El tsunami político y social
que está levantando lo que parece que se oculta detrás de las denominadas
tarjetas opacas de Caja Madrid, empieza llegar a los mares del sur.
Conocedora la opinión pública
andaluza, a nivel de rumores, de gran parte del teje y maneje que algunos
rectores de las cajas andaluzas han mantenido durante años al frente de dichas
entidades, el escándalo está provocando un gran interés informativo, y ya
puestos, desde la ciudadanía se quiere conocer fehacientemente cómo y de qué
manera se funcionó por estas latitudes dentro del sistema financiero andaluz.
Sin ánimo de levantar
acusaciones concretas o sospechas infundadas sobre los principales actores en
este teatro de operaciones, parece urgente y necesario que, más temprano que
tarde, toda la clase política andaluza, sin excepción, se ponga de acuerdo para
que la opinión pública -impositores y pagadores de impuestos- conozca al
detalle cómo se han gestionado las cajas de nuestra comunidad. Y lo más
importante: si en Andalucía, los ex responsables de estas entidades, han
utilizado para su gobierno los mismos métodos opacos que usaron Miguel Blesa
y su banda de "la casta" en Caja Madrid, hoy rebautizada como Bankia. Porque alguna evidencia ha dejado aquí la historia más reciente.
A priori parece que la
obtención de información sobre este sector no parece tarea fácil, entre otras
cosas porque difícilmente las entidades bancarias que han comprado, a muy buen
precio, todo el negocio financiero andaluz no parecen muy dispuestas a abrir
los baúles de Pandora y enseñar a los ciudadanos las auditorias del pasado
inmediato. Es más, señala una fuente del sector, puestos a pensar mal "a
esas entidades les puede resultar más rentable guardar esa documentación a buen
recaudo por si, llegado el caso, tuviesen que utilizarla en propio beneficio
para el funcionamiento de su negocio en Andalucía frente a políticos de uno u
otro signo salpicados por una irregular gestión".
Recuérdese que, salvo la caja
malagueña Unicaja - ahora también convertida en banco- todas las cajas
andaluzas tienen hoy sus propietarios fuera de Andalucía. De ahí que, salvo que
la autoridad judicial o la Fiscalía actuase mediante la interposición de
denuncias concretas, parece muy difícil llegar a esclarecer qué ha pasado con
la gestión de las cajas andaluzas. Una documentación, conviene apuntarlo, que
también debe de estar guardada en los archivos correspondientes del Banco de
España, cuyo labor policial parece que ha dejado mucho que desear en el último periodo.
Una gestión que, en algún
caso concreto, se está prolongando hasta nuestros días, especialmente en el área
de las Fundaciones heredadas y a las que la Junta de Andalucía corresponde
fiscalizar y tutelar. De todas, la Fundación Cajasol, presidida por el último
responsable ejecutivo de las fusionadas El Monte y San Fernando, Antonio Pulido
Gutiérrez, es la primera que empieza a levantar serias sospechas respecto al
modus operandi que éste economista cordobés está empleando en la administración
de un puñado importante de millones anuales, así como el fruto de un patrimonio inmovilizado también con gran
rentabilidad económica para la entidad. Por no hablar de la de Unicaja, cuyo
presidente de la Obra Social y responsable de la Comisión de Control de la
entidad, Ramón Sedeño, se halla encartado penalmente en un sumario almeriense
denominado ´Caso Facturas 1´. Imputación que, fuentes de la entidad, consideran
insuficiente para tomar medidas y hacer dimitir a Sedeño.
Fundación Cajasol
Hace un año, en otoño de
2013, la Consejería de Hacienda de la Junta recibía a través de su página web
la consulta de una inquieta ciudadana interesada en conocer el manejo económico
de la Fundación Cajasol. Y en concreto solicitaba dónde podría encontrar las
Memorias correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 "ya que en la web
solo están hasta 2009". También preguntaba " de qué
forma o representación ejercen el control ( la Junta) de dicha Fundación".
Meses después, el 23 de enero
pasado, a los cuatro meses, el denominado Centro de Información y Servicios de
la Consejería de Hacienda, respondía mediante correo electrónico a la curiosa ciudadana.
"En primer lugar- decía
la respuesta- le rogamos disculpe la demora en contestar a su consulta. Le
indicamos que la misma fue remitida tras su recepción a la Dirección General de
Política Financiera, Centro directivo competente de la información solicitada.
Una vez recibida la respuesta de dicho Centro directivo, le informamos de lo
siguiente:
A la citada Dirección General
no le compete la remisión por parte de las fundaciones que gestionan o
gestionaban la obra social de las Cajas de Ahorros, de las memorias de la obra
social. Esta Memoria es el resultado de una síntesis de las distintas
actividades incluidas en el Presupuesto de Obra Social de la Caja. Este
presupuesto sí que es autorizado por esta Consejería, pero no es un expediente
público a diferencia de las Memorias que sí que lo son. Es por ello, que no
dispone de las Memorias de la Obra Social de la Fundación Cajasol para los años
2010,2011 y 2012. Tras consultar con dicha Fundación, se nos comunica que puede
solicitarlas a la Fundación, dado que, efectivamente, no las ha publicado en su
web. (...) En cuanto a de qué forma o representación se ejerce por dicha
Dirección General el control de esta Fundación Cajasol, comentarle que tal como
establece el artículo 90 bis de la Ley de Cajas de Andalucía, a esta Consejería
le compete el protectorado de las fundaciones vinculadas a la obra social de
las Cajas de Ahorro, como es el caso de la Fundación Cajasol. Es por ello, que
desde este Centro directivo, se hace un informe de verificación formal de las
Cuentas Anuales y del Plan de Actuación, que una vez emitido se deposita en el
registro de Fundaciones de Andalucía de la Consejería de Justicia e Interior,
por si en dicho Registro quiere consultar cualquier aspecto".
