sábado, 23 de noviembre de 2013

KAFKA EN EL PROCESO "TRES REYES"




La aparición hace unos días de un correo electrónico, remitido por uno de los tres empresarios denunciantes en el contexto de la denominada "Operación Tres Reyes" en Almería, ha puesto nuevamente sobre el tapete judicial la singular y "kafkiana" instrucción seguida en este caso en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almería, cuya titular es la jueza Alejandra Dodero Martínez.
En el mensaje, firmado por el empresario Antonio Subiela Hernández el miércoles 10 de julio de 2013 y remitido a la empresa Valma Inversiones, puede leerse entre otras cosas lo siguiente:
" En el folio nº 43 se dice, tal y como te comenté, que fueron los Agentes judiciales (Guardia Civil) quienes se pusieron en contacto con nosotros al ver las amenazas que nos hacían en las grabaciones de los que estaban investigando".
Entre los investigados por la Guardia Civil -siete personas imputadas en total-  figura el ex Jefe de la Abogacía del Estado en Almería, Demetrio Carmona del Barco, cesado en el cargo coincidiendo con las primeras pesquisas de la Benemérita entorno a este complejo y enrevesado asunto.
Una operación que arrancó con el intento de compraventa de miles de millones de antiguos dinares iraquíes en poder de un empresario de El Ejido llamado Manuel Rodríguez Lozano, quien, como todos los protagonistas lugareños de esta historia, creyó que estaba negociando con agentes del CNI, a los que acabó denunciando ante la Guardia Civil por amenazas y chantajes.
Al margen del asunto de los dinares, Carmona y su familia venían manteniendo un largo litigio judicial de reclamación de importantes cantidades dinerarias -"cientos de miles de euros"- al empresario Subiela que se encuentra por ello "imputado por un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por mor de una querella criminal interpuesta por la familia Carmona". Un intermediario, José Abad, presentado por el "grupo del CNI" a Carmona, recibió el encargo de negociar con las familias Subiela y también con los Berruezo deudas contraídas con los Carmona con antelación.


Denuncia "inducida"

