Un sumario judicial por corrupción,
abierto a principios del mes de septiembre pasado en el Juzgado Nº 16 de
Sevilla, podría ser una de las causas por las que Susana Díaz no incorporó en
su primer gobierno como “consejero de Almería” a José Luis Sánchez Teruel,
Secretario General del PSOE en aquella provincia, aclamado previamente como tal
desde determinados sectores locales. De
tal manera que tanto PSOE como PP tienen a sus máximos lideres en Almería bajo
la lupa de la Justicia. Sánchez Teruel aparece, según la denuncia presentada en
mayo de 2012 en Fiscalía por una Comunidad de Regantes, como integrante
destacado en una trama de supuestas presiones (y comisiones) que tras dieciséis
meses, comienza a investigar ahora un juez en Sevilla.
El escándalo tiene a otro
ilustre ex político almeriense en el escenario de los hechos, aparentemente con
menos protagonismo pero con la máxima responsabilidad política, el ex consejero
de Agricultura Martín Soler Márquez, poderoso titular entonces de la Consejería
desde donde partieron las supuestas “presiones” para que los regantes
adjudicaran una gran obra de mejora de regadíos – 66 millones- a una empresa
del Grupo Abengoa.
Pero para que finalmente sea
el Juzgado 16 de Sevilla quien se encargue de la investigación, ha tenido que
pasar casi año y medio. Parece evidente que la Justicia detectó desde el primer
momento que tenía una enorme y complicada patata hirviendo en sus manos.
El 24 de mayo de 2012, la
Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, presentó ante la Fiscal
Jefe de Sevilla, María José Segarra, una extensa y compleja denuncia sobre lo supuestamente
acontecido en la tramitación de una importante obra de mejora de regadíos en su
comunidad.
Aquella denuncia en Fiscalía
recaló en el juzgado 16 de Sevilla; pasado un tiempo, fue remitida al Juzgado
Nº 2 de Utrera quien, a su vez, lo volvió a reenviar a Sevilla para que la Sala
determinase el órgano jurisdiccional competente. El juez de Utrera seguía sin
tenerlo claro, no veía la tramitación de aquel asunto en su juzgado. Nadie
quería la patata. A principios del mes de septiembre pasado, la Comunidad
recibió noticia sobre la judicialización de la investigación, que quedaba
finalmente en manos del magistrado titular del 16 de Instrucción de Sevilla.
Aunque dada la presencia de un aforado es previsible que el asunto viaje otra
vez, pero a Granada.
Teruel, que actualmente goza
del estatus jurídico de aforado por ser diputado autonómico, ocupaba, según la
denuncia de los regantes ante la Fiscal Jefe, el cargo de Director General de
Regadíos de la Junta durante los hechos a investigar. También según la
denuncia, su papel podría haber sido determinante -acusan- al presionarles abiertamente a favor de “la
cuarta empresa en méritos”, Befesa, del Grupo Abengoa. (La misma empresa, por
cierto, que aparece en la ´Operación Poniente´ manejando los hilos y
responsabilidades de gestión en la semi pública Elsur de El Ejido).
Sánchez Teruel no solo
presionó supuestamente a la Comunidad de Regantes haciendo piña y defendiendo
los intereses de Befesa frente a los comuneros. Para convencerles, denuncian, puso
sobre la mesa el compromiso de aportar doce millones más desde la Junta para un
proyecto “complementario” si se otorgaba a Befesa. Una “ampliación presupuestaria
encubierta”, según denuncian los comuneros.
PEQUEÑOS AGRICULTORES
La Comunidad de Regantes
abarca una superficie de casi trece mil hectáreas y está distribuida entre los
municipios sevillanos de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San
Juan y Dos Hermanas. La integran más de novecientos regantes, de los que más
del 80% son explotaciones familiares de unas 12 hectáreas.
Según se relata en la
documentada denuncia ante Fiscalía, grabaciones incluidas, la Comunidad se
acogió, para optimizar el regadío en su ámbito de influencia, a los
presupuestos oficiales promulgados para la mejora de los mismos en Andalucía,
logrando inicialmente 40 millones, de un máximo de 66 subvencionables.
