Ha levantado cierta escandalera social la intervención, de buenas a primeras, de la Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, en el Caso Marta del Castillo. Si muchos esperaban que la máxima representante del Ministerio Público en Sevilla hubiese hallado un pequeño resquicio para poner Ley y orden en el laberinto en que se ha convertido la investigación del crimen, se han llevado un chasco monumental. En efecto, la orden superior que Segarra recibió hace tiempo para poner coto al desfile de menores en los realitys televisivos, ha acabado convertido en una solución esperpéntica y, para mucha gente, incomprensible: propone que las cadenas de TV deberán pagar a la menor cien mil euros porque se ha atentado contra su honor, buscando solo morbo y espectáculo. Una menor, la novia del presunto, que resultaría a posteriori implicada en la trama y que acudió a los platós de Tv acompañada, debidamente autorizada por sus padres y tutores, cuya madre, por cierto, también participó en el akelarre televisivo.
Tan increíble, desproporcionada y exenta de sentido común es la resolución de Segarra, que todavía se escuchan las risotadas de muchas productoras dedicadas a este tipo de negocios televisivos. Sencillamente porque el show debe continuar, manda el negocio. Les hago una apuesta: a que si sale de la cárcel el hermanastro del presunto, acaba en una TV haciéndose la prueba del polígrafo que ha solicitado su abogado y que en España no tiene validez como prueba pericial. Al tiempo. La llamativa petición de Fiscalía a las teles no solo no conseguirá asustar a nadie, trae consigo un debate sobre el derecho a la información que se conculca en este caso, a pesar de que se haya comercializado basura.
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