domingo, 23 de abril de 2006

LO QUE CHAVES Y ARENAS PENSABAN SOBRE MARBELLA EN SEPTIEMBRE DE 2003


Este fue el debate entre Antonio Romero (IU) y Manuel Chaves sobre la petición del primero de disolución del ayuntamiento de Marbella en 2003. Se solicitaba tras la moción de censura en el verano contra Julián Muñoz, con el que había pactado la consejera Concha Gutiérrez liquidar a Juan Antonio Roca. El debate sobre Marbella coincidió en las fechas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía. Más abajo queda reflejado el debate entre el diputado José Luis Centella (IU) y el entonces Vicepresidente del Gobierno Javier Arenas Bocanegra en la sede del Congreso. Lean y recuerden lo que decían unos y otros. Un ejercicio saludable de memoria, sin duda.

El señor PRESIDENTE (JAVIER TORRES VELA)

Muchas gracias, señor Consejero.

Señorías, pasamos a la pregunta con ruego de

respuesta oral en Pleno, relativa a iniciativa para la

disolución del Ayuntamiento de Marbella, Málaga, formulada

por don Antonio Romero Ruiz, portavoz del

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía, dirigida al excelentísimo

señor Presidente de la Junta de Andalucía.

Señor Romero, tiene su señoría la palabra para

formular la pregunta.

El señor ROMERO RUIZ

Muchas gracias, señor Presidente. Señor

Chaves. Señoras y señores Diputados.

El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y

con conocimiento del Consejo de Gobierno de la

Comunidad Autónoma correspondiente, o a solicitud

de éste, repito, o a solicitud de éste, y en todo caso

previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder,

mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos

de las Corporaciones locales, en el supuesto de gestión

gravemente dañosa para los intereses generales

que supongan el incumplimiento de sus obligaciones

constitucionales.

Señor Chaves, ¿va a hacer usted uso de la facultad

que le otorga la Ley Reguladora de Bases de

Régimen Local para solicitar al Gobierno central que

abra el expediente de disolución del Ayuntamiento de

Marbella? Ésa es la gran pregunta. Usted no sólo,

como Consejo de Gobierno, debe ser informado, debe

tener conocimiento; la ley democrática, aprobada el 2

de abril de 1985 por las Cortes Generales, le otorga el

derecho, como Consejo de Gobierno de la Comunidad

Autónoma, a tomar la iniciativa de solicitar la disolución.

Y en Marbella se han encendido todas las luces de

alarma, el Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe

sobre la gestión en el Ayuntamiento, en el que hay

millones de euros sin justificar y numerosas irregularidades.

La Fiscalía especial para la persecución de

los delitos económicos ha adoptado varias iniciativas

judiciales contra la gestión del equipo de Gobierno y

del Alcalde. La Audiencia Nacional también ha procedido

con anterioridad al registro del Ayuntamiento,

de las sociedades, del entramado que, al margen del

Derecho y de las normas del procedimiento en las

Administraciones públicas, se han creado. Las competencias

de la Junta de Andalucía en urbanismo y

ordenación del territorio han sido vulneradas por el

equipo de Gobierno, encontrándose actualmente en

los tribunales e impugnadas cientos de licencias y

trescientos convenios urbanísticos.

Mediante sentencia del Tribunal Supremo se inhabilitó

por un periodo de veintiocho años para el ejercicio

de cargo público a don Jesús Gil y Gil, obligándole

a abandonar la Alcaldía, que había logrado por mayoría

absoluta. Tras las elecciones municipales del

25 de mayo, se ha roto la mayoría que el Gil obtuvo

en las urnas, se ha disuelto dicho partido político, se

ha presentado y prosperado una moción de censura

asentada en Concejales tránsfugas, todo ello mediante

una vergonzosa y escandalosa polémica pública entre

acusaciones de corrupción y atracos en un programa

de televisión que la Fiscalía de Málaga está investigando

actualmente.

La ciudad de Marbella necesita una nueva etapa,

donde se restablezcan los procedimientos administrativos

y los controles del Estado de Derecho. Debe

dotarse de un nuevo PGOU, de acuerdo con la legislación

de la Comunidad Autónoma andaluza, garantizar

los servicios básicos secuestrados por el entramado

de empresas creadas al margen del Ayuntamiento. El

actual equipo de la señora Yagüe y de los tránsfugas

ya ha tomado dos decisiones que confirman la continuidad

de las políticas del señor Gil: la incorporación

del señor Roca a la política urbanística y la defensa

del PGOU elaborado en la época del señor Gil y no

el legalmente vigente, aprobado en su día por la Junta

de Andalucía.

Marbella debe dar seguridad jurídica y servicios a

sus ciudadanos, como a los empresarios que invierten

allí. En las circunstancias actuales, todo eso sólo es

posible con la disolución del Ayuntamiento, con la

celebración de unas nuevas elecciones municipales,

tal y como establece y prevé la legislación. Y, para

concluir esta primera parte, defendiendo la autonomía

municipal que está garantizada en la Constitución y

en las leyes, que constituye un principio irrenunciable

para todas las fuerzas democráticas, en el caso de

la gestión del Gil, que tiene una continuidad en las

distintas Corporaciones que han ganado por mayoría,

se está haciendo una gestión gravemente dañina al

interés general. La moción de censura con los tránsfugas

ha empeorado y dado continuidad, incumpliendo

sus obligaciones jurídicas, urbanísticas, etcétera.

