La aparición hace unos días
de un correo electrónico, remitido por uno de los tres empresarios denunciantes
en el contexto de la denominada "Operación Tres Reyes" en Almería, ha
puesto nuevamente sobre el tapete judicial la singular y "kafkiana"
instrucción seguida en este caso en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almería,
cuya titular es la jueza Alejandra Dodero Martínez.
En el mensaje, firmado por el
empresario Antonio Subiela Hernández el miércoles 10 de julio de 2013 y
remitido a la empresa Valma Inversiones, puede leerse entre otras cosas lo
siguiente:
" En el folio nº 43 se
dice, tal y como te comenté, que fueron los Agentes judiciales (Guardia Civil)
quienes se pusieron en contacto con nosotros al ver las amenazas que nos hacían
en las grabaciones de los que estaban investigando".
Entre los investigados por la
Guardia Civil -siete personas imputadas en total- figura el ex Jefe de la Abogacía del Estado
en Almería, Demetrio Carmona del Barco, cesado en el cargo coincidiendo con las
primeras pesquisas de la Benemérita entorno a este complejo y enrevesado asunto.
Una operación que arrancó con
el intento de compraventa de miles de millones de antiguos dinares iraquíes en
poder de un empresario de El Ejido llamado Manuel Rodríguez Lozano, quien, como
todos los protagonistas lugareños de esta historia, creyó que estaba negociando
con agentes del CNI, a los que acabó denunciando ante la Guardia Civil por
amenazas y chantajes.
Al margen del asunto de los
dinares, Carmona y su familia venían manteniendo un largo litigio judicial de
reclamación de importantes cantidades dinerarias -"cientos de miles de
euros"- al empresario Subiela que se encuentra por ello "imputado por
un delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por mor de una
querella criminal interpuesta por la familia Carmona". Un intermediario,
José Abad, presentado por el "grupo del CNI" a Carmona, recibió el
encargo de negociar con las familias Subiela y también con los Berruezo deudas
contraídas con los Carmona con antelación.
Denuncia "inducida"
La aparición de este correo
electrónico, aportado esta misma semana en un escrito de proposición de prueba
ante la instructora, según el letrado de la defensa supone la confirmación de
que la denuncia de Subiela se habría producido "de forma inducida"
por parte de la fuerza actuante. Ello vendría a confirmar la tesis,
reiteradamente sostenida por el letrado defensor, de que su cliente Demetrio
Carmona y otros, habrían sido victimas de un montaje sobre el que parece que la
instructora no ha creído necesario, de momento, profundizar en la fase de
instrucción en aras a buscar la verdad y las motivaciones reales que parecen
que siguen ocultas tras el desarrollo y la investigación de esta causa.
La lenta historia procesal de
estos meses viene a confirmar las reiteradas denuncias de algunos de los
imputados sobre una indefensión jurídica frente al proceso. Entre otras cosas
porque ante la Jueza del caso declararon en su día los denunciantes sin la
presencia de los abogados defensores; también los denunciados pero sin estar
presente la representante del Ministerio Fiscal.
Así el 18 de junio
presentaron un escrito de sobreseimiento donde se adjuntaron dieciséis
documentos que servirían para desmontar la mayoría de las acusaciones. "Al
día de la fecha, dicho escrito y documentación adjunta, ninguna consideración -
resolutoria o no- ha merecido por este juzgado" se alega en el escrito de
esta semana.
Con fecha 27 de septiembre
pasado fue dictado Auto por la instructora por el que se acuerda continuar la
tramitación de las diligencias previas por los trámites del Procedimiento Abreviado, dando carpetazo final a la
instrucción sin que, sorprendentemente, a la defensa de los imputados se les
haya permitido ejercer sus derechos. La Jueza considera entonces que no es
menester la práctica de actividad probatoria adicional a la realizada.
El 7 de octubre la defensa
del Abogado del Estado y otros presentó el pertinente Recurso de Reforma contra
dicho Auto del que tampoco se ha obtenido respuesta por parte de la Jueza.