La obra fue pre adjudicada por
la Comunidad a una UTE – Teconsa, Elecnor y Meci-Tegner- que, según los
regantes, nunca gustó ni convenció a la Junta que defendía abiertamente la
candidatura de Befesa (Abengoa), a pesar de ser la UTE pre seleccionada
inicialmente la mejor oferta económica presentada. Argumentaba y se oponía la
Junta porque a una de las empresas de la UTE elegida, decía, le faltaba un
papel, una certificación oficial de
clasificación. Algo que se demostraría erróneo o falso a posteriori, afirman.
Ni que decir tiene que, con las supuestas presiones ejercidas por la Junta, la
obra acabó tras diversos problemas -incluidos los internos de la propia Comunidad-
en manos de otra UTE, Befesa-Alpi y, además, la Comunidad tuvo que abonar al
anterior adjudicatario cerca de 300 mil euros de indemnización por la cancelación
del contrato.
ABENGOA Y EL PSOE
Las relaciones entre los gobiernos socialistas con la
empresa que fundara don Javier Benjumea Puigcerver tras la guerra civil, en
1941, han sido siempre excelentes. Desde que un clandestino Isidoro (Felipe González Márquez en el Siglo)
almorzó un día en el comedor privado de Abengoa con don Javier y en riguroso
secreto. El hábil y legendario patrón, nombrado años después Marqués de la Puebla
de Cazalla, supo desde ese día que podía confiar en aquel joven sevillano, que
no tenía ni rabo ni cuernos y que algún día no lejano dejaría la utopía del
marxismo en el armario, junto a la chaqueta de pana.
Pero cuando la relación de la
administración autonómica se ha intensificado con el Grupo Abengoa ha sido en
la era Chaves al frente de la Junta, una relación ciertamente preferente que se
expandía con mimo por ayuntamientos y diputaciones socialistas. También en el
gobierno central. Eran, los del PSOE, los que tenían el poder político y el
dinero público en esos años florecientes de la economía, también para la cuenta
de explotación de la multinacional andaluza. En el Grupo Abengoa, que navega
bien entre coloreadas aguas políticas, situando a “ex” de todo pelaje en su consejo, tuvo uno de sus
primeros trabajos la hija del presidente Chaves, Paula Chaves Iborra, concretamente
en la empresa Telvent, mucho antes de trabajar en la subvencionada y polémica
Matsa.
En las ferias de abril de Martín Soler como
consejero en Sevilla fue visto agasajando, entre otros selectos invitados, a la
cúpula de Abengoa con Felipe Benjumea a la cabeza y también al alcalde de El
Ejido, meses antes de que Juan Enciso entrase en prisión a cuenta de la
Operación Poniente y el latrocinio en Elsur. Así al menos lo atestiguan las
grabaciones telefónicas policiales del caso Poniente.
NOMBRES Y CANTIDADES
Pero lo que verdaderamente
llega a inquietar en este tiempo a los regantes de las Marismas del
Guadalquivir es el contenido de una última reunión que mantuvieron sobre su
embarrancado proyecto a principios del año 12, en la sede institucional de la
Delegación de Agricultura en Sevilla.
En esa reunión habían sido
convocados los regantes para escuchar las propuestas de Befesa en aras a
desbloquear el largo contencioso existente sobre el pago de certificaciones.
Ese día, el 7 de febrero de 2012, están presentes Juan
María Padró Simarro, Jefe del Servicio de Promoción Rural y Carlos J. Rodríguez
Pérez, Jefe del Departamento de Infraestructuras y Actuaciones Estructurales,
ambos en representación de la delegación de Agricultura. En representación de
los regantes acuden a la cita el presidente de la Comunidad, Rafael Algarín
Parejo y Antonio José Reyes Maya, director de la misma.
El personaje principal del
encuentro, en la sede oficial de la
Junta, es don Jesús León, el hombre que habla en nombre de Befesa como alto
ejecutivo que representa la compañía.
