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| A-92 IDEAL de Almería, domingo 23 de noviembre de 2014 |
Dos políticos almerienses, ambos alcaldes y con altas responsabilidades políticas en sus respectivos partidos, están apareciendo ante la opinión pública española como la punta del iceberg de la corrupción política en Almería.
En ambos casos, Gabriel Amat (popular) y Rogelio Mena (socialista), sus formaciones han salido a defenderles con parecidos argumentos. Juanma Moreno Bonilla ha hablado de un problema puramente administrativo en Roquetas de Mar. Susana Díaz ha dicho más o menos lo mismo del alcalde de Albox, circunscribiendo el asunto a “dos o tres papales” en “un juzgado de pueblo”. Eso no es corrupción política, han sentenciando los máximos dirigentes del bipartidismo andaluz.
Aparentemente, los líderes de ambas formaciones, tienen razón. La fase de instrucción en la que se encuentran los procedimientos judiciales permiten definir las causas como una cuestión que afectaría más al derecho Administrativo que al Penal. Pero, en el fondo, eso no parece que sea así conforme avancen las investigaciones.
Estamos pues ante las típicas tretas políticas para enfriar dos escándalos de gran simbolismo que, por lo visto y leído, podrían ocultar claros casos de corrupción política.
Conviene pues hurgar en las respectivas instrucciones para determinar si Amat y Mena, acosados políticamente e imputados formalmente por dos jueces “de pueblo” (ojo, y dos fiscales) ocultan tras el papeleo cuestiones más graves desde el punto de vista político y penal.
Sin ir más lejos, esta misma semana, la acusación en el ´Caso La Fabriquilla´, ha elevado a la jueza de Roquetas un escrito en demanda de una serie de diligencias documentales que, en caso de ser atendidas por Su Señoría, podrían aportar luz y taquígrafos sobre los intereses que pueden ocultarse tras una decisión administrativa municipal como es la concesión de una licencia de obras para una decena de chalés de lujo. Por cierto, como argumentan Amat y los imputados, con los informes favorables de los funcionarios técnicos municipales de Roquetas.
En la documental que se solicita se intenta confirmar fehacientemente qué personas, físicas y jurídicas, han estado detrás de la SAT Las Hortichuelas, dueña de la finca La Fabriquilla y en concreto se menciona las sociedades Spanishfresh Marketing S.L y SAT Natura Choice. En la justificación de la demanda de documentos al Juzgado se explica el motivo: SAT Las Hortichuelas posee el 100% de Campohermoso Hostícolas y de Hortiagrícolas S.L . Posee a su vez el 33,33% de Spanishfresh Marketing S.L de la que “es consejero Francisco Javier Amat Vargas, sobrino del alcalde”. A su vez Spanishfresh está participada por el 33,33 de SAT Las Hortichuelas, Ferva S.A. de Transformación y por el 33,33% de SAT Natura Choice “donde Francisco Javier Amat Vargas (sobrino del alcalde) ostenta el cargo de presidente”.
Y se añade: “Tenemos que SAT Nature Choice tiene el 33,33% de Spanishfresh Marketing S.L, de tal forma que el control Spanishfresh Marketing SL lo mantiene la familia Amat, bajo el control de la presidencia en SAT Natura Choice”.
Si de la documental solicitada se confirman estos intereses familiares del apellido Amat en el Caso La Fabriquilla parece evidente que podríamos estar, sin duda, ante algo más que un problema puramente administrativo.
Sirenas en Albox
En el caso de Albox hemos asistido esta semana al lanzamiento de una cortina de humo negro por parte del alcalde Rogelio Luis Mena Segura. El imputado albojense ha vendido, a través de unas supuestas fuentes judiciales, que su causa sería archivada por el juez Ruiz Rico, previa desimputación. Cantos de sirena. Solo un medio almeriense “compró” esa ¿información? que fue publicada sin firma y que, de inmediato, fue distribuida por los grupos de WhatsApp del PSOE almeriense. Todos felicitaron ese día a Mena que había vendido la piel del oso antes de cazarlo tal y como se comprobaría a las pocas horas. Un caso similar al protagonizado en su día por Gabriel Amat anunciándose, con el mismo método y medio, que Fiscalia había “archivado” una denuncia de la asociación Amayt contra el líder del PP, algo que resultó falso.
Previamente, la número dos de facto del PSOE almeriense, Adela Segura, se apresuró a dejar sentado que Mena no dejaría sus cargos públicos porque no estaba imputado por un asunto de corrupción, sino de carácter administrativo.
