viernes, 30 de noviembre de 2012

HUBO UNA VEZ UNA COMISION DE INVESTIGACION QUE NO LE COSTÓ DINERO A LOS ANDALUCES



En la treintañera historia del parlamentarismo andaluz, que se recuerde, solo una de las tres o cuatro comisiones de investigación que se han creado, arrojó resultados positivos para los andaluces y por pura chiripa. Fue en 1986 siendo presidente de la Junta Jose Rodriguez de la Borbolla y Camoyán. Decidieron comprarle al constructor granadino Nicolás Osuna el Edificio Presidente, construido frente al inmenso solar donde se ubica cada año la Feria de Abril de Sevilla y su portada. Dos mil millones de pesetas por un edificio, feo de narices, cuya tasación oficial, según aportó la oposición, estaba como máximo en los 1.200 millones de pesetas. A juicio de comunistas, andalucistas, populares y Javier Arenas que actuaba entonces desde el Grupo Mixto, aquellos seiscientos kilos que faltaban habrían ido a parar a las arcas del PSOE de Andalucía en formato de comisiones al partido. Porque en aquella época aún se recaudaba para la tesorería del partido, degenerando muy poco después en el enriquecimiento personal de unos cuantos, bastantes, que manejaban el cotarro directa o indirectamente desde las cloacas de la corrupción. Algo que, en aquellos primeros años de autonomía, no estaba mal visto por los ciudadanos como ha venido sucediendo hasta hace un par de años elección tras elección.
Se creó la comisión de investigación y por allí desfilaron todos. Incluido un inexperto y políticamente asilvestrado promotor inmobiliario, Nicolas Osuna García, al que tuvieron que darle clases previas, en un escenario imaginario de opereta, donde uno que ejercía el papel “de Felipe Alcaraz” le preguntaba con mala leche, buscando más la provocación que la verdad:

-Sr Osuna, nos consta que Ud tiene antecedentes penales porque ha estado en prisión, ¿nos puede explicar los motivos para haber pasado por el presidio?

Aquellas preguntas tan incómodas y crueles en sesiones de tarde y noche para preparar su comparecencia ante la comisión, sin perder el control y los nervios, fueron verdaderas torturas para el dueño de la sociedad Inonsa, la que había firmado meses antes, el 17 de noviembre del 86, la venta del polémico Edificio Presidente. Era la construcción de aquella mole su primera gran irrupción en el mercado del suelo urbanizable de la capital política de Andalucía. Estaban llegando los pelotazos inmobiliarios por doquier.
En la sesión donde se debían aprobar las conclusiones de la segunda comisión de investigación que creaba el Parlamento de Andalucía (la primera fue en la etapa de Rafael Escuredo de presidente de la Junta, a cuenta del caso Uteco y Caja Rural de Jaén) el presidente Borbolla no hizo caso a lo que unánimemente le proponía la oposición en bloque: que deshiciera la compra y el dinero volviese a la caja de la Junta de Andalucía. Y el PSOE en solitario sacó la aprobación de compra mediante  el rodillo de la mayoría que poseía, justificando un supuesto ahorro en el pago de alquileres de los servicios centrales del gobierno en Sevilla.
Pero poco tiempo después, sin avisar y por sorpresa, Borbolla deshizo la operación con Osuna quien, desde luego, no lo perdió todo en la polémica y fallida operación.
Nunca pudo saberse cuantos de esos dos mil millones de pesetas, pudieron perderse en el hacer y deshacer la operación, en cualquier caso , por chiripa, los ciudadanos andaluces pudimos recuperar una inversión a todas luces desproporcionada y con un fuerte olor a chamusquina del por aquí te quiero ver.
Borbolla estuvo ágil, fue capaz de negociar hábilmente con Osuna gracias a los buenos oficios de su vicepresidente Jose Miguel Salinas. Y acabó sorprendiendo a todos haciendo justo lo que en la Comisión le habían pedido todos los grupos, todos excepto el PSOE que quedó como la chata tras la renuncia gubernamental al edificio.

Y los EREs

Más o menos como le acaba de suceder ahora, al finiquitarse formalmente los “trabajos” de la Comisión del escándalo de los Eres en el Parlamento de Andalucía.
Esta vez con la agravante de que su socio de gobierno, Diego Valderas con IUCA, ha sido el que ha retirado la escalera al PSOE-A, dejando a Pepe Griñán con la brocha en la mano y con una inmensa sensación de bochorno y espantoso ridículo, ante "el fiasco" resultante, según propia definición del presidente.
Nadie se explica tanta torpeza en una dirección socialista, liderada por Griñán, y flanqueado por dos “águilas” como Mario Jiménez y Susana Diaz. Salvo que uno repare y busque la explicación en las tensiones familiares que desde hace muchos meses se percibe en lo más alto del PSOE de Andalucía. Tensiones que confirman en la actualidad un enfrentamiento abierto entre quienes han gobernado el partido durante dos décadas y consideran que Griñan no tiene derecho a hacer las cosas de forma distinta a como ellos las hicieron. Y al frente de los rebeldes, en un papel solapado pero que se nota, se siente, Manolo Chaves, diputado de a pié y con tiempo suficiente para hablar con los tirios  de los troyanos del sur. Miren lo de Cádiz, todo un Carnaval adelantado al mes de los muertos.
Que Griñán no haya aceptado elevar las más que evidentes responsabilidades políticas hasta dos miembros del gobierno de Chaves - Viera y Fernández-  forma parte de un pacto al que llegaron hace meses las facciones en litigio con la intermediación de Alfredo Pérez Rubalcaba. Griñán, en el ejercicio de equilibrismo que le caracteriza como presidente federal del PSOE, admitió entonces tragarse ese inmenso sapo, aún imaginando que Valderas no le iba a acompañar en el fatídico desayuno. Al final, visto lo visto, el presidente ha preferido apechugar con un espectáculo público bochornoso a abrir aún más la brecha que le separa de los nostálgicos del chavismo, de "sus mayores". El sabrá por qué lo ha hecho. Habrá medido, sin duda, las consecuencias políticas.