Entendían, entre otras cosas, que la fase de instrucción no estaba concluida en
tanto no se han atendido las reiteradas peticiones de pruebas planteadas.
"Y es que parece haber olvidado la instructora, respecto a la instrucción,
el carácter esencial que tiene para la suerte ulterior del proceso, la ineludible
investigación de la notitia criminis durante esa etapa donde, como
manda la L.E.Crim, deberán consignarse y apreciarse las circunstancias adversas como favorables al presunto reo".
La defensa en su nuevo
escrito solicitando la realización de nuevas pruebas repara especialmente en
unos párrafos de la instrucción policial que vendrían a demostrar, junto al
nuevo correo electrónico aportado, la posible inducción de la Guardia Civil a presentar denuncia contra los
imputados.
Dice el informe de la G.C.:
"habiendo observado reiteradas y continuadas amenazas que estaba sufriendo
Antonio Subiela (...) le citan... para preguntarle si actualmente está
intentando ser obligado a realizar algún acto contra su voluntad..."
Argumenta la defensa que la
Guardia Civil partiendo de un presunto delito que les parece indubitado a los
investigadores van y le preguntan al Sr Subiela, "que si se está sintiendo
amenazado por el negociador designado por la familia Carmona y Vargas. De nuevo kafkiano" se concluye.
"Es la Guardia Civil,
afirma más adelante en su escrito la defensa, quien alumbra, induce y, más aún,
provoca la denuncia, generando en el presuntamente perjudicado la expectativa
de saldar sus deudas con la familia Carmona -principalmente- por la vía penal.
(...) Este (Subiela) pudo ver y vio la magnífica oportunidad que le brindaban:
eliminar vía penal al Sr Carmona del Barco, creando una apariencia de legalidad
en el actuar precedente del Sr Subiela que la documentación aportada por esta
parte - y obviada por la instructora- acredita ser absolutamente falaz".
Junto a este nuevo documento
presentado, nuevamente la defensa eleva al Juzgado otros que demostrarían la
inexistencia de graves amenazas o coacciones telefónicas y donde puede leerse
correspondencia con otros denunciantes, concretamente la familia Berruezo, en
tono de cordialidad en un normal intercambio de documentación en aras a saldar
las diferencias económicas existentes entorno a la empresa Caber, negociaciones
y conversaciones no exentas, cierto, de tensión y que dieron pie a parte del
grueso de las imputaciones de este sumario.
Entre las acusaciones que
pesan sobre los imputados figuran la de pertenencia a grupo criminal,
extorsión, usurpación de funciones públicas y falsedad.
(La única novedad que se
detecta por parte de la Jueza respecto de las acusaciones iniciales de la
Guardia Civil, aplicado a Demetrio Carmona y sus socios almerienses, es que les
considera miembros de una "unión temporal" en un grupo criminal).
Por estas razones y otras
expuestas por la defensa, amparadas en abundante jurisprudencia, nuevamente se
reiteran en la solicitud de una serie de pruebas que hasta ahora les han sido
negadas por la instructora en este procedimiento, donde se quejan de estar violentándose
el derecho de defensa "por la exasperante inactividad instructora";
por cierto, llama poderosamente la atención la escasa actividad del Ministerio
Fiscal hasta ahora en este procedimiento.
Solicitud de pruebas
Se plantean, por tanto, una
serie de pruebas/declaraciones que se consideran fundamentales para esclarecer
la verdad defendida por la defensa de Demetrio Carmona, del también abogado
Rogelio Vargas y del empresario Ángel Morales.
Destaca en primer lugar la
petición de declaración del Sargento Jefe del equipo investigador, al que
algunas informaciones periodísticas de este verano, a través del diario El
Mundo, situaban en el entorno familiar - posiblemente concuñado- de uno de los
denunciantes; también se solicita declaración de los denunciantes, los
empresarios Estanislao Buerruezo García, Manuel Rodríguez Lozano y Antonio
Subiela Hernández.
