"Alguien tenía que haber calumniado a Josef K,
pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo".
"El Proceso", Franz Kafka.
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| "A-92" Ideal de Almería, 9 febrero 2014 |
Demetrio Carmona del Barco, 25
años como Jefe de la Abogacía del Estado, se ha visto envuelto en un singular
proceso judicial que, no solo le ha convertido en un cadáver civil, también en
imputado para el que la Fiscal del caso acaba pidiendo años de prisión por
delitos en grado de tentativa.
Se trata del segundo y parece
que definitivo asalto que padece el abogado para su liquidación como
funcionario. Años antes, sufrió dos exhaustivas investigaciones, una judicial y
otra interna desde Hacienda. Todo ello tras la denuncia presentada por el ex
socio de su familia, el empresario de Tíjola, Estanislao Berruezo, - implicado
en la "Operación Lila", entre otros procedimientos- a cuyo hijo,
Javier Berruezo, denunciaron en instancias judiciales por haberles
supuestamente robado una millonaria suma de dinero, disponiendo como
administrador de fondos de una sociedad
común. De aquel lance quedó absuelto
Carmona, determinando la Audiencia que había sido víctima de una denuncia
falsa. La Fiscalía en Almería, sorprendentemente, se negó a actuar entonces
contra el autor de falsa denuncia hacia un alto funcionario del Estado.
El acoso para destruir
civilmente a Demetrio Carmona continuó, pero esta vez desde los sótanos de la
Administración de Hacienda, especialmente virulento tras la llegada del PP al
gobierno de España. Pidió el amparo al jefe de filas del PP en Almería, su
viejo amigo Gabriel Amat y también al Subdelegado Andrés García Lorca, en
presencia del abogado Rogelio Vargas, también imputado. A ambos les dieron
nombres, apellidos de la corrupción de determinados funcionarios en ciertas instituciones
almerienses. Solo halló buenas palabras y el compromiso de intervenir ante Ruiz
Gallardón, su "amigo Alberto", responsable como Ministro de Justicia
de los Abogados del Estado. El representante del Gobierno en Almería se
comprometió a investigar las tramas de corrupción.
El espía de Mojácar.
La aparición en escena de un
tipo oriundo de Mojácar, que le fue presentado como "agente colaborador del
CNI", Ignacio Flores Bernabéu, marcaría el destino final de Demetrio
Carmona hacia el cadalso del descrédito social. Flores le contó que había sido destinado,
entre otras misiones, a infiltrarse en Marsans - donde efectivamente trabajó- para indagar los manejos económicos
internacionales de Díaz Ferrán. Ese contacto le permite a Carmona conocer al
"Jefe" de Flores, un militar que vestido con uniforme de capitán del
Ejército, se le presenta en Toledo como "agente del CNI", con capacidad y contactos suficientes en el Gobierno como para ayudarle a defenderse
de la cacería a la que estaba siendo sometido. Carmona desconoce en esos
momentos que la familia de su introductor, Nacho Flores, conoce y tiene buenos
contactos con su viejo enemigo Berruezo en el Levante, tal y como reflejarán
las diligencias judiciales meses más tarde.
El supuesto espía dice ser
especialista en delitos económicos y evasión de divisas. En su hoja de
servicios narra destinos en misiones internacionales, así como integrante de
la Seguridad en el Tribunal Supremo, siempre en tareas relacionadas con la
información y la contrainteligencia.
El militar, llamado José
Antonio Mateo Acedo, le pide como favor a Carmona que le presente a Manuel Rodríguez
Lozano de Almería. Es el propietario de miles de millones de dinares iraquíes,
fuera de curso legal, impresos durante la guerra del Golfo por la CIA y que el
gobierno americano, le dice, quiere recuperar mediante su compra negociada.
Carmona le responde que sí le conoce, que incluso tenía cierta amistad con él,
ya que había estado invitado a la boda de una hija suya recientemente.
Rodríguez no solo negocia con
los "agentes", incluso otorga poderes notariales a uno de ellos para
que actúe en su nombre como vendedor del cargamento de moneda. Al final, el
grupo de Madrid, según Rodríguez, advertido a través de un familiar previamente
por Carmona para que no acuda a la reunión, intentan chantajearle y le amenazan
con detenerle por disponer de una mercancía "ilegal" según el Banco
de España. Es cuando el asunto entra fase judicial mediante denuncia ante la GC.
