domingo, 20 de julio de 2008

4000 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO, ESPERAN UNA DECISIÓN POLITICA

Meses llevan paralizadas las obras por mandato judicial del Centro Comercial Nevada, ubicado a las puertas de Granada y en el término municipal de Armilla. Un proyecto que arrancó hace doce años y que, hasta ahora, ninguna de las 16 resoluciones administrativas relacionadas con el proyecto ha sido recurrida por la administración autonómica.

Que los jueces tengan parado el proyecto del empresario Tomas Olivo, a quien por cierto ya le han devuelto la fianza de medio millón de Euros que le impuso el Juez Torres en la Operación Malaya y el Constitucional ha admitido a trámite su recurso contra su imputación y detención, no es una cuestión baladí. El asunto ni siquiera comenzó de oficio por parte de la Fiscalía. Fue el PP quien judicializó y politizó el asunto por afectar de lleno a un ayuntamiento socialista, uno de cuyos miembros ocupaba la vicepresidencia de la Diputación de Granada. (Algún día Olivo debiera contar con detalle sus entrevistas con algún dirigente local del PP en Granada) Y fue entonces, tras entrar a saco el PP, cuando la Junta se lanzó en plancha a recurrir lo que durante más de una década no había denunciado. (Planes parciales, licencias e incluso la primera piedra con Jesús Quero como delegado de la Junta y Pepe Torres como delegado del gobierno del PP en Andalucía, dos albañiles de lujo para ese día)

Al calor de la Malaya las cosas se le complicaron a Olivo judicial y políticamente viéndose obligado a paralizar las obras de Nevada y asumir pérdidas al cabo del tiempo por tener paralizada una inversión que ronda ya los doscientos millones de Euros, trescientos al final de las obras. (El, que presume de invertir a pulmón y sin recurrir a los bancos)

Cuentan que en el asunto de Armilla, la Justicia, está dando con cuenta gotas la razón al Despacho Garrigues, el que defiende a Olivo, mientras que la legalidad urbanística a aplicar pende más de una decisión política, esto es de la Junta, que del juez Del Arco que es quien, con la proyección pública que caracteriza al magistrado granadino, instruye un asunto con la lentitud propia de los tiempos judiciales que corren.

Pero con el paso de los meses, las resoluciones judiciales favorables a los (para la Junta) tardíos infractores de la Ley, los cambios de gobierno, la llegada de la crisis y el paro, convierten en un escenario completamente distinto el Centro Comercial Nevada en Granada actualmente.

He aquí unos datos como para reflexionar seriamente: la estimación de puestos de trabajo que dará cuando esté abierto y en funcionamiento se calcula entorno a los cinco mil empleos, cuatro mil de los cuales son directos, necesarios para abrir las puertas el primer día.

Por lo que se sabe, el conflicto, radica en la interpretación que el ayuntamiento de Armilla realizó, en virtud de las competencias delegadas por la Junta en materia de Urbanismo, sobre el plan parcial que sustenta el proyecto. Criterio que no comparte la Junta en el tramo final de la ejecución del mismo. Ese es el tema y que, llegado el caso, no parece que fuese problema para el promotor derruir o modificar lo que se crea conveniente por parte de la Junta. El gran problema del promotor, me aseguran, es la lentitud del proceso, tan lenta que corre peligro de que rompan sus contratos con Olivo las grandes marcas multinacionales que tienen comprometida su presencia en Granada desde hace tiempo en el nuevo centro comercial que ya debiera estar en funcionamiento, a tenor de las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Armilla.

Ese es el gran drama: cuatro mil puestos de trabajo en el aire, con la que está cayendo. Por cierto, aquí nadie ha movido un dedo para contarle a los andaluces qué medidas piensa tomar la Junta de Andalucia a favor de las economías más necesitadas. El peligro de que se esfumen cuatro mil puestos de trabajo en Granada debiera hacer reflexionar no solo al gobierno, también a la oposición y a los sindicatos. Y también al que puso la primera piedra del centro comercial en representación de Jose María Aznar, Pepe Torres Hurtado, alcalde de Granada en la actualidad, quien debe haberse dado cuenta ya de lo que supone tener a cuatro mil familias esperando que los tribunales diluciden algo que los políticos pueden y debieran arreglar. Y si hay que ir con la piqueta, pues que vayan. No puso él y Jesús Quero ”la primera piedra”…

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