domingo, 3 de agosto de 2014

EL ALGARROBICO, UN LARGO PARTO

A92, Ideal de Almería
3 de agosto de 2014


Con agosticidad, como último acto antes de las vacaciones judiciales, los Magistrados de la Sección Tercera del Contencioso-Administrativo del TSJA dieron el campanazo y se fueron a la playa. El hotel Algarrobico, exactamente la licencia concedida en su día por el exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, han dicho los jueces que es legal. La decisión causó sorpresa general, excepto a los ecologistas que, desde hacía días, venían vaticinando que algo inquietante se estaba cociendo bajo las puñetitas de Granada en favor de la horrorosa mole de cemento, la más famosa del litoral mediterráneo español.
Resulta muy complejo abordar la enrevesada historia de un proyecto que lleva ejecutándose décadas y ocho años paralizado. Parado exactamente desde que el magistrado almeriense Jesús Rivera, al frente del Juzgado Contencioso-Administrativo, tomó la decisión de ilegalizarlo. Una resolución, conviene recordarlo, que a la altura del año 2006 fue interpretada como un duro golpe judicial contra la Administración Chaves que defendía BOJA en mano, a capa y a espada, el proyecto desde su planificación y arranque. Y también contra el ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, cuyo alcalde entonces fue capaz de engatusar a todo un pueblo con un proyecto que a punto estaba de concluir y ser inaugurado. Es más, los promotores de la fea pirámide blanca y truncada del Cabo de Gata, a esas alturas, ya estaban negociando con ejecutivos de la ONCE, dueños de la cadena hotelera Confortel, para que se hiciesen cargo de la gestión del establecimiento.
En esta ocasión de poco o de nada pudo influir en el magistrado Rivera el clamor popular de los carboneros a favor del hotel. Algo que sí sucedería posteriormente con los roqueteros, a cuenta de otra polémica decisión judicial suya contra la Junta, como fue decretar la legalidad de la apertura del Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas. Un emblemático proyecto de Gabriel Amat  que la Junta quería cerrar, si o sí, pese a encontrase funcionando a pleno rendimiento y con miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Una sentencia bomba

La sentencia de esta semana sentó como una bomba en el seno del gobierno de Susana Díaz, que prometió llegar hasta el límite legal permitido para lograr el ansiado derribo definitivo del hotel. El ejecutivo andaluz, por activa y por pasiva, ha venido manifestando públicamente de un tiempo a esta parte su abierta oposición al atentado urbanístico que supone la obra para un litoral protegido. Una oposición especialmente contundente y sonora desde que el PSOE gobierna en coalición con IU. Porque no conviene olvidar, a la vista de las múltiples declaraciones gubernamentales favorables al derribo de la veintena de plantas, que el proyecto de El Algarrobico fue, desde sus inicios, un proyecto impulsado, bendecido y autorizado por gobernantes socialistas. (Proyecto, por cierto, contra el que tampoco actuó el gobierno del PP de José María Aznar ). Es el propio PSOE el que cambia sobre la marcha su posición cuando comprueba la fuerte oposición de los grupos de defensa medioambiental y, sobre todo, cuando empiezan a llover resoluciones judiciales contra el proyecto. Las administraciones socialistas, en Madrid y Sevilla, por este orden, no tuvieron empacho a la hora de recular y ponerse al frente con la pancarta opositora en un gesto claramente oportunista que a mucha gente no les pasó desapercibido aunque olvidado.
A esas alturas de la manifestación casi nadie en el PSOE quiso acordarse del papel jugado por políticos socialistas almerienses y andaluces, como el poderoso ex consejero Martín Soler, apoyando El Algarrobico desde que ocupó la delegación de Medio Ambiente en Almería.
De hecho las primeras andanadas que recibió el polémico hotel llegaron desde Madrid, de la mano de la ministra Cristina Narbona, veraneante habitual en el Cabo de Gata, que acabó tarifando en público con el líder Soler a quien llegó a dedicarle una durísima "carta abierta" tras ser nombrado consejero de Agricultura por Manolo Chaves.
Cuatro ministros de Medio Ambiente -el presidiario Jaume Matas entre ellos- y tres presidentes de la Junta han tenido en sus manos responsabilidades políticas en estos años en el asunto Algarrobico.

