Este fue el debate entre Antonio Romero (IU) y Manuel Chaves sobre la petición del primero de disolución del ayuntamiento de Marbella en 2003. Se solicitaba tras la moción de censura en el verano contra Julián Muñoz, con el que había pactado la consejera Concha Gutiérrez liquidar a Juan Antonio Roca. El debate sobre Marbella coincidió en las fechas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía. Más abajo queda reflejado el debate entre el diputado José Luis Centella (IU) y el entonces Vicepresidente del Gobierno Javier Arenas Bocanegra en la sede del Congreso. Lean y recuerden lo que decían unos y otros. Un ejercicio saludable de memoria, sin duda.
El señor PRESIDENTE (JAVIER TORRES VELA)
Muchas gracias, señor Consejero.
Señorías, pasamos a la pregunta con ruego de
respuesta oral en Pleno, relativa a iniciativa para la
disolución del Ayuntamiento de Marbella, Málaga, formulada
por don Antonio Romero Ruiz, portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía, dirigida al excelentísimo
señor Presidente de la Junta de Andalucía.
Señor Romero, tiene su señoría la palabra para
formular la pregunta.
El señor ROMERO RUIZ
Muchas gracias, señor Presidente. Señor
Chaves. Señoras y señores Diputados.
El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y
con conocimiento del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma correspondiente, o a solicitud
de éste, repito, o a solicitud de éste, y en todo caso
previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder,
mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos
de las Corporaciones locales, en el supuesto de gestión
gravemente dañosa para los intereses generales
que supongan el incumplimiento de sus obligaciones
constitucionales.
Señor Chaves, ¿va a hacer usted uso de la facultad
que le otorga la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local para solicitar al Gobierno central que
abra el expediente de disolución del Ayuntamiento de
Marbella? Ésa es la gran pregunta. Usted no sólo,
como Consejo de Gobierno, debe ser informado, debe
tener conocimiento; la ley democrática, aprobada el 2
de abril de 1985 por las Cortes Generales, le otorga el
derecho, como Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma, a tomar la iniciativa de solicitar la disolución.
Y en Marbella se han encendido todas las luces de
alarma, el Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe
sobre la gestión en el Ayuntamiento, en el que hay
millones de euros sin justificar y numerosas irregularidades.
La Fiscalía especial para la persecución de
los delitos económicos ha adoptado varias iniciativas
judiciales contra la gestión del equipo de Gobierno y
del Alcalde. La Audiencia Nacional también ha procedido
con anterioridad al registro del Ayuntamiento,
de las sociedades, del entramado que, al margen del
Derecho y de las normas del procedimiento en las
Administraciones públicas, se han creado. Las competencias
de la Junta de Andalucía en urbanismo y
ordenación del territorio han sido vulneradas por el
equipo de Gobierno, encontrándose actualmente en
los tribunales e impugnadas cientos de licencias y
trescientos convenios urbanísticos.
Mediante sentencia del Tribunal Supremo se inhabilitó
por un periodo de veintiocho años para el ejercicio
de cargo público a don Jesús Gil y Gil, obligándole
a abandonar la Alcaldía, que había logrado por mayoría
absoluta. Tras las elecciones municipales del
25 de mayo, se ha roto la mayoría que el Gil obtuvo
en las urnas, se ha disuelto dicho partido político, se
ha presentado y prosperado una moción de censura
asentada en Concejales tránsfugas, todo ello mediante
una vergonzosa y escandalosa polémica pública entre
acusaciones de corrupción y atracos en un programa
de televisión que la Fiscalía de Málaga está investigando
actualmente.
La ciudad de Marbella necesita una nueva etapa,
donde se restablezcan los procedimientos administrativos
y los controles del Estado de Derecho. Debe
dotarse de un nuevo PGOU, de acuerdo con la legislación
de la Comunidad Autónoma andaluza, garantizar
los servicios básicos secuestrados por el entramado
de empresas creadas al margen del Ayuntamiento. El
actual equipo de la señora Yagüe y de los tránsfugas
ya ha tomado dos decisiones que confirman la continuidad
de las políticas del señor Gil: la incorporación
del señor Roca a la política urbanística y la defensa
del PGOU elaborado en la época del señor Gil y no
el legalmente vigente, aprobado en su día por la Junta
de Andalucía.
Marbella debe dar seguridad jurídica y servicios a
sus ciudadanos, como a los empresarios que invierten
allí. En las circunstancias actuales, todo eso sólo es
posible con la disolución del Ayuntamiento, con la
celebración de unas nuevas elecciones municipales,
tal y como establece y prevé la legislación. Y, para
concluir esta primera parte, defendiendo la autonomía
municipal que está garantizada en la Constitución y
en las leyes, que constituye un principio irrenunciable
para todas las fuerzas democráticas, en el caso de
la gestión del Gil, que tiene una continuidad en las
distintas Corporaciones que han ganado por mayoría,
se está haciendo una gestión gravemente dañina al
interés general. La moción de censura con los tránsfugas
ha empeorado y dado continuidad, incumpliendo
sus obligaciones jurídicas, urbanísticas, etcétera.
Señor Chaves, ¿qué más tiene que pasar en
Marbella para disolver su Ayuntamiento? Se roban
18 sumarios judiciales, se suicida un agente judicial
cuando la Policía inicia un registro en su domicilio,
se saquean las arcas del Ayuntamiento, se roban
millones de euros, se cometen irregularidades urbanísticas
a cientos, la Fiscalía Anticorrupción relaciona
al señor Gil con la mafia italiana del capo Benedetto
Santapola, la familia dominante de la cosa nostra en
Catania, que se relaciona con la familia de la jueza
Ramírez, con conexiones con un señor con apellido
Miller, residente en las Islas Caimanes, para blanquear
dinero procedente de los delitos urbanísticos y de
las actividades criminales. Hay 53.000 asuntos en
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y suelen tardar de ocho a diez
años en resolver la construcción urbanística e ilegal
impugnada. La Justicia está actuando porque estamos
en un Estado de Derecho donde los tribunales
tienen un papel clave, pero, señor Chaves, esto no
es un argumento para esconder la cabeza debajo
del ala y no responder como instituciones políticas,
que están facultadas por la ley y deben hacerlo. ¿Va
a actuar usted?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE
Muchas gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta
de Andalucía.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
Sí, señor Presidente. Señor Romero.
