lunes, 10 de marzo de 2008

CONTSA Y EL MUERTO QUE LO SABIA TODO



Ha comparecido ante la Juez del 17 de Sevilla, en calidad de imputado por un presunto delito de estafa, apropiación indebida y delitos societarios, el presidente de la Corporación Empresarial Contsa, José Salas Burzón. Al ser preguntado sobre la contabilidad de su empresa, dijo no saber nada porque ese tema lo llevaba directamente su hermano Rafael, muerto en circunstancias que, también, investiga la Justicia. Su muerte se produjo pocos días antes del estallido del escándalo. José Salas llegó a declarar a las pocas horas de conocerse la extraña muerte de su mano derecha: “Que nadie especule, mi hermano ha muerto de infarto”.

Un barquinazo, el de Contsa, que se ha llevado por delante, de momento, los ahorros de más de un millar de inversores de cuyos nombres poco o nada se sabe oficialmente, entre otras cosas porque solo dos afectados han decidido dar la cara y denunciar ante el Juzgado. Sin embargo, desde que saltaron a la luz los problemas de liquidez del imperio Salas, circulan insistentes rumores con nombres y apellidos de personas muy conocidas en diversos sectores profesionales y empresariales. Por ejemplo de numerosos dentistas, afamados médicos, algún que otro despacho de abogados, un conocido empresario del sector de la enseñanza, directivos de banca y por rumorear se ha llegado a hablar incluso de instituciones vinculadas al mundo cofrade con el que José Salas ha mantenido una estrecha relación como benefactor en estos años y por considerarse “un hombre de fé”.

Según confesó Salas a la juez que instruye el caso a raíz de la denuncia de dos afectados por el crack, Contsa dejó de recaudar clientela a finales de noviembre pasado, culpando de la deriva a “la crisis del ladrillo” y “al cierre del grifo” por parte de la banca. También señaló esa fecha como el inicio de los problemas uno de los apoderados de la entidad. Fernando Laffore Cabo, quien al ser preguntado en sede judicial por quiénes componían la cadena de mando de Contsa confesó que “primero José Salas, segundo José Salas y tercero José Salas”. Sin embargo, los abogados de los denunciantes, ya han anunciado que pedirán como prueba el video que se grabó durante la asamblea de acreedores que se celebró el pasado día 3. Según estas fuentes, en dicho video quedan recogidas diversas intervenciones en las que varios afectados declaran que dejaron de percibir sus intereses antes del verano, incluso alguno apuntó que hace un año.

Salas Burzón, en su comparecencia ante la juez, echó balones fuera. Ello dará pie, según todas las impresiones, a que sean llamados a declarar próximamente otros empleados de Contsa. Salas ha venido manteniendo desde el inicio de la crisis que con el patrimonio que posee puede hacer frente a todos los acreedores. Para ello se planteó ser designado administrador de la suspensión de pagos, algo descartado tras el edicto dictado por el juzgado de lo Mercantil quedando inhabilitado. Decisión que habrá aumentado la intranquilidad de la mayoría de inversores que preferían resolver el tema de forma discreta, sin luz y sin los taquígrafos de la prensa.

LAS MISMAS LEYES, DISTINTA SENTENCIA

El CGPJ ha pedido respeto para los magistrados de las Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJA. La resolución a favor de la objeción de conciencia en la asignatura de EpC ha sido la causa de críticas desde la izquierda, basadas en el hecho de que un mismo caso, con las mismas leyes y la misma Constitución, arrojan resoluciones distintas y también que el ponente de la sentencia podría estar contaminado ideológicamente.

UN JUEZ “CONTAMINADO”

El magistrado Enrique Gabaldón Codesklo, ponente de la única sentencia contraria en España a EpC, ha sido puesto en el ojo del huracán de la polémica. El hecho de ser hijo del presidente de honor del Foro por la Familia, José Gabaldón, y que la sentencia recoja argumentos de la citada organización católica, supone para la izquierda y diversos sectores progresistas una clara contaminación del magistrado a la hora de elaborar la resolución.

EL LOBO CUIDA LAS OVEJAS

El alcalde socialista de la localidad de Gines (Sevilla) tiene un grave problema político. Su concejal de Urbanismo, Patricio Jiménez, está imputado por apropiación indebida y falsedad en documentos como delegado de la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales. Lo grave del asunto es que cuando se conoció su inclusión en la lista del PSOE, el PP ya avisó: “Han puesto al lobo a cuidar las ovejas”.

SISMOGRAMAS

Fuentes de la Junta de Andalucia han desmentido que Rafael Camacho, director general de la RTVA, haya presentado su dimisión ante Gaspar Zarrias, en un gesto de honestidad profesional y política, tras los cinco reveses que la Junta Electoral de Andalucia ha propinado a Canal Sur TV por el trabajo realizado durante la campaña electoral pasada. En los pasillos de la RTVA, tras conocerse que la Junta Electoral Central había rechazado los recursos anunciados por Camacho, se llegó a comentar la puesta a disposición del cargo del director general ante quienes le nombraron. En la Junta lo niegan, aunque aseguran que en “en Canal Sur han querido ser más papistas que el Papa, sin necesidad”.

Existe gran expectación en el Huelva, particularmente en el entorno familiar de la pequeña Mari Luz Cortés, por conocer los datos que pueda arrojar el trabajo de los forenses que estudian el cadáver de la pequeña encontrado en la tarde del viernes flotando en la Ría de Huelva. La familia quiere saber si la autopsia revelará las circunstancias y la fecha de la muerte de la pequeña de 5 años que desapareció el 13 de enero pasado. Algo que no parece fácil dado el estado en el que se ha encontrado el cuerpo sin vida de la niña. No obstante las investigaciones continúan.

Los mandos de la Guardia Civil en Andalucia han sido denunciados, una vez más, por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En esta ocasión protestan por las trabas que los mandos en las distintas Comandancias están poniendo a la AUGC a la hora de poder situar sus comunicaciones escritas en tablones de anuncios en las dependencias del Cuerpo. Un derecho de las asociaciones contemplado en la Ley Organica de derechos y Deberes de la Guardia Civil aprobada hace cinco meses.

La Comandancia de Benemérita en Málaga ha sido la única en la que sus mandos han permitido la colocación de un tablón de anuncios. Pero, según la AUGC, en el tablón solo caben tres folios y el mismo debe ser compartido por todas las asociaciones. Además, denuncian, que ha sido colocado en una “zona restringida” con lo que muchos guardias no se atreven a acceder.

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