-"LAS MEJORAS QUE VENIMOS RECLAMANDO CABRIAN EN
CUALQUIERA DE LOS PRESUPUESTOS DE ALGUNO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS QUE EXISTEN
EN NUESTRA COMUNIDAD"
-"CREO QUE EL FISCAL GENERAL HA DICHO ALGO QUE
PODRIAMOS SUSCRIBIR LA INMENSA MAYORÍA DE LOS FISCALES, POR NO DECIR
TODOS"
-"NO PUEDO DECIR NADA SOBRE LA FILTRACIÓN DE LAS
INVESTIGACIONES SOBRE LOS FONDOS DE FORMACIÓN"
-"CREO QUE MUY PRONTO LA TRANSPARENCIA SERÁ UN
PUNTO SIN RETORNO EN CUALQUIER INICIATIVA SERIA DE GESTIÓN PRESPUESTARIA".
Miércoles 7 de mayo. 35 grados
en las calles de Sevilla. Mientras se celebra la entrevista en un hotel de la
Plaza Nueva, lejos de la Feria de Abril en Mayo, el Fiscal Superior de
Andalucía es interrumpido por varias llamadas. Son periodistas que le preguntan
por una noticia llamativa que ha saltado esa tarde a las ediciones digitales de
varios periódicos. La supuesta apertura de diligencias contra los últimos
magistrados del TSJA que se han pronunciado sobre El Algarrobico. Jesús García
Calderón explica, una y otra vez, que solo se ha cumplido un trámite y que la
denuncia de Greenpeace España, remitida por la Fiscalía Anticorrupción a
Granada, ha sido elevada al Tribunal Supremo, órgano competente para entender
sobre tan altos dignatarios judiciales. Donde, añado, parece que existe ya otra
denuncia sobre el mismo asunto.
También recibe otra llamada, que
no logro identificar. Habla de Juan Manuel Sánchez Gordillo, parece que sobre
una resolución inminente. No me cuenta nada.
Silenciado el teléfono, entro
en materia.
-España se ha convertido en un inmenso ´Juzgado de
Guardia´ y el último sondeo del CIS vuelve a incidir en la corrupción como el
segundo problema en importancia para los ciudadanos. ¿Tiene arreglo esta
situación?
-Creo que si se adoptan las
medidas necesarias, si, podría erradicarse esta lacra hasta límites razonables.
Si adoptamos, por el contrario, una respuesta tibia o una posición
sencillamente ambigua, estamos condenados a empobrecer nuestra sociedad -moral
y materialmente- hasta límites inaceptables.
-Si le digo que conozco a un empresario del sector de
la Formación en Andalucía que tiene en su garaje una docena de coches de súper
lujo, empezando por un Rolls Royce, ¿Le sorprende?
-Puede ser un acto –quizá
torpe- de ostentación en una situación económica difícil, puede ser una
herencia, puede ser un indicio de tener elevados ingresos económicos
irregulares o puede ser un caso más de obsesión por el coleccionismo, al margen
de otras muchas posibilidades. Lo importante es la relación que guarde con
otros hechos. Si tuviera que hacerse esa conjugación, el dato podría ser tenido
muy en cuenta.
-Al menos siete causas abiertas en Andalucía
relacionadas con los cursos de Formación, ¿no son demasiados procedimientos
para que se llegue a la verdad y, sobre todo, a la recuperación del dinero
público mal utilizado?
-Nosotros no decidimos el
número de procedimientos que deben incoarse, es la realidad la que se impone.
La aparición de causas en distintos territorios debe generar una reflexión
sobre competencia que procure siempre la mayor eficacia en la investigación. La
coordinación del Ministerio Fiscal, como imaginará, resulta imprescindible.
-Se puede concluir, a la vista del mapa de las
investigaciones actuales en el área de empleo/desempleo, que los Eres campaban
por occidente y la Formación por el oriente andaluz.
-Lo que debemos exigir es que
una sentencia, firme y suficientemente motivada, establezca en un plazo de
tiempo razonable una descripción suficiente de todo lo ocurrido. En Andalucía,
creo que la separación entre el oriente y el occidente no es aconsejable. Las
dos partes, en lo que respecta a la evolución de la criminalidad, son muy
parecidas.