Hace unos cuantos días, en este Parlamento
hubo un debate sobre la hipótesis de la disolución
del Ayuntamiento de Marbella, debate en el que los
Grupos políticos pudieron manifestar sus posiciones:
usted manifestó la suya, el Partido Socialista también
manifestó la suya, la correspondiente, y sabe usted
cuál es mi posición al respecto.
Si usted me pregunta, como Presidente de la
Junta de Andalucía, si yo contemplo la posibilidad
de la disolución del Ayuntamiento de Marbella, según
el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local,
le digo que sí, mi contestación es afirmativa. Pero al
mismo tiempo, señor Romero, si queremos ser escrupulosos,
nosotros, con el cumplimiento de la ley, para
que haya una base política —que la hay— para la
disolución, son necesarias también una base legal y
una base jurídica. Y eso es lo que se contempla en el
acuerdo al que han llegado el Partido Andalucista, el
Partido Popular y el Partido Socialista; es decir, pedir
a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación
informes jurídicos, económicos, de gestión y sobre el
incumplimiento de la legalidad urbanística, antes de
que desde la Junta de Andalucía se pueda instar al
Gobierno a la disolución del Ayuntamiento. Y de la
misma manera se ha pedido al Fiscal y el Fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha iniciado
actuaciones para que investigue si la moción de
censura en el Ayuntamiento de Marbella se basa o
ha podido responder a razones, a razonamientos o
a motivaciones que son delictivas.
Y yo creo que lo prudente, desde un punto de vista
político y también desde un punto de vista jurídico es
esperar, en definitiva, a que esos informes se produzcan.
Usted ha dicho en una ocasión: «Tomemos la
decisión y después pidamos los informes». Y yo le
digo que no: pidamos los informes y, a la vista de los
mismos, contemplemos la posibilidad de que la Junta
de Andalucía solicite la disolución del Ayuntamiento
de Marbella.
Y usted, señor Romero, sabe perfectamente cuál
es mi posición. Ese Ayuntamiento está formado por
tránsfugas. Por lo tanto, para mí, como Presidente de
la Junta de Andalucía y como persona, no me inspira
este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno ninguna
credibilidad, ninguna garantía, ninguna confianza de
lo que vaya a hacer ahora y en el futuro. Y usted ha
mencionado algunos casos en este sentido.
Y sabe usted cuáles son las exigencias que nosotros
hemos expuesto y hemos puesto encima de
la mesa: el respeto a la legalidad del Plan General
de Ordenación Urbana de 1986, que no se autorice
ninguna licencia en relación o que no corresponda a
este plan y que se reconsideren todas las licencias
que se han concedido con anterioridad. Y nosotros
vamos a ser escrupulosos, rigurosamente escrupulosos
en la vigilancia y el control de lo que ocurra en
el Ayuntamiento de Marbella, del actual Ayuntamiento
de Marbella, señor Romero.
Y, simplemente, a la vista de las posiciones distintas
que mantenemos, creo que habría que buscar
una aproximación de posiciones. Es bueno, para que
también los tránsfugas, en el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Marbella, vean que hay iniciativas
en este Parlamento que pueden dar lugar también a
iniciativas en el Ayuntamiento de Marbella que corresponden
al consenso, al unánime sentir de todas
las fuerzas políticas democráticas.
El señor PRESIDENTE
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Romero, tiene su señoría la palabra.
El señor ROMERO RUIZ
Gracias, señor Presidente. Señor Chaves.
Nuestro Grupo es corresponsable de un acuerdo
al 99%, alcanzado en la Comisión parlamentaria,
entre todas las fuerzas, salvo un punto que fue la
discrepancia, que es el que traemos aquí: si se va a
tomar la iniciativa de la disolución.
Y es que nosotros pensamos, en Izquierda Unida,
que se le está dando un balón de oxígeno al nuevo
equipo de Gobierno de Marbella, cuyos integrantes
proceden de las Corporaciones anteriores y tienen
al frente a una Alcaldesa títere, dirigida por un señor
como Gil, inhabilitado por el Tribunal Supremo, que
ha terminado imponiendo al señor Roca, su mano
derecha en las especulaciones y en los crímenes urbanísticos
en la última década. No quieren atender
al PGOU de 1986, que es el legal, el reconocido por
la Junta de Andalucía, sino que están invocando el
de 1998. Ayer, el señor Arenas, en el Congreso de
los Diputados, dijo que de los informes que tiene el
Gobierno central actualmente se desprende que no
se puede disolver el Ayuntamiento marbellí, y esto ha
sido saludado ya esta mañana en la radio con alborozo
por portavoces del actual Gobierno de tránsfugas.
¿Qué pensarán, señor Chaves, aquellos jóvenes de
zonas marginales, que por el robo de una tienda, de
una farmacia o de un casete en un automóvil van a la
cárcel seis años? Hace unos días, El Roto decía en
una viñeta: «Ocupas un edificio en ruinas y te empapelan;
ocupas un país y puedes pedir hasta ayuda a
la ONU». La gente está diciendo, en un 80%, que hay
que disolver el Ayuntamiento, que qué más informes
hay que pedir.
Pero, señor Chaves, la Junta de Andalucía, en
la Consejería de Obras Públicas, que ha impugnado
todas las licencias, que las ha llevado a los tribunales,
que ha denunciado todos los convenios urbanísticos...
