lunes, 4 de diciembre de 2006

DE AUTOS, JUECES Y JUNTA

Están apareciendo algunas decisiones judiciales en Andalucía que quizá ayuden a explicar por qué la administración autonómica ha fracasado en el intento de atajar la corrupción en las últimas décadas. Al presidente Manuel Chaves se le llena la boca proclamando que la Junta ha presentado ¡cuatrocientas denuncias! ante los tribunales solo contra la administración del GIL en Marbella. Dice verdad el presidente, pero no toda. Entre otras razones porque la Justicia, en distintas instancias, está dejando muy clarito, negro sobre blanco, sentencias que vienen a confirmar que la Junta, en efecto, suele dar el primer paso jurídico contra algunas ilegalidades pero después se olvida. El caso de la ampliación de la tercera fase del centro comercial La Cañada en Marbella, autorizado por decreto de la ex alcaldesa Marisol Yague, conocido hace unos días, es explicado muy clarito por el juez en su resolución“ por cuanto el recurso ha sido interpuesto fuera del plazo legal (caducidad), y por ello el acto recurrido ha devenido firme y consentido, no siendo, por tanto, susceptible de impugnación”.

CUADRILLA ELECTORAL DE DEMOLICION

El empresario Tomás Olivo está recibiendo en los últimos días sentencias judiciales favorables a sus intereses, mientras el juez Torres le mantiene imputado en el frivolizado Caso Malaya. El delito de Olivo es haber pagado con cheques bancarios nominales una operación inmobiliaria y, esos talones, han aparecido posteriormente como pago de otra operación ilegal, aportados en ese caso por el receptor de la primera venta. Esos pagares, dice Olivo, figuran declarados por él en la escritura notarial de la transacción comercial.

La implicación de Olivo en la Malaya, segundo propietario de centros comerciales del país, tras el Corte Ingles, le ha convertido en el primer candidato de la lista de empresarios a los que Manuel Chaves quiere enviar la cuadrilla electoral de demolición. El PSOE-A ha llegado al convencimiento que, puestas como están las cosas, con una opinión publica escandalizada por tanto bucanero dentro y fuera de la política, deben apostar decididamente por acciones ejemplarizantes como demoler algunos iconos considerados escandalosos por ilegales. El Algarrobico caerá con fondos públicos y al que los jueces pondrán el justiprecio; la Casa Club de Montenmedio propiedad de Antonio Blázquez, amigo de Felipe Gonzalez y de la CEA, también está en el objetivo de la Junta; Las Beatillas en el Puerto, propiedad de Jose A. Lopez Esteras, también la quiere demoler Concha Gutiérrez, así como la nave de Rafael Gómez Sandokán cerca de Medina Zahara en Córdoba. Pero al poder andaluz les obsesiona Tomás Olivo, el mejor objetivo para lo que se persigue en esta campaña electoral de oportunas y oportunistas demoliciones. Olivo es rico, metido hasta las trancas en Marbella, ha estado cerca del clan Muñoz- Pantoja, fue el primer jefe que tuvo Roca, ese que Gaspar Zarrías dice que no conocía hasta verlo en el furgón policial, Olivo no es de la CEA y lo que más empieza a irritar al poder, beneficiado gracias a la incapacidad de la Junta en afrontar los contenciosos judiciales con medios, rigor político y jurídico, según escriben los togados ante tanto silencio administrativo y tanto despiste procesal.

“JUSTICIA AGIL Y EFICAZ”

Los últimos dictámenes de la Justicia tienen, además, un denominador común que debiera preocupar en la Junta. La Justicia les recuerda reiteradamente que deben respetar más la autonomía de los ayuntamientos. Ahí quedó el Auto del TSJA, del que fue ponente el prestigioso magistrado Antonio Moreno Andrade, donde se da la razón al ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en el caso de un centro comercial, incluyendo un duro varapalo a la Junta a la que se acusa de actuar contra las buenas intenciones de la corporación sanluqueña o el que se ha conocido esta semana de Roquetas donde el juez Jesús Rivera deja en evidencia el escaso interés de la Administración para que funcione la maquinaria judicial con este texto: “Situación propiciada por los poderes públicos responsables de la dotación de medios personales y materiales a los órganos jurisdiccionales que, secularmente, mantienen una ratio de jueces por 100.000 habitantes muy alejada de los parámetros de otros países de nuestro entorno, en los que, en comparación con el nuestro, se muestra un mayor grado de preocupación por una justicia ágil y eficaz”. Escribe el magistrado Rivera Fernández tras evidenciar el atasco judicial de años en el caso Gran Plaza.

SISMOGRAMAS

Uno. Paulino Plata no sabe como justificar la inversión de su consejería en la película El Camino de los Ingleses al carecer de aspectos promociónales turísticos de Andalucía.

Dos. El juez del Caso Gran Plaza estudia querellarse con la radio municipal de Juan Enciso en El Ejido por acusarle de prevaricar.

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