viernes, 9 de noviembre de 2012

PSOE ALMERIA: MÁS DE LO MISMO


Muchos amigos suelen preguntarme el motivo de mi reiterado interés periodístico por todo lo que sucede en la Almería política y económica. La respuesta es bien sencilla: aquella entrañable y acogedora provincia andaluza, ha sido convertida por la política en las últimas décadas en una especie de laboratorio de la omertá – ley del silencio- donde, difícilmente, se hallarán grandes disensiones o denuncias entre los dos grandes partidos y entre quienes les rodean o manejan desde las sombras político-económicas de la provincia.
Eso es lo llamativo en una tierra acogedora y hospitalaria donde, miles de honrados ciudadanos, han sido capaces con su trabajo diario cambiar el PIB de una desértica y finalmente productiva Almería. Y donde, además, la clase política dirigente vive instalada en la corrupción política y económica más vergonzante, campando por sus respetos y sin el más mínimo pudor en la mayoría de ocasiones.
La política de no agresión entre el PSOE y el PP, que debilita los pilares del sistema democrático de partidos, se institucionalizó hace bastantes años, cuando dirigía los destinos socialistas de la provincia Martin Soler, con un Gabriel Amat al frente del PP que felizmente sobrevive hoy a todos los cambios climáticos.
Las broncas entre socialistas y populares en estos años se han limitado a cuestiones menores, políticas del día a día, todo ello en un clima de leal oposición y siempre políticamente correcta.
Llegó en 2009 la Operación Poniente, extrañamente paralizada a día de hoy en un juzgado de Almería, y apartó de la circulación política al sector más duro de la derecha del PP; fue Juan Enciso y los suyos, los que acabaron fundando el PAL y con algunos compinches en la cárcel, entre ellos el propio Enciso. Aquella operación judicial, impulsada desde la Fiscalía Superior de Granada y desde la Fiscalía Anticorrupción, quedó inconclusa tras abandonar el juzgado Nº 2 de Almería la magistrada Montserrat Peña. A su marcha, el voluminoso sumario y piezas separadas de la OP, quedó sumido en el olvido más desesperante. Especialmente para los casi 70 imputados en la causa y con casi 500 millones públicos desaparecidos, solo de las arcas del ayuntamiento de El Ejido. Para algunos juristas, conocedores de las tripas del sumario, de haber continuado la investigación al mismo ritmo que se llevó con la anterior jueza, es muy posible que se hubiesen traspasados los límites geográficos, económicos y políticos de El Ejido para entrar en Roquetas, camino de Almería. (Que entre los imputados esté el dueño de la empresa que recauda los impuestos de los almerienses, conduce necesariamente a pensar que la trama descubierta pasa o acaba en la capital.)
Lo cierto es que, habiendo estallado una gran bomba de corrupción en la derecha con la OP, con dirigentes políticos de por medio que un día lo fueron del PP, el PSOE guardó silencio y nunca se aprovechó de la debilidad muy notable de su gran adversario en el eterno bipartidismo almeriense. Para nada comparable la actitud socialista con la capacidad de presión y desgaste que hace actualmente el PP con el caso EREs frente a Griñán en Sevilla. Claro que entonces, 2008, el PSOE-A antepuso a los intereses generales un pacto vergonzante, bajo la mesa, con la extrema derecha del PAL para dirigir en la sombra durante años la Diputación Provincial. Pacto, por cierto, que bendijo urbi et orbe el mismísimo Manuel Chaves González, como presidente de la Junta y SG del PSOE-A en una de sus muchas visitas a Almería.
Y así iba a transcurrir la hoja de ruta política de los dirigentes almerienses de la derecha y de la izquierda, practicando al unísono el consabido vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse .
La caída de Martín Soler y Diego Asensio al frente de la Agrupación Provincial socialista, auspiciada desde Sevilla por el propio Jose Antonio Griñán, situó en la Secretaría Generala un joven dirigente que antes había sido alcalde de Chirivel. También estrecho colaborador de Fuensanta Coves en Medio Ambiente. Nombrado posteriormente director general por Soler en su etapa como titular de Agricultura, acabó situado como mascarón de proa de una operación para arrebatar la mayoría a quiénes la habían retenido durante década y media con Soler al frente. La operación bien podría haberse llamado cómo matar al padre.
Tras unos congresos a cara de perro, finalmente el aparato de San Vicente impuso una nueva línea que debería ejecutar el recién elegido Secretario General José Luis Sánchez Teruel, que obtiene entorno al 80% del respaldo del congreso. Un apoyo suficiente para afrontar, aparentemente sin complejos, hipotecas ni ataduras con el pasado, una nueva etapa especialmente dedicada en sus inicios a renovar profundamente los cuadros del partido y profundizar en una nueva forma de ejercer la oposición a la poderosa derecha. Alejada, se suponía, de aquellas otras maneras que tanta quietud y complicidad distribuyó en la omertá política almeriense, capitaneada durante muchos trienios por Amat y Soler, sus verdaderos ideólogos y ejecutores.
No en vano, el único poder real que le queda al PSOE en Almería en la actualidad, amén de cuatro o cinco alcaldías de pueblos, está en las delegaciones de la Junta, gestión que el PSOE comparte con IU.

