lunes, 12 de mayo de 2014

FISCAL SUPERIOR TSJA: "LA LEY DE TRANSPARENCIA NO ES UNA PANACEA, PERO SI UNA AYUDA IMPORTANTE"


-"LAS MEJORAS QUE VENIMOS RECLAMANDO CABRIAN EN CUALQUIERA DE LOS PRESUPUESTOS DE ALGUNO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS QUE EXISTEN EN NUESTRA COMUNIDAD"

-"CREO QUE EL FISCAL GENERAL HA DICHO ALGO QUE PODRIAMOS SUSCRIBIR LA INMENSA MAYORÍA DE LOS FISCALES, POR NO DECIR TODOS"

-"NO PUEDO DECIR NADA SOBRE LA FILTRACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS FONDOS DE FORMACIÓN"

-"CREO QUE MUY PRONTO LA TRANSPARENCIA SERÁ UN PUNTO SIN RETORNO EN CUALQUIER INICIATIVA SERIA DE GESTIÓN PRESPUESTARIA".


Miércoles 7 de mayo. 35 grados en las calles de Sevilla. Mientras se celebra la entrevista en un hotel de la Plaza Nueva, lejos de la Feria de Abril en Mayo, el Fiscal Superior de Andalucía es interrumpido por varias llamadas. Son periodistas que le preguntan por una noticia llamativa que ha saltado esa tarde a las ediciones digitales de varios periódicos. La supuesta apertura de diligencias contra los últimos magistrados del TSJA que se han pronunciado sobre El Algarrobico. Jesús García Calderón explica, una y otra vez, que solo se ha cumplido un trámite y que la denuncia de Greenpeace España, remitida por la Fiscalía Anticorrupción a Granada, ha sido elevada al Tribunal Supremo, órgano competente para entender sobre tan altos dignatarios judiciales. Donde, añado, parece que existe ya otra denuncia sobre el mismo asunto.
También recibe otra llamada, que no logro identificar. Habla de Juan Manuel Sánchez Gordillo, parece que sobre una resolución inminente. No me cuenta nada.
Silenciado el teléfono, entro en materia.


-España se ha convertido en un inmenso ´Juzgado de Guardia´ y el último sondeo del CIS vuelve a incidir en la corrupción como el segundo problema en importancia para los ciudadanos. ¿Tiene arreglo esta situación?

-Creo que si se adoptan las medidas necesarias, si, podría erradicarse esta lacra hasta límites razonables. Si adoptamos, por el contrario, una respuesta tibia o una posición sencillamente ambigua, estamos condenados a empobrecer nuestra sociedad -moral y materialmente- hasta límites inaceptables.

-Si le digo que conozco a un empresario del sector de la Formación en Andalucía que tiene en su garaje una docena de coches de súper lujo, empezando por un Rolls Royce, ¿Le sorprende?

-Puede ser un acto –quizá torpe- de ostentación en una situación económica difícil, puede ser una herencia, puede ser un indicio de tener elevados ingresos económicos irregulares o puede ser un caso más de obsesión por el coleccionismo, al margen de otras muchas posibilidades. Lo importante es la relación que guarde con otros hechos. Si tuviera que hacerse esa conjugación, el dato podría ser tenido muy en cuenta.

-Al menos siete causas abiertas en Andalucía relacionadas con los cursos de Formación, ¿no son demasiados procedimientos para que se llegue a la verdad y, sobre todo, a la recuperación del dinero público mal utilizado?

-Nosotros no decidimos el número de procedimientos que deben incoarse, es la realidad la que se impone. La aparición de causas en distintos territorios debe generar una reflexión sobre competencia que procure siempre la mayor eficacia en la investigación. La coordinación del Ministerio Fiscal, como imaginará, resulta imprescindible.

-Se puede concluir, a la vista del mapa de las investigaciones actuales en el área de empleo/desempleo, que los Eres campaban por occidente y la Formación por el oriente andaluz.

