domingo, 5 de octubre de 2014

JUSTICIA: FALTAN MEDIOS Y ALGO MÁS

A-92, IDEAL de Almeria,
5 de octubre de 2014


El atasco del servidor central de los Juzgados de Sevilla, a consecuencia de millones de documentos emanados de los macro procesos del ´Caso Eres´ y ´Caso Formación´, ha puesto - por enésima vez- sobre el tapete de la actualidad la falta de medios en nuestra Administración de Justicia. Y entre col y col, lechuga. A la clamorosa falta de medios técnicos y personales, debe sumarse lo que parece una falta de ganas para afrontar con la diligencia necesaria determinados procesos en algunos juzgados a propósito de investigaciones sobre corrupción política y económica. Una circunstancia, la lentitud de determinadas instrucciones, difícilmente medibles por la opinión pública, salvo que el CGPJ tuviese la voluntad política de auditar determinados órganos jurisdiccionales, algo poco habitual. En cualquier caso clamorosamente evidente desde el punto de vista de los usuarios de la administración judicial, ya sea como denunciantes o como  denunciados.
Hemos escuchado en infinidad de ocasiones el aserto de que ´una Justicia lenta no es Justicia´. De la misma forma que se ha proclamado -hasta en discursos reales- aquel otro que dice que ´la Justicia debe ser igual para todos´. Hace un cuarto de siglo, un lenguaraz y desahogado alcalde de Jerez, dijo aquello de que ´la Justicia es un cachondeo. El autor de aquella frase lapidaria, que tanto éxito popular tuvo, hoy, está esperando entrar en presidio durante cinco años largos, condenado en firme por el Supremo por haber enchufado a dos camaradas de partido (del PA) en el Ayuntamiento, sin que dichas plazas estuviesen provisionadas legalmente. Una sentencia que se antoja desproporcionada, especialmente a la vista de los delincuentes y fechorías que a día de hoy conocemos aquí y más allá.
En Andalucía, actualmente, existen un total de 693 órganos jurisdiccionales, de los cuales 293 están ubicados en las provincias de Sevilla (150) y Málaga (143). Le siguen Cádiz (105), Granada (84), Córdoba (62), Almería (54), Jaén (50) y Huelva con 45 juzgados.
A finales del año 2012, el flamante consejero de Justicia de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, proclamaba que hacían falta 400 jueces para poder equipararnos en la media europea. Paralelamente, cada doce meses, con motivo de la apertura del Año Judicial andaluz, desde la tribuna del TSJA y el Parlamento, el Fiscal Superior, Jesús García Calderón, ha insistido por activa y por pasiva en reclamar la urgente necesidad de dotar a la Justicia en Andalucía de más medios, amén de las pertinentes reformas en las leyes penales para hacer más eficaz y operativa la lucha contra el crimen. El ex ministro Ruiz Gallardón intentó esas modificaciones con una nueva Ley Penal, pero todo apunta que cambios tan trascendentales como que los fiscales dirijan a la policía judicial, han sido puntos de inflexión que intereses corporativos y políticos lograron dejar en el congelador las necesarias y urgentes reformas.
Porque la politización del sistema judicial español es, en el fondo, la enfermedad que corroe el funcionamiento de la Justicia de cuya independencia se duda por tantas y tantas evidencias a diario. Que el poder político, hoy cuestionado por la infinidad de latrocinios permitidos, sea quien nombre a los jueces que deben controlar el sistema y, además, sean los que deban dotarlo económicamente  para que la maquinaria judicial esté operativa y engrasada, deja más que en pañales una situación que, sino es corrupta, sí que permite la sospecha, la desconfianza y la falta de credibilidad en este importante Poder en un Estado de Derecho.

Sospechas almerienses.