Señor Chaves, ¿qué más tiene que pasar en

Marbella para disolver su Ayuntamiento? Se roban

18 sumarios judiciales, se suicida un agente judicial

cuando la Policía inicia un registro en su domicilio,

se saquean las arcas del Ayuntamiento, se roban

millones de euros, se cometen irregularidades urbanísticas

a cientos, la Fiscalía Anticorrupción relaciona

al señor Gil con la mafia italiana del capo Benedetto

Santapola, la familia dominante de la cosa nostra en

Catania, que se relaciona con la familia de la jueza

Ramírez, con conexiones con un señor con apellido

Miller, residente en las Islas Caimanes, para blanquear

dinero procedente de los delitos urbanísticos y de

las actividades criminales. Hay 53.000 asuntos en

la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía y suelen tardar de ocho a diez

años en resolver la construcción urbanística e ilegal

impugnada. La Justicia está actuando porque estamos

en un Estado de Derecho donde los tribunales

tienen un papel clave, pero, señor Chaves, esto no

es un argumento para esconder la cabeza debajo

del ala y no responder como instituciones políticas,

que están facultadas por la ley y deben hacerlo. ¿Va

a actuar usted?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

Muchas gracias, señor Romero.

Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta

de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

ANDALUCÍA

Sí, señor Presidente. Señor Romero.

Hace unos cuantos días, en este Parlamento

hubo un debate sobre la hipótesis de la disolución

del Ayuntamiento de Marbella, debate en el que los

Grupos políticos pudieron manifestar sus posiciones:

usted manifestó la suya, el Partido Socialista también

manifestó la suya, la correspondiente, y sabe usted

cuál es mi posición al respecto.

Si usted me pregunta, como Presidente de la

Junta de Andalucía, si yo contemplo la posibilidad

de la disolución del Ayuntamiento de Marbella, según

el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local,

le digo que sí, mi contestación es afirmativa. Pero al

mismo tiempo, señor Romero, si queremos ser escrupulosos,

nosotros, con el cumplimiento de la ley, para

que haya una base política —que la hay— para la

disolución, son necesarias también una base legal y

una base jurídica. Y eso es lo que se contempla en el

acuerdo al que han llegado el Partido Andalucista, el

Partido Popular y el Partido Socialista; es decir, pedir

a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación

informes jurídicos, económicos, de gestión y sobre el

incumplimiento de la legalidad urbanística, antes de

que desde la Junta de Andalucía se pueda instar al

Gobierno a la disolución del Ayuntamiento. Y de la

misma manera se ha pedido al Fiscal y el Fiscal del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha iniciado

actuaciones para que investigue si la moción de

censura en el Ayuntamiento de Marbella se basa o

ha podido responder a razones, a razonamientos o

a motivaciones que son delictivas.

Y yo creo que lo prudente, desde un punto de vista

político y también desde un punto de vista jurídico es

esperar, en definitiva, a que esos informes se produzcan.

Usted ha dicho en una ocasión: «Tomemos la

decisión y después pidamos los informes». Y yo le

digo que no: pidamos los informes y, a la vista de los

mismos, contemplemos la posibilidad de que la Junta

de Andalucía solicite la disolución del Ayuntamiento

de Marbella.

Y usted, señor Romero, sabe perfectamente cuál

es mi posición. Ese Ayuntamiento está formado por

tránsfugas. Por lo tanto, para mí, como Presidente de

la Junta de Andalucía y como persona, no me inspira

este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno ninguna

credibilidad, ninguna garantía, ninguna confianza de

lo que vaya a hacer ahora y en el futuro. Y usted ha

mencionado algunos casos en este sentido.

Y sabe usted cuáles son las exigencias que nosotros

hemos expuesto y hemos puesto encima de

la mesa: el respeto a la legalidad del Plan General

de Ordenación Urbana de 1986, que no se autorice

ninguna licencia en relación o que no corresponda a

este plan y que se reconsideren todas las licencias

que se han concedido con anterioridad. Y nosotros

vamos a ser escrupulosos, rigurosamente escrupulosos

en la vigilancia y el control de lo que ocurra en

el Ayuntamiento de Marbella, del actual Ayuntamiento

de Marbella, señor Romero.

Y, simplemente, a la vista de las posiciones distintas

que mantenemos, creo que habría que buscar

una aproximación de posiciones. Es bueno, para que

también los tránsfugas, en el equipo de Gobierno del

Ayuntamiento de Marbella, vean que hay iniciativas

en este Parlamento que pueden dar lugar también a

iniciativas en el Ayuntamiento de Marbella que corresponden

al consenso, al unánime sentir de todas

las fuerzas políticas democráticas.

El señor PRESIDENTE

Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Romero, tiene su señoría la palabra.

El señor ROMERO RUIZ

Gracias, señor Presidente. Señor Chaves.

Nuestro Grupo es corresponsable de un acuerdo

al 99%, alcanzado en la Comisión parlamentaria,

entre todas las fuerzas, salvo un punto que fue la

discrepancia, que es el que traemos aquí: si se va a

tomar la iniciativa de la disolución.

Y es que nosotros pensamos, en Izquierda Unida,

que se le está dando un balón de oxígeno al nuevo

equipo de Gobierno de Marbella, cuyos integrantes

proceden de las Corporaciones anteriores y tienen

al frente a una Alcaldesa títere, dirigida por un señor

como Gil, inhabilitado por el Tribunal Supremo, que

ha terminado imponiendo al señor Roca, su mano

derecha en las especulaciones y en los crímenes urbanísticos

en la última década. No quieren atender

al PGOU de 1986, que es el legal, el reconocido por

la Junta de Andalucía, sino que están invocando el

de 1998. Ayer, el señor Arenas, en el Congreso de

los Diputados, dijo que de los informes que tiene el

Gobierno central actualmente se desprende que no

se puede disolver el Ayuntamiento marbellí, y esto ha

sido saludado ya esta mañana en la radio con alborozo

por portavoces del actual Gobierno de tránsfugas.

¿Qué pensarán, señor Chaves, aquellos jóvenes de

zonas marginales, que por el robo de una tienda, de

una farmacia o de un casete en un automóvil van a la

cárcel seis años? Hace unos días, El Roto decía en

una viñeta: «Ocupas un edificio en ruinas y te empapelan;

ocupas un país y puedes pedir hasta ayuda a

la ONU». La gente está diciendo, en un 80%, que hay

que disolver el Ayuntamiento, que qué más informes

hay que pedir.

