UGT-A LE TOMA EL PELO A LA CIUDADANÍA AL APLAZAR DECISIONES PARA EL AÑO QUE VIENE.

Que UGT-Andalucía haya fijado la fecha del 9 de enero del próximo año para reunirse al máximo nivel ejecutivo y analizar la grave crisis por la que atraviesa el sindicato que fundara Pablo Iglesias,  es una tomadura de pelo. 
En primer lugar a sus afiliados y en segundo lugar a una sociedad que demanda, exige, transparencia y responsabilidades por el manejo  irregular - quizás delictivo- de los millonarios fondos públicos otorgados en estos años por el gobierno presidido por el ex dirigente del sindicato, Manolo Chaves,  y por su sucesor en el cargo de presidente de la Junta Pepe Griñán.
El anuncio de la convocatoria de un Comité Ejecutivo extraordinario una vez hayan pasado los Reyes Magos del año próximo, ha sido la respuesta del Secretario General del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, - ex número dos de Manolo Pastrana- a la petición lanzada ayer por Cándido Méndez para que se analizasen y depurasen responsabilidades en la organización andaluza, la federación más importante del sindicato en España.
El único punto que figura en el orden del día del Comité Ejecutivo fijado para dentro de 44 días, a priori, no dice gran cosa: analizar la situación del sindicato y tomar decisiones.
Una situación generada tras ver la luz pública, hace meses, documentación abundante y suficiente que reflejaría cómo se han falseado facturas y conceptos para fines no previstos legalmente, todos encaminados supuestamente a atender las necesidades de los trabajadores en paro en la Andalucía del millón largo de desempleados.


Más grave que los ERES

Lo que se está conociendo sobre  el funcionamiento interno de la UGT-A en el manejo de los fondos públicos es tanto o más grave, si cabe, que lo sucedido con el asunto de los Eres y que desde hace años investiga la Justicia. Fiestas, copas, mariscadas, carteras elaboradas en el reino asiático de la explotación laboral de niños y mayores. El todo vale desde la impunidad y el descontrol más absoluto de la función pública y política.
Además, desde hace meses, y gracias sobre todo a las revelaciones periodísticas de El Mundo, la opinión pública ha empezado a entender muchas cosas sucedidas en el escenario político andaluz en estos años. 
Una vez más se ha oído hablar de la denominada "red clientelar" andaluza extendida desde Villaricos hasta Ayamonte, pasando por Santa Elena. En las trincheras partidistas, el PP en concreto, intenta sacar tajada política desde el resentimiento porque sabe que, entre otras cosas, gracias a la fuerza de los sindicatos de clase hoy gobierna la izquierda en la comunidad andaluza. Tras las elecciones de marzo de 2012, donde Javier Arenas y el PP ganaron por número de votos pero se quedaron colgados a la pancarta en el balcón de San Fernando, se escuchó en muchos cenáculos que el nuevo gobierno bipartito andaluz habían ganado a la derecha gracias al apoyo "decisivo" de la movilización de UGT y CCOO (Recuérdese que Griñan anduvo como alma electoral en pena con el chavismo de perfil). Evidencias que nadie negó entonces, aunque nunca se reconociera públicamente por parte de los propios dirigentes de la coalición gubernamental.
Tras esta circunstancia concreta del apoyo abierto en favor de la izquierda en Andalucía, se oculta la ofensiva anti sindicalista que viene protagonizando la derecha y sus medios más afines contra la figura constitucional de los Sindicatos en España.
Unos Sindicatos necesarios, sin duda, pero con muchos dirigentes claramente amortizados y prescindibles dado que parecen extraídos de la nómina de la corrupción que afecta a otros sectores de la sociedad española, especialmente los políticos, financieros etc.
En todos estos meses de escándalo, con aportaciones informativas diarias que invitan al sonrojo y a la vergüenza ajena, el único gesto ético digno de reconocimiento lo protagonizaron los miembros de la ejecutiva de UGT de Cádiz, que presentaron su dimisión en bloque tras comprobar como su secretario general resultaba imputado por la Jueza Alaya en una pieza separada del caso Eres. Aquel gesto del 11 de noviembre pasado -y hace dieciséis días que no ha parado de llover caca sobre UGT-  nos pareció a muchos observadores que podría ser el inicio de un intento serio de los actuales dirigentes por salvar la maltrecha imagen del sindicato. Se creyó que tras las dimisiones gaditanas se sucederían otras en el resto de provincias; incluso que el almeriense Fernández Sevilla acabaría cogiendo el toro por los cuernos anunciando su dimisión como Secretario General regional, dado que nada de lo que se está sabiendo le tiene que resultar ajeno por haber estado en el puente de mando del sindicato con Pastrana, dando así paso a un proceso congresual de renovación para que - como parece que ha sucedido en el PSOE-A- entrase aire fresco y promesas de regeneración y limpieza. Pero sobre todo habría sido un gesto en forma de cortafuegos para salvar las siglas del sindicato UGT, con 125 años de historia desde que se fundara en 1988 en la calle Tallers 29 de Barcelona.


Sindicalistas que parecen políticos

Pero no, la dirección regional del sindicato, imitando a muchos de los más distinguidos agentes de la corrupción política de este país, empezó por negar las evidencias documentales publicadas, amenazó a los mensajeros, habló de robo y manipulación de sus papeles y facturas para, finalmente, enrocarse y dejar pasar las semanas, los meses y por lo que se ha visto los años. (Estrategia y situación muy parecida a la que está desarrollando el PP en Almería desde el pasado 28 de octubre con los recibos originales -publicados por  el diario El País- de la constructora HALSA y el pago de supuestas comisiones para financiar las campañas del PP, asunto que investiga la Fiscalía del TSJA).
La decisión de dilatar en el tiempo el análisis de la situación del sindicato por parte de sus máximos responsables andaluces, tomar decisiones y, desde luego, que ninguna dimisión se haya producido aún en la ejecutiva regional de UGT va a acabar propiciando el crecimiento de una especie de gangrena de incalculables consecuencias para UGT y, también, para los trabajadores y  el sindicalismo en general. Con su actitud de atrincherase y dejar que escampe, clara estrategia marianista, estos sindicalistas  andaluces son los que más daño le están haciendo hoy al sindicalismo de clase. Más que los más conspicuos anti sindicalistas. 

NUEVOS DOCUMENTOS PARA INVESTIGAR EL PELOTAZO DEL AUDITORIO DE ROQUETAS.

