A-92, IDEAL de Almeria, 5 de octubre de 2014 |
El atasco del servidor
central de los Juzgados de Sevilla, a consecuencia de millones de documentos
emanados de los macro procesos del ´Caso Eres´ y ´Caso Formación´, ha puesto -
por enésima vez- sobre el tapete de la actualidad la falta de medios en nuestra
Administración de Justicia. Y entre col y col, lechuga. A la clamorosa falta de
medios técnicos y personales, debe sumarse lo que parece una falta de ganas
para afrontar con la diligencia necesaria determinados procesos en algunos
juzgados a propósito de investigaciones sobre corrupción política y económica. Una
circunstancia, la lentitud de determinadas instrucciones, difícilmente medibles
por la opinión pública, salvo que el CGPJ tuviese la voluntad política de auditar
determinados órganos jurisdiccionales, algo poco habitual. En cualquier caso
clamorosamente evidente desde el punto de vista de los usuarios de la administración
judicial, ya sea como denunciantes o como
denunciados.
Hemos escuchado en infinidad
de ocasiones el aserto de que ´una Justicia lenta no es Justicia´. De la misma
forma que se ha proclamado -hasta en discursos reales- aquel otro que dice que ´la
Justicia debe ser igual para todos´. Hace un cuarto de siglo, un lenguaraz y
desahogado alcalde de Jerez, dijo aquello de que ´la Justicia es un cachondeo.
El autor de aquella frase lapidaria, que tanto éxito popular tuvo, hoy, está
esperando entrar en presidio durante cinco años largos, condenado en firme por
el Supremo por haber enchufado a dos camaradas de partido (del PA) en el
Ayuntamiento, sin que dichas plazas estuviesen provisionadas legalmente. Una
sentencia que se antoja desproporcionada, especialmente a la vista de los
delincuentes y fechorías que a día de hoy conocemos aquí y más allá.
En Andalucía, actualmente,
existen un total de 693 órganos jurisdiccionales, de los cuales 293 están
ubicados en las provincias de Sevilla (150) y Málaga (143). Le siguen Cádiz
(105), Granada (84), Córdoba (62), Almería (54), Jaén (50) y Huelva con 45
juzgados.
A finales del año 2012, el
flamante consejero de Justicia de la Junta, el fiscal Emilio de Llera,
proclamaba que hacían falta 400 jueces para poder equipararnos en la media
europea. Paralelamente, cada doce meses, con motivo de la apertura del Año
Judicial andaluz, desde la tribuna del TSJA y el Parlamento, el Fiscal Superior,
Jesús García Calderón, ha insistido por activa y por pasiva en reclamar la
urgente necesidad de dotar a la Justicia en Andalucía de más medios, amén de
las pertinentes reformas en las leyes penales para hacer más eficaz y operativa
la lucha contra el crimen. El ex ministro Ruiz Gallardón intentó esas
modificaciones con una nueva Ley Penal, pero todo apunta que cambios tan
trascendentales como que los fiscales dirijan a la policía judicial, han sido
puntos de inflexión que intereses corporativos y políticos lograron dejar en el
congelador las necesarias y urgentes reformas.
Porque la politización del
sistema judicial español es, en el fondo, la enfermedad que corroe el
funcionamiento de la Justicia de cuya independencia se duda por tantas y tantas
evidencias a diario. Que el poder político, hoy cuestionado por la infinidad de
latrocinios permitidos, sea quien nombre a los jueces que deben controlar el
sistema y, además, sean los que deban dotarlo económicamente para que la maquinaria judicial esté operativa
y engrasada, deja más que en pañales una situación que, sino es corrupta, sí
que permite la sospecha, la desconfianza y la falta de credibilidad en este importante
Poder en un Estado de Derecho.
Sospechas almerienses.
Los usuarios almerienses de
la Justicia son testigos mudos -en muchos casos sufridores también- de las
consecuencias de un sistema lleno de imperfecciones y carencias. En los
juzgados almerienses se siguen acumulando causas de todo tipo y sospechosamente
las más politizadas se tramitan con una especial lentitud e incluso parálisis.
Las lógicas garantías constitucionales en las instrucciones y el secreto
decretado en muchas de esas actuaciones, suelen ser perfectos aliados de una
tenebrosa oscuridad, una especie de cortina opaca que impide que la opinión
pública, los ciudadanos, conozcan los verdaderos motivos por los que se tarda
tanto en la toma de decisiones procesales.
