sábado, 14 de marzo de 2009

PENAS DE MAZMORRA

Hemos leído hace unos días una documentada denuncia del arquitecto de la Diputación de Málaga, Jose Francisco Mora Lámperez, en prisión junto al alcalde de Alcaucín a cuenta de la Operación Arcos, por el estado de la mazmorra en la que estuvo retenido por la Guardia Civil esperando a que la Jueza le tomara declaración. Cuenta que aquello no era un calabozo, que era una especie de zulo de 1,80 por 1,80 donde fue obligado a permanecer las largas horas reglamentarias, antes de que  Su Señoría decretase, en este caso, su ingreso en prisión.

Si repasan el mapa de operaciones contra la corrupción en Andalucía, coincidirán conmigo en que esa ha sido una denuncia constante de la mayoría de detenidos: la ausencia de las condiciones humanas e higiénicas más elementales en los calabozos que pisan, muchos de ellos como puro trámite y sin resultar finalmente imputados o encarcelados. Para estos últimos, por tanto, una humillación no justificada, una especie de tortura ilegal que lleva implícita una retención policial para colaborar con la Justicia.

Solo entonces, cuando los detenidos famosos protestan, nos enteramos que en materia de calabozos y mazmorras podemos competir con Marruecos, Turquía o Gibraltar, con unas dependencias pensadas quizás solo para delincuentes de mano negra (tan inhumanas como para los de cuello blanco).

El tener la desgracia de pisar los calabozos y mazmorras repartidos por cuartelillos y comisarías, es algo así como la primera pena – pena de mazmorra- que debe pagar cualquier ciudadano- inocente o finalmente culpable- del que pueda sospechar la policía, el fiscal o el juez  instructor en medio de una investigación. Pasar por un calabozo policial implica, de entrada, un castigo, una humillación sin sentencia judicial.

Convertir las mazmorras en calabozos dignos, debería ser una de las  mejoras que debieran incluir esos combativos jueces huelguistas en sus reivindicaciones ante el gobierno. Adecentar los calabozos, una idea para muchos alcaldes que no sepan en qué invertir los ocho mil millones de Zapatero para crear empleo en la obra pública. Sobre todo porque, los calabozos, son dependencias públicas cada día más utilizadas.


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