El escándalo del  "Caso Teatro-Auditorio de Roquetas" resurge  con fuerza, esta vez sustentado en nuevas pruebas y evidencias documentales desconocidas hasta ahora por la opinión pública. Se trata del enésimo intento para que funcionarios judiciales almerienses actúen y no sigan oponiéndose, amparados en mil y un argumentos jurídicos, a la investigación penal de un caso en el que, desde 2005, se denuncian posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude entre otros. 
El pasado jueves día 21 tuvo entrada en el Juzgado Nº 3 de Roquetas de Mar un escrito de alegaciones - aquí el documento completo, diez páginas en total- con el que la representación jurídica de los socialistas Jesús Gutiérrez Lozano y Jean Charles Cordón Gutiérrez pretenden que se reabra la instrucción de la querella por vía penal interpuesta en octubre de 2005 y sobre la que el entonces titular del juzgado, el hoy Magistrado almeriense Luis Durbán Sicilia, dictó su archivo provisional en enero de 2006, en tanto se resolviese por parte del TSJA los aspectos contencioso administrativos del caso. Cosa que sucedería seis años después, abril de 2012, dando la razón el alto tribunal a los denunciantes al ratificar la ilegalidad cometida por Gabriel Amat y su equipo de gobierno. 
Los titulares periodísticos del 16 de abril de 2012, tras conocerse la decisión del TSJA, eran concluyentes y políticamente destructivos para sus responsables: "El TSJA anula el contrato de ampliación del Teatro-Auditorio de Roquetas. El cambio incrementó el precio de la obra en un 120 por ciento y se hizo sin publicidad".
Inicialmente la querella estuvo firmada por un total de once concejales que integraban en aquel momento el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas: Luis Francisco Esteban, Rafael Morales, Rafael Jesús Torres, Emilio Francisco Campra, Rosa Garrido, Antonio Jiménez, Gabriel Galdeano, Antonio Ortiz, Cecilio Castro, José Morilla y Jean Charles Cordón.
Los concejales de la oposición fundamentaron la querella en "las modificaciones no previstas" en el concurso inicial que "encarecieron su presupuesto hasta más del doble" con lo que el precio de la obra ascendió de siete millones de euros, a más de quince. El grupo municipal socialista denunció, además, que el Secretario y el Interventor del Ayuntamiento e incluso el Consejo Consultivo dictaron resoluciones en las que se alertaba de la ilegalidad del modificado de la obra. Informes y advertencias a los que ni el alcalde, Gabriel Amat, ni su equipo de gobierno hicieron caso.


Cuestión "de salud pública"

El letrado de los denunciantes, Antonio Ruano Tapia, tras aportar nueva documentación, similar a la publicada recientemente por el diario ´El País´ en forma de recibos supuestamente extraídos de la "Caja B" de la empresa adjudicataria de la obra, Hispano Almería S.A., argumenta y concluye el escrito de alegaciones presentado ante el Juzgado de Roquetas con una serie de consideraciones que resumen el espíritu del contenido probatorio del que, parece, podría ser el último intento para que se ejerza la tutela judicial efectiva en el ámbito de la Justicia almeriense de este escándalo político y económico: 
"A modo de conclusión, Señoría, deseamos reiterar la necesidad de reaperturar las Diligencias Previas 1703/2005 por meras cuestiones de salud pública e interés general en un contexto en el que ninguna duda alberga el hecho de que el equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con su alcalde a la cabeza, Don Gabriel Amat, conocía perfectamente que el inicio de las obras del Teatro-Auditorio ya hacía prever la necesidad de ampliar la dotación presupuestaria de las obras para poder llevar a buen término su finalización, como también conocía las advertencias hechas por los funcionarios públicos para tener que acometer un nuevo concurso publico para la adjudicación de las obras de modificación y terminación del Teatro-Auditorio". "Corroboran este hecho tanto los arquitectos que intervinieron en el proyecto como los funcionarios públicos garantes de vigilar la legalidad en el municipio, como son el Interventor y el Secretario y que, a buen seguro, podrían acreditar todos estos extremos ante su presencia durante la instrucción del caso. Con estos nuevos datos aportados al procedimiento y los documentos que se acompañan se puede concluir que esa "espera penal" a la que hacía referencia el Auto que decretó el sobreseimiento provisional ha llegado a su fin y ahora toca hacer real la tutela judicial efectiva que el PSOE pretendió con la presentación de la querella en nombre del interés general que le otorga la representación democrática de los ciudadanos de Roquetas de Mar en la urnas, cuestión que debe primar en una democracia que pretende ser avanzada y madura. Entendemos que no se está pidiendo una condena firme, sino la instrucción de unos hechos de cuyos indicios suficientes ya dieron lugar a su conocimiento para la depuración, en su caso, de las irregularidades que se cometieron y que no deben quedar impunes. Está en juego no solo el cumplimiento del Código Penal sino el crédito que entre todos debemos otorgarle al sistema democrático que todos los españoles nos dimos en el año 1978 con la aprobación de la Constitución Española. Estamos, Señoría, confiados en que su profesionalidad y objetividad vendrá a conceder a esta sociedad la posibilidad de aclarar la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación del articulo 404 del CP, tráfico de influencias en los artículos 428 y 429 del C.P. y malversación de fondos públicos del articulo 432 del C.P. entre otros que pudiera determinar la instrucción". 


Ocho años buscando Justicia

La historia de este procedimiento judicial, como se indicaba, se remonta al año 2005 y su trayectoria procesal invita a reflexionar sobre lo difícil -misión imposible más bien- que le está resultando a los denunciantes que la Justicia investigue lo sucedido con la millonada de dinero público empleado para el faraónico Teatro-Auditorio, auspiciado por el alcalde de Roquetas Gabriel Amat, actual presidente de la Diputación y también del Partido Popular en la provincia. Una obra que se presupuestó en unos siete millones de euros y que finalmente acabó costando más del doble, a pesar de los informes técnicos en contra.
Misión investigadora casi imposible ya que la acción de la justicia se ha revelado en estos años como un auténtico frontón salvavidas de los políticos roqueteros denunciados, con Amat a la cabeza, lanzando balones jurídicos fuera y evitando, en definitiva, que se pudiese llevar adelante la indagación penal que nuevamente se reclama.
Además del alcalde de Roquetas están denunciados los concejales miembros de su Comisión de Gobierno que votaron a favor del acuerdo ilegal, así como el arquitecto y el dueño de Hispano Almería S.A., los señores Miguel Ángel Morales Carrillo y Miguel Ángel Morales Duarte, respectivamente.
El fallo del TSJA, dictado casi siete años después de haberse presentado la querella en Roquetas y archivada provisionalmente por el juez Durbán Sicilia, consideraba "claro" que concurría causa de resolución del contrato y que la variación contractual producida era tal que alteró "la esencia cuantitativa del contrato al incrementarse el precio inicial en casi el 120 por ciento, resultando menoscabado el principio de publicidad y concurrencia". Procedía por tanto el TSJA a declarar la nulidad del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas, estimando el recurso interpuesto por el Grupo Municipal del PSOE.
Le decisión de la más alta instancia judicial andaluza provocó un gran escándalo político que, por vez primera, logró salir del ámbito provincial almeriense, anunciando el entonces vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, que su partido solicitaría a continuación y de inmediato la reapertura de las diligencias archivadas en 2006 por el juez Durbán Sicilia. El PP andaluz, presidido por el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Reafirmó su apoyo al presidente provincial del partido y pasó de puntillas sobre el escándalo que les afectaba, reforzando entonces su ofensiva en el caso Eres a nivel regional. Y en el ámbito provincial llevando el PP a Fiscalía el asunto de las facturas y viajes falsos de socialistas en la Diputación, causa que recayó casualmente en manos del Magistrado Durbán Sicilia. 
(De la misma forma que recientemente cayó en la jurisdicción del mismo juez la denuncia por supuesto robo de documentación en HALSA, donde curiosamente llegó a citar e imputar a un ex empleado de la constructora por teléfono)
Los socialistas, el 3 de octubre de 2012, llevaron la petición de reapertura ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Almería, Antonio Pérez Gallegos, quien  el 9 de enero de este año desestimaba la solicitud en una resolución que para los no expertos en materia jurídica resultaba a todas luces un autentico galimatías, incomprensible e ininteligible para el resto de los mortales no licenciados en Derecho.


