lunes, 17 de abril de 2006

LOS SOCIOS "TAPADERA" DE ROCA


Tras la tempestad del miércoles 22 de marzo en que arrancó públicamente la Operación Malaya en Marbella, ha llegado cierta calma. Eso sí, calma tensa, muy tensa. Sucedió lo mismo cuando el asalto judicial al despacho del abogado Fernando Del Valle tras la “Operación Ballena blanca”. Pero Juan Antonio Roca no puede compararse al abogado chileno/español al que la Justicia acusa de blanquear capitales de dudosa procedencia. “El Piedras” es mucho más que el simple propietario de “dos pisos y siete caballos” tal y como confesó ante el juez. Ni siquiera puede comparársele con el tal Bernardo Provenzano, al menos en el disfrute y ostentación de riquezas materiales obtenidas ilegalmente. En una choza, escondido, ha vivido durante años el ´capo di capi´ de la Cosa Nostra italiana. El modelo elegido por la delincuencia en la Costa del Sol española, en poco o en nada tiene semejanzas con la mafia italiana. Los indicios apuntan más bien al modelo de la que llega del Este de Europa. (Por cierto, se investiga a fondo el origen y uso que se ha podido dar a las pistolas halladas en poder de Roca y el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, con las series borradas).

LOS “PAPELITOS” DEL URBANISMO.

Calma tensa en Marbella mientras el juez Miguel Ángel Torres descifra los “papelitos” requisados a “El Piedras” en sus diversos despachos. ¿Qué está encontrando el juez en esos documentos? La respuesta que se obtiene en diversas fuentes de Marbella es esta: indicios suficientes que determinarán, en un breve espacio de tiempo, quiénes han sido ( y son) “los socios tapaderas de Roca” en el impresionante entramado económico que, para la Justicia, ha supuesto el saqueo de uno de los ayuntamientos más ricos de España. Curiosamente en esto de “los socios de Roca” sucede como cuando a finales de los ochenta todo el mundo en Sevilla comentaban en privado lo del despacho de Juan Guerra. Todos hablaban de él pero nadie nunca, por miedo, dio el paso para denunciarlo. En Marbella, desde hace tiempo, han sido objeto de comentarios los supuestos “socios” de Roca. Ibas a un restaurante y te decían tus anfitriones en la mesa “aquí tiene intereses Roca”. Visitabas una lujosa tienda en un centro comercial y oías “esa tienda es de Roca y de Marisol”. Preguntabas por tal cabecera de periódico y te decían “lo ha comprado Roca de cara a las municipales”. Ibas a un espectáculo taurino y te susurraban “esto se lo han quedado unos amigos de Roca”. Ningún nicho de negocio lujoso en Marbella ha quedado desatendido por los intereses de Roca en estos años. En fin, que el juez Torres y los agentes de la la Udyco, creen disponer de pistas suficientes como para que comience, en breve, la segunda parte del proceso con el desfile de notables empresarios identificados por el juez como “socios tapaderas” del afamado cazador murciano. Y también serán llamados a declarar importantes constructores, promotores inmobiliarios de alto copete, que habrían resultado implicados por cohecho en el transcurso de conversaciones telefónicas grabadas por la policía desde el mes de octubre de 2005.

LA JUSTICIA, MÁS FUERTE QUE NUNCA

A estas alturas lo único que aparece meridianamente claro, tras el estallido policial y judicial de la operación Malaya, es que la opinión pública ha dicho “basta” a la corrupción. Por tanto, la Justicia se siente suficientemente respaldada y motivada como para acceder a donde antes nunca pudo llegar o no la dejaron llegar. En el trabajo judicial de estos años existen suficientes ejemplos que demuestran o avalan una escandalosa connivencia de la flor y nata de la judicatura española con el corazón de la corrupción marbellí de los 90. Miguel Ángel Torres Segura, además de cumplir con su deber como instructor, tiene para muchos marbellíes cierta “responsabilidad moral” de devolver la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial en Marbella. En la misma ciudad en la que Jesús Gil agasajó, año tras año, a jueces y fiscales en unas jornadas primaverales de supuesto interés profesional. A principio de los 90, el entonces joven inspector del CGPJ, Baltasar Garzón, dejó negro sobre blanco, un diagnóstico preocupante del espacio judicial marbellí denunciando éstas y otras connivencias. Pero nadie le hizo caso. Aquellos polvos, también trajeron este lodazal.

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