lunes, 7 de octubre de 2013

UN SUMARIO EN SEVILLA TUMBÓ AL CONSEJERO DE ALMERÍA

Un sumario judicial por corrupción, abierto a principios del mes de septiembre pasado en el Juzgado Nº 16 de Sevilla, podría ser una de las causas por las que Susana Díaz no incorporó en su primer gobierno como “consejero de Almería” a José Luis Sánchez Teruel, Secretario General del PSOE en aquella provincia, aclamado previamente como tal desde determinados sectores locales.  De tal manera que tanto PSOE como PP tienen a sus máximos lideres en Almería bajo la lupa de la Justicia. Sánchez Teruel aparece, según la denuncia presentada en mayo de 2012 en Fiscalía por una Comunidad de Regantes, como integrante destacado en una trama de supuestas presiones (y comisiones) que tras dieciséis meses, comienza a investigar ahora un juez en Sevilla.
El escándalo tiene a otro ilustre ex político almeriense en el escenario de los hechos, aparentemente con menos protagonismo pero con la máxima responsabilidad política, el ex consejero de Agricultura Martín Soler Márquez, poderoso titular entonces de la Consejería desde donde partieron las supuestas “presiones” para que los regantes adjudicaran una gran obra de mejora de regadíos – 66 millones- a una empresa del Grupo Abengoa.
Pero para que finalmente sea el Juzgado 16 de Sevilla quien se encargue de la investigación, ha tenido que pasar casi año y medio. Parece evidente que la Justicia detectó desde el primer momento que tenía una enorme y complicada patata hirviendo en sus manos.
El 24 de mayo de 2012, la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, presentó ante la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, una extensa y compleja denuncia sobre lo supuestamente acontecido en la tramitación de una importante obra de mejora de regadíos en su comunidad.
Aquella denuncia en Fiscalía recaló en el juzgado 16 de Sevilla; pasado un tiempo, fue remitida al Juzgado Nº 2 de Utrera quien, a su vez, lo volvió a reenviar a Sevilla para que la Sala determinase el órgano jurisdiccional competente. El juez de Utrera seguía sin tenerlo claro, no veía la tramitación de aquel asunto en su juzgado. Nadie quería la patata. A principios del mes de septiembre pasado, la Comunidad recibió noticia sobre la judicialización de la investigación, que quedaba finalmente en manos del magistrado titular del 16 de Instrucción de Sevilla. Aunque dada la presencia de un aforado es previsible que el asunto viaje otra vez, pero a Granada.
Teruel, que actualmente goza del estatus jurídico de aforado por ser diputado autonómico, ocupaba, según la denuncia de los regantes ante la Fiscal Jefe, el cargo de Director General de Regadíos de la Junta durante los hechos a investigar. También según la denuncia, su papel podría haber sido determinante -acusan-  al presionarles abiertamente a favor de “la cuarta empresa en méritos”, Befesa, del Grupo Abengoa. (La misma empresa, por cierto, que aparece en la ´Operación Poniente´ manejando los hilos y responsabilidades de gestión en la semi pública Elsur de El Ejido).
Sánchez Teruel no solo presionó supuestamente a la Comunidad de Regantes haciendo piña y defendiendo los intereses de Befesa frente a los comuneros. Para convencerles, denuncian, puso sobre la mesa el compromiso de aportar doce millones más desde la Junta para un proyecto “complementario” si se otorgaba a Befesa. Una “ampliación presupuestaria encubierta”, según denuncian los comuneros.