En este momento, en Almería, una docena larga de llamativos sumarios por corrupción siguen a la espera de
avances que permitan el optimismo de la sociedad. Algo que provoca la sensación
generalizada de que existe la impunidad de los poderosos de o vinculados a la
política. Si en Almería los jueces, con
sumarios políticos bajo su jurisdicción, aplicasen el tesón profesional y los
métodos jurídicos expeditivos de la Jueza Mercedes Alaya, otro gallo cantaría a
la imagen y el prestigio de la Justicia. Pero eso no ocurre en Almería. Es más,
aquí se tiene la sensación de que determinados cargos públicos gozan de una
singular ´protección judicial´ que, necesariamente, levanta la sospecha
generalizada de que algo huele mal en algunos juzgados cercanos.
Esta semana, sin ir más
lejos, las acusaciones personadas en el juzgado Nº 1 de Roquetas, el que
instruye dos causas contra el alcalde de Roquetas, presidente de la Diputación
y del PP, Gabriel Amat, ha presentado un respetuoso pero contundente escrito en
el que solicita que se reanude el procedimiento del ´Caso La Fabriquilla´ y la
denominada ´Trama Amat´. Un año de retraso en la toma de determinadas medidas,
como la imputación pedida por Fiscalía de quienes concedieron licencias
ilegales, hace pensar a los recurrentes que podría estar buscándose la
prescripción de algunos de los delitos que se llevan investigando años por
varios jueces.
Por no hablar de la parálisis
de casos, también judicializados a instancias de Fiscalía, y que afectan a una
constructora acusada de financiar supuestamente al PP en la provincia o a otras
constructoras supuestamente beneficiadas ilegalmente desde el ayuntamiento de
la capital.
Si algunas autoridades
judiciales almerienses se han podido amparar hasta ahora en la ´omertá´
política reinante entre los dos grandes partidos, ese pretexto ha saltado por
los aires desde el momento que el PSOE ha anunciado la personación del partido
en todos los procesos judiciales atracados en el puerto del olvido y posibles
prescripciones. Que faltan medios en la Justicia es cierto, pero parece que
también falta algo más, las ganas en algunos togados por cumplir con su función.
Los hechos, al menos, así lo evidencian.
LA CUAJADERA
1.- Paco Góngora
El alcalde de El Ejido se
sorprendió al recibir esta semana la visita de la Policía Judicial de la Guardia
Civil en el Ayuntamiento para recabar documentación relacionada con el caso por
el que sigue imputado. Algunas fuentes aseguran que Góngora opuso cierta
resistencia verbal, proclamando que él no estaba imputados, a lo que los
agentes le remitieron a protestar ante Su Señoría. No obstante el Secretario
Municipal levantó una insólita acta durante horas sobre los documentos
requisados, entre ellos parece ser que el contrato privado original que en su
día firmó la familia Góngora con la empresa Murgis y que nadie explica que
hacía en el Ayuntamiento.
2.- Raúl Pérez Garrido.
Electricista y ex trabajador
de HALSA. El 9 de septiembre de 2009 estaba en una obra de la empresa en la
calle La Molina de Roquetas. El encargado, por orden del gerente de Halsa,
Miguel Ángel Morales Duarte, le ordenó acudir a otra obra del propio
Ayuntamiento, en el Paseo de los Baños, para descargar unos columpios, ya que
desde la corporación se les había pedido ayuda. Se produjo un grave accidente
ante el incumpliendo de medidas de higiene y seguridad en el trabajo, según hechos
probados. Dos años de baja, siete operaciones quirúrgicas y diversas secuelas
fue el penoso balance para el trabajador. En el correspondiente juicio por vía
Penal, en abril de 2013, el Fiscal solicitó condena y diversas penas contra el
encargado y el dueño de Halsa, considerándoles responsables. La magistrada
Marta Inés Sierra López absolvió a la
empresa. Pérez Garrido apeló a la Audiencia y la Sala integrada por los
magistrados Martínez Abad, presidente, Jiménez de Cisneros y Durbán Sicilia la
desestimaron el pasado 27 de mayo, absolviendo nuevamente al dueño de Halsa.
3.- José Cara
El alcalde de La Mojonera es
el único afectado en Almería por la sentencia del Constitucional que
incompatibiliza el cargo de parlamentario y alcalde. El PP-A, principal
afectado por la decisión del TC, guarda silencio sobre el final de este serio
revés a su Grupo Parlamentario, mientras se extiende la especie de que todos
los diputados dejarán su acta, a excepción de la SG del partido, Loles López
Gabarro, que abandonaría la alcaldía de Valverde del Camino. De confirmarse,
Cara, dejaría de ser aforado y, llegado el caso, sus asuntos pendientes con la
Justicia quedarían en manos de un juzgado ordinario y no del TSJA.
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