Ahí tiene usted ya un informe. La deuda a la
Seguridad Social, la deuda a la Hacienda pública, la
quiebra del Derecho, todos estos temas, la Fiscalía
Anticorrupción...
El señor PRESIDENTE
Señor Romero...
El señor ROMERO RUIZ
Concluyo.
Y planteo que es muy importante que, si no tenemos
nada que ocultar, y no creo que usted tenga
nada que ocultar en Marbella, podemos solicitar la
solicitud de disolución y poner la pelota en el tejado del
señor Aznar, que es el que tiene las competencias. El
señor Aznar y el Gobierno central son los que deben
decir, finalmente, si disuelven o no el Ayuntamiento
de Marbella. Esperar es como los carteles de los
bares: «Hoy no se fía, mañana sí»; hoy no se disuelve,
mañana ya veremos. Y, mientras tanto, el que
más contento estaba hoy es el andalucista Carlos
Fernández, que, por cierto, está expedientado, pero
que puede haber una sanción, una gama amplia de
sanciones y no llegar a la expulsión, porque creo que
en todo el acuerdo de las fuerzas democráticas, aquí,
hay una que hace teatro, porque no va a expulsar a
sus Concejales, que es el Partido Andalucista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE
Muchas gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta
de Andalucía.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
Sí, señor Presidente. Señor Romero.
¿Sabe usted cuál es el balón de oxígeno que nosotros
podemos darles a los tránsfugas del Ayuntamiento
de Marbella? Que no cumplamos nosotros con la legalidad.
Ése es el balón de oxígeno. Es decir, que
tomemos una decisión, que tomemos una decisión
que no esté amparada y que no esté cubierta jurídica
y legalmente, porque las decisiones, las que tome
la Junta de Andalucía y las decisiones que tome el
Consejo de Ministros son decisiones recurribles y, si
no tienen la base legal y el apoyo jurídico necesarios,
nos podemos encontrar con una decisión recurrida
e impugnada y posiblemente también contemplar el
supuesto de que nos la vuelvan atrás.
¿Qué es lo que ocurriría entonces? ¿Quién asume,
entonces, señor Romero, esa responsabilidad? Mire
usted, si nosotros queremos ser escrupulosos con la
legalidad y exigir el cumplimiento de la legalidad en
Marbella, somos nosotros los primeros que tenemos
que ser escrupulosos con esa legalidad, basándonos
en los informes. Si el Gobierno tiene sus informes,
nosotros estamos elaborando los nuestros. Y también
tener en cuenta cuál es la investigación del Fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, antes de
dar un paso que puede ser trascendental. Ya he dicho
que yo contemplo la posibilidad de la disolución y tenga
usted en cuenta, señor Romero, que en términos jurídicos
el Ayuntamiento de Marbella ha tomado posesión
hace tres meses, tres meses, que estamos hablando
no de otros Ayuntamientos, estoy hablando en términos
jurídicos, señor Romero, no estamos hablando de otros
Ayuntamientos, estamos hablando de este Ayuntamiento,
del cual yo he dicho que ha tomado posesión hace
dos meses, y también es un Ayuntamiento con respecto
al cual no tengo ninguna confianza, ni ninguna
credibilidad, pero tenemos que armarnos jurídicamente
para tomar una decisión, no solamente jurídica, sino
también política. Y nosotros, señor Romero, estamos
haciendo lo que tenemos que hacer para garantizar
el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de
Marbella. Usted dice que el artículo 61.1 de la Ley de
Bases de Régimen Local está para aplicarlo y yo estoy
de acuerdo, está para aplicarlo, pero sin hacer caso
omiso del contenido de dicho artículo.
Y simplemente quiero terminar, señor Presidente,
con dos consideraciones: una, nosotros, la Junta de
Andalucía es el instrumento más importante, más
fuerte, más poderoso de control urbanístico en el
Ayuntamiento o en el municipio de Marbella y en todo
el litoral de la costa andaluza. Lo estamos viendo, lo
estamos demostrando día a día con las denuncias,
con la suspensión de las licencias, con la impugnación
ante el Tribunal Superior de Justicia, que, afortunadamente,
en los últimos meses ya empieza a suspender
las obras, y con todo el control del litoral. Y en este
sentido ya hemos constituido las oficinas urbanísticas
del litoral en las provincias de Cádiz y Málaga, se ha
constituido también ya en Almería y, antes de final
de año, se constituirán en Granada y Huelva, para un
control riguroso del urbanismo en las costas.
Y la segunda consideración, señor Romero, señoras
y señores Diputados, es decir, y creo que está
en la conciencia de todos, que la democracia padece
una lacra, una lacra, que es el transfuguismo. Y nos
tenemos que preguntar todos los partidos políticos si
actuamos adecuadamente en contra de esta lacra de la
democracia que desprestigia a las instituciones. Se han
hecho pactos contra el transfuguismo, a nivel nacional
y a nivel autonómico, y tenemos que reconocer que
han tenido una eficacia limitada, que no han funcionado
bien, y es la hora también de que nos preguntemos,
aquí, en este Parlamento, si es necesario llevar a cabo
transformaciones, modificaciones legales, sustanciales
en contra del transfuguismo. En la Ley Electoral, a nivel
nacional, a nivel nacional, y si es necesario las que
tengamos aquí, modificaciones legales. Yo propuse
una, que era la elección directa por los ciudadanos del
Alcalde; nos evitaríamos muchos problemas de esta
naturaleza. Seguramente, no será la única modificación
legal que hay que llevar a cabo. Estudiémoslas conjuntamente,
propongamos una proposición o elaboremos
conjuntamente una proposición de ley que podamos
remitir al Congreso de los Diputados.
[Aplausos.]
DEBATE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SOBRE EN LA MISMA FECHA Y SOBRE EL MISMO TEMA.
