DE VILLARICOS A AYAMONTE, PASANDO POR SANTA ELENA.

Salvo que el levantamiento del secreto del sumario nos depare grandes sorpresas delictivas, muchos temen que la Operación Astapa se quede al final en agua de borrajas, peor incluso que el Acto Primero de un show gubernamental anticorrupción, denominado policialmente Operación Malaya en su primera entrega. Riesgo de que todo quede en un trabajo mal enhebrado, peor zurcido, uno más, del Ministerio del Interior y la policía bajo su mando, cuya dirección jurídica hay que situarla en la Fiscalia General del Estado a través de Anticorrupción. Unos y otros vuelven a impulsar una fórmula de investigación demasiado cruel cuando el imputado acaba resultando inocente. (Detenciones humillantes, noches de comisaría, mal trato psicológico). La frase “yo le detengo y ahora voy a ver de qué le acuso” resume la filosofía de una forma bastante torturante de buscar la verdad y la Justicia. Cuentan, no sé si es verdad, que el propio ministro Perez Rubalcaba llamó en persona a un conocido periodista deportivo para sugerirle, como amigo, que no apostase tanto por Antonio Barrientos, alcalde de Estepona, intimo amigo del comunicador. Dicen que Rubalcaba, ante la defensa que mantuvo el periodista, pudo haberle insinuado que sus policías estaban en el rastro del dinero supuestamente robado por Barrientos y que se hallaría en algún paraíso fiscal.

De momento y hasta que se levante el secreto, asistimos a la visión de una fotografía política, económica y delictiva clónica a lo largo y ancho de Andalucía. Repasando las noticias de prensa de los últimos diez años, la lista de ciudades infectadas salen solas desde Villaricos hasta Ayamonte, pasando por Santa Elena en Despeñaperros.

Se equivoca quien crea que la corrupción urbanística y los delitos contra el Medio Ambiente se ciñen al litoral. En la Andalucía del interior se dan casos tan graves o más que en la costa. Ahí está la investigación abierta en un ayuntamiento de la provincia de Córdoba, con alcalde de IU, al que se le amontonan más de un centenar de presuntos delitos urbanísticos, informados negativamente por dos arquitectas municipales que fueron despedidas por rigoristas, proyectos finalmente autorizados por el equipo de gobierno IU-PSOE. (¿La oposición del PP?, callada y ellos sabrán por qué). Y para acabarlo de arreglar surge la alargada figura del cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, a través de familiares y amigos, como figurante en ese escenario urbanístico cordobés.

En Madrid, en manos de la Fiscalía Anticorrupción, según diversas fuentes, se amontonan las investigaciones concluidas sobre varios enclaves andaluces. Se habla, como operación inminente, veraniega, la que afectará a un ayuntamiento de Huelva cuyo alcalde, socialista, se ha enriquecido escandalosamente con abundante patrimonio personal (¿en Bahía, Brasil?, le preguntó el PP) y también enriquecimiento familiar desde que ocupó el cargo. Un alcalde, por cierto, protegido por el aparato de Javier Barrero. Como también estaría concluida la investigación preliminar sobre un municipio almeriense gobernado por el PP, un “regalito”, dicen, para Javier Arenas.

De vuelta a Estepona de la mano del PP, ha resultado ¿curiosa?, ¿inquietante? la peripecia en este asunto de Ricardo Galeote. El dirigente esteponero del PP ha pasado en horas veinticuatro de capitalizar la paternidad política de la Operación Astapa, a ser llamado ante la joven jueza como imputado. (Él contó que había sido llamado para cambiar impresiones con los polis !Que arte¡ ).

Vista la situación en materia judicial puede concluirse que en Andalucía entera han estado, están y parece que seguirán estando pinchados los teléfonos celulares del poder municipal. Los agentes de la Udyco han sustituido en sapiencias de alcoba a los viejos curas de confesionario, conocedores de los pecados veniales de nuestras madres y abuelas. Los agentes de Rubalcaba conocen, ahora, gracias a los miles de pinchazos con autorización judicial, no solo los pecados veniales, incluso los que llevan más penitencia. Ese puede ser el caso de una investigación derivada de la Operación Hidalgo, instruida por el juez Urquía. En la requisa del Despacho Cruz Conde, se llevaron documentos de operaciones como la pre-venta del Hotel Puente Romano. Una pista que indujo a un supuesto intermediario del Juez, hijo de una conocida discotequera, a pedir ocho millones de euros al empresario David Shamoon imputado por Urquía por presunto blanqueo de capitales y con medidas cautelares dictadas contra él por el propio Juez. Urquía, en la actualidad, está imputado ante el TSJA acusado de los peores delitos que un funcionario judicial pueda cometer en España.

SISMOGRAMAS

- Epremasa es una empresa pública de la Diputación de Córdoba, presidida por el socialista Francisco Pulido, que está dedicada a la recogida de residuos sólidos urbanos. Tiene un gerente de ida y vuelta por el sector privado donde, un olvido burocrático hizo saltar las alarmas de la incompatibilidad al comprobarse que don Blas Molina Troyano, que así se llama, mantenía poderes en su ex empresa , Cespa del Grupo Ferrovial, a la que se han adjudicado millonarios concursos.

- Tanto el PP como IU, presente esta última en el consejo de administración de Epremasa, han puesto reparos ( gritos en el cielo) a la gestión de Molina Troyano llegando a solicitar una comisión de investigación sobre los manejos económicos en la empresa pública provincial, parece que de espaldas al Consejo de Administración, dándose la circunstancia que desde la Intervención de la Diputación de Córdoba se han denunciado las adjudicaciones sin publicad y, por tanto, sin igualdad de posibilidades para la concurrencia de otros concursantes. Así como la política de contratación de personal.

- Pero lo más llamativo de la gestión de don Blas Molina Troyano es su capacidad para aglutinar junto a sí a toda su familia para trabajar, en puestos destacados, en la empresa pública que financia la Diputación de Córdoba. Ya se sabe, la familia que trabaja unida permanece unida.

- Según documentación manejada en fuentes políticas, Molina Troyano tendría colocados en o entorno a Epremasa a los siguientes parientes: su segunda esposa. Dos hijos de ésta. Un hermano. Dos hijos de su primer matrimonio. El novio de la hija de su mujer y la pareja del delegado de Cespa en Córdoba.

- Un cúmulo de circunstancias que el PP desea sacar a flote, mientras que el PSOE, que teme el escándalo, amenaza a los populares con represalias si sale nuevamente a la luz este affaire. Desde luego un ventilador en vísperas congresuales no parece que haga mucha gracia a los jefes provinciales del PSOE y el PP en Córdoba.

- Oído en el PSOE: “Que Chaves deja la secretaria general del PSOE-A en manos de Luis Pizarro es un bulo. Manolo no deja el poder tan pronto”.

- Hoy todos con España. ¿Nacionalismo?, no, patriotismo deportivo y orgullo de algo que, por fin, nos une a todos.