar?, pues en el propio partido hay quienes sostienen que ese “mete y saca” en el Supremo, obedece más bien a cuestiones domésticas internas del propio PP detectadas por la Sra De Cospedal, que a cuestiones jurídicas (que también las hay) detectadas por Federico Trillo en Madrid. ¿Fallo de coordinación de los segundos niveles?
La dirección nacional del PP no podía admitir, bajo ningún concepto, que una territorial, por su cuenta y riesgo, se presente ante la más alta instancia judicial del país a denunciar a un vicepresidente del gobierno de la nación.
De hecho, se apunta, el camino lógico que se tendría que haber seguido es elevar el borrador de denuncia a los órganos correspondientes en Génova 13 y que fuese desde la dirección nacional del partido desde la que se denunciase al vicepresidente de la nación. Ojo, algo en lo que , por otra parte, existe unanimidad en la decisión política de llegar hasta el final contra Manuel Chaves, convencido Rajoy por Arenas.
Esta próxima semana la portavoz popular Sáez de Santamaría ha anunciado que volverán a llamar a Chaves al Congreso para que explique (nuevamente) el asunto de la subvención millonaria a una empresa en la que trabaja su hija, o sea la abogada que firmó el recibí del expediente concluido de Matsau ante la Agencia IDEA.
Los socialistas andaluces hacen piña entorno a su secretario general y ex presidente de la Junta, defendiendo su honorabilidad a capa y a espada. Curioso sin embargo cómo para defenderle se emplean por todos argumentos muy similares, como si estuviesen extraídos de una manual. No en vano se les nota muy tocados en la parcelita socialista de la ética y la estética.
El PSOE-A sabe, le guste o no, que a estas alturas del escándalo, al margen de legalidades o ilegalidades que finalmente deberá dilucidar la Justicia, el daño y el desgaste político a su figura más relevante es incuestionable. El nombre de Manuel Chaves aparece más como protagonista político de este escándalo, que como vicepresidente para las autonomías, sobre todo teniendo en cuenta que está en discusión la financiación de todas, tema caliente donde los haya. Pues bien, el titular de la vicepresidencia encargado de estas cuestiones, se ve obligado a afrontar una desagradable defensa (su hija de por medio) frente a una ofensiva política por tierra, mar y aire.
Por cierto, por aire podría llegar el próximo escándalo de gran tamaño al escenario político andaluz, según me ha llegado esta semana y que afectaría de lleno al nuevo y modesto sector aeronáutico andaluz. Nuevamente aparecerá la herencia de Paco Vallejo en candelero, quien a pesar de haber salido del gobierno, sigue sobrevolando el escenario como ex responsable político de la consejería estrella de Innovación.
Las cañas parece que se tornan lanzas para Vallejo. En el partido y en el actual gobierno consideran algunos que podría haber hecho las cosas mejor desde el punto de vista estético y ético o, cuanto menos, avisar antes del Consejo (que no lo hizo, dicen) al presidente de un asunto que afectaba a un familiar suyo y que, extrañamente, no había ni siquiera pasado por las manos de los viceconsejeros. Dato este que, de ser cierto, merecería por si mismo una indagación ya que resulta muy difícil que a la mesa del Consejo de Gobierno llegue un asunto sin que, previamente, el órgano de segundo nivel presidido entonces por Zarrías, el consejillo le llaman, lo supervise. Solo en casos excepcionales no pasa el filtro, ¿lo era Matsau?
SISMOGRAMAS
-El levantamiento de sumario del Caso Astapa levanta morbo en la sociedad, sobre todo al comprobar con nombres y apellido quienes han sido cómplices interesados en el robo de Estepona.
-Esta vez ni los periodistas nos salvamos. (Pasen, pasen y limpien a fondo).
-No obstante, de todo, lo más inquietante ha sido conocer las consecuencias que puede acarrear confiar en la Justicia y en todo su aparataje a la hora de preservar la identidad de los buenos frente a los malos.
-Que dos concejales socialistas de Estepona se plantaran en Madrid para denunciar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal lo que estaba pasando en su pueblo y que, dos años después, sus nombres aparezcan como los “chivatos” ante los procesados y perjudicados, es una barbaridad de tal calibre que no se entiende en un Estado de Derecho.
-David Veládez y su compañera Cristina Rodríguez, son objeto de amenazas contra su integridad física desde hace días. Temen por sus vidas. Solo a concejales con madera de héroes, se les ocurriría a partir de ahora imitarles y denunciar la corrupción de su entorno.
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