-Lo que debemos exigir es que una sentencia, firme y suficientemente motivada, establezca en un plazo de tiempo razonable una descripción suficiente de todo lo ocurrido. En Andalucía, creo que la separación entre el oriente y el occidente no es aconsejable. Las dos partes, en lo que respecta a la evolución de la criminalidad, son muy parecidas.

-"Manifiesto desorden y ausencia de justificación", son argumentos de su reciente Decreto sobre los fondos de Formación. Imagino que es difícil establecer con justicia las responsabilidades entre los funcionarios públicos responsables y los cargos políticos que dirigen los departamentos afectados.

-En asuntos de una envergadura semejante, siempre resulta difícil establecer con acierto los límites de la responsabilidad penal. Por eso hay elementos decisivos en nuestra actuación que nunca podemos olvidar y que aluden a la imparcialidad, a la falta de instrumentalización del proceso, a la discreción o a la búsqueda de decisiones colegiadas que permitan corregir los errores.


-¿Qué le ha parecido la filtración de una investigación de la UDEF – no judicializada ni en manos de Fiscalía- sobre los fondos de Formación en Andalucía ?

-La Fiscalía Provincial de Málaga inició esta investigación, si la memoria no me falla, en el mes de mayo del año 2013 y una vez que reciba los informes que han sido ordenados a la Policía Judicial, actuará en consecuencia. Espero que sea lo antes posible. No puedo decirle otra cosa sobre el particular.

-El Fiscal General del Estado ha ofrecido crear un grupo de apoyo para investigar qué ha pasado con los fondos de Formación en Andalucía. ¿Alguna novedad al respecto?

-La Fiscalía procurará llevar a cabo una actuación coordinada y sometida en todo caso al principio de unidad de actuación, como señala nuestro Estatuto Orgánico. Las novedades se irán produciendo conforme se desarrollen las investigaciones en sede fiscal o judicial.


-Le he oído decir muchas veces que en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se ganan batallas puntuales, pero que difícilmente ganaremos la guerra. Eduardo Torres Dulce, en su comparecencia hace días ante el Parlamento, ¿ha dicho lo mismo que Ud. pero con otras palabras?

-Creo que el Fiscal General ha dicho algo que podríamos suscribir la inmensa mayoría de los Fiscales, por no decir todos. La lucha contra la corrupción es una de las batallas interminables que libra el sistema de justicia penal desde que existe el Estado de Derecho. No sé si algún día podremos erradicarla definitivamente, pero ahora nuestra preocupación debe centrarse en aunar nuestro esfuerzo para combatirla con la mayor eficacia y con el mayor rigor porque una sociedad democrática, para que merezca ser calificada como tal, no puede permitirse determinados niveles de corrupción.

-“Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”. Con un diagnóstico tan real como alarmante dibujado por el FGE ¿se entienden las encuestas que apuntan a una falta de credibilidad del sistema judicial español?


-De una parte, la ley no siempre nos permite explicarnos con facilidad y en el momento preciso y, de otra, las críticas no se dirigen siempre al lugar adecuado. La opinión pública debe tener una información suficiente y objetiva. Si reconocemos este grave diagnóstico como cierto, debemos exigir un cambio profundo del sistema. No apuntalemos un edificio condenado a caerse, construyamos un edificio nuevo.


-¿Le ha sorprendido que tras las manifestaciones de Torres Dulce, el poder político, el legislativo, se haya puesto de perfil sin demostrar una reacción de preocupación y alarma dado el grave diagnóstico en la lucha contra la corrupción?

-Hay verdades tan evidentes que solo pueden responderse desde el silencio. Nuestro deber es denunciar a la ciudadanía las carencias del sistema de justicia, no para buscar palabras de apoyo sino el gesto decisivo de los hechos.

-Una inmensa mayoría de ciudadanos piensa que “la Justicia beneficia al poder”. También lo ha reconocido el FGE. ¿No resulta contradictorio pedirle al poder político que cambien unas leyes que, a la postre, benefician a quien ocupa en el poder?