La señora PRESIDENTA Luisa Fernanda Rudí:
Interpelación del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las
actuaciones que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno
para acometer una regeneración democrática y, en
particular, los criterios de aplicación del artículo 61 de
la Ley de régimen local en general, singularmente en el
caso del Ayuntamiento de Marbella.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ:
Señora presidenta,
señor ministro, señorías, lo que ha ocurrido este verano,
tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento
de Marbella, ha supuesto un descrédito generalizado
de la acción política. Esto hace imprescindible que
se actúe y que se promueva el esclarecimiento de lo que
ha sucedido realmente, pero sobre todo que se estudien
y se apliquen reformas legales que impidan que la
voluntad popular pueda ser alterada por intereses muy
ligados a las actividades especulativas. La realidad es
que, a pesar del pacto antitransfugismo firmado por
todos los partidos políticos en el año 1998, los hechos
acaecidos en la Comunidad de Madrid y los escándalos
del Ayuntamiento de Marbella han evidenciado cómo se
conectan claramente negocios privados con decisiones
políticas de aquellos que, siendo elegidos, abandonan
pronto incluso los partidos por los que fueron elegidos.
Esto debe obligar, tanto al Gobierno como a las fuerzas
políticas, a proponernos como objetivo prioritario
promover una verdadera regeneración democrática de la
vida política y, sobre todo, garantizar el respeto a la
voluntad del electorado sobre su representación en la
composición de las instituciones, porque esa es, señorías,
una de las claves que hace que una democracia sea
realmente representativa. La preocupación social conectada
con aquello a lo que se ha llegado en el Ayuntamiento
de Marbella ha desatado, a nuestro juicio, una
señal de alarma ante el deterioro de la democracia. Aunque
no existieran razones de peso —que sí las había—
con anterioridad a lo ocurrido en Marbella este verano,
se ha llegado ya al límite y no se puede permitir que
continúe más tiempo una corporación que ha degradado
la vida política y cuyos actuales gestores han perdido
credibilidad de forma total. Ha acabado por suceder lo
más grave que puede suceder en una institución municipal.
Al mismo tiempo que los dos ex alcaldes se acusaban
mutuamente de corrupción, la práctica totalidad del
actual Gobierno municipal de Marbella está compuesto
por concejalas y concejales tránsfugas que han abandonado
sus partidos de origen o han sido expulsados de
ellos. Es decir, lo que las marbelleras y marbelleros
votaron en su día hoy no tiene representación en la corporación
que gestiona los asuntos de Marbella. Por lo
tanto, hoy más que nunca se hace necesario promover
un código ético contemplado en la legislación y que sea
garantía de control del elector sobre el elegido, que
garantice —como decía— que la democracia es realmente
representativa, que los elegidos representan verdaderamente
a quienes los han votado. No se puede
hacer verdad aquello que decía el señor Fraga: Usted
vote y luego déjenos gobernar a nosotros. El control
democrático es fundamental para que la democracia
exista realmente.
La realidad es que en el caso de Marbella han fallado
bastantes cosas, empezaron a fallar desde el principio
cuando la justicia no intervenía cuando el señor Gil
declaraba que en Marbella sobraba la prensa, sobraba el
Parlamento y sobraban los jueces. Hay algo peor, tampoco
intervenía cuando se pasaba de los dichos a los
hechos, cuando el actual alcalde de Marbella aclamaba
a la policía local cuando apaleaba a periodistas o cuando
se negaba a colaborar con los Gobiernos central y
autonómico o cuando insultaba y presionaba los jueces.
Como decía, en Marbella han fallado muchas cosas pero
sobre todo ha fallado el Estado de derecho, pues en una
democracia constitucional ganar unas elecciones da
derecho a gobernar pero también obliga a que ese
gobierno sea sometido a los controles que todo Estado
de derecho impone como garantía de los ciudadanos
frente a posibles abusos de poder. Estos controles han
fallado en Marbella, fallaron desde el inicio cuando el
señor Gil expulsó del ayuntamiento al secretario general
de la corporación quien, como todos sabemos, es el
encargado de custodiar el cumplimiento de la legalidad
por cualquier gobierno local. Se le expulsó del
ayuntamiento simplemente porque no quería llevar los
papeles al club financiero, la oficina paralela al ayuntamiento
que montó el señor Gil para que allí se tramitasen
asuntos municipales. Esta expulsión no fue combatida
por ninguna institución y dejó al señor Gil las
manos libres para desarrollar su forma de gobernar sin
ningún control legal. De paso, asustó a los funcionarios
pues si el funcionario de más alto grado, como es
el secretario general, era expulsado en cuestión de mes
y medio, el resto de los funcionarios veían muy difícil
su continuidad.
También falló la justicia a lo largo de todos estos
años. Quizás el caso más sonado ocurrido en Marbella
sea la pérdida de sumarios —pérdida todavía no aclarada—,
pero no es sino un incidente más de una larga lista
que empezó al año y medio o dos años de tener Gil la
alcaldía de Marbella, con el caso judicial de la jueza
Blanca Ester Díaz, que ya denunciaba la corrupción en
los juzgados de Marbella y su ligazón con los intereses
especulativos inmobiliarios del señor Gil. Sorprendentemente,
esta jueza pasó de acusadora a acusada, pasó
de ser la que denunciaba la corrupción a tener que
soportar una presión y una persecución que la obligaron
incluso a tener que salir temporalmente de Marbella.
Durante todos estos años, hemos visto innumerables y
continuos casos judiciales no aclarados en Marbella y
sorprendía el papel nunca aclarado del señor Manzanares,
que cada vez tenía más peso en la vida judicial relacionada
con Marbella.