Pero, señor Chaves, la Junta de Andalucía, en

la Consejería de Obras Públicas, que ha impugnado

todas las licencias, que las ha llevado a los tribunales,

que ha denunciado todos los convenios urbanísticos...

Ahí tiene usted ya un informe. La deuda a la

Seguridad Social, la deuda a la Hacienda pública, la

quiebra del Derecho, todos estos temas, la Fiscalía

Anticorrupción...

El señor PRESIDENTE

Señor Romero...

El señor ROMERO RUIZ

Concluyo.

Y planteo que es muy importante que, si no tenemos

nada que ocultar, y no creo que usted tenga

nada que ocultar en Marbella, podemos solicitar la

solicitud de disolución y poner la pelota en el tejado del

señor Aznar, que es el que tiene las competencias. El

señor Aznar y el Gobierno central son los que deben

decir, finalmente, si disuelven o no el Ayuntamiento

de Marbella. Esperar es como los carteles de los

bares: «Hoy no se fía, mañana sí»; hoy no se disuelve,

mañana ya veremos. Y, mientras tanto, el que

más contento estaba hoy es el andalucista Carlos

Fernández, que, por cierto, está expedientado, pero

que puede haber una sanción, una gama amplia de

sanciones y no llegar a la expulsión, porque creo que

en todo el acuerdo de las fuerzas democráticas, aquí,

hay una que hace teatro, porque no va a expulsar a

sus Concejales, que es el Partido Andalucista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

Muchas gracias, señor Romero.

Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta

de Andalucía.

El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

ANDALUCÍA

Sí, señor Presidente. Señor Romero.

¿Sabe usted cuál es el balón de oxígeno que nosotros

podemos darles a los tránsfugas del Ayuntamiento

de Marbella? Que no cumplamos nosotros con la legalidad.

Ése es el balón de oxígeno. Es decir, que

tomemos una decisión, que tomemos una decisión

que no esté amparada y que no esté cubierta jurídica

y legalmente, porque las decisiones, las que tome

la Junta de Andalucía y las decisiones que tome el

Consejo de Ministros son decisiones recurribles y, si

no tienen la base legal y el apoyo jurídico necesarios,

nos podemos encontrar con una decisión recurrida

e impugnada y posiblemente también contemplar el

supuesto de que nos la vuelvan atrás.

¿Qué es lo que ocurriría entonces? ¿Quién asume,

entonces, señor Romero, esa responsabilidad? Mire

usted, si nosotros queremos ser escrupulosos con la

legalidad y exigir el cumplimiento de la legalidad en

Marbella, somos nosotros los primeros que tenemos

que ser escrupulosos con esa legalidad, basándonos

en los informes. Si el Gobierno tiene sus informes,

nosotros estamos elaborando los nuestros. Y también

tener en cuenta cuál es la investigación del Fiscal del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, antes de

dar un paso que puede ser trascendental. Ya he dicho

que yo contemplo la posibilidad de la disolución y tenga

usted en cuenta, señor Romero, que en términos jurídicos

el Ayuntamiento de Marbella ha tomado posesión

hace tres meses, tres meses, que estamos hablando

no de otros Ayuntamientos, estoy hablando en términos

jurídicos, señor Romero, no estamos hablando de otros

Ayuntamientos, estamos hablando de este Ayuntamiento,

del cual yo he dicho que ha tomado posesión hace

dos meses, y también es un Ayuntamiento con respecto

al cual no tengo ninguna confianza, ni ninguna

credibilidad, pero tenemos que armarnos jurídicamente

para tomar una decisión, no solamente jurídica, sino

también política. Y nosotros, señor Romero, estamos

haciendo lo que tenemos que hacer para garantizar

el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de

Marbella. Usted dice que el artículo 61.1 de la Ley de

Bases de Régimen Local está para aplicarlo y yo estoy

de acuerdo, está para aplicarlo, pero sin hacer caso

omiso del contenido de dicho artículo.

Y simplemente quiero terminar, señor Presidente,

con dos consideraciones: una, nosotros, la Junta de

Andalucía es el instrumento más importante, más

fuerte, más poderoso de control urbanístico en el

Ayuntamiento o en el municipio de Marbella y en todo

el litoral de la costa andaluza. Lo estamos viendo, lo

estamos demostrando día a día con las denuncias,

con la suspensión de las licencias, con la impugnación

ante el Tribunal Superior de Justicia, que, afortunadamente,

en los últimos meses ya empieza a suspender

las obras, y con todo el control del litoral. Y en este

sentido ya hemos constituido las oficinas urbanísticas

del litoral en las provincias de Cádiz y Málaga, se ha

constituido también ya en Almería y, antes de final

de año, se constituirán en Granada y Huelva, para un

control riguroso del urbanismo en las costas.

Y la segunda consideración, señor Romero, señoras

y señores Diputados, es decir, y creo que está

en la conciencia de todos, que la democracia padece

una lacra, una lacra, que es el transfuguismo. Y nos

tenemos que preguntar todos los partidos políticos si

actuamos adecuadamente en contra de esta lacra de la

democracia que desprestigia a las instituciones. Se han

hecho pactos contra el transfuguismo, a nivel nacional

y a nivel autonómico, y tenemos que reconocer que

han tenido una eficacia limitada, que no han funcionado

bien, y es la hora también de que nos preguntemos,

aquí, en este Parlamento, si es necesario llevar a cabo

transformaciones, modificaciones legales, sustanciales

en contra del transfuguismo. En la Ley Electoral, a nivel

nacional, a nivel nacional, y si es necesario las que

tengamos aquí, modificaciones legales. Yo propuse

una, que era la elección directa por los ciudadanos del

Alcalde; nos evitaríamos muchos problemas de esta

naturaleza. Seguramente, no será la única modificación

legal que hay que llevar a cabo. Estudiémoslas conjuntamente,

propongamos una proposición o elaboremos

conjuntamente una proposición de ley que podamos

remitir al Congreso de los Diputados.