La última puerta

Pasado el tiempo, el pasado 14 de noviembre pasado, se le notificaba a los dos denunciantes desde el Juzgado número 3 de Roquetas que quedaba desestimado el recurso de reforma planteado, aunque el mismo dejaba abierta una pequeña puerta jurídica que es la que finalmente ha aprovechado el abogado Ruano Tapia. 
-"Se admite a trámite en un solo efecto el recurso de apelación interpuesto con carácter subsidiario, - se indicaba literalmente- dándose traslado al recurrente para que en el plazo de cinco días formule alegaciones y presente, en su caso, documentos justificativos de sus pretensiones".
Tras mostrar cierta perplejidad por  la decisión adoptada por la Jueza, dado que "no se trata de una petición inicial de incoación de Diligencias Previas (...)  sino que se trata de una petición de continuar con la instrucción ya iniciada en el año 2005 con la presentación de una querella" los recurrentes proceden a aportar "una serie de documentos que podrían configurar prueba suficiente, junto a la que ya consta en las diligencias, para no dudar en entrar a continuar con la instrucción de las DP 1703/2005, puesto que se trata de justificantes de pagos en B de la mercantil beneficiada con la ausencia de procedimiento y, por consiguiente, de la adjudicación de los más de ocho millones de euros para la terminación del Teatro-Auditorio de Roquetas. Se trata de documentos similares a los que han aparecido recientemente en la prensa, concretamente en el periódico El País, rotativo de reconocido prestigio y líder en tirada nacional. Sin embargo los documentos que se acompañan al presente escrito aún no han visto la luz pública, sin bien se encuentran incluidos en el conjunto de documentación que la Fiscalía del TSJA tiene en su poder sobre este y sobre otros asuntos de interés y por los que inició una investigación que aún se encuentra en curso".
Tras aclarar que la obra de referencia, el Teatro Auditorio, tiene el número 338 de las ejecutadas por HALSA, se relacionan un total de catorce documentos, la mayoría recibos de pago por "Caja B", supuestamente a funcionarios y políticos con cargo a la obra referenciada con el "número 338" de las de Hispano Almería.
Llama poderosamente la atención los recibos que apuntan al técnico del Ayuntamiento Javier Macías como posible receptor de importantes cantidades: 42.000, 84.000,42.000 y 63.100. Miles de euros cargados todos ellos a la cuenta 338, la adjudicada al Teatro Auditorio. Se solicita también que "debiera confirmarse que el Sr Macías era en aquel momento técnico municipal" del ayuntamiento de Roquetas.
También se aportan cuatro documentos, cuatro recibos de HALSA, de 25 millones de pesetas cada uno, cien millones en total "a destinatarios desconocidos y que solo la instrucción del caso podría determinar si se trata de políticos del equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar o al propio partido al que pertenecen, es decir, al Partido Popular de Roquetas, extremo este que solo una instrucción del caso podría aclarar". En los recibos se puede leer la leyenda "Pol" que "según la información de la que dispone esta parte, podría referirse a políticos".
También se incorporan recibos por valor de 120.000 euros, "una vez efectuada la modificación del proyecto para su terminación" donde puede leerse "POL 1ª entrega Modif O/338".
Otro recibo por valor de  un millón doscientas mil pesetas en concepto de "honorarios por la redacción del proyecto de seguridad e higiene del Teatro-Auditorio. "Incluye el documento el nombre de ´Manuel B´ en el apartado de concepto, cuestión que la instrucción del caso debería aclarar a quien corresponde tal cita".
En las alegaciones presentadas se recurre a hechos probados en la vía administrativa, como la declaración del arquitecto Morales Carrillo - actualmente máximo responsable ejecutivo de Hispano Almería-, para intentar demostrar que desde muy al principio todos sabían que la obra en ejecución "ya se sabía que había que introducir en el proyecto inicial las modificaciones que se aprobaron posteriormente en el acuerdo declarado ilegal y cuando la obra estaba casi terminada".

Dos vías y una Jueza

Se abre un nuevo compás de espera judicial en el escandaloso asunto del Teatro-Auditorio de Roquetas que lleva ocho años deambulando por diversos despachos judiciales almerienses. Algunas estimaciones publicadas apuntan, además del sobrecoste del 120% sobre el proyecto inicial, al supuesto pago en comisiones en dinero negro que ascendería a casi los 173.000.000 de pesetas, un millón treinta y nueve mil seiscientos veinticuatro euros.
A la titular del Juzgado Nº 3 de Roquetas se le abren dos vías concretas a partir de esta semana. Por un lado aceptar la reapertura del sumario y, por otra, echar nuevamente fuera de su área el balón de tan peliagudo asunto que afecta directamente al político más poderoso de Almería y alcalde de Roquetas. En ambos casos, Su Señoría, será consciente de que la opinión pública estará expectante ante la iniciativa que adopte. Sea cual sea.

KAFKA EN EL PROCESO "TRES REYES"

La aparición hace unos días de un correo electrónico, remitido por uno de los tres empresarios denunciantes en el contexto de la denominada "Operación Tres Reyes" en Almería, ha puesto nuevamente sobre el tapete judicial la singular y "kafkiana" instrucción seguida en este caso en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almería, cuya titular es la jueza Alejandra Dodero Martínez.

En el mensaje, firmado por el empresario Antonio Subiela Hernández el miércoles 10 de julio de 2013 y remitido a la empresa Valma Inversiones, puede leerse entre otras cosas lo siguiente:

" En el folio nº 43 se dice, tal y como te comenté, que fueron los Agentes judiciales (Guardia Civil) quienes se pusieron en contacto con nosotros al ver las amenazas que nos hacían en las grabaciones de los que estaban investigando".

Entre los investigados por la Guardia Civil -siete personas imputadas en total-  figura el ex Jefe de la Abogacía del Estado en Almería, Demetrio Carmona del Barco, cesado en el cargo coincidiendo con las primeras pesquisas de la Benemérita entorno a este complejo y enrevesado asunto.

Una operación que arrancó con el intento de compraventa de miles de millones de antiguos dinares iraquíes en poder de un empresario de El Ejido llamado Manuel Rodríguez Lozano, quien, como todos los protagonistas lugareños de esta historia, creyó que estaba negociando con agentes del CNI, a los que acabó denunciando ante la Guardia Civil por amenazas y chantajes.

Al margen del asunto de los dinares, Carmona y su familia venían manteniendo un largo litigio judicial de reclamación de importantes cantidades dinerarias -"cientos de miles de euros"- al empresario Subiela que se encuentra por ello "imputado por un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por mor de una querella criminal interpuesta por la familia Carmona". Un intermediario, José Abad, presentado por el "grupo del CNI" a Carmona, recibió el encargo de negociar con las familias Subiela y también con los Berruezo deudas contraídas con los Carmona con antelación.

Denuncia "inducida"

La aparición de este correo electrónico, aportado esta misma semana en un escrito de proposición de prueba ante la instructora, según el letrado de la defensa supone la confirmación de que la denuncia de Subiela se habría producido "de forma inducida" por parte de la fuerza actuante. Ello vendría a confirmar la tesis, reiteradamente sostenida por el letrado defensor, de que su cliente Demetrio Carmona y otros, habrían sido victimas de un montaje sobre el que parece que la instructora no ha creído necesario, de momento, profundizar en la fase de instrucción en aras a buscar la verdad y las motivaciones reales que parecen que siguen ocultas tras el desarrollo y la investigación de esta causa.

