El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo consideró hoy que la Junta de Andalucía debería recurrir el auto que la condena a pagar 1,4 millones de euros a Carmen Fernández, la madre biológica de Iván y Sara, como indemnización sustitutoria por no poder ejercer la tutela efectiva sobre éstos, un auto de la Audiencia de Sevilla que calificó de "muy censurable y sin base jurídica alguna".
Pérez Royo instó a la Junta a plantear un recurso sobre la condena. "Esa decisión de la Audiencia no debería dejarse tal y como está porque me parece una muy mala solución", señaló.
El catedrático indicó que la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla "ha actuado de una manera sumamente incorrecta" y la responsabilizó del retraso en el procedimiento "que ha provocado esta situación". Explicó que la sentencia que dictó inicialmente en 2000, que rehabilitó el derecho de patria potestad de la madre, fue llevada a cabo "con vulneración de derechos fundamentales, derechos que fueron restituidos por el Tribunal Constitucional, que otorgó el amparo a los padres de acogida que también habían sido afectados como parte en el proceso y que no habían sido oídos".
Aquella decisión provocó según Pérez Royo "todos los retrasos que se han ido acumulando, como consecuencia de que la sala adoptó entonces una decisión inconstitucional y se convierte en el origen de todos los retrasos y de todas las dificultades que se han planteado".
Por ello, censuró que ahora la Audiencia actúe "de la manera que ha hecho, corrigiendo de una manera absolutamente desproporcionada y sin base jurídica alguna la resolución del juez sobre la indemnización", estimada en principio en torno a los 72.000 euros. Para Pérez Royo, esta actuación "parece más un acto de desconsideración e incluso de falta de respeto" al juez de Familia, Francisco Serrano, y concluyó que la actuación y la cantidad fijada es "muy censurable y jurídicamente sin base alguna".
El auto dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla obliga a la Junta de Andalucía a pagar la cantidad de 1,4 millones de euros a la madre de los menores Iván y Sara --de 14 y 15 años en la actualidad--, a la que le retiró en 1996 la guarda y custodia de sus dos hijos alegando desamparo por alcoholismo
Los hechos
Los hechos se remontan a septiembre de 1996, cuando la Policía realizó una intervención en una vivienda de Sevilla, en la que se halló a Carmen F.F. en estado etílico y a sus dos hijos menores sin ninguna otra persona mayor que se pudiera hacer cargo de ellos, por lo que estos fueron retirados al decretar la Junta de Andalucía la situación de desamparo.
En septiembre del 98, el juez de familia número 7 de Sevilla ratificó dicho desamparo y acordó la entrega de los menores en acogimiento preadoptivo al matrimonio de Dos Hermanas compuesto por Juan Sánchez y Josefa Rivas, sentencia que en su momento fue revocada por la Audiencia Provincial.
El fallo de la Audiencia recogía que la alcoholemia de la mujer era "el único dato negativo para el cuidado y atención de sus hijos", y en este sentido señalaba que desde abril de 1997 mantenía abstinencia absoluta de bebidas alcohólicas, aspecto que fue confirmado por el informe del médico forense.
El tribunal consideraba que el regreso de los menores con su madre "no les causaría perturbación alguna" y entiende que "no se puede penalizar a los menores apartándolos de su madre biológica por lo que no ha sido sino una enfermedad que en su momento le impidió ejercer sus funciones". Publicado en Andalucía 24 Horas
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