Se pide así mismo que sea
llamado a declarar el empresario de Guadalajara Miguel Narváez Gandarias, al objeto de aclarar la intervención en este
proceso del imputado Ignacio Francisco Flores Bernabeu, detenido y puesto en
libertad inmediatamente tras abonar una fianza de solo 6000 euros. A Flores
Bernabeu, oriundo de Mojácar, que se presentaba como agente colaborador del
CNI, mano derecha del supuesto capitán imputado José Antonio Mateo Acedo, con
relaciones de amistad familiar con alguno de los denunciantes según se
evidencia en el sumario, la mayoría de los imputados le consideran el posible
urdidor de gran parte de la trama que desembocó en la denominada "Operación
Tres Reyes".
También solicitan que
comparezca en declaración, entre otros, Juan Manuel Reyes Lozano, director de
la Autoridad Portuaria de Almería, familiar de uno de los denunciantes, Manuel
Rodríguez Lozano, a través del que Demetrio Carmona alerta con antelación de
las "situaciones anómalas" que había detectado en el comportamiento del
"grupo del CNI" que pretendían "comprar" el cargamento de
dinares iraquíes propiedad del empresario Rodríguez Lozano. Un testimonio que
demostraría que Carmona habría actuado de buena fe, resultando también engañado
por el supuesto capitán del CNI y sus ayudantes.
La defensa, finalmente,
vuelve a insistir en la petición de que les sean devueltos los teléfonos
móviles intervenidos tras las detenciones practicadas en el mes de abril y que
aún permanecen custodiados en la sede judicial.
Pena de banquillo
La incógnita, nuevamente,
radica en saber si esta vez la Jueza Dodero Martínez responderá a lo que
solicita la defensa de estos tres imputados con gran dureza jurídica en
términos de defensa. Aunque lo sucedido hasta ahora en esta extraña instrucción no
invita a pensar en un cambio de criterio de la Instructora.
Visto desde la
perspectiva de la opinión pública, desde luego, muchas sombras siguen
sobrevolando el caso "Tres Reyes" como para que la Justicia dé carpetazo sin
intentar buscar la verdad necesaria para unos ciudadanos que tienen derecho a
una tutela judicial efectiva. También para que no quede sombra de duda sobre la
actuación de un cuerpo, la Guardia Civil,
reconocida y prestigiada a diario en toda España por la pulcritud de sus trabajos de investigación
judicial. Y desde luego con luz y taquígrafos, con la representante del
Ministerio Fiscal velando para que se cumpla con la estricta legalidad, algo que
la defensa viene poniendo en cuestión desde hace meses sin que ni siquiera se
responda a sus recursos.
Todo ello sin olvidar que un
caso como este, sobre el que no existe aún sentencia judicial, ya ha supuesto
la pena de banquillo,
especialmente para el que fuera durante 25 años Jefe de la Abogacía del Estado
en Almería. El asunto, tal y como recoge
la defensa en uno de sus escritos, ha merecido en estos meses titulares de la
prensa local como estos: "La juez interroga a Demetrio Carmona por
extorsión y asociación ilícita" o este otro "Más detenidos en Almería
por la estafa del Abogado del Estado".
Precisamente fueron las
noticias publicadas en la prensa local
al respecto de este asunto las que, según la Directora General de los Abogados
del Estado, Marta Silva Lapuerta (hija del ex ministro franquista Federico Silva Muñoz y sobrina de
Álvaro Lapuerta ex tesorero del PP) las que, además de su cese a finales de
enero, motivaron la apertura de un expediente disciplinario a Demetrio Carmona porque "es posible que
constituyan, en atención entre otros criterios al descrédito que para la imagen
de la Administración Pública suponen, una infracción disciplinaria de las
tipificadas como tal en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público."
Y
esta orden se dicta justo un día después de la detención del Abogado del
Estado, el 19 de abril, y la firma la Sra. Silva Lapuerta, destacada
colaboradora del ministro de Justicia Ruiz Gallardón, la misma jurista que
tiempo atrás formó parte del Consejo de Administración de Sacyr, empresa
actualmente investigada desde la Audiencia Nacional por pagar supuestas
comisiones al PP, a raíz de la documentación aportada por el también ex
tesorero del partido Luis Bárcenas.
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