PENDÓN EN EL RÉGIMEN DE "EL CALAYO"

Hace solo un mes el presidente de la Diputación de Málaga, el socialista Salvador Pendón, visitaba la localidad de Alcaucín, en plena comarca malagueña de La Axarquía. Iba rodeado de un nutrido séquito según la nota oficial: “presidente estuvo acompañado por los diputados, Jesús Mora, Lina María Vidales, María Teresa Pérez Leal, el alcalde de Alcaucín, Juan Manuel Martín y varios concejales del ayuntamiento” puede leerse en la web del ayuntamiento. El edil, Pepe “El Calayo”, estaba feliz ese sábado 24 de enero. No solo porque disfrutaba de la compañía de su gran  amigo y “compañero”  Salvador Pendón, gran aficionado como él al Flamenco, un arte en el que El Calayo es figura reconocida en la comarca como cantaor en sus ratos libres, bien en festivales o últimamente en las televisiones locales. Juan Manuel Martín Alba no ocultaba ese fin de semana su satisfacción porque Salvador Pendón, además,  le había llevado en la cartera de Presidente de la Diputación más de 130.000 Euros con los que la corporación provincial de Málaga financiaba la rehabilitación de la zona de “El Alcázar” y, de paso, le compraba un coche para la Policía Local valorado en  algo más de 22.000 Euros.

El presidente de la Diputación pudo comprobar, una vez más, cuanto querían a El Calayo sus convecinos, al que le han venido dando  cinco mayorías absolutas consecutivas. “¡ Lo de Calayo en Alcaucín si que es un régimen!”, he oído en fiilas socialistas. La población de Alcaucín ha aumentado casi el 65% en los últimos ocho años, coincidiendo con un considerable aumento de la actividad urbanistica e inmobiliaria en el término.

Eso explicaría la solidaridad levantada entre numerosos vecinos de Alcaucín cuando la Guardia Civil procedió a la detención el pasado viernes de su alcalde, concejales, constructores y familiares de todos ellos. La Fiscalía y un juez de Vélez Málaga, les acusa a todos ellos de un rosario numeroso de delitos, propios de la relación corrupta entre gobernantes, funcionarios y empresarios sin escrúpulos.

Juan Manuel Martín era uno de los bastiones comarcales del presidente de la Diputación en el sector socialista malagueño conocido como “el clan de los catetos”, alineado con Marisa Bustinduy en la última crisis interna del socialismo malagueño. Era alcalde y secretario general en la Agrupación del PSOE de Alcaucín. Unos apoyos, todo habrá que decirlo, que no parece que hayan sido gratuitos. La Junta de Andalucía en Málaga, controlada politicamente por la diputada Bustinduy durante años, fue dando carpetazos a casi un centenar de denuncias de organizaciones ecologistas contra los desmanes urbanísticos y medioambientales de Pepe El Calayo. Juan Manuel Martín, durante años, ofreció su apoyo a un sector del partido en Málaga, a cambio de protección  y “tolerancia 10” para sus proyectos y negocios. 

No debe sorprender lo que se está sabiendo. Lo de Alcaucín es un vivo retrato de lo que sucede en decenas de pueblos andaluces, aunque el denominado Caso Arcosno parece que esté rodeado del glamour de Marbella o Estepona, será porque a este escándalo nadie le quita el punto “Arrayán”.

Vengo sosteniendo hace tiempo que todas aquellas poblaciones, costeras o del interior, que han padecido un desarrollo urbanístico por encima de lo normal en la ultima década, no soportarían una leve investigación judicial entorno a los beneficios generados a sus promotores y los métodos empleados por quienes aprobaron sus proyectos. Seguirían faltando fiscales, jueces, policías y, seguramente, cárceles.

El PSOE intenta el desmarque electoral 

Esta es quizás la gran moraleja de lo visto y oído entorno a Alcaucín en estos días. Que las leyes y normas de control de la administración autonómica en materia urbanística y protección medioambiental, demasiadas veces ha quedado relegado a un segundo plano, primándose el clientelismo político de clanes internos del PSOE y, como parece en este caso, permitiendo robar entre fandango y fandango.

