PERLAS MARBELLIES

---El PP ha tenido mala suerte en Marbella. No solo no ha conseguido forzar la convocatoria de elecciones, sino que la elección de uno de sus vocales “estrella” en la nueva gestora se les ha vuelto en contra.

El fichaje de Salvador Guerrero, abogado en ejercicio y persona de notable prestigio, ha sido sin duda uno de los más llamativo de los 16 realizados. La proyección personal de Guerrero, su solvencia profesional y no haber sido rozado por la corrupción, situaban al propietario de un importante despacho marbellí, “Guerrero Abogados”, en un nivel muy por encima de la mayoría de vocales. Así al menos lo consideran en el PP donde no se percataron de un pequeño gran detalle: en el despacho de Guerrero se trabaja en la defensa de algunos imputados en casos de corrupción. Siendo cierto lo anterior, no es menos cierto que en este despacho se da la curiosa circunstancia de que el número dos del mismo, Antonio Ruiz Villén, magistrado en excedencia y abogado en ejercicio,( sobrino del Fiscal Jefe de Málaga, Manuel Villén) ha sido uno de los jueces que no se arrugó a la hora de ordenar registros en el Ayuntamiento de Marbella a propósito del llamado “Caso Jinete”. Más paradójico todavía: en aquel procedimiento el juez Ruiz Villén empapeló, entre otros, al empresario Tomas Olivo, el mismo empresario al que asistió como letrado (defensor) hace unos días ante el juez Miguel Ángel Torres en el curso de la instrucción de la Operación Malaya. Olivo salió sin cargos y se asegura en ámbitos jurídicos que “estuvo colaborador” con el juez instructor. Salvador Guerrero no ha ocultado públicamente su incomodidad ante la polémica suscitada por su elección. A él han ido a buscarle y si lo suyo es incompatible ha dicho que dejará de ser vocal y responsable del Área de Economía y Hacienda. Y así lo ha hecho. Ahora cuatro más, cuatro vocales en total, dos del PA y dos del PP, están en el punto de mira de supuestas complicidades con el sistema de corrupción de estos años. Así no se arregla Marbella, se oye decir.

--- El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, debiera cuanto antes salir a la palestra y desmentir con nitidez que exista una operación en marcha, con todos los parabienes legales, cuyo objetivo final sería devolver a su puesto de Granada al juez Miguel Angel Torres, instructor del caso Malaya. Mendez de Lugo, en una sorprendente visita a Marbella nada mas comenzar el escándalo judicialmente, contó a pié de juzgado que Torres era el juez natural y competente que podía seguir instruyendo el sumario. Cuando otras voces empiezan a proclamar que “ a Torres en Marbella le quedan tres telediarios”, según he oído en ámbitos jurídicos, bueno seria que, de una vez por todas, la ciudadanía tuviese claro que esta vez, por fin, la acción de la Justicia en Marbella no va a ser obstaculizada por los oscuros pero poderosos tentáculos de la corrupción. Esa misma corrupción que compartió días de vino y rosas, con cargo a los presupuesto municipales de Marbella, con una larga nómina de notables funcionarios judiciales de este país.

---La solución legal elegida para resolver la crisis marbellí con una gestora, atenta frontalmente contra el derecho de los ciudadanos a votar libremente a quienes administren sus intereses, sus vidas e impuestos. Así al menos lo interpretó el PP cuando reclamaba la convocatoria de elecciones. Para muchos observadores políticos la solución de la Gestora ofrece, además, dos aspectos preocupantes desde el punto de vista político, ético y democrático. Se trata de la presencia, por vez primera en veinte años en el ayuntamiento de Marbella, de IU. Una opción que nunca en estos años logró el apoyo electoral suficiente para obtener un solo concejal en Marbella. Todo ello muy a pesar de que IU ha sido verdaderamente la única fuerza política que ha mantenido un discurso coherente en estos años contra la corrupción. Sin embargo el electorado nunca les reconoció esa labor de manos blancas. A lo que les ha pasado ahora, entrar en el ayuntamiento vía Gestora, se le llama ganar el partido sin bajarse del autocar.

Y sorprende también el PA, un caso claro de ética y de estética política, ya que han sido colaboradores necesarios, sus dirigentes locales, en la moción de censura que dio paso al ultimo capitulo de corrupción municipal en Marbella y que ahora investiga la Justicia.

---Lo de Paulino no está nada claro ni nada decidido, ha dicho hace poco Luis Pizarro. Zarrias por su parte ha anunciado que la proclamación del candidato para Marbella es inminente. Así lo confirman por su lado fuentes socialistas que dicen conocer, incluso, las condiciones que el consejero de Turismo habría puesto sobre la mesa para aceptar la aventura de Marbella. La primera de las condiciones sería asumir la presidencia de la Diputación de Málaga en el supuesto de no obtener la alcaldía. La segunda tener las manos libres para elegir a su equipo. Y la tercera, asumir desde el primer momento protagonismo y autoridad política, delegada por el presidente, en todos los grandes asuntos de la Junta en Marbella y la Costa del Sol. Unas pretensiones que, de ser ciertas, difícilmente podrán ser asumidas por el aparato del partido en Málaga y por parte de la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, con quien Plata mantiene criterios encontrados en proyectos como Marbella Tecnópolis.