PEQUEÑOS AGRICULTORES

La Comunidad de Regantes abarca una superficie de casi trece mil hectáreas y está distribuida entre los municipios sevillanos de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas. La integran más de novecientos regantes, de los que más del 80% son explotaciones familiares de unas 12 hectáreas.
Según se relata en la documentada denuncia ante Fiscalía, grabaciones incluidas, la Comunidad se acogió, para optimizar el regadío en su ámbito de influencia, a los presupuestos oficiales promulgados para la mejora de los mismos en Andalucía, logrando inicialmente 40 millones, de un máximo de 66 subvencionables.
La obra fue pre adjudicada por la Comunidad a una UTE – Teconsa, Elecnor y Meci-Tegner- que, según los regantes, nunca gustó ni convenció a la Junta que defendía abiertamente la candidatura de Befesa (Abengoa), a pesar de ser la UTE pre seleccionada inicialmente la mejor oferta económica presentada. Argumentaba y se oponía la Junta porque a una de las empresas de la UTE elegida, decía, le faltaba un papel, una certificación oficial  de clasificación. Algo que se demostraría erróneo o falso a posteriori, afirman. Ni que decir tiene que, con las supuestas presiones ejercidas por la Junta, la obra acabó tras diversos problemas -incluidos los internos de la propia Comunidad- en manos de otra UTE, Befesa-Alpi y, además, la Comunidad tuvo que abonar al anterior adjudicatario cerca de 300 mil euros de indemnización por la cancelación del contrato.


ABENGOA Y EL PSOE

Las relaciones  entre los gobiernos socialistas con la empresa que fundara don Javier Benjumea Puigcerver tras la guerra civil, en 1941, han sido siempre excelentes. Desde que un clandestino Isidoro (Felipe González Márquez en el Siglo) almorzó un día en el comedor privado de Abengoa con don Javier y en riguroso secreto. El hábil y legendario patrón, nombrado años después Marqués de la Puebla de Cazalla, supo desde ese día que podía confiar en aquel joven sevillano, que no tenía ni rabo ni cuernos y que algún día no lejano dejaría la utopía del marxismo en el armario, junto a la chaqueta de pana.
Pero cuando la relación de la administración autonómica se ha intensificado con el Grupo Abengoa ha sido en la era Chaves al frente de la Junta, una relación ciertamente preferente que se expandía con mimo por ayuntamientos y diputaciones socialistas. También en el gobierno central. Eran, los del PSOE, los que tenían el poder político y el dinero público en esos años florecientes de la economía, también para la cuenta de explotación de la multinacional andaluza. En el Grupo Abengoa, que navega bien entre coloreadas aguas políticas, situando a “ex”  de todo pelaje en su consejo, tuvo uno de sus primeros trabajos la hija del presidente Chaves, Paula Chaves Iborra, concretamente en la empresa Telvent, mucho antes de trabajar en la subvencionada y polémica Matsa.
En  las ferias de abril de Martín Soler como consejero en Sevilla fue visto agasajando, entre otros selectos invitados, a la cúpula de Abengoa con Felipe Benjumea a la cabeza y también al alcalde de El Ejido, meses antes de que Juan Enciso entrase en prisión a cuenta de la Operación Poniente y el latrocinio en Elsur. Así al menos lo atestiguan las grabaciones telefónicas policiales del caso Poniente.