-No creo que exista ese reconocimiento, creo que lo que existe y se pone de manifiesto es un serio aviso sobre ese peligro. Los tribunales españoles luchan diariamente para hacer cumplir las leyes con abnegación y respeto, no siempre con las mejores condiciones, pero en todo caso con aquellos instrumentos que el marco jurídico les ofrece. La corrupción no beneficia a nadie, ni siquiera al propio poder que la permite. El corrupto suele ser el primero en traicionar sus principios, si es que los tuvo algún día y acaba salpicando a todo el que puede al margen de cual sea su verdadera responsabilidad.

-La corrupción es, según las encuestas, la segunda preocupación de los españoles. ¿Significa este dato que en realidad la corrupción no está incrustada en el ADN de los españoles como dicen muchos?

-Claro que no. Esta percepción solo es posible por la actuación permanente de los tribunales, el concurso de medios de comunicación que informan libremente a los ciudadanos y por el enérgico apoyo social. Cosa distinta es que las deficiencias del sistema no permitan ofrecer una dosis suficiente de eficacia. La corrupción ni es, ni ha sido nunca un atributo que diferencie a los españoles. Quizá lo que acabe de distinguirlos sea la indignación creciente que arraiga en la sociedad española, una indignación a la que habría que prestar mucha atención en el futuro.


-Se ha dicho que agilizaría la acción de la Justicia el que las investigaciones fuesen dirigidas por el Fiscal. ¿Por qué? ¿Qué diferencias establecería respecto a la fórmula actual bajo la responsabilidad de un juez?

-No recuerdo ya las veces que he respondido esta pregunta. Una instrucción especializada y sometida a protocolos uniformes de investigación, una Policía Judicial dependiente orgánica y funcionalmente de Jueces y Fiscales, un Juez de Garantías para acomodar en todo momento la investigación a los principios constitucionales y un tribunal colegiado para resolver de forma rápida, casi inmediata, las controversias que puedan surgir durante la instrucción. Y por supuesto, una acotación temporal del proceso, aunque flexible en determinadas situaciones de especial complejidad. Ninguna de estas exigencias básicas es posible en España con la regulación actual.


-La reforma de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal por un nuevo Código Procesal Penal ya no dará tiempo para que se tramite en la actual Legislatura. Parece pues que la solución de parte de los graves problemas tardará en llegar. Eso es preocupante dada la alarma social que se detecta...

-Es más que preocupante. Es otra oportunidad pérdida. Soy yo quien desearía preguntarle a usted porque, créame, que ya no encuentro ninguna respuesta ... ¿porqué no podemos modificar una Ley que data de 1881 dictada casi en otra edad de la historia? En 1881 no existía el automóvil. Faltaban casi treinta años para que Henry Ford creara su primera cadena de montaje y unos 15 para que los hermanos Lumière proyectaran la salida de unos obreros de la fábrica en el primer cinematógrafo. ¿Alguien ha reparado en esta especie de abismo al que nos asomamos, a diario, en nuestros tribunales de justicia para solventar procesos judiciales de enorme trascendencia social?


-También dijo algo llamativo el Fiscal General: “Las causas más complejas no las instruye ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje crítico es muy limitado”. En base a estas circunstancias, ¿no se corre el riesgo de manipulación de la Justicia desde las cocinas del poder político?

-Creo que todos compartimos esa lógica preocupación o, como usted señala, ese riesgo. El nuevo Código Procesal Penal, conforme al proyecto presentado hace meses por el Gobierno, creaba por primera vez en la historia una Policía Judicial plenamente integrada en el Ministerio Fiscal. Me ha llamado la atención el poco relieve que los medios de comunicación han otorgado a un cambio tan esencial para la investigación criminal en España.
  

-Es difícil entender que un juzgado de instrucción de Sevilla tenga patas arriba a todo un gobierno regional e incluso haya intentado investigar órganos del Parlamento con el Caso Eres. ¿se imagina que cundiese el ejemplo en otros órganos jurisdiccionales? ¿No generaría un caos?

