NUEVOS DOCUMENTOS PARA INVESTIGAR EL PELOTAZO DEL AUDITORIO DE ROQUETAS.

El escándalo del  "Caso Teatro-Auditorio de Roquetas" resurge  con fuerza, esta vez sustentado en nuevas pruebas y evidencias documentales desconocidas hasta ahora por la opinión pública. Se trata del enésimo intento para que funcionarios judiciales almerienses actúen y no sigan oponiéndose, amparados en mil y un argumentos jurídicos, a la investigación penal de un caso en el que, desde 2005, se denuncian posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude entre otros. 
El pasado jueves día 21 tuvo entrada en el Juzgado Nº 3 de Roquetas de Mar un escrito de alegaciones - aquí el documento completo, diez páginas en total- con el que la representación jurídica de los socialistas Jesús Gutiérrez Lozano y Jean Charles Cordón Gutiérrez pretenden que se reabra la instrucción de la querella por vía penal interpuesta en octubre de 2005 y sobre la que el entonces titular del juzgado, el hoy Magistrado almeriense Luis Durbán Sicilia, dictó su archivo provisional en enero de 2006, en tanto se resolviese por parte del TSJA los aspectos contencioso administrativos del caso. Cosa que sucedería seis años después, abril de 2012, dando la razón el alto tribunal a los denunciantes al ratificar la ilegalidad cometida por Gabriel Amat y su equipo de gobierno. 
Los titulares periodísticos del 16 de abril de 2012, tras conocerse la decisión del TSJA, eran concluyentes y políticamente destructivos para sus responsables: "El TSJA anula el contrato de ampliación del Teatro-Auditorio de Roquetas. El cambio incrementó el precio de la obra en un 120 por ciento y se hizo sin publicidad".
Inicialmente la querella estuvo firmada por un total de once concejales que integraban en aquel momento el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas: Luis Francisco Esteban, Rafael Morales, Rafael Jesús Torres, Emilio Francisco Campra, Rosa Garrido, Antonio Jiménez, Gabriel Galdeano, Antonio Ortiz, Cecilio Castro, José Morilla y Jean Charles Cordón.
Los concejales de la oposición fundamentaron la querella en "las modificaciones no previstas" en el concurso inicial que "encarecieron su presupuesto hasta más del doble" con lo que el precio de la obra ascendió de siete millones de euros, a más de quince. El grupo municipal socialista denunció, además, que el Secretario y el Interventor del Ayuntamiento e incluso el Consejo Consultivo dictaron resoluciones en las que se alertaba de la ilegalidad del modificado de la obra. Informes y advertencias a los que ni el alcalde, Gabriel Amat, ni su equipo de gobierno hicieron caso.


Cuestión "de salud pública"

El letrado de los denunciantes, Antonio Ruano Tapia, tras aportar nueva documentación, similar a la publicada recientemente por el diario ´El País´ en forma de recibos supuestamente extraídos de la "Caja B" de la empresa adjudicataria de la obra, Hispano Almería S.A., argumenta y concluye el escrito de alegaciones presentado ante el Juzgado de Roquetas con una serie de consideraciones que resumen el espíritu del contenido probatorio del que, parece, podría ser el último intento para que se ejerza la tutela judicial efectiva en el ámbito de la Justicia almeriense de este escándalo político y económico: 
"A modo de conclusión, Señoría, deseamos reiterar la necesidad de reaperturar las Diligencias Previas 1703/2005 por meras cuestiones de salud pública e interés general en un contexto en el que ninguna duda alberga el hecho de que el equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con su alcalde a la cabeza, Don Gabriel Amat, conocía perfectamente que el inicio de las obras del Teatro-Auditorio ya hacía prever la necesidad de ampliar la dotación presupuestaria de las obras para poder llevar a buen término su finalización, como también conocía las advertencias hechas por los funcionarios públicos para tener que acometer un nuevo concurso publico para la adjudicación de las obras de modificación y terminación del Teatro-Auditorio". "Corroboran este hecho tanto los arquitectos que intervinieron en el proyecto como los funcionarios públicos garantes de vigilar la legalidad en el municipio, como son el Interventor y el Secretario y que, a buen seguro, podrían acreditar todos estos extremos ante su presencia durante la instrucción del caso. Con estos nuevos datos aportados al procedimiento y los documentos que se acompañan se puede concluir que esa "espera penal" a la que hacía referencia el Auto que decretó el sobreseimiento provisional ha llegado a su fin y ahora toca hacer real la tutela judicial efectiva que el PSOE pretendió con la presentación de la querella en nombre del interés general que le otorga la representación democrática de los ciudadanos de Roquetas de Mar en la urnas, cuestión que debe primar en una democracia que pretende ser avanzada y madura. Entendemos que no se está pidiendo una condena firme, sino la instrucción de unos hechos de cuyos indicios suficientes ya dieron lugar a su conocimiento para la depuración, en su caso, de las irregularidades que se cometieron y que no deben quedar impunes. Está en juego no solo el cumplimiento del Código Penal sino el crédito que entre todos debemos otorgarle al sistema democrático que todos los españoles nos dimos en el año 1978 con la aprobación de la Constitución Española. Estamos, Señoría, confiados en que su profesionalidad y objetividad vendrá a conceder a esta sociedad la posibilidad de aclarar la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación del articulo 404 del CP, tráfico de influencias en los artículos 428 y 429 del C.P. y malversación de fondos públicos del articulo 432 del C.P. entre otros que pudiera determinar la instrucción". 


