¿DÓNDE ESTÄN LOS 23,6 MILLONES DE EL MONTE?

“Lo de las participadas le ha supuesto a la San Fernando cien millones y a El Monte más de 150”. La frase, pronunciada en 2003 por Alfredo Perez Cano, sonó como una bomba hueca ante las personas de su confianza que aquel día le acompañaban. Hacia dos años que había asumido la presidencia, tras la batalla desatada por Manuel Chaves para desalojar a López Benjumea y a Beneroso en las presidencias de la San Fernando y El Monte. Días de altas traiciones. Días en los que se compraban votos y voluntades para largar a “los primos”. Ambos, que no son precisamente unos angelitos, tenían diseñada en la gestión de ambas entidades un entramado empresarial donde brillaba por su ausencia – según el Banco de España- una actuación diligente en el control del dinero de la entidad y de los ciudadanos en general. El Monte fue el territorio piloto de las participadas, donde coincidieron tras la Expo 92 ilustres empresarios como Luis Portillo, Domingo Diaz Mera, Jose Antonio Sáenz Sanchez, Gerardo Martinez Retamero, Luis Alarcon y un largo etcétera. Es en 1998 cuando se impone el modelo de participadas en la San Fernando y todo coincide con una directriz política del PSOE en el sentido de que “había que darle alegría al PA”. Se crea la primera participada con una empresa jerezana de Sebastián Romero, buen amigo de Pedro Pacheco. Y a partir de ese momento empiezan a crearse empresas al tiempo que se tejía una selecta red de colaboradores necesarios que alcanzaba a personas conocidas y muy bien relacionadas con dirigentes políticos muy diversos. A la postre, eran unas participadas que solo servían de instrumento para que terceros ganasen mucho dinero, hasta 23,6 millones de Euros, cantidad estimada oficialmente por Cajasol . Demasiado dinero evaporado como para que alguien haya podido pensar que soltar esto en campaña iba a suponer diluir el escándalo. Pero lo más grave de todo ha sido comprobar cómo muchos de los responsables de esta trama de incalculables consecuencias políticas (y penales), seguían ( y siguen) en puestos decisorios de la estructura de Cajasol, algunos hasta hace cuatro días. Responsables que han cobrado dietas indebidas por valor de muchos miles de euros que han tenido que devolver, interventores por cuyas manos han tenido que pasar todas las operaciones de suelo que el jueves seguían investigando en Sevilla inspectores del B.E.

La nota emitida por Cajasol viene a confirmar que ha sido voluntad del presidente Pulido de que se llegue hasta el final y que “caiga quien caiga”. ¡Con dos talones Antonio! Pero que nadie piense que este asunto va a quedar difuminado con la campaña. Si esta democracia fuese seria, crear una comisión de investigación en el Parlamento el día después de su constitución, sería un gesto necesario y tranquilizador. Tenemos derecho a saber quien ha detraído, de momento, 23,6 millones de Euros del dinero y del patrimonio de los andaluces. Y también ¿por qué quien podía evitarlo no lo evitó en su momento?

PASTRANA, EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO.

-Atentos a la posición adoptada por la UGT en relación con el Caso Participadas. Manolo Pastrana sabe muy bien qué hay detrás de esta punta del icerber que ha supuesto la filtración de un Acta del supervisor y una extensa nota oficial de Cajasol que pone los pelos de punta. De ahí que Pastrana y su sindicato pidan que se llegue hasta el final. ¿Saben por qué?, porque fue CCOO la que puso a Chema Bueno de presidente.

UN PRESIDENTE DE CAJA DE CCOO.

-El candidato de Chaves era Antonio Pascual, apoyado también por la CEA. Pero al PSOE le hacían falta los votos de CCOO para liquidar de la presidencia a Isidoro Beneroso. Y en pago, Manuel Chaves tragó con el nombramiento de Chema Bueno para presidente, un tipo en la orbita de IU. Cuando anunció Bueno Lidón al Consejo la venta de las acciones de Metrovacesa les dijo: “Vendemos porque he llegado a un pacto de caballeros con la familia Sanahuja”.

EL PUFO QUE PARÓ AL CAJA.

-La frustrada fusión de Al Caja, promovida por Benjumea y Beneroso , fue paralizada desde altas instancias de la Junta tras conocerse detalles sobre determinadas operaciones, algunas de las cuales habían dejado un insólito rastro de menos 250 millones de pesetas de saldo. Aquella operación y otros pelotazos de suelo, con personas interpuestas, dejaron en evidencia los sistemas de control de riesgo de la entidad.

SISMOGRAMAS

-El pasado domingo 3 de febrero, en esta misma sección de La Razón, se publicó el siguiente comentario: ““En la entidad el tema es tabú, solo en los aledaños del despacho presidencial se escucha, muy de tarde en tarde, hablar de aquella operación de venta de un paquete importante de acciones de una gran inmobiliaria propiedad de la entidad. Ay¡, pero dicen los inspectores, que se vendieron muy por debajo de su precio real. Ay¡ que hay que ir al juzgado.. Y un tercer ay¡: está la firma de todo el consejo de administración. “ La críptica salida a la luz de este asunto, referido a las acciones de Metrovacesa propiedad de El Monte, desató internamente en la entidad la necesidad de que la opinión pública conociese la verdad de lo sucedido.

-El empresario era el más empecinado y persistente, resultando a veces pesado a la hora de fichar a quien le pudiera canalizar clientela con dinero negro a su chiringuito financiero. Los directores de sucursales bancarias eran su especialidad y objetivo. “Ellos manejan el dinero blanco de sus clientes y a mi me canalizan el negro y les doy comisión” se le oyó decir una vez. Hoy, muchos de esos clientes, lloran con los directores que les administran el blanco que les queda.

-Un requerimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (Sepblac) a tres despachos de abogados de Marbella, ha puesto en pie de guerra a los letrados que, entorno al centenar, salieron a manifestarse a la calle exigiendo respeto a la intimidad y a la confidencialidad debida a sus clientes. El requerimiento demanda a los bufetes un informe detallado sobre las transacciones societarias y de bienes inmuebles de sus clientes. En concreto, el Sepblac solicita las operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de septiembre de 2007, «indicando los datos de los clientes, del inmueble, importe de la operación, fecha, medios de pago empleados y demás necesarios para la identificación completa de la operación».