“En dicha reunión se
pronunciaron las siguientes frases en el siguiente contexto: Don Jesús León,
representante de Befesa, dice textualmente ´voy
a poner en un papel nombres, apellidos y cantidades´ habiendo indicado
previamente que su empresa, Befesa, ha pagado por la Obra más gastos (en negro)
que los que pudieron reflejar en la demanda interpuesta contra la Comunidad de
Regantes. Don Antonio José Reyes Maya, director de la Comunidad, le pregunta
inmediatamente que si lo que está diciendo es lo que están entendiendo todos,
es decir, que han pagado irregularmente a causa de la Obra y que, si es así,
que lo ponga por escrito lo más rápidamente posible, a lo que Don Jesús contesta
que ´lo haré pero en un folio sin
membrete de la empresa”.
De aquella reunión se levantó
acta a la que se opusieron todos, todos menos el presidente de la Comunidad de
Regantes y el director de la misma.
La Junta de Andalucía, a
través de la consejería de Agricultura, ha estado puntualmente informada sobre
estos sucedidos con fondos públicos en las cercanas marismas sevillanas del
Guadalquivir. Hasta sus máximos responsables ha llegado en estos años denuncia
amplia y extensa, con nombres y apellidos, sobre un modus operandi bajo
sospecha y digno de ser investigado a fondo. También en el Parlamento se ha
debatido el escándalo; fue cuando IU amenazó con pedir una comisión de investigación
en aras a aclarar un extraño y maloliente procedimiento que, como sucedía en
esa misma época con los Eres, parece que tampoco se fiscalizó convenientemente.
“CONMINA Y PRESIONA”
En un informe elevado a la
Delegación de Agricultura en Sevilla, folio seis, pueden leerse cosas como
estas:
“La adjudicación definitiva del contrato de las obras
de modernización a la UTE formada por Befesa-Alpi fue realizada con la
intervención directa de la Dirección General de Regadíos. Constan para esta
afirmación los testimonios y manifestaciones, recogidos fehacientemente, de
miembros de la mesa de licitación y del entonces presidente de la Comunidad de
regantes de que ´se produjo una llamada telefónica de la Junta de Andalucía que
indicó qué empresa de las ofertantes debía ser elegida´. La UTE Befesa-Alpi
tenía la cuarta posición en el baremo de calificación en la documentación que
obra en el proceso de adjudicación”.
Describen a continuación el
negocio que empieza a florecer para unos cuantos:
“Posteriormente, la UTE Befesa-Alpi como consta en el
Libro de Subcontratación de la Obra, subcontrató la ejecución de la obra a las
empresas Meci, Tecner y otras empresas vinculadas con sus socios y
administradores. Estas empresas y personas, más de tres meses antes de que
saliera a licitación la contratación de la obra, ya estaban realizando negociaciones
y transacciones con la entrega de pagarés bancarios relacionados con la obra de
las que se deduce, por su importancia y cuantía, que estas personas ya sabían
que iban a ser adjudicatarios de las obras del Proyecto de Modernización. Como
así ha sido”
La UTE finalmente
adjudicataria tuvo mucha suerte, es evidente, tanta fortuna que lograba cobrar
de la Administración autonómica, a través de los regantes, con inusual
puntualidad. Así lo cuentan:
“Apenas transcurrido un mes desde la firma del contrato
y sin apenas haberse ejecutado la obra, tanto por el escaso tiempo transcurrido
como por la temporada de lluvias que impedía su ejecución, se emitió una
primera certificación de obra por importe de 4.245.826,56 euros con la
intervención y visto bueno del Inspector Facultativo designado por la Junta de
Andalucía. Dicha certificación se abona al contado en lugar de a los 120 días
estipulados en el contrato de adjudicación de obras”.
Pero parece que esta ocasión
no fue una raya en el agua; llegaron más pagos a través de la ventanilla para
gente VIP de la tesorería de la Junta:
“Las certificaciones posteriores fueron, igualmente,
pagadas al contado a pesar de estar convenido en el contrato que se abonarían a
los 120 días”.
