"CASO MARISMAS": MÁS DOCUMENTOS Y SORPRESA JUDICIAL PARA LA JUNTA.

El pasado 4 de octubre,  hace algo más de dos semanas, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, tomó una importante  e inusual decisión contra lo pretendido por los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía en el sentido de proceder a retirar las millonarias subvenciones otorgadas a los regantes de las Marismas del Guadalquivir. Un Auto judicial en el que se acordaba lo siguiente:

- “Desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de 26 de julio de 2013, el cual confirma íntegramente. Tener por evacuado el trámite de conclusiones por la Administración demandada. Queden en suspenso las actuaciones del señalamiento de Votación y Fallo, hasta la finalización del proceso penal que está instruyendo como Diligencias Previas 1439/12 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nª 2 de Utrera. Contra la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario alguno”.

Con este Auto del TSJA, efectivamente, se paraliza la reclamación de las subvenciones públicas y posterior ejecución de avales otorgadas a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir (Sevilla) para mejora de su sistema de regadíos, conflicto político y social del que se ha informado en anteriores artículos de este blog. 

Fuentes jurídicas relacionadas con la CRR explican el significado de este punto procesal con la siguiente argumentación: El recurso que se desestima es por el silencio administrativo al pedir la ampliación del plazo para finalizar las obras. Lo deniegan tras haber solicitado un certificado de acto presunto y esto ha derivado en un contencioso en el que se ha decretado la prejudicialidad. La Junta de Andalucía ya ha comunicado la pérdida de derechos por no haber finalizado las obras en el plazo asignado y que, hoy por hoy, está a la espera de que que se entregue el contencioso correspondiente ya que han rechazado el recurso de reposición que pone fin a la vía administrativa.

El alto tribunal andaluz, con esta resolución, dejaba aparcada de momento una delicada decisión administrativa en tanto no concluyan y se delimiten las posibles responsabilidades penales que se pudieran derivar de la instrucción – ahora en el Juzgado Nº 16 de Sevilla tras la resolución del conflicto de competencia con el de Utrera- a raíz de una denuncia presentada en Fiscalía en mayo de 2012 por la CRRMG. Ni que decir tiene que, dicha resolución, ha supuesto una bocanada de oxígeno para los regantes ya que, de prosperar lo demandado por la Junta, supondría la definitiva ruina económica de la Comunidad y de sus 900 comuneros, pequeños agricultores de la provincia de Sevilla. Para la Junta ha sido un jarro de agua fría judicial, dadas las pretensiones extremas del gobierno, actualmente presidido por Susana Díaz.

Paulino Plata y Pérez Saldaña

Como recordará el lector, este asunto arrancó a mediados de la década pasada, en 2005, con Paulino Plata (1994-2004) e Isaías Pérez Saldaña (2004- 2008) como consejeros de Agricultura y Pesca, cuando la Junta de Andalucía otorgó una millonaria subvención para la mejora de regadíos de esta CRR y donde, según la denuncia de los regantes ante la Justicia, se habrían podido producir graves infracciones, muchas de ellas posiblemente de carácter penal o delictivas y donde aparecen salpicados funcionarios de la Administración autonómica, cargos políticos socialistas y responsables diversos de la UTE adjudicataria de las obras que, en la actualidad, están paralizadas y solo al 60% de ejecución, no al 80% tal y como afirmó el Gobierno en sede parlamentaria en noviembre de 2009.

Un informe distribuido entre los regantes explica que el 27 de julio de 2005 se formalizó ante Notario la financiación del proyecto, solicitando a La Caixa entorno a los 64 millones. En total la obra se presupuestaba en 77.521.987,13 Euros. La subvención aprobada ascendió a 40.119.944 Euros, procedentes de fondos europeos y de la Junta de Andalucía.

La licitación de las obras por parte de la CRR se formalizó en primera instancia para una UTE ( Elecnor, Teconsa, MECI y Tegner) el 22 de septiembre de 2004 y 23 de noviembre de ese mismo año. La administración autonómica impugnó la adjudicación en base a que a una de las empresas, MECI, le faltaba la calificación correspondiente para contratar obras con la Administración. Los regantes tuvieron que indemnizar entonces con 285.480 Euros a la UTE pre seleccionada y apartada finalmente del proyecto.

El 25 de abril de 2005 se celebra la segunda Mesa de Licitación y adjudicación por valor de 61.044.387,31 Euros. Según consta en la denuncia existieron "presiones" desde la Consejería de Agricultura a favor de la que resultaría nueva adjudicataria, en cuarto lugar según los méritos obtenidos en el concurso. En esta ocasión la UTE ganadora era la integrada por Befesa ( Grupo Abengoa) y Alpi, cuya denominación legal fue “UTE Marismas”. La fecha del contrato es del 20 de octubre de 2005 y, entre otras cláusulas de interés, figuraba que el pago se tendría que realizar mediante pagarés a 120 días de fecha de certificación. El plazo de finalización de las obras sería de 30 meses, entorno al 22 de mayo de 2008. Un año antes, el 24 de mayo de 2007, se amplió el plazo, fijando la conclusión de la obra para el 15 de septiembre de 2009.