[Aplausos.]

DEBATE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SOBRE EN LA MISMA FECHA Y SOBRE EL MISMO TEMA.

La señora PRESIDENTA Luisa Fernanda Rudí:

Interpelación del Grupo

Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las

actuaciones que ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno

para acometer una regeneración democrática y, en

particular, los criterios de aplicación del artículo 61 de

la Ley de régimen local en general, singularmente en el

caso del Ayuntamiento de Marbella.

Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene

la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ:

Señora presidenta,

señor ministro, señorías, lo que ha ocurrido este verano,

tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento

de Marbella, ha supuesto un descrédito generalizado

de la acción política. Esto hace imprescindible que

se actúe y que se promueva el esclarecimiento de lo que

ha sucedido realmente, pero sobre todo que se estudien

y se apliquen reformas legales que impidan que la

voluntad popular pueda ser alterada por intereses muy

ligados a las actividades especulativas. La realidad es

que, a pesar del pacto antitransfugismo firmado por

todos los partidos políticos en el año 1998, los hechos

acaecidos en la Comunidad de Madrid y los escándalos

del Ayuntamiento de Marbella han evidenciado cómo se

conectan claramente negocios privados con decisiones

políticas de aquellos que, siendo elegidos, abandonan

pronto incluso los partidos por los que fueron elegidos.

Esto debe obligar, tanto al Gobierno como a las fuerzas

políticas, a proponernos como objetivo prioritario

promover una verdadera regeneración democrática de la

vida política y, sobre todo, garantizar el respeto a la

voluntad del electorado sobre su representación en la

composición de las instituciones, porque esa es, señorías,

una de las claves que hace que una democracia sea

realmente representativa. La preocupación social conectada

con aquello a lo que se ha llegado en el Ayuntamiento

de Marbella ha desatado, a nuestro juicio, una

señal de alarma ante el deterioro de la democracia. Aunque

no existieran razones de peso —que sí las había—

con anterioridad a lo ocurrido en Marbella este verano,

se ha llegado ya al límite y no se puede permitir que

continúe más tiempo una corporación que ha degradado

la vida política y cuyos actuales gestores han perdido

credibilidad de forma total. Ha acabado por suceder lo

más grave que puede suceder en una institución municipal.

Al mismo tiempo que los dos ex alcaldes se acusaban

mutuamente de corrupción, la práctica totalidad del

actual Gobierno municipal de Marbella está compuesto

por concejalas y concejales tránsfugas que han abandonado

sus partidos de origen o han sido expulsados de

ellos. Es decir, lo que las marbelleras y marbelleros

votaron en su día hoy no tiene representación en la corporación

que gestiona los asuntos de Marbella. Por lo

tanto, hoy más que nunca se hace necesario promover

un código ético contemplado en la legislación y que sea

garantía de control del elector sobre el elegido, que

garantice —como decía— que la democracia es realmente

representativa, que los elegidos representan verdaderamente

a quienes los han votado. No se puede

hacer verdad aquello que decía el señor Fraga: Usted

vote y luego déjenos gobernar a nosotros. El control

democrático es fundamental para que la democracia

exista realmente.

La realidad es que en el caso de Marbella han fallado

bastantes cosas, empezaron a fallar desde el principio

cuando la justicia no intervenía cuando el señor Gil

declaraba que en Marbella sobraba la prensa, sobraba el

Parlamento y sobraban los jueces. Hay algo peor, tampoco

intervenía cuando se pasaba de los dichos a los

hechos, cuando el actual alcalde de Marbella aclamaba

a la policía local cuando apaleaba a periodistas o cuando

se negaba a colaborar con los Gobiernos central y

autonómico o cuando insultaba y presionaba los jueces.

Como decía, en Marbella han fallado muchas cosas pero

sobre todo ha fallado el Estado de derecho, pues en una

democracia constitucional ganar unas elecciones da

derecho a gobernar pero también obliga a que ese

gobierno sea sometido a los controles que todo Estado

de derecho impone como garantía de los ciudadanos

frente a posibles abusos de poder. Estos controles han

fallado en Marbella, fallaron desde el inicio cuando el

señor Gil expulsó del ayuntamiento al secretario general

de la corporación quien, como todos sabemos, es el

encargado de custodiar el cumplimiento de la legalidad

por cualquier gobierno local. Se le expulsó del

ayuntamiento simplemente porque no quería llevar los

papeles al club financiero, la oficina paralela al ayuntamiento

que montó el señor Gil para que allí se tramitasen

asuntos municipales. Esta expulsión no fue combatida

por ninguna institución y dejó al señor Gil las

manos libres para desarrollar su forma de gobernar sin

ningún control legal. De paso, asustó a los funcionarios

pues si el funcionario de más alto grado, como es

el secretario general, era expulsado en cuestión de mes

y medio, el resto de los funcionarios veían muy difícil

su continuidad.

También falló la justicia a lo largo de todos estos

años. Quizás el caso más sonado ocurrido en Marbella

sea la pérdida de sumarios —pérdida todavía no aclarada—,

pero no es sino un incidente más de una larga lista

que empezó al año y medio o dos años de tener Gil la

alcaldía de Marbella, con el caso judicial de la jueza

Blanca Ester Díaz, que ya denunciaba la corrupción en

los juzgados de Marbella y su ligazón con los intereses

especulativos inmobiliarios del señor Gil. Sorprendentemente,

esta jueza pasó de acusadora a acusada, pasó

de ser la que denunciaba la corrupción a tener que

soportar una presión y una persecución que la obligaron

incluso a tener que salir temporalmente de Marbella.

Durante todos estos años, hemos visto innumerables y

continuos casos judiciales no aclarados en Marbella y

sorprendía el papel nunca aclarado del señor Manzanares,

que cada vez tenía más peso en la vida judicial relacionada

con Marbella.