La fecha elegida para el estallido de la Operación Arcos, siendo casual  en tanto que ordenada por un Juez, ha sido rentabilizada con agilidad por el PSOE desde un punto de vista de imagen. Un par de datos avalan esto último: la noche del jueves un reducido grupo de periodistas  sabíamos que a las 8 de la mañana del día siguiente, viernes, la Guardia Civil iba a ocupar al ayuntamiento y detener a su inquilino. ( Les aseguro que a mí no me lo contó el Juez de Velez). Y en segundo lugar resulta curioso que a las dos horas de la intervención policial, Miguel Angel Heredia como responsable provincial del partido, anunciara la apertura de expediente de expulsión de los militantes imputados, al tiempo que le recordaba al PP que mientras el PSOE expulsa inmediatamente a los corruptos, el PP los mantiene en la alcaldia, en clara referencia  al caso de Alhaurín de la Torre.

El PSOE, por tanto, ha sabido convertir este asunto, dos días antes de las elecciones de hoy, en el contrapunto al acoso  del PP al juez “socialista” Baltasar Garzón. Cándido Conde Pumpido, por su parte, se ha apresurado a proclamar y recordar que los fiscales no solo persiguen a los trincones de la derechas.

Hace seis meses una autoridad judicial me confesaba que “en Andalucía  existen, muchos, quizás demasiados teléfonos pinchados por orden judicial”. Entendí, entonces, que estaban  en marcha numerosas operaciones judiciales contra la corrupción en Andalucía. Para abrir boca hemos conocido la trama de los puti clubs con los de Baena, ahora lo de Alcaucín y pasado mañana lo del Poniente almeriense. 

Próxima estación: El Poniente.

El despido de 97 trabajadores ejidenses de las subcontratas de la empresa semi pública ElSur (Ayuntamiento de El Ejido, Abengoa, Cajasol y Caja Sur) ha puesto sobre el tapete algo que la Justicia investiga desde hace casi dos años: una supuesta trama de corrupción, montada a través de sociedades de subcontratas de servicios públicos a ElSur y que habría servido para enriquecimiento personal y político del alcalde de El Ejido, Juan Enciso Ruíz, familiares, amigos y también su mini partido, el PAL, muleta del socialismo almeriense para controlar la Diputación. Los trabajadores, conocedores y actores de la trama, han empezado a denunciarla ahora con virulencia. “Enciso ladrón, trabaja de peón” le gritaban al alcalde  en una concentración sindical el pasado viernes, donde también le recordaban que “no tenemos cortijo en Leroles”. Diego Valderas, coordinador de IU, acudió a El Ejido y se ha comprometido a que sus consejeros en las cajas se interesen por la descapitalización de la empresa El sur de la que , las cajas, son accionistas y cuyo consejo preside Enciso.

Por cierto, ha resultado muy curioso el reciente hallazgo en algunas contabilidades de estas empresas, que ahora despiden a sus trabajadores , suculentos contratos de publicidad con determinados medios de comunicación. Pero lo más sorprendente es que el pago de esa publicidad no se ha visto reflejado dichos medios, salvo que se hayan compensado con propaganda, publicidad y activismo de los políticos del PAL.

SISMOGRAMAS:

– Antentos: en breve una jueza de Sevilla, va dar carta de naturaleza a la figura del comisionista, intermediario o conseguidor, primándole en este caso frente a una reclamación formal de la Agencia Tributaria por casi 400.000 Euros.

– La ida de Isidro Cuberos como Director de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, ha tensionado las relaciones entre el equipo Arenas y el alcalde de Málaga, quien tomando la palabra a Cuberos le admitió una protocolaria dimisión. El PP mantiene la confianza en Cuberos y su próximo destino será Marbella, al frente de la RTV de Titi Muñoz. A Cuberos no le ha dado tiempo ni de apuntarse al paro.

– El más habilidoso  de todos los consejeros de Manuel Chaves puede que se dé un traspié en pocos días y cometa un error de incalculables consecuencias. La adjudicación que va a realizar lleva marrón incorporado.

– En el entorno de Monteseirín se asegura que el nombramiento de Blas Ballesteros como consejero de Caja Sol es el pago de Jose Antonio Viuera por abandonar el bando del alcalde.