LOS ´DOS O TRES PAPELES´ DE ALBOX

A-92,  Ideal de Almería,
domingo 16 de noviembre de 2014.

La Presidenta de la Junta, Susana Díaz, entró esta semana en trompa en la defensa de un miembro de la dirección regional de su partido, Rogelio Mena, imputado judicialmente por falta de transparencia como alcalde de Albox. Se le acusa  y se le investiga , en términos jurídicos , por un supuesto delito contra los derechos constitucionales.

La presidenta, en un par de comparecencias públicas, minimizó un caso cuya proyección pública tiene más que ver con el cargo político de Mena en el PSOE-A que por el hecho de ser un alcalde de pueblo, imputado por “un juzgado de pueblo”.

En el programa Espejo Público de Antena 3TV, Susana Díaz, preguntada por tres cargos públicos imputados, centró su respuesta solo en Rogelio Luis Mena Segura. 

Empezó diciendo que “lo que no se puede consentir es meter a todos en el mismo saco” y añadió que “ el alcalde de Albox, que tiene un conflicto con la oposición por si les da tres papeles o les da dos, es evidente que eso no es corrupción; es evidente que la oposición dice que se han vulnerado sus derechos constitucionales y que el alcalde piensa que no. Y estamos en un Juzgado de Instrucción, en un pueblo, con una pelea entre un concejal y un alcalde. ¿Eso es corrupción? No ¿verdad? Pues no empecemos a meter a todos en el mismo saco” afirmó bastante incómoda la Presidenta.

Estas declaraciones de Díaz y las realizadas previamente sobre las consecuencias políticas de la posible imputación por el Supremo de Chaves y Griñán, centraron esta semana una vez más los focos periodísticos nacionales en Albox. Un equipo de reporteros de la revista Interviú han estado dos días investigando lo que pueda ocultarse tras la cerrazón de Mena a entregar los expedientes.

Todo ello en un pueblo donde, el boca a boca, escupe rumorología tremenda, siendo la más truculenta la referida al posible patrimonio millonario que, supuestamente, tendría acumulado en una cuenta corriente un político local.

Sin duda, a la vista de estas manifestaciones, a la lideresa del PSOE-A le han “vendido” desde Almería información seguramente sesgada o contaminada. Los lectores habituales de IDEAL lo saben bien si leyeron el pasado domingo esta sección donde avancé lo más sustancioso que podría ocultarse tras los “dos o tres papeles” solicitados por la oposición albojense del PP. Unos papeles, insisto, cuyo contenido fue conocido hace meses por el jefe del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, en el transcurso de una entrevista que mantuvo con él en la sede del partido un veterano militante del PSOE, alertándole del lo que, presumiblemente, se ocultaba detrás de este procedimiento. Documentos que, en ese momento, Teruel prefirió no recepcionar.

Acusa el PP de Albox.

El joven abogado Juan Pedro Pérez Quílez  es es el jefe de la oposición del PP que, nada más llegar al Ayuntamiento en 2011, empezó a pedir expedientes sospechosos. Es también quien, tras las reiteradas negativas de Mena, llevó al Juzgado el asunto.  “Esos “dos o tres papeles” a los que la presidenta andaluza se refiere restándole importancia - afirma- no son más que los expedientes de contratación con una empresa vinculada familiarmente a un concejal socialista del equipo de gobierno del ayuntamiento de Albox, que solamente con el pago a proveedores ha cobrado más de 600.000 euros, que en los últimos años podría haber facturado y cobrado del Ayuntamiento más de 4 millones de euros y a la que presuntamente se le han adjudicado “a dedo” la redacción de no sabemos cuántos proyectos”. 

Perez Quílez está especialmente molesto con el tono empleado por la presidenta en sus manifestaciones “Creo que tanto las palabras como el tono y el gesto de la presidenta refiriéndose al Juzgado de Huércal-Overa como un juzgado de poca importancia, que da igual lo que se juzgue en él,  son un grave error, y como licenciada en derecho la Sra. Diaz debería saber que un juez es igual de juez en un pueblo que en una capital, y que estar imputado significa lo mismo en un pueblo que en una capital. Así que, lo diga como lo diga, la realidad es que al Secretario de Ideas Regional del PSOE Andaluz y Alcalde de Albox, Rogelio Mena Segura, un Juez le atribuye la comisión de un delito, por el cual se le está enjuiciando. Pero tampoco debe sorprendernos esta actitud beligerante de la presidenta de restar importancia a las decisiones judiciales de un juez de un pueblo, cuando tampoco parece darle mucha importancia a las decisiones de una jueza de una capital”. Preguntado por la situación actual del procedimiento, desde el punto de vista procesal,  asegura que “el Juez ya ha dado por finalizada la fase de instrucción, y habida cuenta las diligencias practicadas, tanto el Juez como la Fiscal han considerado que existen indicios suficientes y con relevancia jurídica para imputar la comisión de un hecho delictivo al Sr. Rogelio Mena, por lo que el Juez ha dispuesto que el procedimiento continúe por la fase de preparación del Juicio Oral”. 