También fallaron los controles de los gobiernos central

y autonómico, que fueron incapaces de reaccionar

ante los desmanes que cometía el señor Gil y que le permitían

aplicar eso que se llamaba y se llama urbanismo

a la carta, por el cual un constructor, un agente inmobiliario,

pagaba teóricamente un canon al ayuntamiento

para que éste se encargase de modificar la normativa

urbanística a gusto del promotor, a gusto de quien pagaba,

como se ha demostrado en la mayoría de los casos,

de una forma totalmente ilegal, lo que el Tribunal de

Cuentas define como convenios prefijados. Este urbanismo

a la carta, por cierto, empezó a ser copiado por

alcaldes de la zona en un afán de querer ser los más fieles

seguidores del señor Gil.

Señorías, en estos momentos son muchos los marbelleros

y marbelleras que sienten profunda vergüenza

por lo que está ocurriendo en su ciudad, pero son

muchos más los españoles y españolas que asisten

indignados al esperpento en que ha degenerado lo que

se llamó en su día, y fue muy aplaudido, el fenómeno

Gil. No es malo recordar en este momento cómo en el

año 1991, entre el silencio y el desprecio generalizados,

algunos ya anunciábamos que lo que alegremente

se llamaba el fenómeno Gil tendría un final de esperpento

o de tragedia, pero como en aquel momento el

señor Gil solamente insultaba y atacaba a los comunistas,

nadie vino en nuestra defensa. El final, por ahora,

es de esperpento. Vemos a un alcalde, ya ex alcalde, y a

una folclórica escapándose al Rocío perseguidos por

toda la prensa rosa de este país, algo que puede ser un

ejemplo claro de lo que el poeta llamaba la España de

charanga y pandereta; vemos a concejales que se

esconden durante días preparando una moción de censura

sin explicar los argumentos y que luego llegan al

Ayuntamiento para celebrar el pleno en autobús escoltados

por agentes de seguridad mientras que los dos ex

alcaldes, señor Gil y señor Muñoz, se acusan en la

prensa rosa de llevarse el dinero en maletines desde el

propio Ayuntamiento de Marbella.

Como decía, señorías, esto es un esperpento, es la

España de charanga y pandereta, pero la realidad es que

en Marbella se han encendido todas las luces de alarma.

El Tribunal de Cuentas ha denunciado y la Fiscalía ha

perseguido, pero las instituciones políticas tienen que

reaccionar. Tienen que reaccionar porque en estos

momentos no hay otra salida para el Ayuntamiento de

Marbella que no sea su disolución. Por si no hubiese

suficientes razones para disolver el Ayuntamiento de

Marbella, en estos momentos se evidencia cada vez más

cómo se trata de recuperar al señor Roca o cómo se trata

de repescar el plan urbanístico del señor Gil. Cada vez

se evidencia más que aquel que fue inhabilitado por la

justicia para dirigir el Ayuntamiento de Marbella lo

sigue dirigiendo en un claro fraude de ley.

No es suficiente con la disolución del Ayuntamiento

de Marbella. Izquierda Unida tiene en estos momentos

especial interés en que se haga una buena autopsia de lo

que ha ocurrido en Marbella para que lo que allí ha ocurrido,

que en muchos casos ya es irreparable, pueda servir

para regenerar la vida política de este país. Por ello,

es importante investigar y aclarar desde el punto de vista

político cuál ha sido el proceso por el cual la democracia

se puede degenerar, el proceso por el cual un gobierno

elegido en unas urnas puede acabar fuera de lo que

es un Estado de derecho sin que haya una respuesta adecuada

de los poderes públicos. Eso está siendo investigando

por la justicia y está siendo tratado en el Tribunal

de Cuentas, pero tiene que ser también investigado

desde el punto de vista político para al final, entre todos,

elaborar ese necesario código ético que suponga el freno

de los desmanes que se han cometido en Marbella y que

se pueden cometer en cualquier otro lugar. Con la actual

legislación, incluso es posible que a esta tribuna se suba

un presidente del Gobierno que no tenga que dar cuentas

a nadie porque se haya pasado al Grupo Mixto, sin

estar respaldado por el partido por el que se presentó a

las elecciones. Eso es posible con la actual legislación y

hay que establecer medidas correctoras para que no

pueda ocurrir.

El segundo pilar de nuestra propuesta es la comisión

de investigación. Creemos que esta propuesta no puede

ser frenada sino que, al contrario, tiene que ser avalada

por todos los grupos políticos. Por ello, la semana próxima

propondremos la creación de una comisión parlamentaria

de investigación que aclare lo ocurrido en el

Ayuntamiento de Marbella desde el año 1991 y que

plantee medidas para que no se vuelvan a producir en

ninguna otra institución semejantes desmanes, semejante

degeneración del sistema democrático. Más allá del

esperpento en el que por ahora ha degenerado el ayuntamiento

de Marbella, y que yo espero que no termine en

tragedia, lo que hay que salvaguardar es el Estado de

derecho. Con toda sinceridad, creemos que sería un verdadero

escándalo que se cerraran las puertas a esa investigación

parlamentaria, que se impidiese que el Congreso

de los Diputados pudiese llegar al fondo de lo que ha

ocurrido en Marbella que, repito, no solamente es un

problema judicial, no solamente es un problema político,

no solamente es un problema económico sino que es

un problema del Estado de derecho, y todos tenemos

que poner nuestro grano de arena para que no se repita.

No iniciar los trámites para disolver el ayuntamiento de

Marbella no es llegar al fondo del problema.

Por todo ello, señor ministro, termino planteándole

que diga con claridad qué es lo que está haciendo su

Gobierno en relación con la situación del Ayuntamiento

de Marbella porque sería una sorpresa encontrarnos con

que, a estas alturas, el Gobierno todavía no ha adoptado

ni una sola iniciativa al respecto. Todas las luces de alarma

se han encendido, lo que obliga a todas las instituciones

y a todos los estamentos del Estado a adoptar una

serie de medidas que, de una vez por todas, devuelvan

la legitimidad democrática al Ayuntamiento de Marbella,

legitimidad democrática que hoy no tiene pues, repito,

no está en condiciones de garantizar el cumplimiento

de sus deberes constitucionales. Su disolución es la

solución y la investigación es la obligación de esta

Cámara.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA:

Muchas gracias, señor

Centella.