Y en algunas ocasiones, por
adelantado y sin que fuesen presentados los avales correspondientes, poniendo
como testigos a empleados de La Caixa como receptores de presiones -“apremios”-
de la Delegación de Agricultura para que se pagase con prontitud.
“El director facultativo de la obra indica, en el
informe al efecto que está en poder de esa Consejería de Agricultura, que hasta
julio de 2008, se había certificado más cantidad económica y diferentes
unidades a las constatables en la obra. Este grave acaecimiento es igualmente
conocido por la Consejería de Agricultura, a través de la Dirección General de Regadíos,
ya que el funcionario que interviene como inspector de la Consejería firma las
certificaciones continuadamente desde la primera”.
En sus denuncias ante la
Junta, los comuneros regantes, van más allá y apuntan nombres, apellidos y
hechos:
“La Consejería de Agricultura continua con su
intervención y negociación en la ´ejecución de la obra´ pero en un sentido
opuesto al de la colaboración o rectificación. Así, el Director General de Regadíos,
don José Luis Sánchez Teruel, en presencia de don Carlos J. Rodríguez, Jefe de
Servicio de la Consejería de Agricultura en una reunión celebrada en agosto de 2008, en las oficinas
de la Comunidad de Regantes, en presencia de representantes de Befesa, conmina
y presiona a algunos miembros de la Junta de Gobierno para que acepten una
subida de precio de la obra y además justifica y ampara la actitud de Befesa.
Al efecto existe en el expediente el Acta de dicha reunión y su posterior
elevación a escritura pública. Dicha subida de precios se realiza en contra de
lo que al respecto establece el Código Civil, siendo que las subidas de los
precios de los materiales y mano de obra que se produzcan durante la ejecución
de la obra serán por cuenta y a cargo del contratista, ya que no se trataba de
mejoras como tales sino de unidades esenciales del proyecto de licitación que
se traspolaron en un proyecto técnico complementario”.
Pero en esa época, el dinero,
no parecía un problema para un director general de la Junta, se llamara
Guerrero o Teruel. La narración continúa:
“La subida de precios anterior protagonizada y
negociada por el Director General de Regadíos en connivencia con Befesa no es
más que un vaciamiento de unidades de obra esenciales del contrato y su remisión
a un llamado ´proyecto complementario´. Para dicho proyecto complementario, don
José Luis Sánchez Teruel, prometió una nueva subvención, (de doce millones) con
la condición de que fuera asignado directamente a Befesa. Tan es así, que en el
expediente del Proyecto de Modernización
consta el informe de los servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura
que dice que el proyecto complementario y su subvención no son posibles dado
que no contienen obra nueva o distinta a la contemplada en el Proyecto de
Modernización originario”.
PLANAS INFORMADO
El
abanico de irregularidades que se describe es tan amplio como inquietante y preocupante
ya que hablamos de inversiones de muchos millones de euros de las arcas
autonómicas y europeas. Las denuncias de los regantes no solo llegaron a la
Junta de Andalucía y al despacho de los distintos responsables de Agricultura;
también han llegado a Bruselas, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y en Mayo de 2012 a la Fiscalía en Sevilla.
El ultimo consejero
del ramo, Luis Planas, recibió en el verano del año pasado una carta de la Cámara
de Contratistas de Andalucía donde, entre otras cosas, se llamaba la atención
sobre el irregular proceso en el que no se habían respetado «los principios
básicos de transparencia, objetividad, libre competencia y de selección de la
oferta económicamente más ventajosa».
El informe enviado
al consejero con fecha 26 de junio incluye varios ejemplos. Cuentan que el
proyecto de mejora de la comunidad de regantes del Chanza y Piedras, en Huelva,
está impugnado por retrasarse la fecha de licitación; o en el de la comunidad
de regantes Vega Campo Baeza denuncian que se han aplicado criterios técnicos
«ajenos a la legalidad y que parecen primar a determinadas empresas».
Cuando “Befesa y
Construcción Tecnología Ambiental” ganó finalmente el concurso de esta
importante obra junto a la constructora Alpi, su presidente, Javier Molina,
declaró a los medios: “Con estas obras, que optimizan el uso y gestión del
agua, garantizamos un considerable ahorro hídrico imprescindible para una
agricultura competitiva. Además, con esta adjudicación, se consolida el
tradicional liderazgo de Befesa en la actividad de regadíos”.