La lenta historia procesal de estos meses viene a confirmar las reiteradas denuncias de algunos de los imputados sobre una indefensión jurídica frente al proceso. Entre otras cosas porque ante la Jueza del caso declararon en su día los denunciantes sin la presencia de los abogados defensores; también los denunciados pero sin estar presente la representante del Ministerio Fiscal.

Así el 18 de junio presentaron un escrito de sobreseimiento donde se adjuntaron dieciséis documentos que servirían para desmontar la mayoría de las acusaciones. "Al día de la fecha, dicho escrito y documentación adjunta, ninguna consideración - resolutoria o no- ha merecido por este juzgado" se alega en el escrito de esta semana.

Con fecha 27 de septiembre pasado fue dictado Auto por la instructora por el que se acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del Procedimiento  Abreviado, dando carpetazo final a la instrucción sin que, sorprendentemente, a la defensa de los imputados se les haya permitido ejercer sus derechos. La Jueza considera entonces que no es menester la práctica de actividad probatoria adicional a la realizada.

El 7 de octubre la defensa del Abogado del Estado y otros presentó el pertinente Recurso de Reforma contra dicho Auto del que tampoco se ha obtenido respuesta por parte de la Jueza. Entendían, entre otras cosas, que la fase de instrucción no estaba concluida en tanto no se han atendido las reiteradas peticiones de pruebas planteadas. "Y es que parece haber olvidado la instructora, respecto a la instrucción, el carácter esencial que tiene para la suerte ulterior del proceso, la ineludible investigación de la notitia criminis durante esa etapa donde, como manda la L.E.Crim, deberán consignarse y apreciarse las circunstancias adversas como favorables al presunto reo".

La defensa en su nuevo escrito solicitando la realización de nuevas pruebas repara especialmente en unos párrafos de la instrucción policial que vendrían a demostrar, junto al nuevo correo electrónico aportado, la posible inducción de la Guardia Civil a presentar denuncia contra los imputados.

Dice el informe de la G.C.: "habiendo observado reiteradas y continuadas amenazas que estaba sufriendo Antonio Subiela (...) le citan... para preguntarle si actualmente está intentando ser obligado a realizar algún acto contra su voluntad..."

Argumenta la defensa que la Guardia Civil partiendo de un presunto delito que les parece indubitado a los investigadores van y le preguntan al Sr Subiela, "que si se está sintiendo amenazado por el negociador designado por la familia Carmona y Vargas. De nuevo kafkiano" se concluye.

"Es la Guardia Civil, afirma más adelante en su escrito la defensa, quien alumbra, induce y, más aún, provoca la denuncia, generando en el presuntamente perjudicado la expectativa de saldar sus deudas con la familia Carmona -principalmente- por la vía penal. (...) Este (Subiela) pudo ver y vio la magnífica oportunidad que le brindaban: eliminar vía penal al Sr Carmona del Barco, creando una apariencia de legalidad en el actuar precedente del Sr Subiela que la documentación aportada por esta parte - y obviada por la instructora- acredita ser absolutamente falaz".

Junto a este nuevo documento presentado, nuevamente la defensa eleva al Juzgado otros que demostrarían la inexistencia de graves amenazas o coacciones telefónicas y donde puede leerse correspondencia con otros denunciantes, concretamente la familia Berruezo, en tono de cordialidad en un normal intercambio de documentación en aras a saldar las diferencias económicas existentes entorno a la empresa Caber, negociaciones y conversaciones no exentas, cierto, de tensión y que dieron pie a parte del grueso de las imputaciones de este sumario.

Entre las acusaciones que pesan sobre los imputados figuran la de pertenencia a grupo criminal, extorsión, usurpación de funciones públicas y falsedad.

(La única novedad que se detecta por parte de la Jueza respecto de las acusaciones iniciales de la Guardia Civil, aplicado a Demetrio Carmona y sus socios almerienses, es que les considera miembros de una "unión temporal" en un grupo criminal).

Por estas razones y otras expuestas por la defensa, amparadas en abundante jurisprudencia, nuevamente se reiteran en la solicitud de una serie de pruebas que hasta ahora les han sido negadas por la instructora en este procedimiento, donde se quejan de estar violentándose el derecho de defensa "por la exasperante inactividad instructora"; por cierto, llama poderosamente la atención la escasa actividad del Ministerio Fiscal hasta ahora en este procedimiento.

Solicitud de pruebas

Se plantean, por tanto, una serie de pruebas/declaraciones que se consideran fundamentales para esclarecer la verdad defendida por la defensa de Demetrio Carmona, del también abogado Rogelio Vargas y del empresario Ángel Morales.

Destaca en primer lugar la petición de declaración del Sargento Jefe del equipo investigador, al que algunas informaciones periodísticas de este verano, a través del diario El Mundo, situaban en el entorno familiar - posiblemente concuñado- de uno de los denunciantes; también se solicita declaración de los denunciantes, los empresarios Estanislao Buerruezo García, Manuel Rodríguez Lozano y Antonio Subiela Hernández.

Se pide así mismo que sea llamado a declarar el empresario de Guadalajara Miguel Narváez Gandarias,  al objeto de aclarar la intervención en este proceso del imputado Ignacio Francisco Flores Bernabeu, detenido y puesto en libertad inmediatamente tras abonar una fianza de solo 6000 euros. A Flores Bernabeu, oriundo de Mojácar, que se presentaba como agente colaborador del CNI, mano derecha del supuesto capitán imputado José Antonio Mateo Acedo, con relaciones de amistad familiar con alguno de los denunciantes según se evidencia en el sumario, la mayoría de los imputados le consideran el posible urdidor de gran parte de la trama que desembocó en la denominada "Operación Tres Reyes".

También solicitan que comparezca en declaración, entre otros, Juan Manuel Reyes Lozano, director de la Autoridad Portuaria de Almería, familiar de uno de los denunciantes, Manuel Rodríguez Lozano, a través del que Demetrio Carmona alerta con antelación de las "situaciones anómalas" que había detectado en el comportamiento del "grupo del CNI" que pretendían "comprar" el cargamento de dinares iraquíes propiedad del empresario Rodríguez Lozano. Un testimonio que demostraría que Carmona habría actuado de buena fe, resultando también engañado por el supuesto capitán del CNI y sus ayudantes.

La defensa, finalmente, vuelve a insistir en la petición de que les sean devueltos los teléfonos móviles intervenidos tras las detenciones practicadas en el mes de abril y que aún permanecen custodiados en la sede judicial.

Pena de banquillo

La incógnita, nuevamente, radica en saber si esta vez la Jueza Dodero Martínez responderá a lo que solicita la defensa de estos tres imputados con gran dureza jurídica en términos de defensa. Aunque lo sucedido hasta ahora en esta extraña instrucción no invita a pensar en un cambio de criterio de la Instructora. 

Visto desde la perspectiva de la opinión pública, desde luego, muchas sombras siguen sobrevolando el caso "Tres Reyes" como para que la Justicia dé carpetazo sin intentar buscar la verdad necesaria para unos ciudadanos que tienen derecho a una tutela judicial efectiva. También para que no quede sombra de duda sobre la actuación de un cuerpo, la Guardia Civil,  reconocida y prestigiada a diario en toda España por la pulcritud de sus trabajos de investigación judicial. Y desde luego con luz y taquígrafos, con la representante del Ministerio Fiscal velando para que se cumpla con la estricta legalidad, algo que la defensa viene poniendo en cuestión desde hace meses sin que ni siquiera se responda a sus recursos.

