lunes, 11 de diciembre de 2006

IMPUTADOS Y `PRESUNTOS

Enrique Bolín es uno de los pocos ediles andaluces que permanecen en el cargo desde que recuperamos la democracia. Es, sin duda, uno de los alcaldes jurasicos que siguen al frente de un ayuntamiento tras idas, venidas, revolcones electorales y algún que otro conflicto judicial que, a cualquier otro, le habría supuesto un gran coste personal y su jubilación política. A Bolín no, ahí sigue urbanizando el término de Benalmádena donde ya no queda ni un metro cuadrado que recalificar. Bolín, de derechas pero sin disciplina de partido conocida, gana en su pueblo elección tras elección frente a una oposición convencional que no sabe como desbancar a don Enrique, mezcla de Jesús Gil, Pedro Pacheco y Ramón Palacios. Es, además, un provocador nato y así se acaba de constatar esta semana al condecorar a dos amigos suyos imputados en la Operación Malaya.

En efecto, Rafael Gómez Sandokán y Cristóbal Peñarroya, en libertad bajo fianzas de 300.000 y 30.000 euros respectivamente, han sido galardonados por el ayuntamiento de Benalmádena en atención a las inversiones empresariales realizadas por ambos en el término. Sandokán ha promovido un hospital de cinco estrellas, el mejor y más dotado de los que puedan existir en Andalucía a día de hoy. Peñarroya dice que ha creado unos quinientos puestos de trabajo en proyectos urbanísticos aprobados, recordaba con guasa, por el propio PSOE que ahora le considera un apestado. Peñarroya es el único directivo de la CEA imputado en la O. Malaya.

Estas condecoraciones han levantado una gran polvareda política jaleada singularmente por el portavoz del PSOE en Benalmádena quien acaba de inventarse una nueva figura penal de aplicación inmediata, al proclamar que el problema no está en la presunción de inocencia que dice respetar, está en la posibilidad de que algún día la Justicia les condene. Regla de tres por la cual no habría que conceder medallas a nadie. “Cuestión de prudencia” resume Juan Cañete, el activo y airado portavoz del PSOE. El asunto clave para los socialistas es que ambos empresarios están bajo sospecha judicial. Curiosa posición si se compara con lo sucedido al alcalde socialista de Carboneras o al de Castell de Ferro, condenados en firme y en sus puestos, habiendo sido beneficiado el primero con un “indulto Express” de Zapatero que le permitirá volver a ser en nada cartel socialista para Carboneras. Pero lo peor del caso en palabras de un jurista almeriense, “es la interpretación cortijera que el PSOE da a la acción de la Justicia, saltándose con un indulto urgente el trabajo de los Tribunales. El mensaje subliminal es terrible: si eres del partido estás por encima de la Ley”. Todo eso sucede cuando el número dos socialista Pepe Blanco hace público un código ético para los cargos socialistas, código que de momento incumplen en Andalucía dos docenas de concejales y alcaldes del PSOE imputados o condenados judicialmente en firme. Un banderín de enganche que el PP no piensa dejar pasar, aunque les salpiquen daños colaterales.

CHAVES VETÓ PRIMERO

Al margen de la lógica escandalera electoral, dadas las fechas, el asunto adquiere una especial relevancia porque podríamos estar asistiendo a la institucionalización de una actitud inquisitorial al margen de la Constitución, despreciando públicamente el principio de presunción de inocencia. En efecto, si hace un mes en nombre del presidente Chaves se anulaba la invitación a un acto de la Junta en Marbella a otro de los imputados en la Malaya, Tomas Olivo, se `preguntan algunos empresarios “¿qué debemos esperar que suceda del presidente para abajo?”.

Empieza a detectarse con preocupación cierta manipulación política de las decisiones que los órganos jurdisdiccionales adoptan en Andalucía y que tienen relación con la actividad pública. La sentencia del Supremo esta semana declarando ilegal una promoción de golf inmobiliario en el Puerto de Santa María, promovida por la CAI de Zaragoza, apoyado y avalado por relevantes prohombres de “la situación” como el ex consejero de Trabajo de Chaves, Ramón Marrero, o el dirigente de la CEA Ramón Dávila, confirma la existencia de un doble rasero institucional a la hora de resolver situaciones de presunta ilegalidad. Una lectura de los documentos judiciales ofrece un diagnóstico alarmante: la promoción se ha hecho sin licencia, mientras que el peso legal de la consejera de Obras Publicas ha recaído en este tiempo con todo tipo de denuncias sobre Las Beatillas, la competencia directa del ilegal proyecto de la CAI y del ex consejero Marrero.

SISMOGRAMAS

Uno. En el consejo de Gobierno del 9 de enero el presidente Chaves afrontará la crisis por la salida de Paulino Plata, no descartándose algún que otro reajuste.

Dos. Junto a Salvador Pendón la también malagueña Ana Maria Gómez figura como firme candidata a sustituir a Plata al frente de Turismo.

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