También fallaron los controles de los gobiernos central
y autonómico, que fueron incapaces de reaccionar
ante los desmanes que cometía el señor Gil y que le permitían
aplicar eso que se llamaba y se llama urbanismo
a la carta, por el cual un constructor, un agente inmobiliario,
pagaba teóricamente un canon al ayuntamiento
para que éste se encargase de modificar la normativa
urbanística a gusto del promotor, a gusto de quien pagaba,
como se ha demostrado en la mayoría de los casos,
de una forma totalmente ilegal, lo que el Tribunal de
Cuentas define como convenios prefijados. Este urbanismo
a la carta, por cierto, empezó a ser copiado por
alcaldes de la zona en un afán de querer ser los más fieles
seguidores del señor Gil.
Señorías, en estos momentos son muchos los marbelleros
y marbelleras que sienten profunda vergüenza
por lo que está ocurriendo en su ciudad, pero son
muchos más los españoles y españolas que asisten
indignados al esperpento en que ha degenerado lo que
se llamó en su día, y fue muy aplaudido, el fenómeno
Gil. No es malo recordar en este momento cómo en el
año 1991, entre el silencio y el desprecio generalizados,
algunos ya anunciábamos que lo que alegremente
se llamaba el fenómeno Gil tendría un final de esperpento
o de tragedia, pero como en aquel momento el
señor Gil solamente insultaba y atacaba a los comunistas,
nadie vino en nuestra defensa. El final, por ahora,
es de esperpento. Vemos a un alcalde, ya ex alcalde, y a
una folclórica escapándose al Rocío perseguidos por
toda la prensa rosa de este país, algo que puede ser un
ejemplo claro de lo que el poeta llamaba la España de
charanga y pandereta; vemos a concejales que se
esconden durante días preparando una moción de censura
sin explicar los argumentos y que luego llegan al
Ayuntamiento para celebrar el pleno en autobús escoltados
por agentes de seguridad mientras que los dos ex
alcaldes, señor Gil y señor Muñoz, se acusan en la
prensa rosa de llevarse el dinero en maletines desde el
propio Ayuntamiento de Marbella.
Como decía, señorías, esto es un esperpento, es la
España de charanga y pandereta, pero la realidad es que
en Marbella se han encendido todas las luces de alarma.
El Tribunal de Cuentas ha denunciado y la Fiscalía ha
perseguido, pero las instituciones políticas tienen que
reaccionar. Tienen que reaccionar porque en estos
momentos no hay otra salida para el Ayuntamiento de
Marbella que no sea su disolución. Por si no hubiese
suficientes razones para disolver el Ayuntamiento de
Marbella, en estos momentos se evidencia cada vez más
cómo se trata de recuperar al señor Roca o cómo se trata
de repescar el plan urbanístico del señor Gil. Cada vez
se evidencia más que aquel que fue inhabilitado por la
justicia para dirigir el Ayuntamiento de Marbella lo
sigue dirigiendo en un claro fraude de ley.
No es suficiente con la disolución del Ayuntamiento
de Marbella. Izquierda Unida tiene en estos momentos
especial interés en que se haga una buena autopsia de lo
que ha ocurrido en Marbella para que lo que allí ha ocurrido,
que en muchos casos ya es irreparable, pueda servir
para regenerar la vida política de este país. Por ello,
es importante investigar y aclarar desde el punto de vista
político cuál ha sido el proceso por el cual la democracia
se puede degenerar, el proceso por el cual un gobierno
elegido en unas urnas puede acabar fuera de lo que
es un Estado de derecho sin que haya una respuesta adecuada
de los poderes públicos. Eso está siendo investigando
por la justicia y está siendo tratado en el Tribunal
de Cuentas, pero tiene que ser también investigado
desde el punto de vista político para al final, entre todos,
elaborar ese necesario código ético que suponga el freno
de los desmanes que se han cometido en Marbella y que
se pueden cometer en cualquier otro lugar. Con la actual
legislación, incluso es posible que a esta tribuna se suba
un presidente del Gobierno que no tenga que dar cuentas
a nadie porque se haya pasado al Grupo Mixto, sin
estar respaldado por el partido por el que se presentó a
las elecciones. Eso es posible con la actual legislación y
hay que establecer medidas correctoras para que no
pueda ocurrir.
El segundo pilar de nuestra propuesta es la comisión
de investigación. Creemos que esta propuesta no puede
ser frenada sino que, al contrario, tiene que ser avalada
por todos los grupos políticos. Por ello, la semana próxima
propondremos la creación de una comisión parlamentaria
de investigación que aclare lo ocurrido en el
Ayuntamiento de Marbella desde el año 1991 y que
plantee medidas para que no se vuelvan a producir en
ninguna otra institución semejantes desmanes, semejante
degeneración del sistema democrático. Más allá del
esperpento en el que por ahora ha degenerado el ayuntamiento
de Marbella, y que yo espero que no termine en
tragedia, lo que hay que salvaguardar es el Estado de
derecho. Con toda sinceridad, creemos que sería un verdadero
escándalo que se cerraran las puertas a esa investigación
parlamentaria, que se impidiese que el Congreso
de los Diputados pudiese llegar al fondo de lo que ha
ocurrido en Marbella que, repito, no solamente es un
problema judicial, no solamente es un problema político,
no solamente es un problema económico sino que es
un problema del Estado de derecho, y todos tenemos
que poner nuestro grano de arena para que no se repita.
No iniciar los trámites para disolver el ayuntamiento de
Marbella no es llegar al fondo del problema.