Señor vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL

GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

(Arenas Bocanegra):

Señora presidenta, señoras y señores

diputados, finalizaba su intervención el portavoz de

Izquierda Unida preguntando por la actitud del Gobierno

y por lo que estaba haciendo el Gobierno. Por

supuesto que el Gobierno está analizando todo lo que ha

sucedido en Marbella en términos políticos porque ésa

es la responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, también

le quiero decir que ese análisis tiene que partir de

dos premisas fundamentales. La primera es el respeto a

la autonomía local. Llevamos muchos años en nuestra

democracia hablando de la autonomía de las comunidades

autónomas, regiones y nacionalidades; estamos disfrutando

de una democracia gracias a nuestra Constitución

de 1978 y a todo el esfuerzo colectivo que hemos

realizado en los últimos años, que consagra la autonomía

local, por lo que tenemos que observar todo este

proceso dentro del ámbito y del respeto a la autonomía

local. La segunda cuestión importante que el Gobierno

tiene muy presente, y yo estoy seguro de que S.S. también,

es que ha habido elecciones en Marbella y que la

voluntad popular se ha trasladado el 25 de mayo, con

unos concejales electos que están ahí y que, en principio,

tienen que merecer el respeto por tener una ubicación

en la vida política de Marbella en función de la

confianza que han dado los ciudadanos a ellos y a las

fuerzas políticas el 25 de mayo.

Señorías, en España hablamos mucho, y con razón,

de erradicar las prácticas que están vinculadas al transfuguismo

y, sin embargo, como bien saben sus compañeros

de partido que acuden con frecuencia a las reuniones

del Pacto antitransfuguismo, en España el

porcentaje de conductas tránsfugas —teniendo en cuenta

que hay miles de corporaciones en España— no llega

ni al 5 por ciento. Ahora bien, es verdad que en los últimos

tiempos ha habido unos comportamientos en Marbella

que me han parecido lamentables desde todos los

puntos de vista, también desde el punto de vista político,

y se ha vuelto a poner de manifiesto un debate que

está pendiente en la democracia española: ¿De quién es

el escaño de diputado, de senador o de concejal, de la

formación política a la que los ciudadanos dan su confianza

o de la persona? Hasta ahora, toda la interpretación

jurídica que hemos tenido —lo saben ustedes perfectamente—

y la interpretación jurisprudencial al más

alto nivel del Tribunal Constitucional nos ha recordado

que, según la Constitución española, no hay mandato

imperativo y que, en consecuencia, el acta pertenece al

electo y no a la formación política que confió en él.

¿Se puede calificar como un espectáculo lo de Marbella?

Por supuesto que sí. Le quiero decir también que,

por lo que afecta a la formación política de la que yo

procedo, estamos muy orgullosos por la seriedad con la

que nos hemos comportado. Ha habido todo un espectáculo

político que hace daño a la ciudad de Marbella y

espero que esa ciudad, que tan emblemática ha sido en

el turismo andaluz, y por supuesto en el nacional, no

vea empañado ni puesto en riesgo su futuro en función

de estos comportamientos individuales. Por tanto, le

quiero decir que el Gobierno puede compartir con S.S.

muchos de los calificativos que usted ha dicho, pero tengamos

presente la autonomía local y tengamos presente

también que ha habido elecciones en Marbella. Somos

partidarios de seguir adelante con las medidas que

hemos aprobado en el mes de julio —las conoce S.S.—

en el Pacto antitransfuguismo. A partir de ahí, aparece

una pregunta: ¿Se plantea el Gobierno en este momento

proponer la disolución de la corporación municipal de

Marbella? En este momento no tenemos esa posición

política. Sí le digo que estamos haciendo estudios e

informes; que me consta que hay iniciativas parlamentarias

que van a pedir esos informes al Gobierno; que

estamos siguiendo muy de cerca las conversaciones que

en Andalucía están llevando a cabo formaciones políticas

como el Partido Socialista, el Partido Popular y el

Partido Andalucista; que me preocupa la situación de

inseguridad jurídica que puede producirse en Marbella;

que me preocupa la situación económica y financiera

del Ayuntamiento; que me preocupa la situación permanente

de huida del derecho administrativo que se puede

estar dando en ese Ayuntamiento.

Sin embargo, a la vez que digo todo esto, pasamos a

la siguiente cuestión: ¿Ha llegado el momento de proponer

la disolución del Ayuntamiento de Marbella? Una

decisión de esas características es tan grave que nunca

se ha tomado en la democracia española en los últimos

25 años, nunca. Habrá habido gobiernos muy negativos

para sus ciudades que hayan empañado el nombre de

sus ciudades, gobernantes muy negligentes, gobernantes

muy incapaces, seguro que sí, pero una decisión de

ese tipo no se ha tomado nunca en España. De hecho,

hemos tenido que proceder a una modificación de la

Ley de Bases del Régimen Local para que se permita en

un futuro —y lo hemos hecho de forma pactada con el

Partido Socialista— que puedan disolverse corporaciones

locales que se distingan por la permanente exaltación

del terrorismo. Consecuencia de esta parte de mi

análisis: no se puede proponer la disolución de un ayuntamiento

si no es con todo el amparo de la ley, con todo

el amparo jurídico y también con el amparo de la doctrina

del Tribunal Constitucional. No se puede proponer la

disolución de un ayuntamiento por razones políticas,

por oportunismo electoral, por juicios de valor o porque

se haya dado un comportamiento que sea reprobable en

términos éticos o en términos estéticos o en términos

éticos y estéticos, que también es perfectamente posible,

como creo que ha pasado en Marbella. Al amparo

de eso, ¿qué nos dice la ley? Que sólo se puede plantear

la petición de disolución cuando se da un ataque grave

al interés general y además hay un incumplimiento reiterado

de las obligaciones constitucionales.