--- El nuevo “alcalde” en Marbella (sin vara de mando) no es un comisario político como algunos creen. Es un jurista y como tal empieza a gestionar. Su primera decisión va a ser anular el último acuerdo de gobierno del anterior equipo. Se trata de un recurso ante la Junta, en plazo, forma y en la defensa de la autonomía municipal de Marbella, por la retirada de competencias en planeamiento urbanístico desde Sevilla. El recurso, elaborado por el catedrático Manuel Clavero Arévalo, según el presidente de la gestora es bueno, “aunque caro”. Fuentes conocedoras del asunto han señalado que la minuta, que todavía no le ha sido abonada a Clavero, asciende a unos treinta mil euros. “¿Qué son cinco millones de pesetas por defender los intereses de 120 mil ciudadanos de Marbella y su autonomía como el resto de ciudades españolas?” se preguntan esas fuentes.

- Tensión entre los técnicos que diseñan el futuro urbanístico de Marbella y la Costa del Sol. Aunque no ha podido ser confirmado en fuentes oficiales, este fin de semana cobró cuerpo el rumor que hablaba de la dimisión ante la consejera de Obras Publicas del malagueño José Seguí, como director responsable del equipo de confecciona el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol (POT). Según parece, la base de las mayores discrepancias estarían en el PGOU de Marbella que confecciona el jerezano de Miguel Ángel González Fustegueras. Seguí habría manifestado su deseo de no se cómplice de cómo se destruye para siempre Málaga y su litoral.

- La ya famosa comida de El Rodeíto de Marbella, convocada por una fundación contra la droga y a la que acudió Juan Antonio Roca, casi todos sus testaferros y un puñado de importantes empresarios de la ciudad, cerca de treinta en total, está grabada por la policía judicial. Diversos asistentes coinciden en que allí no se habló de política, sino de recaudar fondos para una obra benéfica. Por cierto, que una propuesta del presidente del CIT en el almuerzo, el joyero Gómez Molina, de canalizar a través de la institución que preside la colecta de los empresarios, fue rechazada tras una contundente intervención de Cristóbal Peñarroya. “Pero no se habló de política” insisten. La policía sabrá.

- Solo al final del almuerzo Juan Antonio Roca, casi saliendo del restaurante, comentó a un grupo de empresarios, tras señalar con el dedo a Emilio Rodríguez (Construcciones Salamanca y El Embrujo): “Emilio sería un gran candidato a alcalde”. A lo que de inmediato el aludido, algo azorado, dijo que ni hablar. “Pero fue más en tono de broma que otra cosa” señala uno de los presentes.

- La negativa del juez Torres a la libertad de García Marcos, ha sido una buena noticia para los intereses de su defensa, aseguran en su entorno. El juez ha tardado veinte días en contestar, siendo ahora la Audiencia la que deberá entender en el momento procesal oportuno sobre su puesta en libertad bajo fianza. Sospechan que tanta tardanza, poco habitual, ha sido deliberada con el objeto de mantener a García Marcos entre rejas en tanto se creaba la Gestora. “Ella, suelta, hubiese distorsionado el discurso político del PSOE en esta crisis”.

- La gestora no ha empezado a andar y hoy se cobrará su primera victima. Deja el cargo un hombre de leyes y de gran prestigio social, Salvador Guerrero, cuyo despacho defiende a dos imputados por corrupción. Pero puede que no sea el último que se vea salpicado indirectamente con acusaciones puristas desde las filas socialistas. Entre los vocales populares hay dos más cuyos nombres, como técnicos, están en la diana porque habrían aparecido vinculados a asuntos como la guardería de San Pedro o alguno de los proyectos del caso Monteverde.

- No se ha prodigado Santiago Herrero, como presidente de la CEA, en declaraciones sobre la crisis marbellí y eso que Marbella aporta una parte sustancial del PIB de Málaga y Andalucía y que su parálisis institucional está afectando gravemente a decenas de empresarios de distinto tamaño. La patronal andaluza, con numerosos afiliados con importantes intereses en Marbella, algunos salpicados por procedimientos y sentencias del TSJA, ha decidido dejar que sea la Justicia la que actúe y optar por la prudencia y el apoyo individual y en privado. “Otra cosa no podemos hacer” dicen en la patronal. La Junta, por cierto, ha mantenido informada a la CEA, a través de sus canales habituales, de los pasos que se iban a dar en Marbella en la resolución política de la crisis.