LA INESTABILIDAD ESTÁ SERVIDA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 19 de abril de 2015.

El jueves 16 de abril las televisiones retransmitían en directo la detención de Rodrigo Rato, fundador del PP, - ADN puro de la derecha política española- vicepresidente económico de José María Aznar, ex director del FMI y ex presidente de Bankia. El presidente Rajoy, dicen, no sabía nada. Sus ministros de Hacienda e Interior, obviamente, sí. Rato es uno de los 705 investigados por supuesto blanqueo de capitales, lista en la que, presumiblemente, se hallarían funcionarios, jueces, fiscales, alcaldes, empresarios, todos ellos vinculados a la función pública española. Lista secreta que, incluso, levanta rumores almerienses. 

Mientras todo eso se cocía en la capital del Reino, en la vieja Híspalis, en Sevilla, se procedía a la apertura de la X Legislatura del Parlamento de Andalucía. En la bancada de los populares solo uno de sus 33 diputados parecía estar al cabo de la calle de la que se avecinaba con Rato. El rostro y el semblante del diputado almeriense Javier Arenas delataba claramente que el político nacido en Olvera, amigo intimo de Rajoy, barruntaba la nueva tormenta que iba a caer sobre su partido, su gobierno y su viejo camarada Rodrigo.

En este contexto de tensión política nacional se inauguraba el nuevo Parlamento andaluz, tras varias semanas de reuniones e intentos de pactos para conformar la composición de la Mesa, el órgano de gobierno de la institución parlamentaria que, según el Reglamento, debe responder a criterios de paridad entre sexos y a que todos los grupos tengan representación en la misma.

El jueves 16 de abril por la mañana, pese a que algunos partidos se habían hartado de anunciar techos de cristal, los andaluces no sabían quien iba a presidir la cámara, ni como quedaría repartida la Mesa. Tendrían que pasar unas horas para que todos entendiésemos el motivo de tanto sigilo y secretismo por parte de los responsables políticos, especialmente de la minoría mayoritaria.

Un Presidente con mochila

Fue poco antes de arrancar la sesión inaugural cuando los socialistas hicieron público que propondrían a un hombre de aparato para presidir la institución, concretamente al secretario general del PSOE de Córdoba. Juan Pablo Durán era el candidato de “reconocido prestigio” (Mario Jimenez dixit) elegido para dirigir el Parlamento por las procelosas aguas de esta Legislatura en la que los socialistas no disfrutan de su tradicional mayoría. Durán, oriundo de Palma del Río, se recordó de inmediato, era un político que llegaba con la mochila cargada. Dentro de la misma una sentencia de la Audiencia Nacional, como gestor de CajaSur, ratificando una sanción de 44.000 euros del Banco de España por su actuación ( y la de otros consejeros presididos por el hoy Obispo Auxiliar de Sevilla) debida a una gestión que condujo a la intervención de la entidad cordobesa tras su quiebra técnica. Una sanción que, a día de hoy, sigue pagando Durán mes a mes. El PSOE, entre sus 46 escaños restantes, no tuvo a nadie mejor para situar en la presidencia  del nuevo Parlamento, que se espera sea el de la regeneración ética  de la política andaluza. Optaba por alguien salpicado por una de las peores lacras padecidas en estas últimas décadas de corrupción como ha sido la gestión económica y política de las cajas de ahorros, esas mismas que los españoles hemos tenido que rescatar con miles de millones de nuestros impuestos.

Pero esa mañana inaugural ofrecía a la opinión pública otro aspecto a tener en cuenta como un negro presagio de lo que nos espera. Durante semanas, los partidos con representación obtenida el 22M, no fueron capaces de ponerse de acuerdo siquiera para con los sillones de la Mesa. Las sucesivas votaciones demostraron que no se movieron un ápice en sus posiciones numéricas y políticas. Y, también, que no llegó a prosperar el intento desde el PP por desalojar a los socialistas de la presidencia de la Cámara, contando con los de Podemos, operación que se habría intentado urdir de forma indirecta y  a través de IU. (Podemos nunca habló directamente con el PP)

Bronca por un sillón

Estas maniobras, conocidas solo por sus protagonistas y nunca trasladadas a la opinión pública, salvo por unas tempraneras declaraciones de Teresa Rodriguez en RNE, pusieron en guardia al PSOE que aplicó luego un duro correctivo al PP con una interpretación estricta del Reglamento claramente perjudicial para los populares, dejándoles como al resto con un solo representante en la Mesa, mientras el PSOE se quedaba con tres sillones gracias a sus 47 votos.

