CIUDADANOS, LA CORRUPCIÓN Y CAZORLA

A-92, IDEAL de Almería,
domingo 3 de mayo de 2015

El viernes primero de Mayo, por la tarde, el partido Ciudadanos lanzaba una nota de prensa, deliberadamente ambigua, que suponía el primer rayo de luz en el embrollo en que se ha convertido la investidura de Susana Diaz. “PSOE acepta el pacto anticorrupción de Ciudadanos”, titulaban la comunicación. “La firma de este pacto- se decía- supone el abrir un espacio de diálogo donde C´s planteará sus propuestas y proyectos sobre acuerdos puntuales que afecten a reactivación económica, políticas sociales, sanidad, educación, regeneración democrática, entre los principales asuntos”. La firma del mencionado pacto, se añadía, era la “condición imprescindible” para abrir este proceso, pero no para hablar de gobierno “ya que Ciudadanos no entrará en un gobierno que no presida”.

Finalmente, tras recordar que a la mañana siguiente (ayer sábado) iban a mantener una reunión con el PSOE para hablar sobre todas estas cuestiones, la nota de C´s ponía en boca de su líder regional Juan Marín que “de momento” nada ha cambiado con respecto a “nuestro voto negativo a la investidura” de Susana Díaz.

Con una calculada ambigüedad C´s empezaba diciendo que se había desbloqueado la “condición imprescindible” para entenderse con el PSOE. Y terminaba manteniendo el suspense - “de momento”- respecto al apoyo a la investidura. Lógico que digan una cosa y párrafos después la contraria; máxime en vísperas del arranque de una negociación en la que, tras aceptar su famoso decálogo, el único armamento que les queda es decidir si abstenerse, votar en contra o a favor de la candidata socialista.

El anuncio del acuerdo entorno al decálogo contra la corrupción en la vida publica andaluza daba pie a aventurar la posibilidad de que finalmente C´s sea el grupo que permita al PSOE-A gobernar la Junta con apoyos puntuales. Y, para llegar a ese punto, es más que lógico pensar que ayuden al desbloqueo de la investidura.

Mañana se abrirá el salón de plenos y comenzarán los intentos de investidura de la presidenta Díaz, algo que el PSOE viene dando por hecho desde hace días, frente a una oposición en bloque cuya posición en contra hacía presagiar muchas más rondas, incluso dentro de la propia campaña electoral que comienza el próximo viernes. Pero tras el principio de acuerdo del viernes con C´s cabe preguntarse si no está sobradamente justificada  la euforia socialista anunciando que sacarán la investidura adelante y antes de las previsiones vaticinadas por la oposición.

C´s:  la casa sin barrer.

Resultó enormemente paradójico que el mismo día que el partido de Rivera sacaba pecho presumiendo de que el PSOE había aceptado su famoso decálogo anticorrupción, un periódico digital de gran audiencia -El Confidencial-  publicaba con gran lujo de detalles el caso del líder de Ciudadanos en Almería, Miguel Cazorla, y del que los lectores de IDEAL de Almería tuvieron puntual información en esta sección el pasado 12 de abril. Bajo el titular “El candidato de Ciudadanos por Almería está imputado por delito societario”, el periodista Agustín Rivera, desgranaba las circunstancias que han convertido al ex concejal del GIAL y actual candidato de C´s a la alcaldía de la capital en un habitual de la crónica judicial. Hace unos meses, nada más ser proclamado candidato, se supo que pesaba sobre él una imputación por supuesta “estafa” o apropiación indebida dimitiendo como candidato, aunque nominado nuevamente tras resultar archivada la causa. Según se ha publicado ahora, salió indemne del trance judicial porque no se presentó a la vista don Diego Morales Fernández, presidente de Agrieco, nombrado en su día por Cazorla y por hallarse este en paradero desconocido. Aquel traspié político y judicial pasó, pero un nuevo procedimiento abierto contra Cazorla en el Juzgado Nº 1 de Almería, hace un año y del que no tenía noticia el partido, ha vuelto a ensombrecer la carrera política del líder almeriense de los ´naranjitos´. Esta vez la imputación que pesa sobre él es por presunto “delito societario, falsedad documental y apropiación indebida”. Todo ello habría sucedido entre los años 2003 y 2010 siendo presidente de la SAT  Agricultores Ecológicos de Almería.  La causa sigue abierta.