NOMBRES Y CANTIDADES

Pero lo que verdaderamente llega a inquietar en este tiempo a los regantes de las Marismas del Guadalquivir es el contenido de una última reunión que mantuvieron sobre su embarrancado proyecto a principios del año 12, en la sede institucional de la Delegación de Agricultura en Sevilla.
En esa reunión habían sido convocados los regantes para escuchar las propuestas de Befesa en aras a desbloquear el largo contencioso existente sobre el pago de certificaciones.
Ese día, el  7 de febrero de 2012, están presentes Juan María Padró Simarro, Jefe del Servicio de Promoción Rural y Carlos J. Rodríguez Pérez, Jefe del Departamento de Infraestructuras y Actuaciones Estructurales, ambos en representación de la delegación de Agricultura. En representación de los regantes acuden a la cita el presidente de la Comunidad, Rafael Algarín Parejo y Antonio José Reyes Maya, director de la misma.
El personaje principal del encuentro, en la sede oficial  de la Junta, es don Jesús León, el hombre que habla en nombre de Befesa como alto ejecutivo que representa la compañía.
“En dicha reunión se pronunciaron las siguientes frases en el siguiente contexto: Don Jesús León, representante de Befesa, dice textualmente ´voy a poner en un papel nombres, apellidos y cantidades´ habiendo indicado previamente que su empresa, Befesa, ha pagado por la Obra más gastos (en negro) que los que pudieron reflejar en la demanda interpuesta contra la Comunidad de Regantes. Don Antonio José Reyes Maya, director de la Comunidad, le pregunta inmediatamente que si lo que está diciendo es lo que están entendiendo todos, es decir, que han pagado irregularmente a causa de la Obra y que, si es así, que lo ponga por escrito lo más rápidamente posible, a lo que Don Jesús contesta que ´lo haré pero en un folio sin membrete de la empresa”.
De aquella reunión se levantó acta a la que se opusieron todos, todos menos el presidente de la Comunidad de Regantes y el director de la misma.
La Junta de Andalucía, a través de la consejería de Agricultura, ha estado puntualmente informada sobre estos sucedidos con fondos públicos en las cercanas marismas sevillanas del Guadalquivir. Hasta sus máximos responsables ha llegado en estos años denuncia amplia y extensa, con nombres y apellidos, sobre un modus operandi bajo sospecha y digno de ser investigado a fondo. También en el Parlamento se ha debatido el escándalo; fue cuando IU amenazó con pedir una comisión de investigación en aras a aclarar un extraño y maloliente procedimiento que, como sucedía en esa misma época con los Eres, parece que tampoco se fiscalizó convenientemente.


“CONMINA Y PRESIONA”