Todo ello sin olvidar que un caso como este, sobre el que no existe aún sentencia judicial, ya ha supuesto la pena de banquillo, especialmente para el que fuera durante 25 años Jefe de la Abogacía del Estado en Almería.  El asunto, tal y como recoge la defensa en uno de sus escritos, ha merecido en estos meses titulares de la prensa local como estos: "La juez interroga a Demetrio Carmona por extorsión y asociación ilícita" o este otro "Más detenidos en Almería por la estafa del Abogado del Estado".

Precisamente fueron las noticias publicadas en  la prensa local al respecto de este asunto las que, según la Directora General de los Abogados del Estado, Marta Silva Lapuerta (hija del ex ministro franquista Federico Silva Muñoz y sobrina de Álvaro Lapuerta ex tesorero del PP) las que, además de su cese a finales de enero, motivaron la apertura de un expediente disciplinario a Demetrio Carmona porque "es posible que constituyan, en atención entre otros criterios al descrédito que para la imagen de la Administración Pública suponen, una infracción disciplinaria de las tipificadas como tal en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público."

Y esta orden se dicta justo un día después de la detención del Abogado del Estado, el 19 de abril, y la firma la Sra. Silva Lapuerta, destacada colaboradora del ministro de Justicia Ruiz Gallardón, la misma jurista que tiempo atrás formó parte del Consejo de Administración de Sacyr, empresa actualmente investigada desde la Audiencia Nacional por pagar supuestas comisiones al PP, a raíz de la documentación aportada por el también ex tesorero del partido Luis Bárcenas.

CASO PP-HALSA: LA ´BOMBA´ QUE NO ESTALLÓ EN PALOMARES

(La narración de esta historia de actualidad está dedicada a mi compañera periodista de El Ejido, Eva Liria Rubio. Vicepresidenta de AMAyT, veterana luchadora contra la corrupción en Almería que destapó la ´Operación Poniente´ y represaliada laboral y profesionalmente a instancias de quienes hoy están en la lupa de la Justicia bajo la sospecha de hacer trampas a la Ley y a la Democracia. Va por ti Evita... y por algunos más).

El miércoles día 23 de octubre pasado el cielo de Granada presentaba un tono grisáceo hasta bien entrada la tarde en que aparecieron los primeros rayos de sol en Plaza Nueva. El reloj de la Real Chancillería, sede del TSJA y de la Fiscalía Superior de Andalucía, juega con ventaja porque corre adelantado. Su carillón anuncia sonoramente el tiempo tres minutos antes de la hora oficial. Cuando marca las 13,45 ( realmente las13,42 ) una mujer joven y un hombre cincuentón, realizan una comparecencia en la secretaría particular del Fiscal Superior de Andalucía. Junto a una carpeta con documentos en papel -un centenar de hojas aproximadamente- entregan una memoria USB de color azul oscuro de gran capacidad, que es introducida en un sobre amarillento y sellado por la funcionaria que les atiende. Ambos firman un documento de 25 líneas en cuyo encabezamiento puede leerse: “A la Fiscalía Superior de Andalucía”.

Tras la firma de ambos a pié de texto, se estampan dos sellos de caucho con tinta azul. Uno con la fecha del registro de entrada, 23 de octubre de 2013, y el otro donde se lee “Es Copia”.

En cinco puntos los comparecientes hacen constar la documentación – “mediante papel y soporte informático”- que se entrega y que acompaña el escrito.

“1.- Recibos emitidos por la empresa Hispano Almería correspondientes a pagos en “B” a miembros del Partido Popular en la provincia de Almería cuyo objeto, inicialmente y entre otros, es el de la financiación de campañas electorales.

2.-Extracto de la contabilidad de la empresa Hispano Almería correspondiente a los periodos de agosto de 2011 a enero de 2012, como una primera muestra de lo que aquí denunciamos.

3.-Notas simples, Prestamos Hipotecarios, documentos mercantiles, contables, societarios etc y en general correspondientes a la empresa Hispano Almería así como otras que pertenecen a los propietarios de la misma, los Sres. D. Miguel Ángel Morales Duarte y don Miguel Ángel Morales Carrillo (padre e hijo).

4.- Relación de Obras contratadas en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

5.-Relación del total de las obras que la empresa/s, el grupo, han realizado desde el inicio de sus actividades”.

Se indica al final del texto de la comparecencia que querían dejar constancia que “la documentación nos ha sido facilitada por una persona que, por el momento, requiere mantener su anonimato, pero que a requerimiento de esa Fiscalía, y si puede considerársele como ´testigo protegido´ estaría dispuesta a aportar muchísima más documentación que serviría para un mayor y mejor entendimiento y esclarecimiento de los hechos origen de la presente”.

La última frase del breve escrito justificaba el motivo por el que los comparecientes se personaban en la sede de la Fiscalía Superior de Andalucía en Granada y no en la de Almería:

“Que en los documentos que nos ha sido aportados, de ellos, se desprende la posible implicación de personas aforadas. Lo que ponemos en su conocimiento y a los efectos que procedan”.

Firman dicho documento Carolina Gutiérrez Marín, como presidenta  de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia y Luis Montoya Palencia, en nombre propio y como colaborador de dicha asociación cuyo acrónimo es AMAyT.

Tercera visita a Fiscalía.

No era la primera vez que representantes de esta asociación, nacida públicamente el 9 de enero pasado en Almería, impulsada desde la sociedad civil y al margen de las formaciones políticas, comparecían con el mismo propósito ante la Fiscalía del TSJA en Granada.

Lo hicieron la primera vez con una denuncia sobre las actividades mercantiles de los últimos años del alcalde de Roquetas, Gabriel Amat Ayllón, que daría pie a una “extensa y amplia investigación” que siguió su curso, según confirmó en su día, por escrito, al denunciado y a los denunciantes la propia Fiscalía. Todo ello sirvió finalmente para ampliar un procedimiento en marcha desde hacía muchísimo tiempo en un juzgado de Roquetas por el denominado "Caso La Fabriquilla". Entre los imputados en ese sumario ya se encuentra el ex concejal de Urbanismo de Roquetas  José María González, amigo y mano derecha durante años de Gabriel Amat -también personado en la causa- en las cuestiones urbanísticas del término municipal.

Tiempo después presentaron otra extensa y documentada denuncia sobre la supuesta manipulación y falsificación de facturas que afectan a los presupuestos de la Diputación Provincial de Almería, donde se habrían abonado entorno a los 800 mil euros, fundamentalmente pagos en concepto de publicidad institucional a diversos medios de un determinado grupo de comunicación por parte del actual equipo de gobierno presidido por Amat, también con un aforado de por medio.

Llegaba este escándalo a cuenta de un posible reconocimiento irregular de deuda, casi al mismo tiempo que se judicializaba otra denuncia, en este caso presentada por el PP, por facturas falsas en el Patronato de Turismo, contra los anteriores gestores socialistas. El juez almeriense Luis Durbán, que ordenó de inmediato numerosas imputaciones e incluso medidas de prisión preventiva, pegó un gran acelerón inicial a la instrucción, obligando todo ello a abandonar el PSOE al ex vicepresidente socialista de la Diputación Luis Pérez Montoya.