El agua, el control
del agua, potable o de riego, la gran guerra económica (y política) que
discurre actualmente por oscuros cauces subterráneos en Andalucía.
TERUEL DESMIENTE
José Luis Sánchez
Teruel, al que he consultado sobre este
asunto, ha recordado que cuando él llegó al cargo de Director General de
Regadíos la obra ya estaba adjudicada con anterioridad, “en la etapa de Paco
Ruiz Orta o Tomás (Martínez Jiménez) , no recuerdo exactamente”. Que “nunca
jamás hablé ni me habló de este tema el consejero Martín Soler” y que en este
asunto el papel de la Junta consistía en dar una subvención y punto, que era la
Comunidad de Regantes la que licitaba y adjudicaba la obra a quien considerase
oportuno. Reconoce que su único objetivo en todo el proceso que protagonizó
consistió en “lograr el buen fin de la obra y que se acabase cuanto antes”.
Sánchez Teruel desmiente categóricamente que hubiese protagonizado presiones de
ningún tipo por nada y ante nadie. En cuanto a la prontitud de los pagos, antes
incluso de los 120 días pactados, Teruel aclara que era la Comunidad la que
pagaba a la UTE y ellos, la Junta, a la Comunidad de regantes. El entonces
Director General de Riegos reconoce que visitó en dos ocasiones a la Comunidad,
pero que en ninguna de esas visitas ejerció presiones a favor de Befesa tal y
como denuncian los regantes ante la Fiscalía.
Teruel considera que
tanto retraso estuvo motivado por el desencuentro entre regantes y Befesa, algo
en lo que la Junta no tuvo nada que ver, asegura.
El ex director
genera de Riegos y actual diputado y SG del PSOE de Almería, alerta finalmente,
de que se puedan estar difundiendo informaciones falsas o inexactas respeto de
esta cuestión, donde la consejería de Agricultura actuó correctamente, según
Teruel.
Francisco Ruiz Orta,
nueve años de alcalde de Alhama de Almería, diez como Delegado de la Consejería
de Agricultura y cinco como Director General de Riegos, hoy jubilado de la política,
cree recordar que la primera adjudicación de la obra se realizó durante su
etapa en la Dirección General. También que la UTE que entonces ganó estaba
apoyada por la Comunidad y un Ayuntamiento, el de Los Palacios quizás, desde
donde llegaron ciertas “presiones o recomendaciones a su favor” hasta la Junta.
En ese trámite confirma Ruiz Orta que la Junta nada tenia que ver, ya que eran
los regantes quienes licitaban y adjudicaban la obra. Salvo en las labores de
fiscalización del proceso donde sí se intervenía. En este caso recuerda que,
efectivamente, a una de las empresas de la UTE le faltaba un certificado de
idoneidad para ejecutar la obra.
Ruiz Orta, que fue
nombrado Director General por Paulino
Plata, dado su conocimiento del milagro del agua en Almería, fue cesado por
Isaías Pérez Saldaña en 2005, sustituyéndole al frente de los regadíos un médico,
Tomas Martínez, actual delegado de Salud en Sevilla.
PARLAMENTO
El 18 de noviembre de 2009, en la correspondiente
Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía, la oposición de IU y del
PP le preguntaron por este asunto a la recién llegada -llevaba seis meses-
consejera de Agricultura Clara Aguilera quien, tras una faena de aliño,
defendió la pulcritud del trabajo de su departamento, al igual que ahora lo
defiende Sánchez Teruel o Ruiz Orta. Para ella todo estaba bien y marchando su
cumplimiento. Diego Valderas entró directamente al entramado de sospechas y
dijo que el procedimiento seguido no había sido “ni correcto ni decente”.
