Ayer el Parlamento Europeo votó por una amplísima mayoría- 349 a favor frente a 110 en contra- un informe en el que pide, entre otras cosas, que dejen de llegar a España los fondos comunitarios. Entre los votos negativos hay que incluir a los diputados españoles del PSOE y del PP que no pudieron frenar o suavizar el texto en cuestión ni modificar el sentido del voto del resto de los compañeros europeos. El motivo que se argumenta tras esta seria amenaza que, de materializarse, supondría un grave perjuicio para la economía de nuestro país, se sustenta en las denuncias presentadas por ciudadanos europeos que se han sentido estafados o perjudicados en España por la política urbanística que las distintas administraciones, central,autonómica y local vienen desarrollando.
El informe, elaborado por una diputada “verde”, cita expresamente dos casos andaluces como ejemplo: Marbella y el Cabo de Gata. La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica". La Eurocámara, órgano soberano de la UE, exige a España reformas legislativas que eviten esta corrupción.
El asunto es serio y no debiera caer en saco roto. Este es el tercer aviso que recibe España desde la UE. Los dos anteriores fueron en diciembre de 2005 y junio de 2007. Teníamos pocos problemas y parió Estrasburgo uno más, enorme y preocupante.
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