-PSOE y PP de acuerdo.

En el nivel político almeriense no solo el PSOE defiende, aunque en tono menor, el mantenimiento y la apertura del hotel. Ese trabajo Sánchez Teruel se lo deja a su politólogo de cabecera, Antonio Amérigo Fernández, Secretario de Ideas de la Ejecutiva Provincial, portavoz del PSOE en Carboneras y sobrino del ex alcalde indultado. También el PP y su máximo líder provincial, Gabriel Amat, vienen manteniendo la misma posición pero sin complejos. Algo que el socialista Cristóbal Fernández, eufórico esta semana por la sentencia, ha acabado reconociendo en tono positivo como un gesto de coherencia, por encima de las siglas, por parte del jefe de filas de la derecha almeriense. Solo IU se mantiene donde siempre estuvo: radicalmente en contra.
Pero Fernández ha dicho algo más que viene a demostrar el peso de la ambigua y truculenta historia política que confluye en este atentado urbanístico. Ha contado que, tras la sentencia, ha recibido infinidad de llamadas de felicitación desde administraciones supuestamente favorables al derribo.  "Dicen lo contrario de lo que piensan, solo buscan el rédito político", ha sentenciado, parece que señalando a sus compañeros del PSOE.
Con tres resoluciones del Tribunal Supremo y cuatro de la Audiencia Nacional contrarias al hotel -solo dos del TSJA favorables- los defensores de la apertura no debieran consumir todos los cohetes en estos días. Parece que queda trecho jurídico por delante en el Supremo. La promotora Azata del Sol se ha mostrado cauta y dialogante, con una propuesta inteligente de naturalizar el mastodonte. Los ecologistas siguen en pie de guerra, anunciando acudir a Europa y querellarse contra los jueces de Granada. La Junta dice que peleará hasta el final por el derribo. Y el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, proclama salomónicamente que aquí no hay ni vencedores ni vencidos.  En realidad los que vamos a perder somos los contribuyentes, los mismos que acabaremos pagando con nuestros impuestos- poco o mucho, depende- un cúmulo de errores políticos y administrativos cometidos - incluidas sentencias judiciales contradictorias- desde que comenzó el largo y difícil parto de El Algarrobico y que muchos siguen queriendo abortar.


Post scríptum

Fuentes conocedoras del procedimiento judicial sobre "El Algarrobico" me aseguran esta mañana que la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJA, "en un 70% está dedicada a desmontar y machacar" la resolución que en su día dictó el magistrado almeriense Jesús Rivera, actualmente miembro de la Sección Primera de la Sala del Contencioso-Adminsitrativo del TSJA en Granada. La misma Sección a la que, por cierto, le habría correspondido entender sobre estos recursos y que, por unas complejas decisiones de reparto sobre la competencia en materia medioambiental, ha acabado recalando en la Sección Tercera.
Esta circunstancia, mientras puedan llegar otras explicaciones lógicas desde el Supremo, quizás expliquen las dos resoluciones favorables de la Sección Tercera en contra de las otras emanadas en estos años desde el juzgado de Almería, la Audiencia Nacional y desde el propio Tribunal Supremo. (Este ultimo avalando en gran medida la argumentación jurídica del juez Rivera). 
Ello provoca que más de uno y más de dos juristas se pregunten si, en el fondo de esta llamativa discrepancia con importantes repercusiones medioambientales en el Cabo de Gata, podemos encontrarnos algún tipo de disputa interna entre magistrados de la misma Sala y entre dos Secciones distintas. Si ello fuese cierto desde luego estaríamos ante un hecho bastante insólito, por usar un término suave. 
En todo caso el tiempo será el que determine lo que pueda haber ocurrido con el asunto de El Algarrobico en el TSJA en Granada, en tanto que deberá ser el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra y el que determine si han existido o no "ajustes de cuentas jurídicas" o personales entre ilustres togas, a la vista de decisiones judiciales tan contradictorias. 


