martes, 12 de mayo de 2015

LA GUARDIA CIVIL PROPONE A SÁNCHEZ TERUEL PARA CINCO IMPUTACIONES, ENTRE ELLAS PERTENENCIA A "GRUPO ORGANIZADO".




La Guardia Civil vuelve a insistir, un año después de una primera propuesta, para que José Luis Sánchez Teruel sea imputado por la Justicia en el ´Caso Marismas´.
Un total de cinco delitos- dos más que en abril de 2014- tipificados en el Código Penal, imputa la Unidad de Policia Judicial de la Guardia Civil al actual líder del socialismo almeriense, en el último atestado elevado la pasada semana al Juez instructor, tal y como el domingo avanzó IDEAL de Almería y al que ha tenido acceso este periódico.
Según el informe policial, que consta de más de doscientos folios, el actual dirigente del PSOE de Almería, siendo Director General de la Consejería de Agricultura, entre 2008 y 2009, habría podido cometer los siguientes delitos: Delito deTráfico de influencias. Delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función. Delito de fraudes y exacciones ilegales. Delito de coacciones. Y pertenencia a Grupo Organizado.

Siete nuevos implicados

Junto a Sánchez Teruel, en el mismo atestado, son propuestos para su imputación seis personas  más. De confirmarse las mismas por el Magistrado Instructor, el caso Marismas ya tendría imputados a un total de 28, entre técnicos, exmiembros de la Junta Rectora de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir (CRMG), empresarios, funcionarios de la Junta de Andalucia y cargos políticos de la misma durante la época investigada. De hecho, entre estos últimos, ya están imputados dos exdirectores Generales de regadíos, Francisco Ruiz y Tomás Martinez.
Como se recordará, en esta causa que desde hace dos años se investiga en Sevilla, se trata de averiguar las responsabilidades en el uso de unos 40 millones de euros públicos destinados a la mejora de los regadíos de las Marismas del Bajo Guadalquivir.
En este nuevo listado de personas propuestas para ser imputadas, además de Sánchez Teruel que disfruta del estatus de “aforado” ante el TSJA por ser diputado, aparecen mencionadas las siguientes personas:  Guillermo Bravo Macheño, que era Consejero Delegado de Befesa del Grupo Abengoa, actualmente en Abeinsa. Joaquin Mª Sanchez Mancha, como director de Obras de la CRMG, actualmente en la mercantil Wats. Salvador Cejudo Galán, como Jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural y en la actualidad Director de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Andalucía. Antonio Fiñana Guzmán, como Delegado Sur-Este de Befesa/Abengoa. Luis Hereza Diaz (Befesa), gerente de la UTE Riego-Marismas desde septiembre de 2008, actualmente en Abeinsa. Y Juan Bautista Peña López-Pazo, gerente de la UTE Riegos Marismas de junio de 2007 hasta agosto de 2008 y redactor del Proyecto Constructivo en esas fechas.

Las acusaciones a Teruel

En relación con los delitos presuntamente cometidos por el diputado almeriense del PSOE, el atestado policial, desgrana los motivos que concurren en los mismos.

Trafico de Influencias: “no nos queda la menor duda- se dice- de que esta persona presiona a la Junta de Gobierno de la CRMG y funcionarios adscritos a su DG, con el único objetivo de conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para la UTE Riegos-Marisma (Befesa-Alpi), en todo lo desarrollado en el ´mal llamado´ Proyecto Complementario, donde esa DG, da todos los pasos para conseguir informes favorables de los Técnicos de la Administración en un solo sentido y es aplicar el articulo 155 b de la LCSP, es decir, conceder una nueva subvención para financiar con dinero público algo ya subvencionado, con adjudicación directa a Befesa, por importe de más de 13 millones de €, cosa que no se llegó a realizar, por renuncia expresa de la actual Junta de Gobierno de la CRMG de esa subvención, pues tenemos el convencimiento de que se le hubiese otorgado, una vez están favorables los informes técnicos”.

Negociaciones prohibidas y abuso de poder: “aprovechándose de tal circunstancia- su cargo de responsabilidad- para facilitar la participación directa de la UTE Befesa-Alpi” tal y como queda recogido en un total de 8 testificales.

Fraude y exacciones ilegales: “Por tener una intervención directa por razón de su cargo en intentar que se realice una contratación pública, como era ese Proyecto Complementario y concertarse entre ellos con el único fin de conseguir defraudar a la administración pública, al subvencionar dos veces las mismas unidades en las obras”. Así como “permitir que Befesa enmascarara partidas importantes de dinero público en las certificaciones” por un valor de unos 21 millones “con la permisividad de esa Dirección General de Regadíos”.

Delito de coacciones: “por las amenazas y coacciones realizadas a la Junta Rectora de la CRMG” como dejan de manifiesto tres testificales “tres de las personas que asistieron a la reunión en la DG de Desarrollo Sostenible y Medio Rural donde se realizaron”.
Se hace constar, finalmente, que “no se procede a tomar las preceptivas declaraciones como imputado (a Sanchez Teruel), al ser esta persona AFORADA, por lo que informamos a Su Señoría de lo actuado sobre él”.

Pertenencia a Grupo Organizado:  También se le imputa estar integrado en “grupo organizado” junto a otras diez personas “debido a que tenía unos objetivos comunes entre todos, que es la obtención de un lucro ilícito por parte de un tercero, siendo evidente la división de funciones por su estructura, organizada y jerarquizada”.

S.Teruel: “no se ajusta a la verdad”

Según una Providencia dictada el pasado día 6 por el magistrado Gutiérrez Casillas, una vez tome declaración a los 21 imputados, procederá al estudio y análisis de las siete restantes planteadas en el último atestado policial. En caso de que el instructor considere que hay materia delictiva en las imputaciones policiales contra Sánchez Teruel, procederá a elevar una motivación razonada a la Sala Segunda del TSJA para que obre en consecuencia.

El 14 de octubre de 2013, el político almeriense, acogiéndose al derecho de rectificación tras las primeras informaciones periodísticas publicadas sobre este caso, argumentó entre otras cosas lo siguiente: “Que es inexacto y no se ajusta a la verdad como  se afirma, que exista un sumario judicial abierto por corrupción donde se esté investigando a D. José Luis Sánchez Teruel o se mencione a este como integrante de una trama de supuestas presiones (y comisiones), en relación con las obras de modernización de regadíos de la comunidad de regantes de las marismas”.

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