domingo, 6 de septiembre de 2015

LA LENTA BÚSQUEDA DEL 3% ALMERIENSE

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 6 de septiembre de 2015



La publicación esta semana de un documento, hallado en la caja fuerte de un empresario catalán, donde se confirma el pago del 3% de obras públicas al partido de Jordi Pujol y Artur Más, CDC, se ha convertido en el penúltimo cartucho para arrinconar electoralmente al secesionismo catalán. Un espectacular registro por orden judicial ha situado en primer plano de la campaña autonómica del Principado la podredumbre de la que todos vienen hablando hace años - Pascual Maragall lo hizo por vez primera en sede parlamentaria- pero sobre la que hicieron oídos sordos todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial e , incluso, el denominado cuarto poder, la prensa, los medios de comunicación en general.
La escandalera política que hay montada en Cataluña, coincidiendo con el arranque de su enésima campaña en pocos años, vista desde el sur, hace meditar seriamente sobre los paralelismos que existen entre aquel territorio de cuatro provincias y esta porción de Andalucía llamada Almería. Bien es verdad que, de un tiempo a esta parte, y dado el hartazgo social reinante contra la corrupción sistémica generalizada, en Almería han empezado desde modestas trincheras sociales a desatascar con denuncias ante Fiscalía las rebosantes cloacas. Pero conviene destacar que, al igual que ha venido sucediendo durante décadas en Cataluña, también los poderes almerienses y andaluces del Estado de Derecho adoptan la política del avestruz, escurriendo el bulto y mirando para otro lado en una parcela, la corrupción política, muy contraproducente y perjudicial para quienes la denuncian. El manejo por corruptores y corrompidos de importantes cantidades de dinero (público fundamentalmente) les permite una capacidad de defensa inaudita. (Algún día habría que saber  con exactitud cuánto se gastan las instituciones públicas almerienses en defensas judiciales de sus moradores, pagada por todos los contribuyentes, en vez de invertirlo en la mejora de servicios) Todo ello en el contexto de una omertá de silencio de la que, especialmente, se beneficia la clase política y económica. La irrupción de dos fuerzas emergentes en el escenario, con supuestas ansias de regeneración, no solo no ha aportado nada en la lucha contra el saqueo del dinero de los impuestos; en algunos casos hemos comprobado como se han incorporado, con menos vergüenza que un gato en una matanza, a la praxis de la vieja política apoyándoles para que todo siga exactamente igual o peor.
En este contexto no es ninguna novedad reseñar, una vez más, que ni los políticos con o sin responsabilidades de gobierno, los parlamentarios de la circunscripción o la generalidad de quienes integran el poder Judicial en la plaza, han demostrado una clara voluntad de luchar contra esta lacra. Algo , por desgracia, bastante generalizado en la geografía española, pero que llama poderosamente la atención en una provincia donde desde hace más de dos décadas mandan y deciden las mismas personas en ámbitos decisivos. Y, sobre todo, en un territorio con un potencial económico excepcional en sectores estratégicos como son la agricultura o el turismo. Quizás, detrás de esta singularidad sociopolítica de Almería, podamos encontrar alguna de las respuestas a la eterna condena de insularidad y marginación impuesta en las modernas comunicaciones que le permitan a Almería salir del rincón donde la tienen postrada, lease el Ave por ejemplo.