Como se puede observar tras
la lectura la transcripción literal de la respuesta, la misma es un monumento a
la claridad y la transparencia de la que tanto se presume desde el actual ejecutivo de la presidenta
Susana Díaz.
A día de hoy, las memorias de
la Fundación Cajasol, están colgadas en su página web hasta 2013. Pero en
ninguna de esas memorias se hallará información alguna sobre el destino concreto del
dinero empleado en cada ejercicio.
Pero por lo que parece no
solo a esa ciudadana que hace un año se interesó por las cuentas de la
Fundación Cajasol le inquietaba lo que pudiese estar pasando con la gestión de
Pulido Gutiérrez. Esta misma semana, el periodista Juan Luis Galiacho, a través
del digital extraconfidencial.com, daba cuenta de lo siguiente:
-" Patronos de la Fundación
Cajasol, en concreto por parte de trabajadores e impositores del grupo
de CCOO-Candidatura Social,
han remitido un escrito a la Consejería
de Justicia e Interior y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Andalucía instándoles para que “actúen dentro de sus facultades
supervisoras ante la situación de posibles incumplimientos normativos que
actualmente presenta la Fundación
Cajasol”. Un escrito, que obra en poder de Extraconfidencial.com, y
que en breve también se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue el presunto
fraude de las tarjetas de crédito y las subvenciones concedidas desde la
Fundación Cajasol".
Según relata
Galiacho en esta primera entrega- anuncia que vienen más de camino- Antonio
Pulido estaría aplicando la misma técnica de gestión al frente
de la Fundación que, durante años, funcionó desde las cúpulas cajeras sevillana
y andaluza. Un reparto de subvenciones, algunas como gran benefactor de sus
paisanos, a personas y entidades variopintas, inexplicables estatutariamente,
además del consiguiente riego de miles de euros a grupos mediáticos andaluces
en publicidad, de tal forma que se garantizaría un silencio y una complicidad
que redundaría en la ocultación de una gestión demasiado cortijera de la Fundación
Cajasol.
La Ley de Cajas.
A lo largo de muchos
años, años de gobierno de Manuel Chaves al frente de la Junta, la oposición política,
tanto del PP como de IU, se han hartado de acusar al PSOE de Andalucía en sus
grandes discursos de manejar las entidades de crédito como una extensión del
aparato del partido de la calle San Vicente en Sevilla. Las acusaciones se
tornaron especialmente virulentas coincidiendo con la tramitación de la
denominada Ley de Cajas, responsabilidad que Chaves delegó en su consejera de
Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. Como fondo, el intento de la Junta por
someter a su jurisdicción la única caja que no controlaba, ya que era propiedad
de la Iglesia católica. Caja Sur, presidida por un singular canónigo llamado
Miguel Castillejo, plantó cara a Chaves y a su consejera en una guerra abierta que duró meses. Hasta
una gran manifestación de miles de personas tuvo lugar para defender el carácter
cordobés y católico de la entidad, frente al proyecto chavista de la denominada
"Caja única". El PP-A, con Javier Arenas al frente, defendió la
independencia de Caja Sur por interés claramente partidista. En el fondo,
Arenas, lo que quería era hacer exactamente lo mismo con Caja Sur que Chaves y
el PSOE-A con El Monte de Sevilla y Huelva, la San Fernando, La General de
Granada o Unicaja, todas con cuadros socialistas de confianza del partido en
sus despachos presidenciales. El cura Castillejo, que sigue gozando a día de
hoy de buena memoria, aún recuerda la cantidad de "favores de todo
tipo" que tuvo que hacer para ganarse el apoyo aliado de Arenas y del PP
andaluz, hasta el punto de tener que ceder una vicepresidencia ejecutiva de la entidad a
un ex secretario general del partido en Andalucía, amén de otros cargos
populares en puestos claves del staff.
Al final, Caja Sur,
fue "salvada" de las garras de la Junta tan pronto José María Aznar
llegó a la Moncloa, reordenando para ello las leyes del sistema financiero
español.
El caso de Caja Sur
puede servir muy bien de ejemplo para realizar, años después, la prueba del
algodón sobre cómo se han manejado las cajas andaluzas en estos años. Una
prueba que demostrará que tanto el PSOE como el PP han defendido el mismo
modelo de gestión y, en algún caso concreto, como en Sevilla, con el concurso
necesario de los comunistas, llámese PC, IU o CCOO. En Málaga, por ejemplo, ha
sido muy llamativo en estos años la forma con la que el habilidoso Braulio
Medel ha logrado un extraño consenso de todos los principales partidos, PSOE,
PP, IU incluso el PA, para mantener alejada a Unicaja de la agria bronca
política. Y todo ello sucedía mientras que en Sevilla y Córdoba la batalla era
campal y cruenta por el control de El Monte, la San Fernando y Caja Sur.
Como se decía al
principio, la opinión pública española y andaluza, puestas como se han puesto
las cosas, quiere saber la verdad de lo que ha sucedido con su dinero entorno a
las cajas. Sobre todo porque, está suficientemente documentado, que una parte
importante del mil millonario rescate bancario que España ha tenido que
afrontar en plena crisis, ha estado motivado por la crujía de estas entidades
de ahorro. Todo ello en detrimento de servicios tan elementales como la
sanidad, la educación o la atención a las
personas dependientes.
En la próxima entrega: breve lista de
algunas de las primeras tarjetas negras con las que en Andalucía se pagaron gastos privados desde las Cajas.
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