Esta decisión fue la causa de una impresionante y desagradable bronca que llegó a durar unos quince minutos entre el presidente de edad, el veterano socialista Luis Pizarro  y el portavoz Carlos Rojas. Este último, en nombre del PP, montó una enorme escandalera, en tono amenazante que, a la postre, solo sirvió para abrir los telediarios del día mostrando un patético episodio que en nada benefició la imagen institucional del nuevo Parlamento. Así quedaban dinamitados los puentes de diálogo entre PSOE y PP.

Este estado de cosas conduce, necesariamente, a pensar cuan difícil va a resultar la investidura de Susana Díaz para la presidencia. De momento lo único que se puede constatar es que esta interinidad se alargará, por lo menos, hasta bien entrado el verano. Y en el mejor de los casos -que Ciudadanos pacte con el PSOE- la actividad gubernamental no se retomará al cien por cien hasta mediados de septiembre.  Ocho meses de inestabilidad política habrán quedado atrás, eso, repito, si hay mano tendida desde Cs. Pero, visto lo visto esta semana, tampoco se debería descartar una nueva disolución y nueva convocatoria electoral. Algo que sería terrible. La conclusión a este desaguisado es muy clara: la presidenta Díaz no acertó en enero al romper la coalición con IU, provocando con su decisión un enorme perjuicio para los intereses andaluces y la gobernación de la Junta. Señoras y señores, la inestabilidad está servida en Andalucía.

LA CUAJADERA

Movida comarca del Almanzora.

El mundo político y judicial se mezclan con suma facilidad en numerosos pueblos de la comarca del Almanzora. Conflictos que afectan tanto al PSOE como al PP.

Partaloa:  Gobierno de coalición donde el popular José González está apoyado por tres concejales del PSOE. El de Urbanismo, Antonio Peñuela, posee un “amplio y extenso” poder notarial de la constructora de Residencial Retamar, 29 chalets con orden de demolición y sobre un terreno supuestamente comunal. La Justicia está en ello.

Arboleas: El flamante fichaje de Adela Segura (PSOE), el actual alcalde del PSA Cristóbal García, aparece salpicado por el asunto de la Rambla de Albox que ya investiga la Justicia. Habla la oposición de polémica aprobación del PGOU, beneficiando supuestamente a miembros del actual gobierno. Y entre ellos, según el PSOE todavía oficial, al propio García con “6.400 metros rectificados que son una cañada y un paso de agua que poco a poco se ha ido rellenando”.

Cobdar:  Enfrentado a Adela Segura, el alcalde socialista José Fuentes, concurrirá a las elecciones con el PP. Según Fuentes, el argumento esgrimido para quitarle, trasladado por los alcaldes de Armuña y Albánchez -que llevan mas de 30 años como ediles- fue que “ya eres mayorcete y hay que dejar paso a los chavales”.

Cantoria: Pueblo abandonado políticamente tras la inhabilitación de su alcalde el popular Pedro Llamas por conceder permisos de enganche de agua y luz a dos viviendas. Sale Pedro y entra su hermano Pepe para intentar motivar al PP. Mientras, el PSOE, quitó a Pedro Lizarte y nominó a Antonio Cerrillo, denunciado recientemente ante la Guardia Civil por Pedro Llamas, según el atestado Nº 2015-001373-00000344. Cerrillo, en una sucursal de Cajamar, le preguntó al director “¿has terminado ya con esta rata?” refiriéndose a Llamas. El candidato socialista ha protagonizado otros hechos en su actividad privada que son secretos a voces en el pueblo.

Zurgena: La Ejecutiva provincial del PSOE decidió el viernes liquidar íntegramente y  de un plumazo la lista oficial elaborada por la ejecutiva local. En su lugar aprobó una con independientes, liderada por el actual alcalde, expulsado en su día del Grupo Municipal Socialista por apoyar como tránsfuga una moción de censura, acusado desde el PSOE local de estar compinchado con el clan de Cándido Trabalón, protagonista de la Operación Costurero y actualmente sometido a investigación judicial por graves delitos..

Albox: Rogelio Mena, pese a estar imputado y convocado a juicio oral el 4 de junio, ha recibido el visto bueno del PSOE provincial para repetir su candidatura para la alcaldía. Fiscalía le pide 2 años y 6 meses de inhabilitación por no entregar sospechosos expedientes municipales a la oposición. Uno de esos expedientes, que ha aparecido de forma misteriosa, está ya judicializado tras denuncia del PP y es muy posible que esta semana el Juez de Huércal-Overa mueva ficha procesal e inicie la instrucción del caso Rambla de Albox. Mena tampoco ha justificado sus numerosos viajes a Madrid con cargo al ayuntamiento y el fichaje posterior de su nueva pareja madrileña como asesora jurídica del ayuntamiento.