La puesta en marcha de este procedimiento coincidió en el tiempo con la reactivación de un largo proceso judicial del denominado "Caso Auditorio" contra el Ayuntamiento de Roquetas y su alcalde Gabriel Amat por parte del PSOE. Algunos entendieron que fue una respuesta - "venganza" se oyó entonces- del PP tras un año en el gobierno provincial, con  gran éxito judicial como se pudo comprobar con la acelerada instrucción del juez Durbán. Una millonaria obra donde, según denunciaron los socialistas, se habría gastado el Ayuntamiento de Roquetas el doble de lo presupuestado inicialmente. Ocho millones de euros por encima de lo previsto, sin concurso y adjudicado a dedo a quienes la ejecutaron, HALSA como constructora principal. El dirigente regional socialista, Mario Jiménez, se plantó entonces en Almería siendo muy duro y contundente en sus acusaciones públicas de presunta corrupción contra Amat y el PP. Aquel asunto, pasados los meses, quedaría como tantos otros, arrumbado en la lentitud enmarañada de ciertos procesos judiciales almerienses que rozan a determinadas castas políticas.

Lo cierto y verdad es que, desde aquella primera andanada del PSOE ante el enorme gasto producido en el Teatro Auditorio de Roquetas y la respuesta del PP denunciándolos posteriormente en la Fiscalía de Almería, los socialistas no volvieron a realizar denuncia alguna contra la presunta corrupción del adversario. De alguna manera, los ciudadanos volvían a reencontrarse en Almería con un viejo y conocido escenario de no agresión entre las dos principales formaciones políticas de la provincia. Una situación que a muchos recordaba bastante la que durante una década larga habían mantenido Martín Soler como SG del PSOE y Gabriel Amat presidente del PP, aunque entonces el PSOE estaba ya liderado desde hacía meses por un joven político oriundo de Chirivel, José Luis Sánchez Teruel apadrinado ante Pepe Griñán para el cargo por la ex presidenta del Parlamento Fuensanta Coves Botella. “A mí nadie me marca la agenda política” suele responder para justificar su tibieza contra el PP Teruel, mientras que en Sevilla los populares lograban que la jueza Mercedes Alaya acabase apuntando la imputación de sus jefes Chaves y Griñán en el caso Eres.

El PSOE en ese tiempo no solo no entraba en el cuerpo a cuerpo de las denuncias contra el hegemónico PP almeriense, sino que llegaba a pactar con ellos el reparto de puestos en la dirección de la ADR Alpujarra; un entramado político y económico donde también han sido detectadas graves irregularidades económicas protagonizadas fundamentalmente por cuadros de confianza socialistas, asunto que AMAyT estudia elevar próximamente a Fiscalía.

En este contexto político pasaron las semanas y los meses sin grandes alteraciones en esta especie de reino de la ´omertá´ en el que, los dirigentes provinciales del PP y del PSOE, habían convertido nuevamente el escenario político provincial. Los socialistas estuvieron más preocupados por el relevo en el PSOE-A y la Junta. Los populares atentos al terremoto generado por los papeles de Bárcenas.

Solo en primavera, una extraña operación de acoso y derribo del Jefe de la Abogacía del Estado en Almería, Demetrio Carmona del Barco, alteró en abril el tranquilo panorama al desvelarse extrañas maniobras políticas desde el PP que darían cobertura y respaldo a empresarios denunciantes con un amplio historial delictivo y judicial. Lógicamente ningún partido se interesó por las entretelas del caso – "OperaciónTres Reyes"- donde se mezclarían denuncias en despachos oficiales sobre corrupción, supuestos agentes del CNI, millones de dinares iraquíes en venta en El Ejido, supuestas presiones para cobrar deudas y una instrucción de la Guardia Civil almeriense sobre la que siguen pesando muchas dudas e incógnitas por parte de la defensa del Abogado del Estado y otros imputados.

AMAyT, una válvula

Mientras la vida política almeriense seguía por sus habituales cauces de armonía y buen rollito, la sociedad civil empezó a encontrar una válvula de escape en aquella asociación creada a principios de este año contra la corrupción política e institucional y de la que solo sabían los ciudadanos por blogs y redes sociales, ya que el acceso a los medios convencionales locales les resultó una misión casi imposible, un muro infranqueable. El diario Ideal, en su edición de Almería, fue el único que se hizo eco generoso de sus escasas pero contundentes actividades y denuncias. Otros desmentían, sin firma, noticias que luego confirmaban los fiscales. Los mensajes a AMAyT, desde el anonimato ciudadano, empezaron a fluir y a aumentar con el paso de los meses. Mucha gente quería contar desmanes y corruptelas con los bienes públicos en la provincia por parte de la clase dirigente. No daban abasto, cuentan, en separar el grano de la paja.

En pleno verano, el 28 de julio a las 20,40 horas, en el buzón de Facebook de AMAyT, se recibe un críptico mensaje que, entre tantos recibidos, les pasó desapercibido.

-“Buenas tardes: Necesito ponerme en contacto con vosotros si sois tan amables y me hacéis llegar una dirección de correo o teléfono. Os lo agradecería, un saludo”.

Al no recibir respuesta, el 22 de agosto a las 9,53 de la mañana, vuelve a escribir otro:

"Buenos días, me gustaría ponerme en contacto con vosotros. No sé donde tenéis las oficinas o bien a quién me puedo dirigir. Es un tema tela (sic) opinado con corrupción".

El comunicante tampoco recibe respuesta, pero vuelve a la carga tiempo después, el 15 de octubre a las 13,37 de la tarde:

-"No logro ponerme en contacto con vosotros, ruego os pongáis en contacto conmigo. Tengo una información y prescribe y necesito asesoramiento".

A la tercera fue la vencida. La Presidenta de AMAyT va y le responde dos días después, el 17 de octubre a las 6,46 de la mañana:

"Perdona xxxxx, se nos traspapelan los mensajes entre tantos, discúlpanos por favor. Soy Carolina, presidenta de Amayt, te doy mi teléfono para que me llames y hablamos del tema"

El consejero de Almería.

A vueltas de las vacaciones en la capital más oriental de Andalucía solo se hablaba del inminente gobierno que debería formar la nueva presidenta de la Junta Susana Díaz. En Almería se había activado una especie de campaña mediática, social y política en favor del nombramiento de un almeriense para una Consejería en el nuevo ejecutivo de la presidenta. Amplios sectores llegaron a estar plenamente convencidos de que el Secretario General del partido en la provincia, José Luis Sánchez Teruel, sería nombrado para el puesto. Incluso se afinaba al máximo y se postulaba al político oriundo de Chirivel para el puesto de Consejero de Agricultura, departamento que conocía desde que, en 2008, fue nombrado Director General por el entonces consejero almeriense Martín Soler, su primer padrino político.

El nombramiento del "consejero de Almería" no se produjo y quienes lo habían jaleado y propugnado, dándolo como “hecho”, se revolvieron duramente contra Susana Díaz y contra el PSOE-A. Declaraciones y columnas de opinión que pusieron a caldo a la presidenta. Más de lo mismo con Almería, marginación y olvido, decían. En esa monumental revuelta de desgaste no faltó incluso la crítica acerada de algunos dirigentes populares como la parlamentaria Rosario Soto, acusando a Susana Díaz de marginar y despreciar, una vez más, a Almería desde Sevilla.