Las sentencias del Tribunal Constitucional sobre este

asunto —que son dos, si no recuerdo mal, una de 1981

y otra de 1984— vienen a decir de una forma muy clara

que hay que aplicar la posible disolución de forma muy

restrictiva y que no se puede poner en marcha la potestad

de disolución cuando se trate de casos de mala conducta

o de negligencia grave de los presidentes y miembros

de las corporaciones locales, sino que tiene que

haber una certificación diaria de atentar contra el interés

general o incumplir claramente obligaciones constitucionales.

Le soy sincero, los primeros informes que yo

he conocido en el Ministerio de Administraciones

Públicas me decían que esa situación no es la que se

daba en este momento. ¿Yo puedo predecir en este

momento que esa situación se puede dar en el futuro?

No lo puedo predecir. En segundo lugar, ¿la corporación

municipal de Marbella lleva mucho tiempo gestionada

por sus actuales responsables? La actual lleva poco

tiempo. ¿A la actual corporación municipal le tenemos

que imputar en términos políticos conductas anteriores?

Yo creo que muchas sí. ¿En términos jurídicos? No

podemos. En términos políticos, sí; en términos jurídicos,

no. ¿El Estado de derecho ha funcionado? Hay que

recordar que hay un anterior alcalde de Marbella que no

está hoy en la vida política por decisión de los jueces.

La Fiscalía Anticorrupción ha funcionado, el Tribunal

de Cuentas está prestando muchísima atención, la Junta

de Andalucía ha reaccionado con acierto en el terreno

urbanístico, tan importante para esa ciudad; con especial

referencia hablaba yo de la seguridad o inseguridad

jurídica hablando del terreno del urbanismo.

En consecuencia, señoría, hay una profunda desolación

en el Gobierno por lo que ha pasado en Marbella.

No debemos confundir nunca el nombre de Marbella

con determinados gestores municipales actuales. Aparte

de eso, comportamientos tránsfugas inaceptables y pésima

gestión municipal. Pero hoy los informes, que tienen

que ser rigurosos porque estamos hablando de la

voluntad popular de los ciudadanos, no nos dicen que

haya un supuesto de disolución. ¿Lo descartamos para

el futuro? No, habrá que verlo en función de los informes

jurídicos y de los hechos objetivables. ¿Nos parece

que la Junta de Andalucía y el Gobierno deben trabajar

juntos en esta cuestión? Por supuesto que sí.

Permítame, señora presidenta, que termine haciendo

una pequeña reflexión, que también he considerado

ausente en su discurso. No está de más que los partidos

políticos tradicionales, los que tenemos detrás de nuestra

organización un proyecto político, un programa ideológico,

nos planteemos por qué en determinadas ciudades

afloran proyectos políticos que no tienen nada

que ver con las ideas y tienen todo que ver con el interés

personal. No está de más porque probablemente, cuando

esto pasa, alguna responsabilidad hay que asumir por

parte de aquellos que tenemos el honor de discrepar de

otros, pero estar en política por ideas, por proyectos y

para servir a la sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA:

Muchas gracias, señor vicepresidente.

Señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ:

Señora presidenta,

señorías, señor ministro, le he encontrado excesivamente

justificativo con la situación de Marbella. Yo le podría

suponer cierto síndrome de Estocolmo respecto al club

financiero (Protestas.), aquella oficina en la que gestiona

Gil sus negocios. La verdad es que yo esperaba algo

más de contundencia. Desde la discrepancia que tenemos

con su partido y con su Gobierno, entendemos que

en Marbella se está produciendo un ataque al interés

general y que Ayuntamiento actual de Marbella no está

en condiciones de garantizar el funcionamiento constitucional.

Hay que iniciar los trámites para la disolución,

porque no hacer esto supondrá agravar más la situación

y quien no lo inicie de aquí a dos, tres o cuatro meses

será responsable de lo que allí ocurra. Izquierda Unida

plantea con claridad que se inicien los trámites para que

se disuelva la corporación porque, sinceramente, es la

única medida para que se pueda regenerar ese ayuntamiento,

para que de una vez por todas se desmonte el

entramado que se ha organizado en Marbella para funcionar

al margen del Estado de derecho. Lo que ocurre

allí no es solamente un caso de transfugismo, señor

ministro, lo que ocurre allí no es solamente un caso de

mal gobierno, allí hay un entramado para situarse fuera

del Estado de derecho, y la Constitución obliga a cualquier

corporación a cumplir el Estado de derecho.

Desde esa óptica, es necesario iniciar los trámites. Aplazarlo

en el tiempo supone en cierto modo no atacar

el problema en profundidad, supone darle un balón de

oxígeno.

Continuando por donde usted terminaba, evidentemente

todos tenemos que hacer la autocrítica y vamos a

proponer la semana que viene una comisión de investigación

para que lleguemos al fondo de lo que ha ocurrido

en Marbella, que no solamente es una cuestión de los

últimos meses, sino que es una cuestión que viene desde

el año 1991 y en la que, como decía, ha fallado la justicia,

han fallado las instituciones y han fallado también

los partidos políticos, por lo que hay que poner medidas

legislativas para que eso no vuelva a ocurrir.

Nuestro grupo siempre ha hecho alarde de respeto a

la autonomía local y usted, que nos conoce bien, sabe

nuestra defensa de ese tema, pero en nombre de la autonomía

local no se pueden cometer los desmanes que se

han cometido en Marbella y hay que poner controles

para que la justicia actúe con rapidez; no se puede

impugnar un acuerdo municipal en el año 1995 y que

los jueces no se pronuncien hasta el año 2000, 2001 ó

2002, ya que después el daño es irreparable. Por tanto,

sí a la autonomía local, pero también sí al Estado de

derecho. Esos son los límites que hay que analizar.