Desahucio y tercera denuncia

Por otra parte, una mercantil de Cazorla, Explotaciones Rambla Santos S.L., fue desahuciada por impago de alquileres, petición que se formalizó por Gonzalo Sánchez Moreno de Pechina ante el Juzgado de 1ª Instancia (Nº 3) de Almería el 26 de abril de 2013. Posteriormente fue presentada ante el Juzgado de Instrucción una denuncia por supuesto “alzamiento de bienes, insolvencia punible y un delito de daños” contra el Sr Cazorla por el estado en que quedó la finca arrendada y por no haber hecho frente a sus deudas “por insolvencia”. El asunto sigue también abierto en instancia judicial. Pero C´s parece que estos asuntos no los considera corrupción política, sino cuestiones de índole privada - como argumenta el PP en el caso Rato- por lo que, seguramente, le mantendrán como candidato.

Cazorla envió el 18 de diciembre de 2014 un correo electrónico en el que anunciaba la presentación ante las instituciones de un “pacto contra la corrupción en Almería” y expresaba su compromiso de “expulsar inmediatamente de la vida política a cualquier persona que se vea salpicada por la sospecha fundada de haber incurrido en una conducta ilícita o irregular”. Decía también que era necesaria la separación del imputado del cargo público. “Somos ante todo un partido político que queremos regenerar la vida política de esta provincia, de esta ciudad de Almería y de esta nación que es España.”

LA CUAJADERA

Rambla de Albox

El Fiscal decano de Huércal-Overa, Juan Sánchez, ha judicializado la denuncia presentada en su día por el portavoz del PP en Albox, Juan Pedro Pérez Quiles, ante la Fiscalía de Almería, por el caso de la adjudicación de las obras de reforzamiento de la Rambla de Albox por cerca de 400 mil euros. Como se recordará, el actual alcalde de Albox presumió en su momento de haber llevado el asunto a Fiscalía y que ésta había procedido a su archivo por no hallar delitos a perseguir. La denuncia de Rogelio Mena, calificada entonces por fuentes de Fiscalía como “literatura”, no aportó la documentación pertinente que ahora sí está en manos de la Justicia. El Fiscal, en un escrito conocido esta semana, solicita que sean llamados a declarar como testigos los representantes de las empresas concursantes y también los funcionarios públicos intervinientes en la adjudicación. De apreciarse la comisión de delitos, el fiscal pide que declaren como imputados los funcionarios públicos para evitar prescripciones. Entre quienes deberán declarar figuran el ex alcalde de Albox, José García Navarro, un innominado secretario municipal - del que solo aparece un garabato como firma- el dueño de Alcaína y los representantes de las otras dos empresas que supuestamente concursaron, H&M Ingeniería y Cypesur Ingenieros. Se da la curiosa circunstancia que en estas dos últimas mercantiles aparecen los nombres de Cristobal García Granados, alcalde del PSA de Arboleas y actual candidato del PSOE y su prima, la concejal de Urbanismo y ex trabajadora de Alcaína, Mirella Granados García. Uno y otro, tras publicarse en esta sección por vez primera el escándalo el 22 de febrero pasado, declararon desconocer que se habían presentado al concurso que, finalmente fue adjudicado a la empresa Alcaína entre cuyos accionistas figuran familiares del actual primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Albox  Francisco Pérez Conchillo.

Abogados del Estado

La Jefatura de la Abogacía del Estado en Almeria es un puesto que, desde hace dos años, padece una gran movilidad. Dos abogadas y un abogado han pasado por el cargo desde que, hace dos años, fue cesado Demetrio Carmona, semanas antes de que estallase la denominada Operación Tres Reyes (cuya vista oral está fijada para el próximo mes de octubre) y en la que Carmona resultó imputado junto a otras seis personas.

Esta semana han nombrado al tercer Jefe del departamento, Guillermo Leiva, tras haberlo ocupado dos abogadas, Ana Barasa y Cristina López, durante breves periodos. Tanto cambio en tan poco tiempo, aseguran internamente, está provocando gran inestabilidad en este importante servicio del Estado que, sin duda, tiene sus efectos en el conjunto de la labor de la Abogacía del Estado en Almería.

Amat sigue imputado

A pesar de que el PP haya pretendido propagar que Gabriel Amat y su equipo de Roquetas estaban libres de toda sospecha en virtud de una petición de archivo del caso La Fabriquilla por parte de Fiscalia, los hechos a día de hoy dicen todo lo contrario. Amat sigue imputado en tanto que la Juez encargada de la instrucción no ha determinado lo contrario sino que, según fuentes del juzgado, se siguen encargado diligencias entorno a la causa. Paralelamente la acusación ha presentado la solicitud de ejecución de numerosas diligencias de prueba sobre las que Su Señoría aún no se ha pronunciado. Tampoco ha dado cuenta la Juez a las partes del escrito del fiscal donde se pide el archivo provisional y sobreseimiento de la causa.