El País investiga.

Arrancado el mes de octubre un periodista de la delegación andaluza del diario El País, Javier Martín-Arroyo, llega a Almería y comienza a mantener entrevistas con diversas personas. Nadie sabe muy bien que lleva entre manos quien se ha destacado en el periódico del Grupo Prisa por unas excelentes y elaboradas crónicas periodísticas sobre el Caso Eres. Sus interlocutores almerienses y sus preguntas a unos y otros acaban dando pista de que Martín-Arroyo, junto a la corresponsal en Almería, Marta Soler, están investigando “algo entorno a adjudicaciones de obras” por parte de instituciones almerienses. Algunos suponen que tanto las gobernadas por el PP como por el PSOE. La cautela de los periodistas es más que evidente en sus movimientos. Saben el terreno que pisan.

La presidenta de AMAyT, Carolina Gutiérrez y quiénes le ayudan en la oenegé, son también contactados.  Casi al mismo tiempo reciben el tercer mensaje del "topo" y toman contacto con el desconocido remitente al que han facilitado el teléfono de la asociación anti corrupción.

Paralelamente, el periodista de El País, sigue amarrando datos, contrastando opiniones y recogiendo declaraciones de todos los protagonistas de su trabajo de investigación. Desde luego un trabajo riguroso y profesionalmente impecable. A los pocos días, semanas, el run run por Almería se hace insistente y es vox populi que el diario de mayor tirada de España está trabajando en algún asunto relacionado con Almería, algo que inquieta a casi todos, especialmente a quienes más poder detentan porque esta vez no controlan, como suelen, la información que publican algunos medios. Tras el trabajo de campo periodístico comienza el realizado desde la propia redacción en Sevilla. Un puzzle muy complejo, desde luego. Avanzado el mes de octubre AMAyT acuerda un encuentro "de trabajo" con el misterioso contacto que les confirma haber hablado también con el periodista de Prisa y les dice haber visto papeles muy importantes en su poder. Les hace entrega de abundante documentación en soporte informático, “cerca de nueve o diez mil páginas con información, prácticamente toda la contabilidad “B” de la empresa Hispano Almería” aseguran. Los miembros de la asociación, conocedores de la tela de araña almeriense, rápidamente se dan cuenta de la importancia y trascendencia que puede tener para la Justicia el material del que son conocedores y poseedores.

Lo analizan y comprueban, entre otras cosas, la existencia de una gran colección de "recibos" que contienen supuestos pagos a cargos y cuadros del PP para campañas electorales y, también, a algún socialista como el histórico portavoz del PSOE en Roquetas, parece que para un concurso de misses. También analizan la contabilidad de la empresa con anotaciones a mano donde se menciona expresamente a personas, entre ellas al actual alcalde de Almería y Senador del PP Luis Rogelio Rodríguez Comendador al que le habrían hecho un arreglo en un ático de su propiedad del que, según El País, no dispone de facturas porque pagó "en efectivo". Especialmente llamativos les resultan los denominados  "Modelo 347" de la Agencia Tributaria, los que reflejan la declaración anual de operaciones con terceras personas de la empresa. Allí aparecen sociedades de las que el Registro Mercantil revelan apellidos vinculados familiarmente a políticos del PP, Amat entre ellos. Los montantes son importantes, en algún caso supera el medio millón de euros - exactamente 664.049,20 en una del ejercicio 2010- o los 56.501, 28 Euros  en 2009 a un despacho de abogados con el apellido de un conocido político del PP de Almería, actual cargo público en el Ayuntamiento por más señas.

Medios de comunicación y Papá Noel

En el listado se reflejan también facturas a medios de comunicación y agencias de publicidad, especialmente una que suele trabajar para las instituciones gobernadas por el PP y en sus campañas electorales. En el contacto mantenido con quien les entrega la documentación, "el topo" les explica el significado de muchas facturas y claves manuscritas. Creen que muchos de esos documentos mercantiles podrían ser facturas falsas. Y recuerda que en la Audiencia Nacional existe un procedimiento precisamente relacionado con este tipo de fraudes, con la empresa HALSA de por medio. Entre los papeles sorprenden unos listados muy curiosos y llamativos, a mano, como son los regalos que la empresa realizaba a gente Vip para celebrar la Navidad. Caros y valiosos obsequios de joyería que se habrían distribuido en función del poder y los cargos del obsequiado. A más poder, más valor el paquete de Papa Noel y más regalos. Casi doce mil euros en regalos habrían llegado en estos años al domicilio del alcalde de Roquetas, presidente de la Diputación y del PP.

Según explican los responsables de AMAyT  "llegamos al convencimiento de que habíamos obtenido la confirmación documental de muchas sospechas, las que podrían confirmar como ciertos políticos aparentemente se peleaban en el escenario, pero entre bambalinas se repartían el dinero de todos".

Una breve comunicación telefónica con la Fiscalía Superior en Granada bastó para que, el 23 de octubre, les diesen cita para depositar dicha documentación en manos del Ministerio Público. Cinco días después, el lunes 28, el diario El País, en su edición nacional, empezaba a contar con pelos y señales, recibos incluidos, una historia que muchos creían saber en Almería, que callaban y que, desde luego, nunca denunciaron.

Hasta aquí la historia, a grandes rasgos, sobre como se ha activado una bomba informativa de incalculables consecuencias políticas. Alguno llegó a compararla, salvando tiempo y distancias, con las atómicas de Palomares, que no causaron muertes pero sí mucha contaminación. Claro que en este caso la situación es la contraria, primero la contaminación y, ahora, la explosión en términos políticos y posiblemente judiciales. Todo ello mano a mano entre la sociedad civil y unos periodistas que han cumplido con su trabajo y deber: contar aquello que molesta y oculta el poder, porque no quieren que se sepa.

Primeras reacciones.

Las reacciones a la explosión periodística han sido las esperadas. La empresa HALSA ha acusado a dos ex empleados despedidos de haberles "robado" la documentación; ex empleados a los que ya habrían denunciado según han dicho ahora en su defensa. (Por cierto, parece ninguno ha recibido en este tiempo citación de ningún tipo). Han desmentido que hayan sobornado a políticos y han llegado a decir que sus documentos han sido manipulados. Se basan, por ejemplo, en un recibo supuestamente para la campaña del PP de Níjar en 2008 que, en letra, pone "veinticinco" y en números "25.000 Euros". De ser cierta la manipulación, dejo a criterio del lector la opinión sobre tan generoso donativo de 25 euros para una campaña electoral que, como máximo, daría para una ronda de cervezas y sin tapas para los que pegaban la cartelería.

Pero el dueño de HALSA ha ido más allá a la hora de justificar la pulcritud de su contabilidad, por supuesto negando pagos al PP, al recordar que el Auditor oficial de sus cuentas es el "hermano del Secretario General del PSOE" de Almería, Pedro Sánchez Teruel.

A nivel mediático, una vez más con la muy digna excepción del diario Ideal, el eco del escándalo se ha centrado fundamentalmente en darle voz a la empresa afectada y a las escasas declaraciones de los políticos señalados para defenderse. Ha resultado curioso comprobar como lectores, oyentes o televidentes sabían de unas reacciones a la defensiva sin haber tenido antes noticia de las graves acusaciones publicadas.