La primera certificación se paga al contado ( no a los 120 días como figuraba en el contrato) y sin ninguna obra ejecutada, según hace constar la CRR en su denuncia ante Fiscalía. Esa prontitud en el pago, según los regantes, sucedería en los pagos posteriores, siempre supervisados y firmados por un responsable de la Consejería de Agricultura.

2008: llega Martin Soler.

La llegada en 2008 del almeriense Martín Soler Márquez a la Consejería de Agricultura y Pesca, coincide con la agudización y enconamiento de los problemas en el desarrollo del proyecto de mejoras de regadíos.

A esas alturas, muchos regantes, empiezan a sospechar que han sido víctimas de "una maniobra" de largo alcance a la que no serían ajenos algunos cuadros y dirigentes notables del PSOE. Al margen de la dirección política de la Junta, a través de la Consejería de Agricultura, los regantes comprueban como el  ex presidente de la Comunidad, José Antonio Peinado García, miembro destacado de COAG y militante socialista, ha protagonizado una serie de actuaciones cuanto menos poco ortodoxas. La más destacada es la liquidación, en agosto de 2009 y sin consultar con la Junta General de la CRR - solo lo hizo con su Junta Directiva- del contrato con Befesa que, de esa forma, quedaba liberada de responsabilidades contractuales. 

También comprueban como, en las mesas de decisión y negociación para desbloquear el conflicto, se sientan personas con carné socialista, llegando incluso a destacar, entre otros, uno de los altos funcionarios de la Junta que une a su condición de funcionario de Agricultura el cargo de miembro de la Ejecutiva del PSOE de Sanlúcar la Mayor, concretamente como responsable de Economía, Empleo e Innovación, Juan María Padró Simarro.

Como quedó reflejado anteriormente, en este contexto gubernamental del año 2008 y bajo la dirección política del consejero Soler, es cuando los graves problemas en la ejecución de las obras dan la cara en todo su esplendor, provocando una situación de alta tensión entre regantes, adjudicatarios de la obra y la propia administración autonómica que, tal y como reconocía en mi primer artículo el entonces Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Regadíos), hoy diputado y SG del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, intentó mediar para buscar soluciones y llevar a buen puerto el proyecto.

Una de las propuestas que se plantearon sobre la mesa por parte de la Consejería, a través de Sánchez Teruel, es la aprobación de un ´proyecto complementario´ valorado entorno a los 20 millones de Euros, IVA incluido, tal y como se recoge en el punto 17 de la denuncia de los regantes ante la Fiscalía y donde puede leerse:

“DECIMO SEPTIMO: Los Señores Don Carlos Rodríguez (entonces enmarcado en la Consejería de agricultura) y Don José Luis Sánchez Teruel (Director General de Regadíos en aquel momento) están presentes en el acuerdo que realiza la Comunidad de Regantes con la UTE Riegos Marismas (Befesa-Alpi) que incluso se eleva a público , por el cual se supedita la finalización de la obra a la aceptación por la comunidad y por la Junta de Andalucía de un proyecto Complementario, cuyo valor sería de más de 14 millones de euros, de las obras de modernización, que en realidad se trata de una subida de precios encubierta y que debía de ser adjudicada “a dedo” a la misma UTE Riegos Marismas, lo que constituye una ilegalidad ya que un Proyecto Complementario debería volver a salir a licitación pública”.

La OLAF pide un escrito de S. Teruel

El Sr Sánchez Teruel, en un escrito formal de rectificación enviado y publicado en este blog, desmiente que su nombre aparezca en la denuncia – nada dice de otros documentos oficiales de la CRR  que sí le acusan expresamente- y rechaza de plano que ejerciese presiones de ningún tipo para adjudicar el proyecto complementario a Befesa.

No obstante, se da la circunstancia de que en la investigación que lleva adelante la OLAF -Oficina anti Fraude de la Comisión Europea- tras la denuncia presentada ante Bruselas por los regantes, al margen de los tribunales ordinarios en Sevilla, sí que ha interesado el documento firmado por el entonces Director General Sánchez Teruel reconociendo con su firma una propuesta de proyecto complementario cuantificado en cerca de veinte millones de euros incluyendo el IVA. De hecho existe una carta en la que la OLAF, entre otras cosas, reclama el mencionado escrito a la CRRMG para poder proseguir con sus investigaciones.

Una propuesta que, a la vista de lo sucedido después, suponía papel mojado ya que los propios Servicios Jurídicos de la Junta la rechazan en su momento por no ajustarse a la legalidad.

A finales de 2009, una vez abandona la Consejería Martín Soler que pasa a la de Innovación, nombrado por Manuel Chaves, el escándalo llega al Parlamento de la mano del PP e IU, la más crítica entonces con la gestión de la Junta en todo este proceso, llegando a pedir el hoy Vicepresidente Diego Valderas a la consejera Clara Aguilera que se sume a la primera denuncia de los regantes ante Fiscalía. Cosa que no se hizo.