Los usuarios almerienses de la Justicia son testigos mudos -en muchos casos sufridores también- de las consecuencias de un sistema lleno de imperfecciones y carencias. En los juzgados almerienses se siguen acumulando causas de todo tipo y sospechosamente las más politizadas se tramitan con una especial lentitud e incluso parálisis. Las lógicas garantías constitucionales en las instrucciones y el secreto decretado en muchas de esas actuaciones, suelen ser perfectos aliados de una tenebrosa oscuridad, una especie de cortina opaca que impide que la opinión pública, los ciudadanos, conozcan los verdaderos motivos por los que se tarda tanto en la toma de decisiones procesales.
En este momento, en Almería, una docena larga de llamativos sumarios por corrupción siguen a la espera de avances que permitan el optimismo de la sociedad. Algo que provoca la sensación generalizada de que existe la impunidad de los poderosos de o vinculados a la política.  Si en Almería los jueces, con sumarios políticos bajo su jurisdicción, aplicasen el tesón profesional y los métodos jurídicos expeditivos de la Jueza Mercedes Alaya, otro gallo cantaría a la imagen y el prestigio de la Justicia. Pero eso no ocurre en Almería. Es más, aquí se tiene la sensación de que determinados cargos públicos gozan de una singular ´protección judicial´ que, necesariamente, levanta la sospecha generalizada de que algo huele mal en algunos juzgados cercanos.
Esta semana, sin ir más lejos, las acusaciones personadas en el juzgado Nº 1 de Roquetas, el que instruye dos causas contra el alcalde de Roquetas, presidente de la Diputación y del PP, Gabriel Amat, ha presentado un respetuoso pero contundente escrito en el que solicita que se reanude el procedimiento del ´Caso La Fabriquilla´ y la denominada ´Trama Amat´. Un año de retraso en la toma de determinadas medidas, como la imputación pedida por Fiscalía de quienes concedieron licencias ilegales, hace pensar a los recurrentes que podría estar buscándose la prescripción de algunos de los delitos que se llevan investigando años por varios jueces.
Por no hablar de la parálisis de casos, también judicializados a instancias de Fiscalía, y que afectan a una constructora acusada de financiar supuestamente al PP en la provincia o a otras constructoras supuestamente beneficiadas ilegalmente desde el ayuntamiento de la capital.
Si algunas autoridades judiciales almerienses se han podido amparar hasta ahora en la ´omertá´ política reinante entre los dos grandes partidos, ese pretexto ha saltado por los aires desde el momento que el PSOE ha anunciado la personación del partido en todos los procesos judiciales atracados en el puerto del olvido y posibles prescripciones. Que faltan medios en la Justicia es cierto, pero parece que también falta algo más, las ganas en algunos togados por cumplir con su función. Los hechos, al menos, así lo evidencian.


LA CUAJADERA

1.- Paco Góngora

El alcalde de El Ejido se sorprendió al recibir esta semana la visita de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento para recabar documentación relacionada con el caso por el que sigue imputado. Algunas fuentes aseguran que Góngora opuso cierta resistencia verbal, proclamando que él no estaba imputados, a lo que los agentes le remitieron a protestar ante Su Señoría. No obstante el Secretario Municipal levantó una insólita acta durante horas sobre los documentos requisados, entre ellos parece ser que el contrato privado original que en su día firmó la familia Góngora con la empresa Murgis y que nadie explica que hacía en el Ayuntamiento.

2.- Raúl Pérez Garrido.

Electricista y ex trabajador de HALSA. El 9 de septiembre de 2009 estaba en una obra de la empresa en la calle La Molina de Roquetas. El encargado, por orden del gerente de Halsa, Miguel Ángel Morales Duarte, le ordenó acudir a otra obra del propio Ayuntamiento, en el Paseo de los Baños, para descargar unos columpios, ya que desde la corporación se les había pedido ayuda. Se produjo un grave accidente ante el incumpliendo de medidas de higiene y seguridad en el trabajo, según hechos probados. Dos años de baja, siete operaciones quirúrgicas y diversas secuelas fue el penoso balance para el trabajador. En el correspondiente juicio por vía Penal, en abril de 2013, el Fiscal solicitó condena y diversas penas contra el encargado y el dueño de Halsa, considerándoles responsables. La magistrada Marta Inés Sierra López  absolvió a la empresa. Pérez Garrido apeló a la Audiencia y la Sala integrada por los magistrados Martínez Abad, presidente, Jiménez de Cisneros y Durbán Sicilia la desestimaron el pasado 27 de mayo, absolviendo nuevamente al dueño de Halsa.

3.- José Cara

El alcalde de La Mojonera es el único afectado en Almería por la sentencia del Constitucional que incompatibiliza el cargo de parlamentario y alcalde. El PP-A, principal afectado por la decisión del TC, guarda silencio sobre el final de este serio revés a su Grupo Parlamentario, mientras se extiende la especie de que todos los diputados dejarán su acta, a excepción de la SG del partido, Loles López Gabarro, que abandonaría la alcaldía de Valverde del Camino. De confirmarse, Cara, dejaría de ser aforado y, llegado el caso, sus asuntos pendientes con la Justicia quedarían en manos de un juzgado ordinario y no del TSJA.










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