Valderas, que confesó haberse reunido con los afectados e incluso con la propia
consejera en privado para hablar del asunto, no la hacía responsable a ella,
sino a su predecesor, Martín Soler, y acabó echándole en cara que lo que le
había dicho en privado nada tenia que ver con lo que acababa de oír en Comisión,
esto es que todo estaba bien hecho en el proyecto de modernización de las
Marismas del Guadalquivir. El portavoz de IU animaba a la Junta a llevar a
Fiscalía todo lo hallado bajo sospecha, tal y como ya valoraban realizar en
esas fechas los regantes, y a retener cantidades a Befesa, verdadera
responsable de los problemas del proyecto.
“Si el dinero público ha sido mal utilizado- afirmó
el hoy Vicepresidente de la Junta-, si el dinero público se ha quedado atascado
en algún sitio, si el dinero público ha tenido una falta o un déficit de
gestión importante, y en ese déficit de gestión importante se encuentran
personas que han tenido relación cercana a lo que ha representado la Consejería
o la Agencia del Agua, yo sí le solicito, lógicamente, una acción más activa de
la propia Consejería”.
También le solicitaba Valderas que prestase
atención al documento que, por unanimidad de todos los partidos, PSOE incluido,
había aprobado el ayuntamiento de Los Palacios demandando soluciones,
investigación y responsabilidades. Valderas concluía desde los escaños entonces
de la oposición: “Y le anuncio: si observo que no tiene los resultados
apetecidos, que mi grupo parlamentario se verá en el derecho, si lo estima
oportuno, de pedir una comisión de investigación.”
La diputada del PP Dolores Calderón Pérez no se
anduvo por las ramas y empezó reconociendo que poseían toda la documentación
sobre la tramitación escandalosa de la obra. Una mala gestión que le iba a
suponer a los comuneros pasar de pagar de tres mil euros concertados a nueve
mil por el sobre coste provocado por la mala gestión. “Entonces ¿qué le
vendieron Uds. a los agricultores, un proyecto sin terminar?” preguntaba Calderón
que concluía mencionando solo una vez y
de pasada a Befesa . “¿Por qué no se averigua de verdad lo que ha pasado? ¿Qué
miedo tenemos, señora Consejera? ¿Tenemos algo que ocultar desde esta casa?
Espero que no, porque aquí solamente yo entiendo que Uds. – la Consejería- tienen
una responsabilidad, que es la de velar y controlar esos dineros.”
El portavoz socialista José Muñoz, que llegó a
mencionar a Darío Fo al responder al PP, acabó echando balones sobre la
Comunidad de Regantes en tanto que responsables de la obra y su licitación. La
junta les da el dinero, nada más.
La consejera hizo especial hincapié en que “hemos
verificado el cien por cien de la obra civil sobre el terreno, y la obra, el
80%, está realizado, que era lo previsto inicialmente y eso es lo que tiene que
verificar la Consejería de Agricultura y en lo que nos hemos empeñado. Por lo
tanto, ojo con los engaños a los agricultores, con la tergiversación de las
palabras y con la utilización”.
En la ultima ronda de intervenciones, Diego
Valderas, tras decir nuevamente que a IU le olía mal todo este asunto, le
planteó a Aguilera que si los regantes iban finalmente a la Fiscalía a
denunciar, que la Junta se sumase a la demanda de investigación penal. La
consejera no le respondió a este planteamiento.
Casi cuatro años después de aquel debate
parlamentario, en el juzgado Nº 16 de Sevilla, Susana Díaz, tiene su primera
oportunidad como Presidenta de la Junta para
demostrar con hechos y no palabras que no está dispuesta a tolerar corrupción,
venga de donde venga. La personación de la Junta como posible perjudicada en
esta Causa adquiere, en esta ocasión, la categoría de nítido mensaje político
anti corrupción. Alguien que conoce bien a la presidenta asegura que
Susana Díaz cumplirá lo que está
diciendo contra la corrupción, “ no lo pongas en duda”, pero lo hará a su
manera, eligiendo los tiempos y el momento.
Ahora se comprende algo mejor por qué Almería se ha
quedado sin consejero en este gobierno de la Junta. Susana parece que ve y lee hasta en los posos del
café.
Publicado hoy en AndalucesDiario
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