Por todo ello, señor ministro, termino planteándole
que diga con claridad qué es lo que está haciendo su
Gobierno en relación con la situación del Ayuntamiento
de Marbella porque sería una sorpresa encontrarnos con
que, a estas alturas, el Gobierno todavía no ha adoptado
ni una sola iniciativa al respecto. Todas las luces de alarma
se han encendido, lo que obliga a todas las instituciones
y a todos los estamentos del Estado a adoptar una
serie de medidas que, de una vez por todas, devuelvan
la legitimidad democrática al Ayuntamiento de Marbella,
legitimidad democrática que hoy no tiene pues, repito,
no está en condiciones de garantizar el cumplimiento
de sus deberes constitucionales. Su disolución es la
solución y la investigación es la obligación de esta
Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA:
Muchas gracias, señor
Centella.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Arenas Bocanegra):
Señora presidenta, señoras y señores
diputados, finalizaba su intervención el portavoz de
Izquierda Unida preguntando por la actitud del Gobierno
y por lo que estaba haciendo el Gobierno. Por
supuesto que el Gobierno está analizando todo lo que ha
sucedido en Marbella en términos políticos porque ésa
es la responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, también
le quiero decir que ese análisis tiene que partir de
dos premisas fundamentales. La primera es el respeto a
la autonomía local. Llevamos muchos años en nuestra
democracia hablando de la autonomía de las comunidades
autónomas, regiones y nacionalidades; estamos disfrutando
de una democracia gracias a nuestra Constitución
de 1978 y a todo el esfuerzo colectivo que hemos
realizado en los últimos años, que consagra la autonomía
local, por lo que tenemos que observar todo este
proceso dentro del ámbito y del respeto a la autonomía
local. La segunda cuestión importante que el Gobierno
tiene muy presente, y yo estoy seguro de que S.S. también,
es que ha habido elecciones en Marbella y que la
voluntad popular se ha trasladado el 25 de mayo, con
unos concejales electos que están ahí y que, en principio,
tienen que merecer el respeto por tener una ubicación
en la vida política de Marbella en función de la
confianza que han dado los ciudadanos a ellos y a las
fuerzas políticas el 25 de mayo.
Señorías, en España hablamos mucho, y con razón,
de erradicar las prácticas que están vinculadas al transfuguismo
y, sin embargo, como bien saben sus compañeros
de partido que acuden con frecuencia a las reuniones
del Pacto antitransfuguismo, en España el
porcentaje de conductas tránsfugas —teniendo en cuenta
que hay miles de corporaciones en España— no llega
ni al 5 por ciento. Ahora bien, es verdad que en los últimos
tiempos ha habido unos comportamientos en Marbella
que me han parecido lamentables desde todos los
puntos de vista, también desde el punto de vista político,
y se ha vuelto a poner de manifiesto un debate que
está pendiente en la democracia española: ¿De quién es
el escaño de diputado, de senador o de concejal, de la
formación política a la que los ciudadanos dan su confianza
o de la persona? Hasta ahora, toda la interpretación
jurídica que hemos tenido —lo saben ustedes perfectamente—
y la interpretación jurisprudencial al más
alto nivel del Tribunal Constitucional nos ha recordado
que, según la Constitución española, no hay mandato
imperativo y que, en consecuencia, el acta pertenece al
electo y no a la formación política que confió en él.
¿Se puede calificar como un espectáculo lo de Marbella?
Por supuesto que sí. Le quiero decir también que,
por lo que afecta a la formación política de la que yo
procedo, estamos muy orgullosos por la seriedad con la
que nos hemos comportado. Ha habido todo un espectáculo
político que hace daño a la ciudad de Marbella y
espero que esa ciudad, que tan emblemática ha sido en
el turismo andaluz, y por supuesto en el nacional, no
vea empañado ni puesto en riesgo su futuro en función
de estos comportamientos individuales. Por tanto, le
quiero decir que el Gobierno puede compartir con S.S.
muchos de los calificativos que usted ha dicho, pero tengamos
presente la autonomía local y tengamos presente
también que ha habido elecciones en Marbella. Somos
partidarios de seguir adelante con las medidas que
hemos aprobado en el mes de julio —las conoce S.S.—
en el Pacto antitransfuguismo. A partir de ahí, aparece
una pregunta: ¿Se plantea el Gobierno en este momento
proponer la disolución de la corporación municipal de
Marbella? En este momento no tenemos esa posición
política. Sí le digo que estamos haciendo estudios e
informes; que me consta que hay iniciativas parlamentarias
que van a pedir esos informes al Gobierno; que
estamos siguiendo muy de cerca las conversaciones que
en Andalucía están llevando a cabo formaciones políticas
como el Partido Socialista, el Partido Popular y el
Partido Andalucista; que me preocupa la situación de
inseguridad jurídica que puede producirse en Marbella;
que me preocupa la situación económica y financiera
del Ayuntamiento; que me preocupa la situación permanente
de huida del derecho administrativo que se puede
estar dando en ese Ayuntamiento.
Sin embargo, a la vez que digo todo esto, pasamos a
la siguiente cuestión: ¿Ha llegado el momento de proponer
la disolución del Ayuntamiento de Marbella? Una
decisión de esas características es tan grave que nunca
se ha tomado en la democracia española en los últimos
25 años, nunca. Habrá habido gobiernos muy negativos
para sus ciudades que hayan empañado el nombre de
sus ciudades, gobernantes muy negligentes, gobernantes
muy incapaces, seguro que sí, pero una decisión de
ese tipo no se ha tomado nunca en España. De hecho,
hemos tenido que proceder a una modificación de la
Ley de Bases del Régimen Local para que se permita en
un futuro —y lo hemos hecho de forma pactada con el
Partido Socialista— que puedan disolverse corporaciones
locales que se distingan por la permanente exaltación
del terrorismo. Consecuencia de esta parte de mi
análisis: no se puede proponer la disolución de un ayuntamiento
si no es con todo el amparo de la ley, con todo
el amparo jurídico y también con el amparo de la doctrina
del Tribunal Constitucional. No se puede proponer la
disolución de un ayuntamiento por razones políticas,
por oportunismo electoral, por juicios de valor o porque
se haya dado un comportamiento que sea reprobable en
términos éticos o en términos estéticos o en términos
éticos y estéticos, que también es perfectamente posible,
como creo que ha pasado en Marbella. Al amparo
de eso, ¿qué nos dice la ley? Que sólo se puede plantear
la petición de disolución cuando se da un ataque grave
al interés general y además hay un incumplimiento reiterado
de las obligaciones constitucionales.
Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre este
asunto —que son dos, si no recuerdo mal, una de 1981
y otra de 1984— vienen a decir de una forma muy clara
que hay que aplicar la posible disolución de forma muy
restrictiva y que no se puede poner en marcha la potestad
de disolución cuando se trate de casos de mala conducta
o de negligencia grave de los presidentes y miembros
de las corporaciones locales, sino que tiene que
haber una certificación diaria de atentar contra el interés
general o incumplir claramente obligaciones constitucionales.
Le soy sincero, los primeros informes que yo
he conocido en el Ministerio de Administraciones
Públicas me decían que esa situación no es la que se
daba en este momento. ¿Yo puedo predecir en este
momento que esa situación se puede dar en el futuro?
No lo puedo predecir. En segundo lugar, ¿la corporación
municipal de Marbella lleva mucho tiempo gestionada
por sus actuales responsables? La actual lleva poco
tiempo. ¿A la actual corporación municipal le tenemos
que imputar en términos políticos conductas anteriores?
Yo creo que muchas sí. ¿En términos jurídicos? No
podemos. En términos políticos, sí; en términos jurídicos,
no. ¿El Estado de derecho ha funcionado? Hay que
recordar que hay un anterior alcalde de Marbella que no
está hoy en la vida política por decisión de los jueces.
La Fiscalía Anticorrupción ha funcionado, el Tribunal
de Cuentas está prestando muchísima atención, la Junta
de Andalucía ha reaccionado con acierto en el terreno
urbanístico, tan importante para esa ciudad; con especial
referencia hablaba yo de la seguridad o inseguridad
jurídica hablando del terreno del urbanismo.
En consecuencia, señoría, hay una profunda desolación
en el Gobierno por lo que ha pasado en Marbella.
No debemos confundir nunca el nombre de Marbella
con determinados gestores municipales actuales. Aparte
de eso, comportamientos tránsfugas inaceptables y pésima
gestión municipal. Pero hoy los informes, que tienen
que ser rigurosos porque estamos hablando de la
voluntad popular de los ciudadanos, no nos dicen que
haya un supuesto de disolución. ¿Lo descartamos para
el futuro? No, habrá que verlo en función de los informes
jurídicos y de los hechos objetivables. ¿Nos parece
que la Junta de Andalucía y el Gobierno deben trabajar
juntos en esta cuestión? Por supuesto que sí.
Permítame, señora presidenta, que termine haciendo
una pequeña reflexión, que también he considerado
ausente en su discurso. No está de más que los partidos
políticos tradicionales, los que tenemos detrás de nuestra
organización un proyecto político, un programa ideológico,
nos planteemos por qué en determinadas ciudades
afloran proyectos políticos que no tienen nada
que ver con las ideas y tienen todo que ver con el interés
personal. No está de más porque probablemente, cuando
esto pasa, alguna responsabilidad hay que asumir por
parte de aquellos que tenemos el honor de discrepar de
otros, pero estar en política por ideas, por proyectos y
para servir a la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA:
Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ:
Señora presidenta,
señorías, señor ministro, le he encontrado excesivamente
justificativo con la situación de Marbella. Yo le podría
suponer cierto síndrome de Estocolmo respecto al club
financiero (Protestas.), aquella oficina en la que gestiona
Gil sus negocios. La verdad es que yo esperaba algo
más de contundencia. Desde la discrepancia que tenemos
con su partido y con su Gobierno, entendemos que
en Marbella se está produciendo un ataque al interés
general y que Ayuntamiento actual de Marbella no está
en condiciones de garantizar el funcionamiento constitucional.
Hay que iniciar los trámites para la disolución,
porque no hacer esto supondrá agravar más la situación
y quien no lo inicie de aquí a dos, tres o cuatro meses
será responsable de lo que allí ocurra. Izquierda Unida
plantea con claridad que se inicien los trámites para que
se disuelva la corporación porque, sinceramente, es la
única medida para que se pueda regenerar ese ayuntamiento,
para que de una vez por todas se desmonte el
entramado que se ha organizado en Marbella para funcionar
al margen del Estado de derecho. Lo que ocurre
allí no es solamente un caso de transfugismo, señor
ministro, lo que ocurre allí no es solamente un caso de
mal gobierno, allí hay un entramado para situarse fuera
del Estado de derecho, y la Constitución obliga a cualquier
corporación a cumplir el Estado de derecho.
Desde esa óptica, es necesario iniciar los trámites. Aplazarlo
en el tiempo supone en cierto modo no atacar
el problema en profundidad, supone darle un balón de
oxígeno.
Continuando por donde usted terminaba, evidentemente
todos tenemos que hacer la autocrítica y vamos a
proponer la semana que viene una comisión de investigación
para que lleguemos al fondo de lo que ha ocurrido
en Marbella, que no solamente es una cuestión de los
últimos meses, sino que es una cuestión que viene desde
el año 1991 y en la que, como decía, ha fallado la justicia,
han fallado las instituciones y han fallado también
los partidos políticos, por lo que hay que poner medidas
legislativas para que eso no vuelva a ocurrir.
Nuestro grupo siempre ha hecho alarde de respeto a
la autonomía local y usted, que nos conoce bien, sabe
nuestra defensa de ese tema, pero en nombre de la autonomía
local no se pueden cometer los desmanes que se
han cometido en Marbella y hay que poner controles
para que la justicia actúe con rapidez; no se puede
impugnar un acuerdo municipal en el año 1995 y que
los jueces no se pronuncien hasta el año 2000, 2001 ó
2002, ya que después el daño es irreparable. Por tanto,
sí a la autonomía local, pero también sí al Estado de
derecho. Esos son los límites que hay que analizar.