La aparición de este correo electrónico, aportado esta misma semana en un escrito de proposición de prueba ante la instructora, según el letrado de la defensa supone la confirmación de que la denuncia de Subiela se habría producido "de forma inducida" por parte de la fuerza actuante. Ello vendría a confirmar la tesis, reiteradamente sostenida por el letrado defensor, de que su cliente Demetrio Carmona y otros, habrían sido victimas de un montaje sobre el que parece que la instructora no ha creído necesario, de momento, profundizar en la fase de instrucción en aras a buscar la verdad y las motivaciones reales que parecen que siguen ocultas tras el desarrollo y la investigación de esta causa.
La lenta historia procesal de estos meses viene a confirmar las reiteradas denuncias de algunos de los imputados sobre una indefensión jurídica frente al proceso. Entre otras cosas porque ante la Jueza del caso declararon en su día los denunciantes sin la presencia de los abogados defensores; también los denunciados pero sin estar presente la representante del Ministerio Fiscal.
Así el 18 de junio presentaron un escrito de sobreseimiento donde se adjuntaron dieciséis documentos que servirían para desmontar la mayoría de las acusaciones. "Al día de la fecha, dicho escrito y documentación adjunta, ninguna consideración - resolutoria o no- ha merecido por este juzgado" se alega en el escrito de esta semana.
Con fecha 27 de septiembre pasado fue dictado Auto por la instructora por el que se acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del Procedimiento  Abreviado, dando carpetazo final a la instrucción sin que, sorprendentemente, a la defensa de los imputados se les haya permitido ejercer sus derechos. La Jueza considera entonces que no es menester la práctica de actividad probatoria adicional a la realizada.
El 7 de octubre la defensa del Abogado del Estado y otros presentó el pertinente Recurso de Reforma contra dicho Auto del que tampoco se ha obtenido respuesta por parte de la Jueza. Entendían, entre otras cosas, que la fase de instrucción no estaba concluida en tanto no se han atendido las reiteradas peticiones de pruebas planteadas. "Y es que parece haber olvidado la instructora, respecto a la instrucción, el carácter esencial que tiene para la suerte ulterior del proceso, la ineludible investigación de la notitia criminis durante esa etapa donde, como manda la L.E.Crim, deberán consignarse y apreciarse las circunstancias adversas como favorables al presunto reo".
La defensa en su nuevo escrito solicitando la realización de nuevas pruebas repara especialmente en unos párrafos de la instrucción policial que vendrían a demostrar, junto al nuevo correo electrónico aportado, la posible inducción de la Guardia Civil a presentar denuncia contra los imputados.
Dice el informe de la G.C.: "habiendo observado reiteradas y continuadas amenazas que estaba sufriendo Antonio Subiela (...) le citan... para preguntarle si actualmente está intentando ser obligado a realizar algún acto contra su voluntad..."
Argumenta la defensa que la Guardia Civil partiendo de un presunto delito que les parece indubitado a los investigadores van y le preguntan al Sr Subiela, "que si se está sintiendo amenazado por el negociador designado por la familia Carmona y Vargas. De nuevo kafkiano" se concluye.
"Es la Guardia Civil, afirma más adelante en su escrito la defensa, quien alumbra, induce y, más aún, provoca la denuncia, generando en el presuntamente perjudicado la expectativa de saldar sus deudas con la familia Carmona -principalmente- por la vía penal. (...) Este (Subiela) pudo ver y vio la magnífica oportunidad que le brindaban: eliminar vía penal al Sr Carmona del Barco, creando una apariencia de legalidad en el actuar precedente del Sr Subiela que la documentación aportada por esta parte - y obviada por la instructora- acredita ser absolutamente falaz".
Junto a este nuevo documento presentado, nuevamente la defensa eleva al Juzgado otros que demostrarían la inexistencia de graves amenazas o coacciones telefónicas y donde puede leerse correspondencia con otros denunciantes, concretamente la familia Berruezo, en tono de cordialidad en un normal intercambio de documentación en aras a saldar las diferencias económicas existentes entorno a la empresa Caber, negociaciones y conversaciones no exentas, cierto, de tensión y que dieron pie a parte del grueso de las imputaciones de este sumario.
Entre las acusaciones que pesan sobre los imputados figuran la de pertenencia a grupo criminal, extorsión, usurpación de funciones públicas y falsedad.
(La única novedad que se detecta por parte de la Jueza respecto de las acusaciones iniciales de la Guardia Civil, aplicado a Demetrio Carmona y sus socios almerienses, es que les considera miembros de una "unión temporal" en un grupo criminal).
Por estas razones y otras expuestas por la defensa, amparadas en abundante jurisprudencia, nuevamente se reiteran en la solicitud de una serie de pruebas que hasta ahora les han sido negadas por la instructora en este procedimiento, donde se quejan de estar violentándose el derecho de defensa "por la exasperante inactividad instructora"; por cierto, llama poderosamente la atención la escasa actividad del Ministerio Fiscal hasta ahora en este procedimiento.