En todo momento, también el día de las amenazas, el "agente" almeriense,
Nacho Flores, acompaña a su "jefe", el supuesto capitán.
Judicializado el asunto, la
Magistrada Alejandra Dodero, autoriza pinchazos telefónicos que, a la postre,
serán la base principal para la instrucción de las diligencias. Luego, en los
Autos, el Sargento responsable de la investigación llega a reconocer, entre
otras cosas, que a Demetrio Carmona se le venía investigando antes de que fuese
presentada la denuncia de Rodríguez. Nadie sabe por qué y ordenado por quién.
Circunstancia que invalidaría de facto la instrucción "por estar viciada o
contaminada de inicio", según la Defensa.
Tres respetables denunciantes.
A mediados de abril la Jueza Dodero ordena siete detenciones, de
la que solo se filtra a la prensa, por las autoridades -Andrés García Lorca y
Mª Carmen Crespo- el nombre de Demetrio Carmona.
Además de la denuncia de
Rodríguez, la GC "invita" a denunciar a otro viejo enemigo de la
familia Carmona, el empresario Antonio
Subiela, procesado por supuesta estafa documentada en negocios comunes y con el
que, durante la investigación, han intentado negociar el cobro de la deuda
pendiente. También presenta denuncia el inevitable Berruezo, al que como a
Subiela, uno de los del "grupo del CNI", José Abad Marcos, ha
intentado cobrar la deuda con la familia Carmona, usando como método de presión
información sensible sobre el ´clan Berruezo´ con supuestas inversiones en
Sudamérica y que habría obtenido Abad en los archivos de "La Casa".
Con estos mimbres, la GC, saca
conclusiones muy curiosas y definitivas para ellos. A grandes rasgos se trataría
de un grupo criminal, para nada militares ni agentes ni colaboradores del CNI,
que han amenazado y chantajeado a tres respetables empresarios. Y como cerebro
de la trama el Abogado del Estado Demetrio Carmona.
Dos de ellos, Mateo y Abad,
ingresaron en prisión durante más de cuatro meses, saliendo ambos tras pagar 12
y 18 mil euros de fianza respectivamente. Flores no llegó a pisar El Acebuche,
quedando en libertad de inmediato tras pagar una fianza de solo 6 mil euros. El
resto quedaron imputados de diversos delitos en grado de tentativa.
A lo largo de la instrucción
la jueza Dodero ha hecho gala de un notable
desprecio a la Defensa de Demetrio Carmona, no solo no respondiendo a la
petición de sobreseimiento , ni siquiera contestando a ese y a otros escritos
elevados a su Autoridad en demanda de diligencias y testimonios que demostrarían
que Carmona había sido víctima de un engañado o de una fenomenal y bien
diseñada trampa. La respuesta ha sido declarar el procedimiento abreviado y
permitir que se filtre la calificación de la Fiscal (emparentada por cierto con
un oficial de la GC) sin que se haya abierto esa fase para las partes, donde el
Ministerio Público solicitará penas que van de los tres años y once meses a los
nueve años para los siete imputados en la operación.
A Carmona, cesado del cargo de
Jefe un día después de la denuncia de Rodríguez ante la GC, se le abrió
expediente en abril, al día siguiente de
ser detenido, por menoscabo a la imagen de la administración. La orden partió
de Marta Silva de la Puerta, directora general de los Abogados del Estado, hija
del exministro de Franco Silva Muñoz y sobrina del tesorero del PP imputado por
la AN en el Caso Bárcenas, Álvaro Lapuerta. También ha sido ex Secretaria del
Consejo de la polémica constructora Sacyr, empresa investigada por supuestos
pagos en ´B´ al PP.
Por otro parte, Carmona, ya ha
sido condenado ante la opinión pública almeriense por medios al servicio
editorial del Gobierno y del PP. Los mismos que no han ahorrado titulares
incriminatorios en estos meses contra él sin respetar siquiera la presunción de inocencia. Y la
cacería continúa.
Dadas las posibles irregularidades procesales
que concurren en el "Caso Tres Reyes", la Defensa de Carmona no
descarta elevar una solicitud de amparo ante el CGPJ y denunciar ante la
Fiscalía Superior de Granada para que investigue la tramitación de este extraño
proceso, digno de Franz Kafka.
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