En un informe elevado a la Delegación de Agricultura en Sevilla, folio seis, pueden leerse cosas como estas:
“La adjudicación definitiva del contrato de las obras de modernización a la UTE formada por Befesa-Alpi fue realizada con la intervención directa de la Dirección General de Regadíos. Constan para esta afirmación los testimonios y manifestaciones, recogidos fehacientemente, de miembros de la mesa de licitación y del entonces presidente de la Comunidad de regantes de que ´se produjo una llamada telefónica de la Junta de Andalucía que indicó qué empresa de las ofertantes debía ser elegida´. La UTE Befesa-Alpi tenía la cuarta posición en el baremo de calificación en la documentación que obra en el proceso de adjudicación”.
Describen a continuación el negocio que empieza a florecer para unos cuantos:
“Posteriormente, la UTE Befesa-Alpi como consta en el Libro de Subcontratación de la Obra, subcontrató la ejecución de la obra a las empresas Meci, Tecner y otras empresas vinculadas con sus socios y administradores. Estas empresas y personas, más de tres meses antes de que saliera a licitación la contratación de la obra, ya estaban realizando negociaciones y transacciones con la entrega de pagarés bancarios relacionados con la obra de las que se deduce, por su importancia y cuantía, que estas personas ya sabían que iban a ser adjudicatarios de las obras del Proyecto de Modernización. Como así ha sido”
La UTE finalmente adjudicataria tuvo mucha suerte, es evidente, tanta fortuna que lograba cobrar de la Administración autonómica, a través de los regantes, con inusual puntualidad. Así lo cuentan:
“Apenas transcurrido un mes desde la firma del contrato y sin apenas haberse ejecutado la obra, tanto por el escaso tiempo transcurrido como por la temporada de lluvias que impedía su ejecución, se emitió una primera certificación de obra por importe de 4.245.826,56 euros con la intervención y visto bueno del Inspector Facultativo designado por la Junta de Andalucía. Dicha certificación se abona al contado en lugar de a los 120 días estipulados en el contrato de adjudicación de obras”.
Pero parece que esta ocasión no fue una raya en el agua; llegaron más pagos a través de la ventanilla para gente VIP de la tesorería de la Junta:
“Las certificaciones posteriores fueron, igualmente, pagadas al contado a pesar de estar convenido en el contrato que se abonarían a los 120 días”.
Y en algunas ocasiones, por adelantado y sin que fuesen presentados los avales correspondientes, poniendo como testigos a empleados de La Caixa como receptores de presiones -“apremios”- de la Delegación de Agricultura para que se pagase con prontitud.
“El director facultativo de la obra indica, en el informe al efecto que está en poder de esa Consejería de Agricultura, que hasta julio de 2008, se había certificado más cantidad económica y diferentes unidades a las constatables en la obra. Este grave acaecimiento es igualmente conocido por la Consejería de Agricultura, a través de la Dirección General de Regadíos, ya que el funcionario que interviene como inspector de la Consejería firma las certificaciones continuadamente desde la primera”.
En sus denuncias ante la Junta, los comuneros regantes, van más allá y apuntan nombres, apellidos y hechos:
“La Consejería de Agricultura continua con su intervención y negociación en la ´ejecución de la obra´ pero en un sentido opuesto al de la colaboración o rectificación. Así, el Director General de Regadíos, don José Luis Sánchez Teruel, en presencia de don Carlos J. Rodríguez, Jefe de Servicio de la Consejería de Agricultura en una reunión  celebrada en agosto de 2008, en las oficinas de la Comunidad de Regantes, en presencia de representantes de Befesa, conmina y presiona a algunos miembros de la Junta de Gobierno para que acepten una subida de precio de la obra y además justifica y ampara la actitud de Befesa. Al efecto existe en el expediente el Acta de dicha reunión y su posterior elevación a escritura pública. Dicha subida de precios se realiza en contra de lo que al respecto establece el Código Civil, siendo que las subidas de los precios de los materiales y mano de obra que se produzcan durante la ejecución de la obra serán por cuenta y a cargo del contratista, ya que no se trataba de mejoras como tales sino de unidades esenciales del proyecto de licitación que se traspolaron en un proyecto técnico complementario”.
Pero en esa época, el dinero, no parecía un problema para un director general de la Junta, se llamara Guerrero o Teruel. La narración continúa:
“La subida de precios anterior protagonizada y negociada por el Director General de Regadíos en connivencia con Befesa no es más que un vaciamiento de unidades de obra esenciales del contrato y su remisión a un llamado ´proyecto complementario´. Para dicho proyecto complementario, don José Luis Sánchez Teruel, prometió una nueva subvención, (de doce millones) con la condición de que fuera asignado directamente a Befesa. Tan es así, que en el expediente  del Proyecto de Modernización consta el informe de los servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura que dice que el proyecto complementario y su subvención no son posibles dado que no contienen obra nueva o distinta a la contemplada en el Proyecto de Modernización originario”.


PLANAS INFORMADO

El abanico de irregularidades que se describe es tan amplio como inquietante y preocupante ya que hablamos de inversiones de muchos millones de euros de las arcas autonómicas y europeas. Las denuncias de los regantes no solo llegaron a la Junta de Andalucía y al despacho de los distintos responsables de Agricultura; también han llegado a Bruselas, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y en Mayo de 2012 a la Fiscalía en Sevilla.
El ultimo consejero del ramo, Luis Planas, recibió en el verano del año pasado una carta de la Cámara de Contratistas de Andalucía donde, entre otras cosas, se llamaba la atención sobre el irregular proceso en el que no se habían respetado «los principios básicos de transparencia, objetividad, libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa».
El informe enviado al consejero con fecha 26 de junio incluye varios ejemplos. Cuentan que el proyecto de mejora de la comunidad de regantes del Chanza y Piedras, en Huelva, está impugnado por retrasarse la fecha de licitación; o en el de la comunidad de regantes Vega Campo Baeza denuncian que se han aplicado criterios técnicos «ajenos a la legalidad y que parecen primar a determinadas empresas».
Cuando “Befesa y Construcción Tecnología Ambiental” ganó finalmente el concurso de esta importante obra junto a la constructora Alpi, su presidente, Javier Molina, declaró a los medios: “Con estas obras, que optimizan el uso y gestión del agua, garantizamos un considerable ahorro hídrico imprescindible para una agricultura competitiva. Además, con esta adjudicación, se consolida el tradicional liderazgo de Befesa en la actividad de regadíos”.  
El agua, el control del agua, potable o de riego, la gran guerra económica (y política) que discurre actualmente por oscuros cauces subterráneos en Andalucía.