Tan solo dos días después, miércoles 19, Miguel Cárceles publicaba en Ideal de Almería una documentada información procedente de la Fiscalia Provincial, según la cual el Ministerio Público no solo confirmaba que el procedimiento seguía adelante, sino que solicitaba la inhabilitación de Mena durante dos años y seis meses para cargo público y pedía la apertura de juicio oral. La fiscal mantiene todas las acusaciones contra el alcalde, diputado provincial y Secretario de Ideas y Programas del PSOE-A.
Paralelamente a todo esto se conocía que próximamente podrían ver la luz nuevos documentos que vendrían a respaldar las sospechas de la oposición denunciante respecto del modus operandi del gobierno de Mena en Albox. Pero de ese asunto probablemente les pueda dar noticia documentada el próximo domingo. Quizás, entonces, a la vista de esos testimonios y evidencias documentales, que están por llegar, nadie pueda aseverar en el PSOE que Rogelio Mena solo tiene un problema administrativo.
LA CUAJADERA
1. Trama Amat
El procedimiento anexado al caso de La Fabriquilla bajo el nombre de “trama Amat”, denunciado en su día ante la Fiscalia del TSJA por Amayt, “no está parado ni mucho menos” aseguran fuentes conocedoras de las investigaciones. Como se recodará el Juzgado encargó en su día una extensa investigación de lo denunciando a la policial judicial- UDEF y UDYCO- sobre las conexiones de Gabriel Amat con un número importante de sociedades propias, de amigos y familiares que, supuestamente, podrían haber resultado beneficiadas por decisiones del alcalde de Roquetas. Las fuentes consultadas aseguran que “se está trabajando a fondo, muy a fondo” y que algunos de los asuntos denunciados “podrían haber prescrito, pero otros no” aseguran.
2.- El PSOE personado.
El pasado día 14, el PSOE intentó personarse en la Causa de la Fabriquilla que se sigue contra Gabriel Amat y su equipo en el Juzgado Nº 1 de Roquetas. La Juez dio de plazo cinco días para que la parte subsanase una falta de apoderamiento, hecho que finalmente ha quedado resuelto. Curiosamente la personación la firman, en nombre del PSOE de Almería, la procuradora y el abogado del partido. Finalmente parece que Sánchez Teruel, máxima autoridad de la formación, ha preferido que su nombre no aparezca en la comparecencia judicial.
3. Paco Góngora.
El edil de El Ejido, imputado en un procedimiento a cuenta de un negocio urbanístico familiar de su época como delfín de Juan Enciso, confía en que más temprano que tarde quede desimputado por el Juez de El Ejido que le investiga a cuenta de una denuncia del PAL. Góngora confía que un sesudo informe, elaborado por un catedrático en materia fiscal, sirva como prueba determinante para que se le libere de responsabilidades penales en la causa abierta y pueda repetir, sin problemas, su candidatura a la reelección.
4.- Sánchez Teruel
En el juzgado sevillano donde se instruye el ´Caso Marismas´ se han reactivado en las últimas semanas las actuaciones, tras exponer la Fiscalia Anticorrupción ante el instructor que hace suyas las imputaciones y acusaciones realizadas desde mayo pasado por la Policia Judicial de la Guardia Civil. Como recordarán los lectores de Ideal, entre los propuestos para ser imputados - se habla de unas 50 personas las que finalmente podrían resultar encausadas- aparece el actual SG del PSOE de Almería por su intervención en 2008 en el caso como Director General de Regadíos de la Junta, a las órdenes de Martín Soler como consejero de Agricultura. Parece ser que las evidencias contra él han aumentado en los últimos meses a raíz de numerosas diligencias policiales practicadas. Y como fondo, las relaciones Junta/Abengoa.
Según ha publicado esta semana ABC de Sevilla se investiga la desaparición de unos 40 millones y el supuesto soborno con tres vehículos Mercedes a miembros de la Comunidad de Regantes para beneficiar la adjudicación de la obra de mejoras de regadíos en las Marismas del Guadalquivir a la empresa Befesa, propiedad entonces del Grupo Abengoa.
5.- Pablo Venzal.
El Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Almeria no figura en la judicialización del caso del centro comercial Torrecárdenas, promovido por la empresa sevillana Bogaris, tal y como erróneamente se apuntó el pasado domingo en esta sección. No obstante las fuentes consultadas siguen asegurando que el procedimiento tendrá recorrido judicial y político.
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