lunes, 6 de marzo de 2006

NOTARIOS

El notario es un profesional del Derecho que ejerce simultáneamente una función pública para proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial. Tiene una formación jurídica contrastada y es seleccionado mediante unas rigurosas oposiciones que garantizan su formación. Así se definen los notarios desde su Consejo. Son los notarios funcionarios clave y respetados en el engranaje jurídico y económico de nuestra sociedad por su actividad como fedatarios públicos. El notario siempre debe decir la verdad de lo que ven sus ojos y de lo que conoce fehacientemente, de todo lo cual da fe pública con su rúbrica y sello. Son posiblemente los actores más valorados y respetados por la inmensa mayoría de los usuarios del complejo escenario de la Justicia española. No en vano la mayoría de ciudadanos acuden, como mínimo, una vez en su vida a una Notaría para tramitar algún tipo de documento.

En las últimas décadas ha aumentando la demanda de estos servicios en la misma progresión que el desarrollo económico de nuestro entorno. Tras varios años de atascos, se aprobó que se ampliase la plantilla notarial con otros juristas como los Corredores de Comercio, una integración con la que han chirriado algunos notarios que veían, en el fondo, amenazas y perjuicios económicos sectoriales al repartirse la inmensa tarta. Esta circunstancia ha dado incluso pie a denuncias colegiales internas contra determinados notarios, acusados de firmar muchas actas, demasiadas actas incluso en fiestas de guardar.

NO HAY PERSECUCIÓN TRIBUTARIA

Cerca de tres mil fedatarios públicos ejercen a diario en España según datos del Consejo General de Notariado de España, supervisado por Juan Fernando López Aguilar como titular de Justicia. Como en todo colectivo, últimamente a menudo, saltan noticias que no dejan en muy buen lugar a algunos de ellos. Tal es el caso de las notarías y protocolos registrados por la policía en Marbella a raíz de la Operación Ballena, implicando a uno de sus titulares por haber levantado acta pública de la venta de una misma propiedad, en un mismo acto y con los mismos protagonistas, más de media docena de veces. En Málaga el Protocolo de un notario también fue literalmente “requisado” por la policía con mandato de un juez, investigación que el notario afectado comparó con El Proceso de Kafka.

Más recientemente, esta semana, se ha conocido una sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a un notario del barrio de Los Remedios ( M.J.G.O.) a nueve meses de cárcel, sustituibles por una multa de 135.000 euros, por defraudar 650.254 euros a la Hacienda Pública en sus declaraciones de la renta de los años 1996, 1997 y 1998.

El procesado M.J.G.O., cometió ese delito fiscal en sus declaraciones del IRPF derivadas de su actividad profesional como notario en Sevilla, por lo que deberá devolver las cantidades a la Agencia Tributaria, además de pagar sendas multas de 59.249, 49.357 y 53.956 euros, que se unirán a los 135.000 euros fijados como sustitutivos de la pena de multa. La sentencia de la Audiencia resalta que el acusado tenía conocimiento suficiente de su obligación de tributar, «tanto por su condición de ciudadano como por su calidad de notario que autoriza instrumentos públicos, la mayoría de los cuales están sometidos a tributación».

Por otra parte el próximo viernes otro notario de Sevilla está citado como empresario demandado ante un juzgado de lo Social de la capital. Según fuentes de la parte denunciante “el notario deberá responder, entre otras cosas, de una auditoria en su grupo de empresas de la que podrían derivarse responsabilidades tributarias o de otro tipo, ya que quizás el Fiscal se vea obligado a librar testimonio ante la documentación aportada para defender nuestros intereses” indican. Coincidiendo con la contundente sentencia que condena a un notario por delito fiscal, ha circulado la especie de que la Agencia Tributaria estaría actuando de forma especialmente diligente sobre la contabilidad de algunas grandes notarias andaluzas. Fuentes de la AT han desmentido que sea exactamente tal que así. Aseguran que “claro que se inspeccionan notarias, pero al igual que a otras actividades económicas de cualquier tipo. Que nadie piense que existe en marcha una especial persecución tributaria de los notarios” concluyó la fuente.

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