TERUEL DESMIENTE

José Luis Sánchez Teruel,  al que he consultado sobre este asunto, ha recordado que cuando él llegó al cargo de Director General de Regadíos la obra ya estaba adjudicada con anterioridad, “en la etapa de Paco Ruiz Orta o Tomás (Martínez Jiménez) , no recuerdo exactamente”. Que “nunca jamás hablé ni me habló de este tema el consejero Martín Soler” y que en este asunto el papel de la Junta consistía en dar una subvención y punto, que era la Comunidad de Regantes la que licitaba y adjudicaba la obra a quien considerase oportuno. Reconoce que su único objetivo en todo el proceso que protagonizó consistió en “lograr el buen fin de la obra y que se acabase cuanto antes”. Sánchez Teruel desmiente categóricamente que hubiese protagonizado presiones de ningún tipo por nada y ante nadie. En cuanto a la prontitud de los pagos, antes incluso de los 120 días pactados, Teruel aclara que era la Comunidad la que pagaba a la UTE y ellos, la Junta, a la Comunidad de regantes. El entonces Director General de Riegos reconoce que visitó en dos ocasiones a la Comunidad, pero que en ninguna de esas visitas ejerció presiones a favor de Befesa tal y como denuncian los regantes ante la Fiscalía.
Teruel considera que tanto retraso estuvo motivado por el desencuentro entre regantes y Befesa, algo en lo que la Junta no tuvo nada que ver, asegura.
El ex director genera de Riegos y actual diputado y SG del PSOE de Almería, alerta finalmente, de que se puedan estar difundiendo informaciones falsas o inexactas respeto de esta cuestión, donde la consejería de Agricultura actuó correctamente, según Teruel.
Francisco Ruiz Orta, nueve años de alcalde de Alhama de Almería, diez como Delegado de la Consejería de Agricultura y cinco como Director General de Riegos, hoy jubilado de la política, cree recordar que la primera adjudicación de la obra se realizó durante su etapa en la Dirección General. También que la UTE que entonces ganó estaba apoyada por la Comunidad y un Ayuntamiento, el de Los Palacios quizás, desde donde llegaron ciertas “presiones o recomendaciones a su favor” hasta la Junta. En ese trámite confirma Ruiz Orta que la Junta nada tenia que ver, ya que eran los regantes quienes licitaban y adjudicaban la obra. Salvo en las labores de fiscalización del proceso donde sí se intervenía. En este caso recuerda que, efectivamente, a una de las empresas de la UTE le faltaba un certificado de idoneidad para ejecutar la obra.
Ruiz Orta, que fue nombrado  Director General por Paulino Plata, dado su conocimiento del milagro del agua en Almería, fue cesado por Isaías Pérez Saldaña en 2005, sustituyéndole al frente de los regadíos un médico, Tomas Martínez, actual delegado de Salud en Sevilla.