-"Manifiesto desorden y ausencia de
justificación", son argumentos de su reciente Decreto sobre los fondos de
Formación. Imagino que es difícil establecer con justicia las responsabilidades
entre los funcionarios públicos responsables y los cargos políticos que dirigen
los departamentos afectados.
-En asuntos de una envergadura
semejante, siempre resulta difícil establecer con acierto los límites de la
responsabilidad penal. Por eso hay elementos decisivos en nuestra actuación que
nunca podemos olvidar y que aluden a la imparcialidad, a la falta de
instrumentalización del proceso, a la discreción o a la búsqueda de decisiones
colegiadas que permitan corregir los errores.
-¿Qué le ha parecido la filtración de una investigación
de la UDEF – no judicializada ni en manos de Fiscalía- sobre los fondos de
Formación en Andalucía ?
-La Fiscalía Provincial de
Málaga inició esta investigación, si la memoria no me falla, en el mes de mayo
del año 2013 y una vez que reciba los informes que han sido ordenados a la
Policía Judicial, actuará en consecuencia. Espero que sea lo antes posible. No
puedo decirle otra cosa sobre el particular.
-El Fiscal General del Estado ha ofrecido crear un grupo
de apoyo para investigar qué ha pasado con los fondos de Formación en
Andalucía. ¿Alguna novedad al respecto?
-La Fiscalía procurará llevar
a cabo una actuación coordinada y sometida en todo caso al principio de unidad
de actuación, como señala nuestro Estatuto Orgánico. Las novedades se irán
produciendo conforme se desarrollen las investigaciones en sede fiscal o
judicial.
-Le he oído decir muchas veces que en la lucha contra
la corrupción y el crimen organizado se ganan batallas puntuales, pero que
difícilmente ganaremos la guerra. Eduardo Torres Dulce, en su comparecencia
hace días ante el Parlamento, ¿ha dicho lo mismo que Ud. pero con otras
palabras?
-Creo que el Fiscal General ha
dicho algo que podríamos suscribir la inmensa mayoría de los Fiscales, por no
decir todos. La lucha contra la corrupción es una de las batallas interminables
que libra el sistema de justicia penal desde que existe el Estado de Derecho.
No sé si algún día podremos erradicarla definitivamente, pero ahora nuestra
preocupación debe centrarse en aunar nuestro esfuerzo para combatirla con la
mayor eficacia y con el mayor rigor porque una sociedad democrática, para que
merezca ser calificada como tal, no puede permitirse determinados niveles de
corrupción.
-“Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes
con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente
lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”,
“prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en
la ejecución de sentencias”. Con un diagnóstico tan real como alarmante
dibujado por el FGE ¿se entienden las encuestas que apuntan a una falta de
credibilidad del sistema judicial español?
-De una parte, la ley no
siempre nos permite explicarnos con facilidad y en el momento preciso y, de
otra, las críticas no se dirigen siempre al lugar adecuado. La opinión pública
debe tener una información suficiente y objetiva. Si reconocemos este grave
diagnóstico como cierto, debemos exigir un cambio profundo del sistema. No apuntalemos
un edificio condenado a caerse, construyamos un edificio nuevo.
-¿Le ha sorprendido que tras las manifestaciones de
Torres Dulce, el poder político, el legislativo, se haya puesto de perfil sin
demostrar una reacción de preocupación y alarma dado el grave diagnóstico en la
lucha contra la corrupción?
-Hay verdades tan evidentes
que solo pueden responderse desde el silencio. Nuestro deber es denunciar a la
ciudadanía las carencias del sistema de justicia, no para buscar palabras de
apoyo sino el gesto decisivo de los hechos.
-Una inmensa mayoría de ciudadanos piensa que “la
Justicia beneficia al poder”. También lo ha reconocido el FGE. ¿No resulta
contradictorio pedirle al poder político que cambien unas leyes que, a la
postre, benefician a quien ocupa en el poder?
