viernes, 14 de abril de 2006

COMIENZA EN BREVE EL DESFILE DE EMPRESARIOS ANTE EL JUEZ DEL CASO MALAYA EN MARBELLA


Los empresarios, especialmente promotores y constructores, centrarán, a partir de la próxima semana, la segunda fase de la investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción en Marbella que instruye el juzgado número 5 de la localidad. Si la operación golpeó en un primer momento al espectro político y sorprendió con las detenciones de hasta 25 personas, entre las que se encontraban la alcaldesa Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, los concejales del equipo de gobierno Victoriano Rodríguez y José Jaén, el asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca o el secretario municipal Leopoldo Barrantes, la investigación judicial tratará de cotejar ahora la implicación de algunas empresas en la trama urbanística, según han confirmado fuentes judiciales y de la investigación. Ya adelantó la posible comparecencia de empresarios el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, la semana pasada en Málaga.

Entre la abundante documentación recopilada por el juez y las declaraciones de los primeros imputados podrían haber aparecido los nombres de algunas sociedades, entre las que figuran potentes constructoras y promotoras que trabajan en la localidad marbellí.

De hecho, algunos empresarios directivos de algunas de las grandes promotoras andaluzas y nacionales que han construido viviendas en Marbella en los últimos años han buscado ya representación legal en algunos de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Se trata de despachos de renombre que no asumen casos de la envergadura del marbellí por menos de 500.000 euros, lo que incluye el desplazamiento de personal a Marbella para seguir de cerca la compleja instrucción que lleva el juez Torres.

De momento, el juez indagará si algunas empresas pudieron pagar entre 300.000 y 600.000 euros por una licencia de primera ocupación. Según confirma una fuente cercana a la investigación, utilizaría para ello grabaciones telefónicas en las que estarían implicados varios empresarios desde el pasado octubre.

En principio, los promotores podrían haber cometido un presunto delito de cohecho, para el que el Código Penal prevé una pena de prisión de entre dos y seis años, una multa del triple del valor de lo defraudado e inhabilitación especial para empleo público entre siete y doce años.

Estas promotoras habrían aportado dinero al Ayuntamiento para que éste les concediera, por silencio administrativo y con el visto bueno del secretario municipal, imputado en el caso, pasados dos meses. Como denunció con anterioridad la Junta, el equipo de gobierno de Marisol Yagüe otorgó licencias de ocupación a varias promociones de viviendas ilegales impugnadas por el Gobierno andaluz. Las mismas fuentes señalan que el pago de esas cantidades habría exonerado también a las empresas de las inspecciones pertinentes en materia de instalaciones y carga externa de los técnicos de Urbanismo.

Ninguno de los empresarios imputados hasta la fecha, el concesario de la grúa municipal, Ismael Pérez Peña, el delegado de Autobuses Portillo, Julio de Marco, y el dedicado a la publicidad en las marquesinas de los autobuses, Rafael Llopis, pertenecen al sector inmobiliario.
Publicado en Malaga Hoy en cronica firmada por R. TOBELEM / J. GÓMEZ.
Foto: Juan Antonio Roca y el abogado Francisco Soriano Zurita, publicada en el especial sobre la Corrupción en Marbella por el diario El Mundo.

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