Ocho años buscando Justicia

La historia de este procedimiento judicial, como se indicaba, se remonta al año 2005 y su trayectoria procesal invita a reflexionar sobre lo difícil -misión imposible más bien- que le está resultando a los denunciantes que la Justicia investigue lo sucedido con la millonada de dinero público empleado para el faraónico Teatro-Auditorio, auspiciado por el alcalde de Roquetas Gabriel Amat, actual presidente de la Diputación y también del Partido Popular en la provincia. Una obra que se presupuestó en unos siete millones de euros y que finalmente acabó costando más del doble, a pesar de los informes técnicos en contra.
Misión investigadora casi imposible ya que la acción de la justicia se ha revelado en estos años como un auténtico frontón salvavidas de los políticos roqueteros denunciados, con Amat a la cabeza, lanzando balones jurídicos fuera y evitando, en definitiva, que se pudiese llevar adelante la indagación penal que nuevamente se reclama.
Además del alcalde de Roquetas están denunciados los concejales miembros de su Comisión de Gobierno que votaron a favor del acuerdo ilegal, así como el arquitecto y el dueño de Hispano Almería S.A., los señores Miguel Ángel Morales Carrillo y Miguel Ángel Morales Duarte, respectivamente.
El fallo del TSJA, dictado casi siete años después de haberse presentado la querella en Roquetas y archivada provisionalmente por el juez Durbán Sicilia, consideraba "claro" que concurría causa de resolución del contrato y que la variación contractual producida era tal que alteró "la esencia cuantitativa del contrato al incrementarse el precio inicial en casi el 120 por ciento, resultando menoscabado el principio de publicidad y concurrencia". Procedía por tanto el TSJA a declarar la nulidad del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas, estimando el recurso interpuesto por el Grupo Municipal del PSOE.
Le decisión de la más alta instancia judicial andaluza provocó un gran escándalo político que, por vez primera, logró salir del ámbito provincial almeriense, anunciando el entonces vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez, que su partido solicitaría a continuación y de inmediato la reapertura de las diligencias archivadas en 2006 por el juez Durbán Sicilia. El PP andaluz, presidido por el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Reafirmó su apoyo al presidente provincial del partido y pasó de puntillas sobre el escándalo que les afectaba, reforzando entonces su ofensiva en el caso Eres a nivel regional. Y en el ámbito provincial llevando el PP a Fiscalía el asunto de las facturas y viajes falsos de socialistas en la Diputación, causa que recayó casualmente en manos del Magistrado Durbán Sicilia. 
(De la misma forma que recientemente cayó en la jurisdicción del mismo juez la denuncia por supuesto robo de documentación en HALSA, donde curiosamente llegó a citar e imputar a un ex empleado de la constructora por teléfono)
Los socialistas, el 3 de octubre de 2012, llevaron la petición de reapertura ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Almería, Antonio Pérez Gallegos, quien  el 9 de enero de este año desestimaba la solicitud en una resolución que para los no expertos en materia jurídica resultaba a todas luces un autentico galimatías, incomprensible e ininteligible para el resto de los mortales no licenciados en Derecho.