-No creo que exista ese
reconocimiento, creo que lo que existe y se pone de manifiesto es un serio
aviso sobre ese peligro. Los tribunales españoles luchan diariamente para hacer
cumplir las leyes con abnegación y respeto, no siempre con las mejores
condiciones, pero en todo caso con aquellos instrumentos que el marco jurídico
les ofrece. La corrupción no beneficia a nadie, ni siquiera al propio poder que
la permite. El corrupto suele ser el primero en traicionar sus principios, si es
que los tuvo algún día y acaba salpicando a todo el que puede al margen de cual
sea su verdadera responsabilidad.
-La corrupción es, según las encuestas, la segunda
preocupación de los españoles. ¿Significa este dato que en realidad la
corrupción no está incrustada en el ADN de los españoles como dicen muchos?
-Claro que no. Esta percepción
solo es posible por la actuación permanente de los tribunales, el concurso de
medios de comunicación que informan libremente a los ciudadanos y por el
enérgico apoyo social. Cosa distinta es que las deficiencias del sistema no
permitan ofrecer una dosis suficiente de eficacia. La corrupción ni es, ni ha
sido nunca un atributo que diferencie a los españoles. Quizá lo que acabe de
distinguirlos sea la indignación creciente que arraiga en la sociedad española,
una indignación a la que habría que prestar mucha atención en el futuro.
-Se ha dicho que agilizaría la acción de la Justicia el
que las investigaciones fuesen dirigidas por el Fiscal. ¿Por qué? ¿Qué
diferencias establecería respecto a la fórmula actual bajo la responsabilidad
de un juez?
-No recuerdo ya las veces que
he respondido esta pregunta. Una instrucción especializada y sometida a
protocolos uniformes de investigación, una Policía Judicial dependiente orgánica
y funcionalmente de Jueces y Fiscales, un Juez de Garantías para acomodar en
todo momento la investigación a los principios constitucionales y un tribunal
colegiado para resolver de forma rápida, casi inmediata, las controversias que
puedan surgir durante la instrucción. Y por supuesto, una acotación temporal
del proceso, aunque flexible en determinadas situaciones de especial
complejidad. Ninguna de estas exigencias básicas es posible en España con la
regulación actual.
-La reforma de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal
por un nuevo Código Procesal Penal ya no dará tiempo para que se tramite en la
actual Legislatura. Parece pues que la solución de parte de los graves
problemas tardará en llegar. Eso es preocupante dada la alarma social que se detecta...
-Es más que preocupante. Es
otra oportunidad pérdida. Soy yo quien desearía preguntarle a usted porque, créame,
que ya no encuentro ninguna respuesta ... ¿porqué no podemos modificar una Ley
que data de 1881 dictada casi en otra edad de la historia? En 1881 no existía
el automóvil. Faltaban casi treinta años para que Henry Ford creara su primera
cadena de montaje y unos 15 para que los hermanos Lumière proyectaran la salida
de unos obreros de la fábrica en el primer cinematógrafo. ¿Alguien ha reparado
en esta especie de abismo al que nos asomamos, a diario, en nuestros tribunales
de justicia para solventar procesos judiciales de enorme trascendencia social?
-También dijo algo llamativo el Fiscal General: “Las
causas más complejas no las instruye ni el juez ni el fiscal, sino que llegan
precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje
crítico es muy limitado”. En base a estas circunstancias, ¿no se corre el
riesgo de manipulación de la Justicia desde las cocinas del poder político?
-Creo que todos compartimos
esa lógica preocupación o, como usted señala, ese riesgo. El nuevo Código
Procesal Penal, conforme al proyecto presentado hace meses por el Gobierno,
creaba por primera vez en la historia una Policía Judicial plenamente integrada
en el Ministerio Fiscal. Me ha llamado la atención el poco relieve que los
medios de comunicación han otorgado a un cambio tan esencial para la
investigación criminal en España.
-Es difícil entender que un juzgado de instrucción de
Sevilla tenga patas arriba a todo un gobierno regional e incluso haya intentado
investigar órganos del Parlamento con el Caso Eres. ¿se imagina que cundiese el
ejemplo en otros órganos jurisdiccionales? ¿No generaría un caos?