Solicitud de pruebas

Se plantean, por tanto, una serie de pruebas/declaraciones que se consideran fundamentales para esclarecer la verdad defendida por la defensa de Demetrio Carmona, del también abogado Rogelio Vargas y del empresario Ángel Morales.
Destaca en primer lugar la petición de declaración del Sargento Jefe del equipo investigador, al que algunas informaciones periodísticas de este verano, a través del diario El Mundo, situaban en el entorno familiar - posiblemente concuñado- de uno de los denunciantes; también se solicita declaración de los denunciantes, los empresarios Estanislao Buerruezo García, Manuel Rodríguez Lozano y Antonio Subiela Hernández.
Se pide así mismo que sea llamado a declarar el empresario de Guadalajara Miguel Narváez Gandarias,  al objeto de aclarar la intervención en este proceso del imputado Ignacio Francisco Flores Bernabeu, detenido y puesto en libertad inmediatamente tras abonar una fianza de solo 6000 euros. A Flores Bernabeu, oriundo de Mojácar, que se presentaba como agente colaborador del CNI, mano derecha del supuesto capitán imputado José Antonio Mateo Acedo, con relaciones de amistad familiar con alguno de los denunciantes según se evidencia en el sumario, la mayoría de los imputados le consideran el posible urdidor de gran parte de la trama que desembocó en la denominada "Operación Tres Reyes".
También solicitan que comparezca en declaración, entre otros, Juan Manuel Reyes Lozano, director de la Autoridad Portuaria de Almería, familiar de uno de los denunciantes, Manuel Rodríguez Lozano, a través del que Demetrio Carmona alerta con antelación de las "situaciones anómalas" que había detectado en el comportamiento del "grupo del CNI" que pretendían "comprar" el cargamento de dinares iraquíes propiedad del empresario Rodríguez Lozano. Un testimonio que demostraría que Carmona habría actuado de buena fe, resultando también engañado por el supuesto capitán del CNI y sus ayudantes.
La defensa, finalmente, vuelve a insistir en la petición de que les sean devueltos los teléfonos móviles intervenidos tras las detenciones practicadas en el mes de abril y que aún permanecen custodiados en la sede judicial.


Pena de banquillo

La incógnita, nuevamente, radica en saber si esta vez la Jueza Dodero Martínez responderá a lo que solicita la defensa de estos tres imputados con gran dureza jurídica en términos de defensa. Aunque lo sucedido hasta ahora en esta extraña instrucción no invita a pensar en un cambio de criterio de la Instructora. 
Visto desde la perspectiva de la opinión pública, desde luego, muchas sombras siguen sobrevolando el caso "Tres Reyes" como para que la Justicia dé carpetazo sin intentar buscar la verdad necesaria para unos ciudadanos que tienen derecho a una tutela judicial efectiva. También para que no quede sombra de duda sobre la actuación de un cuerpo, la Guardia Civil,  reconocida y prestigiada a diario en toda España por la pulcritud de sus trabajos de investigación judicial. Y desde luego con luz y taquígrafos, con la representante del Ministerio Fiscal velando para que se cumpla con la estricta legalidad, algo que la defensa viene poniendo en cuestión desde hace meses sin que ni siquiera se responda a sus recursos.
Todo ello sin olvidar que un caso como este, sobre el que no existe aún sentencia judicial, ya ha supuesto la pena de banquillo, especialmente para el que fuera durante 25 años Jefe de la Abogacía del Estado en Almería.  El asunto, tal y como recoge la defensa en uno de sus escritos, ha merecido en estos meses titulares de la prensa local como estos: "La juez interroga a Demetrio Carmona por extorsión y asociación ilícita" o este otro "Más detenidos en Almería por la estafa del Abogado del Estado".
Precisamente fueron las noticias publicadas en  la prensa local al respecto de este asunto las que, según la Directora General de los Abogados del Estado, Marta Silva Lapuerta (hija del ex ministro franquista Federico Silva Muñoz y sobrina de Álvaro Lapuerta ex tesorero del PP) las que, además de su cese a finales de enero, motivaron la apertura de un expediente disciplinario a Demetrio Carmona porque "es posible que constituyan, en atención entre otros criterios al descrédito que para la imagen de la Administración Pública suponen, una infracción disciplinaria de las tipificadas como tal en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público."

Y esta orden se dicta justo un día después de la detención del Abogado del Estado, el 19 de abril, y la firma la Sra. Silva Lapuerta, destacada colaboradora del ministro de Justicia Ruiz Gallardón, la misma jurista que tiempo atrás formó parte del Consejo de Administración de Sacyr, empresa actualmente investigada desde la Audiencia Nacional por pagar supuestas comisiones al PP, a raíz de la documentación aportada por el también ex tesorero del partido Luis Bárcenas.

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