Recuerda que acusan a Mena, entre otros, de presuntos delitos de malversación y trafico de influencias y que “podrían ser la punta del iceberg de una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Albox”, un “secreto a voces” en el pueblo, asegura. El Ayuntamiento ha abonado en estos años más de 20 millones en deudas pendientes a diversas empresas, pagos que están bajo sospecha. “Pero si además, existe relación familiar y de amiguísimo entre concejales del equipo de gobierno y algunas de estas empresas, pues el recelo aún es mayor” afirma.

El dueño de una de esas empresas, Reciclados Albox, me ha hecho llegar que su empresa sí aparece en el Registro Mercantil, en contra de lo que se publicó aquí el pasado domingo. Tras enviarle copia de la certificación oficial, el Sr Juan López no ha aportado noticia contraria. “Para salir de dudas habrá que esperar a que aparezcan los expedientes” concluye en este punto Juan Pedro Pérez.

LA CUAJADERA

1.- El día ´D´

Mañana lunes es el día por muchos esperado. Por vez primera Gabriel Amat y los concejales que aprobaron la licencia de La Fabriquilla harán el paseíllo como imputados en el Juzgado Nº 1 de Roquetas. IU ha convocado una concentración a las 9,30 ante los juzgados, autorizada por el Sub Delegado Andrés García Lorca. ¿Saldrá desimputado Amat? En eso confían el afectado y, sobre todo, Juanma Moreno Bonilla que circunscribe el asunto a una imputación por un mero asunto administrativo.

2.- Fco Javier Torres Viedma

El asesor jurídico del Ayuntamiento de Roquetas, es la persona en la que todos los imputados confían. Su experiencia jurídica le avala. Sin embargo para los anticorrupción de Amayt, el letrado podría estar incumpliendo su estatus de exclusividad municipal ya que como abogado lleva asuntos particulares que nada tienen que ver con la Corporación. La defensa del ex concejal Jose Mª Glez sería “solo un llamativo ejemplo” afirman.

3.- Bogaris

El centro comercial que promueve desde hace años la familia Charlo en Torrecárdenas se ha embarrancado en los tribunales. Lo promueven los antiguos propietarios de los terrenos y están querellados, además de directivos de la empresa sevillana, el titular de Urbanismo Pablo Venzal y la Coordinadora Jurídica de Urbanismo Mª del Mar Capel, entre otros. El asunto parece que puede tener recorrido judicial…y político.

4.- Pepe Cara

Según se ha confirmado ahora, concejales del PSOE de La Mojonera formalizaron a principios del pasado mes de agosto, una querella ante el TSJA contra el entonces parlamentario y alcalde José Cara. En una denuncia bien estructurada y muy documentada le acusan de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento público. Como fondo sus negocios particulares y municipales con la familia Morales (Halsa). Es previsible que, tras dejar de estar aforado, el escándalo Cara se remita a los juzgados de Almería.

5.- Halsa/Diputación

En breves fechas la asociación Amayt trasladará a la Fiscalia del TSJA una nueva denuncia, de más de 220 folios, documentación incluida, contra cargos públicos de la Diputación de Almería a los que acusa de posibles delitos de prevaricación, falsedad documental, trafico de influencias y malversación de caudales públicos. Estos delitos tendrían que ver con adjudicaciones recientes de obras a Halsa y a los manejos posteriores para eludir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Llama poderosamente la atención las conexiones societarias entre Halsa y Tecmed a propósito del endosos de una obra en Berja. Entre los acusados por Amayt aparece un aforado, el también diputado provincial  Miguel Angel Castellón Rubio.

6.- PSOE-Roquetas

El líder del PSOE, Sánchez Teruel, está presionando sin éxito para que sea la agrupación de Roquetas la que firme y se persone en las causas judiciales abiertas contra Gabriel Amat. Manolo García se opone porque cree debe ser la ejecutiva provincial la que lo haga en base a que Amat es un cargo público provincial.