PARLAMENTO

El 18 de noviembre de 2009, en la correspondiente Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía, la oposición de IU y del PP le preguntaron por este asunto a la recién llegada -llevaba seis meses- consejera de Agricultura Clara Aguilera quien, tras una faena de aliño, defendió la pulcritud del trabajo de su departamento, al igual que ahora lo defiende Sánchez Teruel o Ruiz Orta. Para ella todo estaba bien y marchando su cumplimiento. Diego Valderas entró directamente al entramado de sospechas y dijo que el procedimiento seguido no había sido “ni correcto ni decente”. Valderas, que confesó haberse reunido con los afectados e incluso con la propia consejera en privado para hablar del asunto, no la hacía responsable a ella, sino a su predecesor, Martín Soler, y acabó echándole en cara que lo que le había dicho en privado nada tenia que ver con lo que acababa de oír en Comisión, esto es que todo estaba bien hecho en el proyecto de modernización de las Marismas del Guadalquivir. El portavoz de IU animaba a la Junta a llevar a Fiscalía todo lo hallado bajo sospecha, tal y como ya valoraban realizar en esas fechas los regantes, y a retener cantidades a Befesa, verdadera responsable de los problemas del proyecto.
“Si el dinero público ha sido mal utilizado- afirmó el hoy Vicepresidente de la Junta-, si el dinero público se ha quedado atascado en algún sitio, si el dinero público ha tenido una falta o un déficit de gestión importante, y en ese déficit de gestión importante se encuentran personas que han tenido relación cercana a lo que ha representado la Consejería o la Agencia del Agua, yo sí le solicito, lógicamente, una acción más activa de la propia Consejería”.
También le solicitaba Valderas que prestase atención al documento que, por unanimidad de todos los partidos, PSOE incluido, había aprobado el ayuntamiento de Los Palacios demandando soluciones, investigación y responsabilidades. Valderas concluía desde los escaños entonces de la oposición: “Y le anuncio: si observo que no tiene los resultados apetecidos, que mi grupo parlamentario se verá en el derecho, si lo estima oportuno, de pedir una comisión de investigación.”
La diputada del PP Dolores Calderón Pérez no se anduvo por las ramas y empezó reconociendo que poseían toda la documentación sobre la tramitación escandalosa de la obra. Una mala gestión que le iba a suponer a los comuneros pasar de pagar de tres mil euros concertados a nueve mil por el sobre coste provocado por la mala gestión. “Entonces ¿qué le vendieron Uds. a los agricultores, un proyecto sin terminar?” preguntaba Calderón que concluía  mencionando solo una vez y de pasada a Befesa . “¿Por qué no se averigua de verdad lo que ha pasado? ¿Qué miedo tenemos, señora Consejera? ¿Tenemos algo que ocultar desde esta casa? Espero que no, porque aquí solamente yo entiendo que Uds. – la Consejería- tienen una responsabilidad, que es la de velar y controlar esos dineros.”
El portavoz socialista José Muñoz, que llegó a mencionar a Darío Fo al responder al PP, acabó echando balones sobre la Comunidad de Regantes en tanto que responsables de la obra y su licitación. La junta les da el dinero, nada más.
La consejera hizo especial hincapié en que “hemos verificado el cien por cien de la obra civil sobre el terreno, y la obra, el 80%, está realizado, que era lo previsto inicialmente y eso es lo que tiene que verificar la Consejería de Agricultura y en lo que nos hemos empeñado. Por lo tanto, ojo con los engaños a los agricultores, con la tergiversación de las palabras y con la utilización”.
En la ultima ronda de intervenciones, Diego Valderas, tras decir nuevamente que a IU le olía mal todo este asunto, le planteó a Aguilera que si los regantes iban finalmente a la Fiscalía a denunciar, que la Junta se sumase a la demanda de investigación penal. La consejera no le respondió a este planteamiento.
Casi cuatro años después de aquel debate parlamentario, en el juzgado Nº 16 de Sevilla, Susana Díaz, tiene su primera oportunidad  como Presidenta de la Junta para demostrar con hechos y no palabras que no está dispuesta a tolerar corrupción, venga de donde venga. La personación de la Junta como posible perjudicada en esta Causa adquiere, en esta ocasión, la categoría de nítido mensaje político anti corrupción. Alguien que conoce bien a la presidenta asegura que Susana  Díaz cumplirá lo que está diciendo contra la corrupción, “ no lo pongas en duda”, pero lo hará a su manera, eligiendo los tiempos y el momento.
Ahora se comprende algo mejor por qué Almería se ha quedado sin consejero en este gobierno de la Junta. Susana  parece que ve y lee hasta en los posos del café.

Publicado hoy en AndalucesDiario


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