-Nunca me he pronunciado sobre
este caso. Usted lo sabe y la razón es muy sencilla: El asunto está atribuido
desde hace años a la Fiscalía Anti Corrupción y solo a ella corresponde
pronunciarse sobre el particular, al margen –claro está- del propio Fiscal
General del Estado.
-Ud., desde hace años, en la Memoria de la Fiscalía del
TSJA deja constancia de una extensa problemática, plagada de carencias. La
falta de medios es, sin duda, la más reiterada. ¿Cómo se debe dotar de medios a
los fiscales? Y una segunda cuestión: ¿De que presupuesto estaríamos hablando
para solventar esta situación.
-La administración de justicia
reclama medios con toda responsabilidad y desde la perspectiva de austeridad
que debe inspirar a la función pública, máxime en situaciones de severo recorte
presupuestario como la actual. La responsabilidad de las dotaciones materiales
y de las plantillas auxiliares corresponde a la Junta de Andalucía pero aún no
hemos sido capaces de cumplir, desde el año 2007, ni siquiera la
singularización presupuestaria que establece para la Fiscalía el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal. En lo que se refiere a la Fiscalía Superior, se
vienen produciendo algunos avances significativos que debemos reconocer en el
diseño de la nueva Oficina Fiscal. Lo cierto es que casi todas las mejoras que
venimos reclamando y que facilitarían enormemente nuestra labor cabrían en
cualquiera de los presupuestos de alguno de los organismos autónomos que
existen en nuestra Comunidad.
-En la última memoria de 2012, concretamente el
capítulo aportado por el Fiscal Jefe de Almería, dejaba constancia de una muy
notable escasez de medios, en concreto de los pocos fiscales disponibles para
atender los juzgados de la capital y la provincia, así como todas las causas en
marcha. ¿Ha cambiado esa situación en el último año?
-No, más bien diría que se ha
incrementado con la necesidad de atender varias investigaciones de gran
complejidad iniciadas en el año 2013. La carga de trabajo de la Fiscalía de
Almería ha sido muy elevada en los últimos años y sigue incrementándose,
principalmente desde un punto de vista cualitativo. Lamentablemente creo que
esta situación puede mantenerse en el futuro. Como imaginará, cuenta con todo
mi apoyo para reforzar sus medios personales y materiales. Soy plenamente
consciente de la profesionalidad de mis compañeros.
-En Almería se percibe una especial lentitud en una
serie de instrucciones judiciales, de calado, especialmente aquellas
relacionadas por el poder político y su entorno económico. ¿Cree que es solo
por falta de medios o pueden existir otras razones?
-No deberíamos, en una materia
tan delicada, generalizar una forma de sospecha. El problema de la lentitud no
es un problema endémico de la provincia de Almería. No por ello deja de ser muy
grave y debemos preocuparnos de resolverlo. Si existe una situación de retraso
malicioso o negligente y alguien lo sabe, lo que debe hacer es denunciarlo.
-¿Es Almería distinta a otras provincias andaluzas en
materia de corrupción en las administraciones públicas?
-No. En Almería se han
desarrollado investigaciones muy complejas como en las demás provincias de
Andalucía, aunque quizá exista una mayor incidencia de estas en la
Administración Local. Muchas aún no han concluido y habrá que esperar su
resultado final.
-¿Cree que la Ley de Transparencia impulsada por la
presidenta Susana Díaz desde la Junta, ayudará mucho, regular, poco o nada en
la lucha contra la corrupción?
-Cualquier esfuerzo que
procure una mayor claridad en el manejo de fondos públicos de manera que esta
información llegue realmente a los ciudadanos, bien directamente o bien a
través de los medios de comunicación, es siempre muy positivo, algo
completamente necesario. Se trata de otra forma añadida de control; no es una
panacea pero sí una ayuda importante para cualquier labor de fiscalización y
control e incluso, cuando fuera necesario, para impulsar la investigación
penal. Creo que muy pronto la transparencia será un punto sin retorno en
cualquier iniciativa seria de gestión presupuestaria.
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