-Nunca me he pronunciado sobre este caso. Usted lo sabe y la razón es muy sencilla: El asunto está atribuido desde hace años a la Fiscalía Anti Corrupción y solo a ella corresponde pronunciarse sobre el particular, al margen –claro está- del propio Fiscal General del Estado.


-Ud., desde hace años, en la Memoria de la Fiscalía del TSJA deja constancia de una extensa problemática, plagada de carencias. La falta de medios es, sin duda, la más reiterada. ¿Cómo se debe dotar de medios a los fiscales? Y una segunda cuestión: ¿De que presupuesto estaríamos hablando para solventar esta situación.

-La administración de justicia reclama medios con toda responsabilidad y desde la perspectiva de austeridad que debe inspirar a la función pública, máxime en situaciones de severo recorte presupuestario como la actual. La responsabilidad de las dotaciones materiales y de las plantillas auxiliares corresponde a la Junta de Andalucía pero aún no hemos sido capaces de cumplir, desde el año 2007, ni siquiera la singularización presupuestaria que establece para la Fiscalía el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En lo que se refiere a la Fiscalía Superior, se vienen produciendo algunos avances significativos que debemos reconocer en el diseño de la nueva Oficina Fiscal. Lo cierto es que casi todas las mejoras que venimos reclamando y que facilitarían enormemente nuestra labor cabrían en cualquiera de los presupuestos de alguno de los organismos autónomos que existen en nuestra Comunidad.


-En la última memoria de 2012, concretamente el capítulo aportado por el Fiscal Jefe de Almería, dejaba constancia de una muy notable escasez de medios, en concreto de los pocos fiscales disponibles para atender los juzgados de la capital y la provincia, así como todas las causas en marcha. ¿Ha cambiado esa situación en el último año?


-No, más bien diría que se ha incrementado con la necesidad de atender varias investigaciones de gran complejidad iniciadas en el año 2013. La carga de trabajo de la Fiscalía de Almería ha sido muy elevada en los últimos años y sigue incrementándose, principalmente desde un punto de vista cualitativo. Lamentablemente creo que esta situación puede mantenerse en el futuro. Como imaginará, cuenta con todo mi apoyo para reforzar sus medios personales y materiales. Soy plenamente consciente de la profesionalidad de mis compañeros.


-En Almería se percibe una especial lentitud en una serie de instrucciones judiciales, de calado, especialmente aquellas relacionadas por el poder político y su entorno económico. ¿Cree que es solo por falta de medios o pueden existir otras razones?

-No deberíamos, en una materia tan delicada, generalizar una forma de sospecha. El problema de la lentitud no es un problema endémico de la provincia de Almería. No por ello deja de ser muy grave y debemos preocuparnos de resolverlo. Si existe una situación de retraso malicioso o negligente y alguien lo sabe, lo que debe hacer es denunciarlo.


-¿Es Almería distinta a otras provincias andaluzas en materia de corrupción en las administraciones públicas?

-No. En Almería se han desarrollado investigaciones muy complejas como en las demás provincias de Andalucía, aunque quizá exista una mayor incidencia de estas en la Administración Local. Muchas aún no han concluido y habrá que esperar su resultado final.

-¿Cree que la Ley de Transparencia impulsada por la presidenta Susana Díaz desde la Junta, ayudará mucho, regular, poco o nada en la lucha contra la corrupción?

-Cualquier esfuerzo que procure una mayor claridad en el manejo de fondos públicos de manera que esta información llegue realmente a los ciudadanos, bien directamente o bien a través de los medios de comunicación, es siempre muy positivo, algo completamente necesario. Se trata de otra forma añadida de control; no es una panacea pero sí una ayuda importante para cualquier labor de fiscalización y control e incluso, cuando fuera necesario, para impulsar la investigación penal. Creo que muy pronto la transparencia será un punto sin retorno en cualquier iniciativa seria de gestión presupuestaria.


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