El tema no volvió a tocarse expresamente en la sede del Parlamento hasta casi tres años después, el año pasado, concretamente el 17 de octubre de 2012, esta vez solo a propuesta del PP.

“Nombres, apellidos y cantidades”

El portavoz de Agricultura de los populares en el Parlamento de Andalucía, Miguel Ángel Aráuz, en un debate en la Comisión sectorial con el consejero Luis Planas , arrancó su intervención con las siguientes palabras, según recoge el Diario de Sesiones del Parlamento de ese día en la página 17:

“Voy a poner en un papel los nombres, los apellidos y las cantidades”. Repito la frase textual: ´voy a poner en un papel los nombres, los apellidos y las cantidades´. Ud. bien sabe Sr Consejero, que esa frase la pronunció un representante de esa UTE que Ud. ha relatado, y además fue en una sede de esta Consejería. Fue en la Delegación de Agricultura, en Sevilla, el 7 de febrero pasado. Pues yo creo que esa frase, más en el contexto en el que estamos en Andalucía – que usted ya conoce-, donde hay por primera vez una comisión de investigación de los ERE, de esas ayudas presuntamente fraudulentas que se han dado a manos llenas, donde ahora nos ha reventado la prensa el asunto Invercaria (…) es motivo suficiente para que se hubiera abierto una investigación interna”.

Aráuz le dijo ese día al consejero Planas que el expediente en cuestión estaba “lleno de asuntos oscuros, asuntos opacos y presuntas ilegalidades e irregularidades”. Prácticamente las mismas o similares expresiones utilizadas por Valderas tres años antes, cuando era látigo del PSOE en oposición.

En su réplica, Luis Planas, argumentó entre otras cosas: “El 10 de octubre la Comunidad de regantes envía una comunicación a la dirección general correspondiente; reconoce la buena voluntad de la Consejería, el compromiso de la comunidad de regantes, aún existente de realizar la hoja de ruta, y la imposibilidad de realizarla hasta la fecha”.

El consejero de Agricultura defendió, una vez más, la legalidad  con que a su juicio se había comportado su departamento en toda la tramitación del proyecto. Sin embargo, según los regantes, “no se ajustó totalmente a la verdad ya que el Sr Planas no podía enseñar ningún papel firmado por la CRRMG en tal sentido, sencillamente porque nunca existió ese documento mencionado como tal. Una vez más no se dijo toda la verdad en el Parlamento sobre nuestro asunto” aseguran.

En realidad el consejero se refería a una carta en pdf, que hacía referencia a la ejecución de una ´hoja de ruta´ pactada  previamente que se estaba elaborando para salir del atolladero, aportadas por la Comunidad a solicitud de la Consejería a los efectos de informar de la situación. “Nada más”, afirman.

Aquellas palabras de Luis Planas que, tal y como había hecho tres años atrás la consejera Aguilera, pasó de puntillas sobre los aspectos más escabrosos del escándalo, supuso prácticamente la ruptura de relaciones entre los regantes con la Consejería.

El 2 de noviembre, pocos días después, el entonces responsable de regadíos de la Junta, el también almeriense José Antonio Salinas, cruza una serie de SMS con la Comunidad que certifican prácticamente la ruptura de estos con la Junta.

Tras los SMS se establece una conversación telefónica en la que Salinas, aseguran, indica que si la Comunidad "retiraba la denuncia" se llegaría a una solución, a lo que se le contestó por parte de los regantes que no era "ni posible ni viable".

Consultado el ex Director General sobre este punto explica que "en absoluto" planteó tal hipótesis. Todo lo contrario, explica Salinas, cuyo objetivo fue  en todo momento, siguiendo indicaciones del consejero Planas, buscar una solución legal de acuerdo in extremis con la CRR con los que se reunió y donde se acordó que éstos elaborasen una "hoja de ruta" urgente para un último intento de arreglo, siempre dentro de la más estricta legalidad, afirma Salinas, dado que la normativa legal al respecto había puesto las cosas muy complicadas a esas alturas del conflicto.

José Antonio Salinas ha dejado recientemente el cargo de Director General con la llegada de la nueva Consejera, Elena Víboras, y en la actualidad ha vuelto a su antiguo empleo en la Universidad de Almería. 

Salinas -al que no tengo el gusto de conocer personalmente- ha sido acusado en estos días (incluso se ha llegado a publicar su nombre en Almería) como la persona que podría haber “filtrado” los documentos  que dieron pié a mi primer artículo sobre este escándalo. Unas acusaciones domésticas que habría que enmarcar en la tensión existente en el seno del PSOE de Almería, a raíz de la campaña personal del SG del partido,  Sánchez Teruel,  para ser nombrado en septiembre pasado consejero de Agricultura y sus consecuencias sociales y políticas posteriores; una actuación que ha perjudicado notablemente la imagen en Almería de la nueva presidenta Susana Díaz, de su gobierno y del PSOE-A.

Según fuentes parlamentarias del PP, los populares llevan tiempo siguiendo este asunto muy de cerca, anunciando de forma inminente “novedades importantes en los próximos días, posiblemente a final de la próxima semana”.