El Caso HALSA

De las decenas de casos de corrupción política que se han conocido en Almería en los últimos años, el denominado Caso Hispano Almería es especialmente llamativo y escandaloso. El 23 de octubre del año 2013 - pronto se cumplirán los dos años- la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) entregaba en la sede de la Fiscalia Superior de Granada la siguiente documentación: 
“1.- Recibos (originales) emitidos por la empresa Hispano Almería correspondientes a pagos en “B” a miembros del Partido Popular en la provincia de Almería cuyo objeto, inicialmente y entre otros, es el de la financiación de campañas electorales.
2.-Extracto de la contabilidad de la empresa Hispano Almería correspondiente a los periodos de agosto de 2011 a enero de 2012, como una primera muestra de lo que aquí denunciamos.
3.-Notas simples, Prestamos Hipotecarios, documentos mercantiles, contables, societarios etc y en general correspondientes a la empresa Hispano Almería así como otras que pertenecen a los propietarios de la misma, los Sres. D. Miguel Ángel Morales Duarte y don Miguel Ángel Morales Carrillo (padre e hijo).
4.- Relación de Obras contratadas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
5.-Relación del total de las obras que la empresa/s, el grupo, han realizado desde el inicio de sus actividades”.
La presentación de aquella denuncia tuvo eco especial en el diario El País que, pocos días después, iniciaba la publicación detallada de una serie de informaciones cuyos titulares son, por sí mismos, especialmente significativos y elocuentes: 
La Fiscalía, tras examinar el contenido de la denuncia, elevó el asunto a su delegación en Almeria con la instrucción de que se formalizase denuncia ante el juzgado correspondiente, en este caso el número 6 de la capital. El mismo juzgado que ha puesto reparos para que los denunciantes, AMAyT, se puedan personar como Acusación particular, obligándoles a depositar un dinero del que no disponen. El mismo juzgado que, a día de hoy, no parece haber avanzado un solo metro en la investigación de este escandaloso asunto que afecta de lleno, desde el punto de vista político, al líder provincial del PP Gabriel Amat, protegido por Javier Arenas y a los dueños de HALSA, la familia Morales, propietarios de la considerada como la “constructora de cabecera de Gabriel Amat”.

La excusa que en los ámbitos judiciales se suele escuchar, cuando se les pregunta por la desesperante lentitud de los procesos por corrupción en Almería, es siempre la misma desde hace una década: nos faltan medios, no podemos más, esas investigaciones son muy complejas, no hay intencionalidad en dilatar los procesos para que prescriban los delitos, etc etc. También en esta parcela, por lo que parece, Almería es el farolillo rojo de España, algo que el ciudadano medio no acaba de creerse o comprender. Sobre todo cuando conoce que determinados procedimientos y juzgados que investigan casos de corrupción política - caso EREs por ejemplo- disponen de medios a los cinco minutos de pedirlos públicamente su titular, como pasó con los armarios de Alaya o los jueces de apoyo que se le pusieron. Lorenzo del Rio, cuyo mandato como presidente del TSJA está a punto de vencer, en sus visitas a Almería se ha hartado de prometer más medios y togados por metro cuadrado, igual que el Ministro de Justicia Rafael Catalá. Pero lo cierto es que en Almería parece que quienes administran Justicia, además de no poder abarcar el trabajo acumulado con eficacia, dan - algunos- la sensación de que no quieren investigar, juzgar y condenar a quienes se siguen sintiendo impunes a la vista de que continúan con sus comportamientos de toda la vida. Y la denominada Operación Poniente, que lleva instruyéndose desde los años 2007/08, sin fecha aún para la vista oral, es un ejemplo claro de lo que ni es ni debe ser impartir Justicia.

Nota aclaratoria:  

El juzgado que en la actualidad tiene la responsabilidad de investigar el denominado "Caso Halsa" no es el Nº 6 de Almería, sino el Nº 3 cuya titular es la magistrada Ana Belén Vico. Efectivamente, tras la primera investigación de la Fiscalía del TSJA, la documentación  con su correspondiente denuncia fue remitida al Juzgado Nº 6, cuyo titular era entonces Luis Durban, hoy en la Audiencia Provincial de Almería. Y recaló en aquel Juzgado porque en el mismo se había abierto un procedimiento a raíz de la denuncia de los dueños de Halsa por supuesto robo de documentación interna por un ex trabajador, algo que finalmente no quedó demostrado judicialmente. (Los dueños de Halsa denunciaron el supuesto robo tras conocer que se iba a dar a la publicidad en prensa y Fiscalía el asunto de su Caja B junto a abundante documentación supuestamente hallada en un contenedor) Fue entonces cuando el caso Halsa fue remitido al Decanato de los jueces de Almeria para un nuevo reparto, recayendo finalmente donde se encuentra en la actualidad, el Nº 3. Ha sido, por tanto, la Sra Vico la que no ha permitido la personación en la Causa como Acusación de los denunciantes de AMAyT.  Una decisión que, a primera vista, evita luz y taquígrafos sobre la marcha del procedimiento judicial.
No obstante el orden de los juzgados no altera la conclusión final: casi dos años y nadie sabe en qué punto está esta instrucción de gran calado económico y, sobre todo, político en Almería.

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