Claro que ha habido elecciones en Marbella. Uno de

los problemas es que los que hoy están en el Ayuntamiento

de Marbella, salvo honrosas excepciones, no se

corresponden con aquellos a quienes se ha votado. Uno

de los problemas más graves es que hoy la inmensa

mayoría de los concejales de Marbella, salvo honrosas

excepciones —repito—, no están representados en el

ayuntamiento en la medida en que fueron votados, pues

se han disuelto partidos que tenían mayoría absoluta,

hay unos expulsados de sus partidos y hay otros expedientados.

Hoy, el Gobierno municipal de Marbella está

formado en su práctica totalidad por gente que no se

corresponde con lo que los ciudadanos votaron en su

día. Por consiguiente, el hecho de que haya habido elecciones

no puede justificar que no se tomen medidas, al

contrario, es un elemento más para que se tomen. Hoy

en Marbella están gobernando los tránsfugas.

Usted preguntaba de quién era el escaño; nosotros

planteamos qué controles se ponen. Esto hay que verlo

y analizarlo, hay que poner controles para que el ciudadano

pueda controlar a quien votó. No nos vale eso de

usted vote y olvídese, que yo gobierno, no nos vale. La

democracia representativa tiene que poner controles

para que el ciudadano se sienta representado por aquellos

a los que ha votado. El voto no es un cheque en

blanco, el voto no es ni más ni menos que un contrato

que firma el elector con el elegido; si no se controla, se

convierte en un cheque en blanco.

Ustedes tienen que actuar, pero no solamente tienen

que actuar en relación con la disolución del Ayuntamiento

de Marbella, sino que tienen que actuar para

devolver la credibilidad democrática en Marbella. Me

voy bastante desilusionado de su intervención porque

esperaba que usted, además de decir que están estudiando

la situación, dijese algunas cosas concretas que iban

a iniciar o algunos trámites concretos que iban a poner

en marcha para —repito— regenerar la vida democrática

en el Ayuntamiento de Marbella. Lo que ha ocurrido

en Marbella, más allá del espectáculo, del esperpento,

de la charanga y la pandereta que se ha vivido, es algo

mucho más grave y quien no quiera verlo quizás es porque

en su día lo avaló con ciertos acuerdos que consideramos

que fueron erróneos y a los que no se debió haber

llegado. La realidad es que lo que ocurre hoy en Marbella

viene del año 1991 y se ha ido cimentando, día a día,

con esa dejación del Estado de derecho que hemos sufrido,

en primer lugar, los comunistas, pero que hoy, como

en aquel poema de Brecht, vienen sufriendo ya todos

los ciudadanos y ciudadanas de Marbella.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA:

Muchas gracias, señor

Centella.

Señor vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL

GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

(Arenas Bocanegra):

Señora presidenta, señoras y señores

diputados, la verdad es que he subido a la tribuna,

por cortesía parlamentaria, para reiterarme básicamente

en todos los argumentos que le he trasladado.

No he dicho que estemos estudiando la disolución,

he dicho que nuestro Ministerio de Administraciones

Públicas ha hecho y hará informes sobre la cuestión,

pero una decisión de estas características es tremendamente

grave; le vuelvo a insistir, en 25 años en España,

no ha habido ninguna. Desde luego, si el Gobierno en

algún momento estudiara la disolución sería no basándose

—y perdóneme que le insista— en valoraciones

políticas, sería con el ordenamiento jurídico en la mano,

con las leyes en la mano y con el derecho en la mano.

Aquí no caben subjetividades ni discrecionalidades ni

levántase usted mañana y haga.

Usted menciona el problema del escaño y del partido

político. Ahí tiene usted dos posibilidades: o cambia

usted la Constitución —que desde luego yo no soy partidario

de cambiarla ni lo es el Gobierno al que pertenezco—

o cambia usted la doctrina del Tribunal Constitucional.

Porque además ya ve la gracia que nos hace a

los que estamos aquí, que defendemos los partidos políticos tradicionales, cuando nos toca sufrir especialmente

los asuntos de los tránsfugas. Si encuentra usted alguna

solución concreta o un código ético, ¿dónde nos lleva

ese código ético, en qué se concreta ese código ético?

Al decir que quiere un código ético, queda usted de

cine. Ahora, concrete qué es el código ético, cómo se

articula y cómo resuelve los problemas. Además se lo

digo con una legitimidad. Como ministro de Administraciones

Públicas he firmado con su formación política

dos acuerdos, pero en este momento no hay ni una sola

propuesta encima de la mesa por discutir, no nos ha

dado el ingenio para más. Comprendo que el discurso

que usted plantea es un discurso que queda bien, código

ético, control de los ciudadanos, pero, ¿cómo se articula

eso en beneficio de la democracia y de los ciudadanos?

Finalmente quiero hacer dos consideraciones. Si ha

visto en mi intervención que yo estaba justificando algo

de Marbella, lo que le puedo decir más cariñoso es que

no se ha enterado de una sola palabra de mi intervención.

Es lo que le puedo decir más cariñoso, de verdad,

porque habrá alucinado usted de que yo justifique algo

en Marbella. Me parece deplorable; ahora, que algo me

parezca deplorable no significa que automáticamente

me convierta en un irresponsable y me salte las leyes

porque no me guste algo. Tómeselo bien, pero hay

escándalos políticos no sólo en Marbella, lo que está

pasando hoy en el Parlamento vasco pagando a Batasuna

es un gran escándalo político. (Protestas.—Rumores.—

El señor Landaluce Calleja pronuncia palabras

que no se perciben.—Aplausos.)

La señora PRESIDENTA:

Señorías, guarden silencio.

Señor Landaluce.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL

GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

(Arenas Bocanegra):

Tengo derecho a decirlo. En mi

opinión también es un escándalo político que se esté

pagando en el Parlamento vasco a Batasuna, y no se

puede uno escandalizar de algunas cosas y que otras nos

parezcan estupendas. (Rumores.—El señor Alcaraz

Masats pronuncia palabras que no se perciben.)

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