IU

En el ámbito político se ha destacado IU de Almería, históricamente inflexible y en una clara posición contra la corrupción, la primera fuerza política en pedir en rueda de prensa a las pocas horas de las primeras informaciones de El País - con la coordinadora provincial Rosalía Martín y el portavoz en Roquetas y Diputación Juan Pablo Yakubiuk- la dimisión de Gabriel Amat, al tiempo que ponían el asunto en manos de sus abogados personados en el ´Caso Gürtel´ en Madrid al coincidir, dijeron, en el modus operandi.

PSOE

En el PSOE ha quedado en evidencia la contundencia, una vez más, de Mario Jiménez desde Sevilla frente a la de su SG en Almería José Luis Sánchez Teruel. Este ultimo hiló muy fino en una nota pública donde le exigía a Amat que explicase si había "recibido dinero de empresas", en plural, sin mencionar en ningún momento en la nota a la empresa en cuestión, Hispano Almería, para la que ha trabajado su hermano como Auditor de cuentas.

Teruel sí que se refirió a HALSA semanas antes de estallar el escándalo, al recordar en una polémica pública en las redes sociales con el colaborador de AMAyT, Luis Montoya, que  HALSA no solo trabajaba para ayuntamientos del PP, también para ayuntamientos del PSOE "como por ejemplo Vícar donde ha ejecutado el Palacio de los Deportes o gran parte de su bulevar, también antes de estar yo en cargo alguno en el Psoe", escribió el máximo dirigente del socialismo provincial.

Un texto y un señalamiento hacia Antonio Bonilla, alcalde socialista de Vícar, que no ha gustado ni a destacados militantes de Almería ni a la dirección regional del PSOE en Sevilla, donde ha causado malestar, además, el que no tuviesen noticia suficiente de la estrecha vinculación de su hermano Pedro Sánchez Teruel con la contabilidad de HALSA.

Mario Jiménez se tiró nuevamente en plancha contra el PP y llegó a anunciar la posible personación de su partido en el supuesto de que se judicialice este caso que parece, dijo, de financiación ilegal del PP, preguntándose si sus dirigentes también recibían sobres de dinero negro como los que entregaba el tesorero Luis Bárcenas en Génova 13. Jimenez ha anunciado hoy en Granada que pedirán comisiones de investigación en los municipios afectados.

PP

Desde luego el PSOE ha recibido serios impactos en este estallido, pero los mayores daños políticos han afectado especialmente al mismísimo corazón del PP de Almería, cuyo líder espiritual es el democristiano Javier Arenas Bocanegra. En dos legislaturas consecutivas el ex presidente regional de los  populares decidió encabezar la lista de su partido por aquella provincia. Un gesto que fue interpretado como el acercamiento  de un político sevillano a la eternamente marginada Almería. De hecho, gracias a Arenas, Mariano Rajoy hizo excepciones acudiendo a actos de partido donde piropeó hasta la saciedad públicamente al presidente Gabriel Amat. Casi de la misma forma que años antes el propio Arenas alababa la figura del alcalde de El Ejido Juan Enciso - "el mejor alcalde de España"- antes de que este ingresase en prisión a consecuencia de la Operación Poniente, un sumario que lleva más de cuatro años instruyéndose en un juzgado de Almería con casi 70 imputados, en relación con la empresa semi pública ElSur que acaba de despedir en un Ere a 120 trabajadores, todo ello bajo la presidencia del actual alcalde popular Francisco Góngora.

Rajoy y la plana mayor del PP  parece que se sentían muy cómodos en la plaza, tanto que no tuvo empacho el hoy presidente del Gobierno en firmar en el libro de oro del Gran Hotel Almería junto a su dueño, el empresario Miguel Rifá, socio de la familia de Amat, sometido desde hace año y medio a una importante investigación judicial, acusado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de ser supuesto autor de graves delitos económicos como alzamiento de bienes, estafa, crimen organizado, evasión de capitales y delitos contra la Hacienda pública entre otros. Otro sumario instruido en Almería y del que tampoco se ha sabido nada informativamente hablando hasta la fecha.

En este contexto político, la salida a la luz de los papeles de la contabilidad "b" de HALSA, ha supuesto un auténtico mazazo para la estructura directiva provincial de los populares.

La respuesta del partido se ha basado en esta ocasión en el conocido manual utilizado en primera instancia para defenderse del huracán Bárcenas. Negarlo todo y, además, amenazar con querellas no solo al diario El País, también a cualquier medio que se hiciese eco de sus informaciones. Siempre a través de comunicados, sin comparecencias públicas.

A nivel regional ha sorprendido también el silencio estos días del presidente Juan Ignacio Zoido. Una actitud que se interpreta de cautela y meditada prudencia dado que la explosión se ha producido en el distrito político de su predecesor Javier Arenas. Solo la Delegada del Gobierno, Mari Carmen Crespo, ex alcaldesa de Adra, se ha lanzado a poner la mano en el fuego por Gabriel Amat y lo hacía un día antes de que se conociese, también a través de El País, que ella fue objeto igualmente de regalos navideños por parte de HALSA, al igual que el alcalde socialista de Vícar, el popular de Níjar etc. En las hemerotecas de la red permanecen fotos suyas con directivos de la empresa constructora firmando acuerdos para obras importantes en su municipio.

De todas formas el alcalde de Almería, el también senador Rodríguez Comendador, parece que es el que más ha sufrido las quemaduras de tercer grado tras la detonación del caso de presunta financiación irregular de su partido en Almería. Que no pueda presentar las facturas de los arreglos de su lujoso ático, realizado por HALSA, le ha colocado, de momento, en una muy complicada situación política. Aunque no parece que este sea el único disgusto de Luis Rogelio en esta convulsa temporada. Fuentes de AMAyT aseguran que en breve saltará un nuevo escándalo relacionado con las licencias municipales en el sector de gasolineras de la ciudad, "un asunto que llegará muy pronto a la Fiscalía de Granada" aseguran.

Un antes y un después.

Parece claro y evidente que, tras este escándalo que lleva casi una semana en el candelero regional y nacional, habrá un antes y un después en la vida política de Almería. Ya sea en el PP como en el PSOE.

Que Susana Díaz haya comprobado cuanta razón tenía al sugerir o exigir, siendo Secretaria de Organización del PSOE-A, que se apartase de la circulación política al portavoz socialista roquetero, Ortega Paniagua, le tiene que haber incomodado sobremanera. Especialmente porque la actual dirección del PSOE almeriense, a través de la mano derecha de Teruel, Adela Segura,  apostó por la candidatura que apoyaba Paniagua frente a la renovación que quedó en minoría en la agrupación de Roquetas.

Por su parte, en el PP, parece que puede quedar definitivamente apartada del delfinario la Delegada del Gobierno Carmen Crespo, una de las aspirantes del arenismo para las próximas autonómicas. Pero, desde luego, quien sí parece tener un oscuro futuro político es el veterano Gabriel Amat que, a punto de cumplir los 70 años, se halla en el centro de la lupa de la Justicia no ya por el caso HALSA, que también, sino por las otras investigaciones en marcha y ya judicializadas.

Nota final: Como siempre, en este blog permanece abierto el sistema de comentarios, ya sea con opiniones, matizaciones, rectificaciones o ampliaciones. Serán bienvenidas y publicadas. Los insultos guardarlos para los que resulten finalmente culpables. Muchas gracias.