Entre los sones de la Semana Santa y los susurros de la otra semana de “pasión socialista”, la noticia ha quedado medio relegada a un tercer o cuarto plano. En resumidas cuentas la cosa pinta así: el Tribunal Supremo ha rebajado la pena impuesta por el TSJA al magistrado Francisco Javier de Urquía, lo que supone de facto- en base al tiempo que ha estado apartado del ejercicio de la profesión- que podría volver mañana mismo a un juzgado, a impartir Justicia decretando sentencias o metiendo a gente en la cárcel. En efecto, un magistrado que recibe de Juan Antonio Roca 73.800 Euros para adquirir una vivienda, tal y como quedó probado en la vista oral del pasado verano en Granada, un juez cuyas andanzas marbellíes permitieron incluirle en la nómina de personajes instalados en el núcleo central del escenario de la corrupción, siendo en este caso un alto funcionario, un miembro de la Carrera judicial, ese juez anda suelto de nuevo.
El Supremo le ha absuelto del delito de prevaricación, entendiendo que a pesar de haber recibido el dinero de Roca, no consta que dictase a cambio de ese generoso préstamo resolución judicial alguna.
Tras lo oído en la vista oral y la dureza con la que actuó el TSJA contra el juez, sorprende la rebaja del Supremo que supone, de momento, que Urquía no tiene impedimento legal para pedir nuevo destino, excepto Marbella y porque su antigua plaza está ocupada.
La noticia se comenta por sí sola, pero desde luego no deja en buen lugar la imagen y la credibilidad de la Justicia. A Urquía le queda otro sumario, el Caso Hidalgo, del que, vista la suerte que ha tenido, es posible que también salga de rositas, tocándole otra vez la magnánima lotería del alto tribunal.