LA CUAJADERA


1.- Indalo TV.

-La única emisora privada de TV de Almería, propiedad del empresario José Luis Moreno Caparrós, montó hace una semana un programa debate sobre la corrupción en Almería presentado y dirigido por el abogado (socialista) Antonio Ruano. Participaron la vicepresidenta de AMAyT, la periodista Eva Liria, el colaborador de dicha asociación Luis Montoya y el escritor y politólogo Marcial Vázquez. El programa irritó especialmente al PP, logrando evitar bajo "presiones indirectas", la redifusión del mismo como viene siendo habitual. El programa, no obstante, está colgado en el canal de Indalo TV en YouTube y en las RRSS, con gran audiencia por cierto.

2.- Juan Enciso.

El exalcalde procesado en la OP de El Ejido ha sido convocado por el juez del Caso Góngora en calidad de testigo para septiembre. Nadie sabe explicar que se le preguntará a Enciso, aunque alguna hipótesis señala que la citación tiene que ver con la necesaria ratificación del PAL en su denuncia contra Paco Góngora, algo que se producirá afirmativamente porque el partido del exedil quiere llegar hasta el final en su venganza judicial contra el que fue su delfín.

3.- Paco Góngora

La desimputación en el delito de trafico de influencias de Paco Góngora, conocida a las pocas horas de su declaración ante el juez, ha supuesto un balón de oxígeno político para el alcalde de El Ejido que poco menos que ha "vendido" su total exculpación. No obstante quedan sobre él otras imputaciones graves por delitos fiscales. En este punto la línea de defensa, según fuentes conocedoras del caso, podría estar dirigida en el sentido de que sea su hermano el que acabe como responsable de todo. La desimputación por tráfico de influencias, por otro lado, ha restado presión en sectores provinciales y regionales del PP que entendían que la dimisión de Góngora era necesaria por coherencia del partido en temas de corrupción.

4.- Gabriel Amat

En el contexto de la querella de Gabriel Amat contra AMAyT, se ha confirmado esta semana que la Udyco sigue investigando dos asuntos judicializados a instancias de la Fiscalía. Por un lado el Caso Facturas 2 y, por otro, el escándalo de los recibís de la constructora Hispano Almería con supuestos pagos al PP. Amat deberá comparecer el 15 de septiembre a prestar declaración como denunciante, a petición de los denunciados, que basan su defensa en el contenido de varios procedimientos judiciales en marcha contra el edil roquetero y su gestión.

5.- Juez de apoyo.

La sala de Gobierno del TSJA ha decidido la toma en consideración de la petición de AMAyT de nombrar un juez de apoyo al titular del Juzgado Nº 1 de Roquetas que, entre otras cosas, instruye los macro sumarios de La Fabriquilla y la Trama Amat, procedimientos que padecen un considerable retraso en dicho órgano judicial.

6.- Noemí Cruz

El PSOE de Almeria ha vendido, tras el Congreso Federal extraordinario del pasado fin de semana, como un éxito de su agrupación provincial la inclusión de la joven Noemí Cruz en la nueva Comisión Ejecutiva de Pedro Sánchez. Nada más lejos de la realidad a tenor de las evidencias. La Sra Cruz no solo no fue incluida por Sanchez Teruel en la lista de delegados al Congreso. Ni siquiera fue llevada en la lista de las decenas de "invitados" que la dirección del partido en Almeria se llevó a Madrid. Noemí Cruz estaba en su pueblo y fue llamada con urgencia para que viajase a Madrid. Como ella misma explicó después fueron las JJSS las que propusieron su nombre. Por tanto, vender ante la militancia una fuerza y una inclusión en la CEF que no es tal, ha vuelto a dejar en evidencia al Secretario General del PSOE de Almería.






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