Claro que ha habido elecciones en Marbella. Uno de
los problemas es que los que hoy están en el Ayuntamiento
de Marbella, salvo honrosas excepciones, no se
corresponden con aquellos a quienes se ha votado. Uno
de los problemas más graves es que hoy la inmensa
mayoría de los concejales de Marbella, salvo honrosas
excepciones —repito—, no están representados en el
ayuntamiento en la medida en que fueron votados, pues
se han disuelto partidos que tenían mayoría absoluta,
hay unos expulsados de sus partidos y hay otros expedientados.
Hoy, el Gobierno municipal de Marbella está
formado en su práctica totalidad por gente que no se
corresponde con lo que los ciudadanos votaron en su
día. Por consiguiente, el hecho de que haya habido elecciones
no puede justificar que no se tomen medidas, al
contrario, es un elemento más para que se tomen. Hoy
en Marbella están gobernando los tránsfugas.
Usted preguntaba de quién era el escaño; nosotros
planteamos qué controles se ponen. Esto hay que verlo
y analizarlo, hay que poner controles para que el ciudadano
pueda controlar a quien votó. No nos vale eso de
usted vote y olvídese, que yo gobierno, no nos vale. La
democracia representativa tiene que poner controles
para que el ciudadano se sienta representado por aquellos
a los que ha votado. El voto no es un cheque en
blanco, el voto no es ni más ni menos que un contrato
que firma el elector con el elegido; si no se controla, se
convierte en un cheque en blanco.
Ustedes tienen que actuar, pero no solamente tienen
que actuar en relación con la disolución del Ayuntamiento
de Marbella, sino que tienen que actuar para
devolver la credibilidad democrática en Marbella. Me
voy bastante desilusionado de su intervención porque
esperaba que usted, además de decir que están estudiando
la situación, dijese algunas cosas concretas que iban
a iniciar o algunos trámites concretos que iban a poner
en marcha para —repito— regenerar la vida democrática
en el Ayuntamiento de Marbella. Lo que ha ocurrido
en Marbella, más allá del espectáculo, del esperpento,
de la charanga y la pandereta que se ha vivido, es algo
mucho más grave y quien no quiera verlo quizás es porque
en su día lo avaló con ciertos acuerdos que consideramos
que fueron erróneos y a los que no se debió haber
llegado. La realidad es que lo que ocurre hoy en Marbella
viene del año 1991 y se ha ido cimentando, día a día,
con esa dejación del Estado de derecho que hemos sufrido,
en primer lugar, los comunistas, pero que hoy, como
en aquel poema de Brecht, vienen sufriendo ya todos
los ciudadanos y ciudadanas de Marbella.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA:
Muchas gracias, señor
Centella.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Arenas Bocanegra):
Señora presidenta, señoras y señores
diputados, la verdad es que he subido a la tribuna,
por cortesía parlamentaria, para reiterarme básicamente
en todos los argumentos que le he trasladado.
No he dicho que estemos estudiando la disolución,
he dicho que nuestro Ministerio de Administraciones
Públicas ha hecho y hará informes sobre la cuestión,
pero una decisión de estas características es tremendamente
grave; le vuelvo a insistir, en 25 años en España,
no ha habido ninguna. Desde luego, si el Gobierno en
algún momento estudiara la disolución sería no basándose
—y perdóneme que le insista— en valoraciones
políticas, sería con el ordenamiento jurídico en la mano,
con las leyes en la mano y con el derecho en la mano.
Aquí no caben subjetividades ni discrecionalidades ni
levántase usted mañana y haga.
Usted menciona el problema del escaño y del partido
político. Ahí tiene usted dos posibilidades: o cambia
usted la Constitución —que desde luego yo no soy partidario
de cambiarla ni lo es el Gobierno al que pertenezco—
o cambia usted la doctrina del Tribunal Constitucional.
Porque además ya ve la gracia que nos hace a
los que estamos aquí, que defendemos los partidos políticos tradicionales, cuando nos toca sufrir especialmente
los asuntos de los tránsfugas. Si encuentra usted alguna
solución concreta o un código ético, ¿dónde nos lleva
ese código ético, en qué se concreta ese código ético?
Al decir que quiere un código ético, queda usted de
cine. Ahora, concrete qué es el código ético, cómo se
articula y cómo resuelve los problemas. Además se lo
digo con una legitimidad. Como ministro de Administraciones
Públicas he firmado con su formación política
dos acuerdos, pero en este momento no hay ni una sola
propuesta encima de la mesa por discutir, no nos ha
dado el ingenio para más. Comprendo que el discurso
que usted plantea es un discurso que queda bien, código
ético, control de los ciudadanos, pero, ¿cómo se articula
eso en beneficio de la democracia y de los ciudadanos?
Finalmente quiero hacer dos consideraciones. Si ha
visto en mi intervención que yo estaba justificando algo
de Marbella, lo que le puedo decir más cariñoso es que
no se ha enterado de una sola palabra de mi intervención.
Es lo que le puedo decir más cariñoso, de verdad,
porque habrá alucinado usted de que yo justifique algo
en Marbella. Me parece deplorable; ahora, que algo me
parezca deplorable no significa que automáticamente
me convierta en un irresponsable y me salte las leyes
porque no me guste algo. Tómeselo bien, pero hay
escándalos políticos no sólo en Marbella, lo que está
pasando hoy en el Parlamento vasco pagando a Batasuna
es un gran escándalo político. (Protestas.—Rumores.—
El señor Landaluce Calleja pronuncia palabras
que no se perciben.—Aplausos.)
La señora PRESIDENTA:
Señorías, guarden silencio.
Señor Landaluce.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Arenas Bocanegra):
Tengo derecho a decirlo. En mi
opinión también es un escándalo político que se esté
pagando en el Parlamento vasco a Batasuna, y no se
puede uno escandalizar de algunas cosas y que otras nos
parezcan estupendas. (Rumores.—El señor Alcaraz
Masats pronuncia palabras que no se perciben.)
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