Llegan los escándalos al PP

Pero los escándalos de corrupción empiezan a salpicar duramente al PP y nuevamente el PSOE opta por la misma política de antes. Guardar silencio y mirar para otro lado, sin duda una política de avestruz bien amaestrado. 
En el mejor de los casos es un tercera fila quien se explaya en un comunicado, perdido en Internet, - porque los medios convencionales se ocupan de otras cosas-, (amén de firmar convenios urbanísticos) a cuenta de esta o aquella decisión adversa para los políticos del PP como Gabriel Amat, quien últimamente parece que colecciona las sentencias a manojitos.
Sánchez Teruel ha comentado para justificar su prudente actitud que no convenía precipitarse en el ataque directo a Amat y al PP ya que, confesaba, podrían hallarse “a compañeros del partido” mezclados en los negocios más inverosímiles, de ahí que mantuviese una discreta posición ante los reiterados escándalos en la derecha, “para que no nos salpique”. Era una clara referencia al histórico portavoz del PSOE de Roquetas, Ortega Paniagua, vinculado a empresas y socios del clan Amat, según se documenta por Internet. El último escándalo sonoro ha afectado a la actual delegada del Gobierno en Andalucía, Mari Carmen Crespo, a quien la Justicia le ha tumbado una subasta, realizada en su época de alcaldesa popular de Adra, porque que tenía que ser con la forma jurídica de concurso público. Seis millones de euros de 2009 por unos solares cercanos al mar y cuyos fondos no se saben muy bien a donde fueron a parar ya que, según dice el juez de lo Contencioso, no estuvieron destinados a viviendas de Protección Oficial como debería haber sido y marca la Ley.
Por otro lado, la Guardia Civil, a instancias de un Juzgado y por denuncia de la Agencia Tributaria, intervino la sede del principal holding empresarial de Miguel Rifá en Roquetas, empresario cercano al PP y a Gabriel Amat y que ya apareció vinculado a la Operación Poniente en operaciones de compra venta de terrenos no declaradas a Hacienda. Y en el PSOE ni siquiera mueven un músculo para interesarse por las variantes políticas de esta intervención judicial, que las tiene según todos los indicios. Desde el verano hasta aquí, silencio por todos lados,  nadie pide -ni para quedar bien- una comisión de investigación, mientras que una docena de muy notables empresarios almerienses, Rifá entre ellos, permanecen imputados en un abultado sumario por la presunta comisión de numerosos delitos de carácter económicos.
A todo esto, observando los movimientos en el seno del PSOE de Almería, uno se da cuenta fácilmente del motivo por el que los socialistas almerienses no pueden atender la reclamación de transparencia que demanda la sociedad y el electorado que les da la espalda. Están a lo suyo, enfrascados ahora en una operación maquillaje donde todo debe cambiar para que todo siga igual. Y ahí tienen a todo un secretario general, Sánchez Teruel, más preocupado por las escaladas y tirones de la ambiciosa ex martinista Adela Segura, que intenta por todos los medios hacerse con el poder del aparato provincial y neutralizar a Juan Carlos Perez Navas, uno de los pocos dirigentes socialistas no contaminados por la corrupción. O cómo se recolocan con nuevas responsabilidades a cargos de confianza del martinismo, caso de la antigua secretaria de organización, hoy flamante coordinadora del grupo municipal socialista en Almería, o resitúan a uno de los hombres del clan de Soler en Terque/Alhama, nombrándole coordinador de las delegaciones de la Junta.
Visto lo visto, o mucho me equivoco o Griñan puede que haya fracasado en su intento de renovación del partido en Almeria, al haber elegido a una persona sobre la que pueden concurrir solamente dos circunstancias: o no está capacitado para liderar la recuperación del PSOE frente a un potente y hegemónico PP, o solo ejecuta el manual de funcionamiento del partido que dejó en herencia en el cajón de la SG Martín Soler Márquez.
Con los gestos como opositor y con los nombramientos internos en marcha, más bien parece lo último. De cambio, nada. Más de lo mismo en el PSOE de Almería.

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