La última puerta

Pasado el tiempo, el pasado 14 de noviembre pasado, se le notificaba a los dos denunciantes desde el Juzgado número 3 de Roquetas que quedaba desestimado el recurso de reforma planteado, aunque el mismo dejaba abierta una pequeña puerta jurídica que es la que finalmente ha aprovechado el abogado Ruano Tapia. 
-"Se admite a trámite en un solo efecto el recurso de apelación interpuesto con carácter subsidiario, - se indicaba literalmente- dándose traslado al recurrente para que en el plazo de cinco días formule alegaciones y presente, en su caso, documentos justificativos de sus pretensiones".
Tras mostrar cierta perplejidad por  la decisión adoptada por la Jueza, dado que "no se trata de una petición inicial de incoación de Diligencias Previas (...)  sino que se trata de una petición de continuar con la instrucción ya iniciada en el año 2005 con la presentación de una querella" los recurrentes proceden a aportar "una serie de documentos que podrían configurar prueba suficiente, junto a la que ya consta en las diligencias, para no dudar en entrar a continuar con la instrucción de las DP 1703/2005, puesto que se trata de justificantes de pagos en B de la mercantil beneficiada con la ausencia de procedimiento y, por consiguiente, de la adjudicación de los más de ocho millones de euros para la terminación del Teatro-Auditorio de Roquetas. Se trata de documentos similares a los que han aparecido recientemente en la prensa, concretamente en el periódico El País, rotativo de reconocido prestigio y líder en tirada nacional. Sin embargo los documentos que se acompañan al presente escrito aún no han visto la luz pública, sin bien se encuentran incluidos en el conjunto de documentación que la Fiscalía del TSJA tiene en su poder sobre este y sobre otros asuntos de interés y por los que inició una investigación que aún se encuentra en curso".
Tras aclarar que la obra de referencia, el Teatro Auditorio, tiene el número 338 de las ejecutadas por HALSA, se relacionan un total de catorce documentos, la mayoría recibos de pago por "Caja B", supuestamente a funcionarios y políticos con cargo a la obra referenciada con el "número 338" de las de Hispano Almería.
Llama poderosamente la atención los recibos que apuntan al técnico del Ayuntamiento Javier Macías como posible receptor de importantes cantidades: 42.000, 84.000,42.000 y 63.100. Miles de euros cargados todos ellos a la cuenta 338, la adjudicada al Teatro Auditorio. Se solicita también que "debiera confirmarse que el Sr Macías era en aquel momento técnico municipal" del ayuntamiento de Roquetas.
También se aportan cuatro documentos, cuatro recibos de HALSA, de 25 millones de pesetas cada uno, cien millones en total "a destinatarios desconocidos y que solo la instrucción del caso podría determinar si se trata de políticos del equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar o al propio partido al que pertenecen, es decir, al Partido Popular de Roquetas, extremo este que solo una instrucción del caso podría aclarar". En los recibos se puede leer la leyenda "Pol" que "según la información de la que dispone esta parte, podría referirse a políticos".
También se incorporan recibos por valor de 120.000 euros, "una vez efectuada la modificación del proyecto para su terminación" donde puede leerse "POL 1ª entrega Modif O/338".
Otro recibo por valor de  un millón doscientas mil pesetas en concepto de "honorarios por la redacción del proyecto de seguridad e higiene del Teatro-Auditorio. "Incluye el documento el nombre de ´Manuel B´ en el apartado de concepto, cuestión que la instrucción del caso debería aclarar a quien corresponde tal cita".
En las alegaciones presentadas se recurre a hechos probados en la vía administrativa, como la declaración del arquitecto Morales Carrillo - actualmente máximo responsable ejecutivo de Hispano Almería-, para intentar demostrar que desde muy al principio todos sabían que la obra en ejecución "ya se sabía que había que introducir en el proyecto inicial las modificaciones que se aprobaron posteriormente en el acuerdo declarado ilegal y cuando la obra estaba casi terminada".

Dos vías y una Jueza

Se abre un nuevo compás de espera judicial en el escandaloso asunto del Teatro-Auditorio de Roquetas que lleva ocho años deambulando por diversos despachos judiciales almerienses. Algunas estimaciones publicadas apuntan, además del sobrecoste del 120% sobre el proyecto inicial, al supuesto pago en comisiones en dinero negro que ascendería a casi los 173.000.000 de pesetas, un millón treinta y nueve mil seiscientos veinticuatro euros.
A la titular del Juzgado Nº 3 de Roquetas se le abren dos vías concretas a partir de esta semana. Por un lado aceptar la reapertura del sumario y, por otra, echar nuevamente fuera de su área el balón de tan peliagudo asunto que afecta directamente al político más poderoso de Almería y alcalde de Roquetas. En ambos casos, Su Señoría, será consciente de que la opinión pública estará expectante ante la iniciativa que adopte. Sea cual sea.